8:37 PM - El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, dijo este jueves que no puede quedarse callado ante la “ofensa personal” del secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, pues sería una irresponsabilidad no contestar. El funcionario electoral señaló que ese debate debe llevarse con altura, porque debe ser un asunto objetivo, no con alusiones personales. ”Hemos expresado consideraciones objetivas, y no puedo quedarme callado ni echarme para atrás; hemos contestado con altura y sostengo lo que digo”, manifestó. Reiteró que el dinero asignado en el presupuesto no es suficiente, y no se puede pagar dietas a los empleados, habilitar 250 nuevos centros electorales en el exterior, darle viáticos a más de 35 mil militares, y extender el padrón a más de 300 mil nuevos electores. Manifestó que ese presupuesto puede significar un retroceso, y se corre el riesgo de volver a lo mismo. El presidente del organismo electoral justificó el debate sobre los recursos que necesitan para preparar los comicios del próximo año, pero destacó que el mismo debe llevarse con altura. Se recuerda que la JCE advirtió de los peligros que se ciernen sobre las próximas elecciones presidenciales, debido al "insuficiente" presupuesto que le asignó el Poder Ejecutivo, pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. El tribunal electoral solicitó un presupuesto de 7,800 millones de pesos para el 2008, sin embargo, el Poder Ejecutivo le asignó la semana pasada 3,547 millones de pesos, de los cuales, según el tribunal, sólo recibirá 2,487 millones de pesos ya que el resto es para la financiación de los partidos. Esto significa una reducción de un 67,84%, explicó la JCE en un comunicado publicado ayer en los periódicos locales, en el que califica de "infausta" la decisión de asignarle un fondo "absolutamente insuficiente". El presupuesto aprobado para el 2008 no sólo pone en peligro las elecciones presidenciales, también el rescate del Registro del Estado Civil, el Registro Electoral, las oficinas de servicios y empadronamientos en el exterior, así como las labores de administración de la institución. | |||||||||||||||||||
jueves, 20 de diciembre de 2007
Presidente JCE califica de ofensa personal declaraciones de Bengoa
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Critica corrupción y derroche en el Gobierno, elogia comienzo de seguridad social
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El año 2007, a punto de concluir, registró entre los hechos positivos el comienzo de la aplicación del sistema de seguridad social, la aprobación de la Ley de Municipios, entre otros, según un balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. Asimismo, entre los hechos negativos resalta la corrupción y la impunidad, y las trabas que ponen los funcionarios para no cumplir la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Otro punto negativo que resalta la entidad es el relativo a la ausencia de una política de austeridad en el Gobierno, a pesar de que el Poder Ejecutivo se hizo aprobar una ley, la cual no ha cumplido. Los puntos de vista de PC están contenidos en un documento en el que pasa balance al año 2007, distribuido este jueves. A continuación el documento: Participación Ciudadana/Balance del año 2007. A. La parte institucional. a) Aspectos positivos. 1. Seguridad social. Debe destacarse como positivo el inicio de la ejecución del sistema de seguridad social en la República Dominicana, luego de transcurrido alrededor de seis años de la aprobación de la Ley 87/01 de Seguridad Social. Es cierto que se ha iniciado en forma precaria, con múltiples dificultades por resolver, pero era muy probable que si se volvía a aplazar el inicio del sistema de seguridad social hasta que estuvieran dadas las condiciones ideales, se produjera una postergación indefinida. El sistema de seguridad social en toda su extensión, incluyendo el sistema previsional como el de salud, es concebido, como en todas partes del mundo, para hacer realidad los derechos sociales del ser humano. Estos son derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y en los pactos internacionales que el país ha suscrito. Basta señalar que el artículo 8, ordinal 17 de la Constitución establece que "el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez". El Estado dominicano tiene una deuda social con todos los acreedores de estos derechos sociales fundamentales, y por esa razón entendemos que ha sido positivo el inicio del sistema de seguridad social, lo que genera por lo menos la esperanza de que la referida deuda pueda comenzar a pagarse aunque sea parcialmente. 2. Ley Municipal. La aprobación de la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007 del Distrito Nacional y los Municipios constituye otro paso de avance institucional, y debe estar llamada a fortalecer la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, que son las entidades política administrativa básica del Estado dominicano, como la propia ley establece. La ley municipal anterior databa del año 1952 y no recogía la notable evolución del poder municipal y el destacado rol que los nuevos tiempos le han otorgado al gobierno municipal. De esa manera, el desarrollo del poder municipal se veía constantemente obstaculizado por el Gobierno Central, impidiendo la descentralización de las funciones públicas que debe producirse a través del accionar del poder local. Ahora cabe esperar que las nuevas disposiciones puedan ejecutarse a plenitud, permitiendo alcanzar los objetivos que la nueva ley describe con mucha precisión. b) Aspectos negativos. 1. Corrupción. El año 2007 lamentablemente ha sido un año en el cual la lucha contra la corrupción ha sufrido un claro retroceso, a pesar de ser la corrupción el peor de todos los males que nos agobian como país, y responsable directo de que no podamos enfrentar con eficiencia la pobreza secular que abate a la mayoría de los dominicanos y sus necesidades de salud, educación, justicia, y vivienda digna, entre otras necesidades. En el 2007 se detuvo el esfuerzo de llevar a la justicia muchos de los casos de corrupción bajo investigación del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Un número indeterminado de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que de acuerdo con funcionarios públicos revelan graves irregularidades en dependencias públicas, permanecieron ocultas para la ciudadanía. Pero además, los expedientes de corrupción que se encontraban en manos de los tribunales han generado sentencias que promueven la impunidad como ha ocurrido en los casos de RENOVE, usufructo de vehículos robados por oficiales de