domingo, 26 de octubre de 2008

Cap Cana viola Ley Electricidad y estafa consumidores

26 de octumbre de 2008

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El Grupo Cap Cana estaría generando, distribuyendo y facturando energía eléctrica sin tener las concesiones y los permisos que requiere esta práctica. Tampoco este centro turístico de Higüey, virtualmente en quiebra, cotiza el 1% que establece la Ley 125-01, modificada con la 186-07.

Generar, distribuir y facturar energía eléctrica sin las debidas concesiones y permisos es una clara estafa a los consumidores, y una franca violación a las leyes. Estas serían las razones por las que Cap Cana propugna por una Ley de Concesiones.

Mientras llueven las quejas por el hecho de que Cap Cana usurpa las funciones de otras empresas que sí cumplen con los requisitos y derechos para suministrar energía en esas áreas turísticas.

Con esto pudiera darse el caso de que el Grupo Cap Cana esté resolviendo sus litigios por falta de títulos de terrenos amparándose en la ocupación territorial que como beneficio otorga el artículo 68 de la Ley General de Electricidad 186-07 a los concesionarios de energía.

Es por esto que autoridades, empresarios e importantes sectores de la sociedad civil han visto con preocupación el empecinamiento de algunos legisladores por reformar tan pronto la Ley General de Electricidad 186-07, como si se buscara hacer un traje a la medida a alguien.

Se dijo que un influyente ministro del gobierno del doctor Leonel Fernández junto a legisladores de su partido estaría propugnando por la modificación a la Ley de Electricidad 186-07 y por una Ley de Concesiones.

El artículo 68 de la Ley 186-07 establece: “las concesiones de centrales productoras de electricidad permiten al concesionarios obtener, mediante los procedimientos previstos en esta ley, el derecho de ocupar los terrenos que necesitaren para efectuar los estudios, construir y establecer las obras y realizar su operación normal”.

Continúa diciendo este artículo “que los concesionarios pueden ocupar y cerrar los terrenos necesarios para embalses, vertederos, clasificadores, estanques de acumulación de aguas, cámaras de presión, cavernas, habitaciones para el personal de vigilancia, caminos de acceso, depósitos de materiales y, en general, todas las servidumbres y obras requeridas para las instalaciones eléctricas”.

Según el artículo 124 de la misma, a los ejecutivos del Grupo Cap Cana también les caben penas de tres a 10 años de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos.

El artículo 124 dice: “El que por cualquier medio, e intencionalmente destruya, utilice o dañe líneas eléctricas, redes, subestaciones, centrales generadoras, equipos de medición, instalaciones eléctricas, o cualquiera de sus componentes, con el fin de paralizar o interrumpir el servicio o suministro eléctrico de manera parcial o colectiva o con los fines de sustraer cualquiera de sus componentes materiales, será acusado de Atentado contra la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, y será sancionado con penas de tres a diez años de prisión y multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos”.

Asimismo, el Grupo Cap Cana estaría violando el artículo 125 de la Ley Electricidad que dice: “Será acusado de fraude eléctrico el que intencionalmente sustraiga, o se apropie de energía eléctrica, para su propio beneficio o el de terceros, mediante uno cualquiera de los siguientes medios”.

a) Manipulación, instalación o manejo clandestino de medidores y/o acometidas, y cualquier otro elemento, material de la red de distribución.

b) Manipulación y alteración de los elementos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos y/o programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición del consumo, con el objetivo de modificar los registros de consumo de electricidad tanto el cliente cono el distribuidor.

c) Conexión directa al sistema de suministro de energía eléctrica, sin que haya un contrato previo de servicios con la empresa distribuidora, salvo falta imputable a la distributiva.

PRD acusa gobierno abandonar población

26 de octumbre de 2008

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Ramón Alburquerque
Ramón Alburquerque




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El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, acusó este domingo al gobierno de abandonar la población, porque no se ha interesado en propiciar ningún mecanismo para proteger la canasta familiar.

Explicó que el gobierno entiende que con la entrega de 8,000 tarjetas a los hogares pobres, la población se acomodará y renunciará a tener prosperidad. Sostuvo que los chelitos entregados a través de ésta no alcanzan ni para el desayuno.

Atribuyó la jornada de huelgas realizadas la pasada semana en más de 10 provincias de las zonas Norte y Sur del país, al abandono del gobierno, que en campaña ofreció la realización de numerosas obras y no ha cumplido.

El presidente del PRD indicó que ese partido apoya la jornada de huelga, pero sin violencia y dijo que siempre estarán al lado de la población.

Señaló que al presidente Leonel Fernández hay que enseñarlo a gobernar y ha cumplir con las leyes, porque según él en lo único que cree es en nombrar gente, entre ellos oportunitas y trásfugas políticos, que son pagados con el dinero del pueblo.

Alburquerque mantuvo que los altos pasajes, los precios de la comida, los alquileres, la situación de los combustibles y el narcotráfico han convertido la vida de los ciudadanos en algo insostenible.

Precisó que el narcotráfico ha tomado los barrios con el consentimiento y la participación de los funcionarios, guardias y policías.

De León dice gobierno desvía recursos combustibles

26 de octumbre de 2008

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Osiris de León




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El geólogo Osiris de León advirtió que el dinero que percibe el gobierno a través de los impuestos a los combustibles no es utilizado para amortizar la deuda con Petrocaribe, ni se invierten en políticas sociales, ni en el sector energético, como manda el convenio.

Sostuvo que los recursos generados por los impuestos a los carburantes, que en el caso de la gasolina alcanza los RD$70 por cada galón, deben ser invertidos en el sector energético a fin de transformar el parque electrico con la instalación de plantas de bajo costo operativo.

Indicó que por el contrario ese dinero ha sido invertido en la campaña reeleccionista para garantizar que el presidente Leonel Fernández se quede en el poder por cuatro años más.

El miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana consideró como errónea la posición asumida por el gobierno y dijo que la población está pagando un alto precio por esa decisión.

Precisó que la sociedad reclama que el presidente Fernández cumpla con su palabra y la Ley de Hidrocarburos que establece que los precios de los carburantes se aplicarán de acuerdo a la cotización del petróleo en los mercados internacionales.

En otro orden, De León dijo que la Academia de Ciencias se encuentra altamente preocupada por el auge de la delincuencia y el narcotráfico.

Explicó que el caso registrado en la comunidad de Paya-Baní, donde fueron ejecutados siete extranjeros ligados al tráfico de drogas, evidencia un proceso de descomposición social que hoy en día corroe los principales cimientos del Estado.

PRD dice respalda huelgas, pero sin violencia

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26 de octubre del 2008

Ramon Alburquerque, presidente del PRD. (El Caribe)


Ramon Alburquerque, presidente del PRD. (El Caribe)





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El presidente del Partido Revolucionario Dominicano -PRD-, Ramón Alburquerque, dijo que esa organización respalda las protestas que llevan a cabo organizaciones populares y de la sociedad civil en gran parte del país en contra de la política del gobierno, pero sin violencia y dentro del marco de la ley.

Adelantó que el PRD estará al lado del pueblo que protesta por la actitud de indolencia, agresión, indiferencia y desprecio que muestra el gobierno hacia la población, mientras los agricultores están siendo aniquilados.

Entiende que al gobierno que encabeza el presidente Leonel Fernández hay que hacerle entender que tiene que sentarse a gobernar el país.

"Que tiene que meter a todo el que haya que meter en cintura para que cumpla con las leyes, pero primero cumpliendo con la ley el propio gobierno, porque este gobierno en lo único que cree es en nombrar gente, tránsfugas políticos, muchos oportunistas políticos, pagándoles con el dinero del Estado", señaló.

Entrevistado en el programa "Aeromundo", Alburquerque aseguró que las autoridades no baja los precios de los combustibles para tener las alcas llenas y poder pagarles sueldos millonarios a sus funcionarios, mientras los médicos y los maestros devengan salarios de miseria y necesitan entre 20 y 30 años para ganar "lo que un sujeto de estos del Partido de la Liberación Dominicana gana en un mes".

Informó, además, que en los próximos días el PRD someterá un proyecto de ley para que el único impuesto que pague la gasolina y le gasoil sea el de base, porque todos los demás son un abuso, "y lo que se está cometiendo con el gas licuado de petróleo no quiero ni referirme a ello".

El dirigente perredeísta destacó que en uno de sus párrafos, el artículo dos de la Ley de Hidrocarburos señala que el gobierno está obligado a subsidiar el glp.

Se oponen población sea desarmada en diciembre

26 de octumbre de 2008

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SANTO DOMINGO, RD-El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque y el miembro de la Academia de Ciencia, Osiris de León, coincidieron por separados en decir que el secretario de Interior y Policía no está por encima de la ley para prohibir el porte de armas de fuegos en el mes de diciembre, y que esa medida contribuiría a incrementar aun más los hechos delictivos en el país.

Ambos destacaron que esa medida es violatoria y va en contra de la defensa del ciudadano y añadieron que eso sería desarmar a la población para que no pueda defenderse de los delincuentes.

Alburquerque señaló que nadie está por encima de la ley y los dominicanos en contra de su voluntad han tenido que proveerse de armas de fuego para defender su vida en un país, donde no hay seguridad en las calles.

Destacó que esa no es una medida de prevención, ya que todo el mundo sabe que en el mes de diciembre es que se producen más atracos y otras acciones delincuenciales por motivo mismo de la festividades navideñas.

"Yo no sabia que el secretario de Interior y Policía fuera Congreso, Poder Ejecutivo y nadie está por encima de la ley, y so es lo que él quiere parecer al anunciar que en diciembre estarán prohibido que un civil pueda tener encima su armas, y entonces como se defenderá esa personas frente a un delincuente.

Mientras que Osiris de León al comparecer al programa Aeromundo, dijo que es un contra sentido desarmar a la población civil, porque la Ley no manda eso.

Expresó que la secretaría de Interior y Policía le cobra a cada ciudadano por el porte de un arma un impuesto anual, y un funcionario no puede decirle que usted no tiene derecho a usarla en diciembre.

Indicó que en el mes de diciembre es cuando más se acentúa la delincuencia porque hay más dinero, y citó los casos de los comerciantes e industriales que van depositar sus dineros del día al banco, mientras el delincuente lo esta esperando para asaltarlo.

Osiris de León se preguntó que si hay un acuerdo de asociación entre el gobierno y los delincuentes a fin de despojar a los ciudadanos de sus armas "cómo es posible que la secretaría de Interior y Policía anuncie de manera oficial que va a despojar a los ciudadanos de sus armas y no haya lo mismo con los delincuentes".

Manifestó que lo que debió hacer la secretaría de Interior y Policía fue buscar a todos los delincuentes y someterlo a la justicia, indicando que por eso es que la hoy día la sociedad se siente desprotegida .

Pedirá PRD someta Gobierno por caso Ley Hidrocarburos

26 de octumbre de 2008

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Luis Abinader
Luis Abinader

Uno de los vicepresidentes del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Luis Abinader, anunció ayer que propondrá a la Comisión Política el sometimiento a la justicia del Gobierno por la violación a la Ley de Hidrocarburos.

Abinader dijo que cuando el secretario de Economía y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montás, admite que el Gobierno no ha cumplido cabalmente con la aplicación de la Ley de hidrocarburos de rebajar el precio de las gasolinas y el gasoil en la misma proporción que la reducción del precio del petróleo, “es confesar públicamente que violan las leyes de la nación”.

“Al gobierno no se le puede permitir la violación de esa disposición porque con ello se deteriora el Estado de derecho”, sostuvo el economista y dirigente político.

Informó que hará la propuesta de llevar a la justicia el caso de los carburantes en la reunión de la Comisión Política del martes próximo.

Abinader, quien recorre las provincias en procura de fortalecer su plataforma política con miras a las elecciones del 2012, manifestó que el PRD no puede permitir que las autoridades se burlen de la población impunemente con la no aplicación justa de la rebaja de los precios del combustible de la misma forma en que se desploma el petróleo en el mercado internacional.

Abinader ofreció sus declaraciones durante una reunión con dirigentes perredeístas de Samaná, donde realiza un recorrido, con un mensaje de unidad y exhortando a las bases perredeístas a continuar trabajando con ahínco porque es la única forma de sacar al presidente Leonel Fernández del poder.

El dirigente político está acompañado del ex senador Antonio Rosario, Tony Peña Guaba, la ex diputada Sarah Paulino de Solís y las autoridades provinciales y municipales de Nagua, Sánchez y Samaná. Abinader pernoctará en Samaná, donde hoy domingo continúa sus contactos políticos con los dirigentes de Las Galeras y Las Terrenas.

Abinader renovó sus críticas a la política económica del Gobierno, la que dijo llevó a la quiebra a los sectores productivos y al turismo.

Informó que varios hoteles turísticos han cerrado sus puertas, por la inflación.

Expresó que las zonas francas se verán más deterioradas de lo que están como consecuencia de los problemas económicos internacionales y la falta de medidas para enfrentar la crisis financiera, “sólo por el presidente Fernández no querer admitir que no es verdad que nuestra economía está blindada.

Por otro lado, insistió en que el Gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer salud pública gratuita a la población más vulnerable, por tanto debe concentrar sus esfuerzos en hacer que funcione el régimen subsidiado y dejar que el régimen contributivo opere con las reglas del mercado que son las de libre competencia, libre elección de aseguradores y suplidores respetando estrictamente los principios de igualdad, ante la ley y libre elección.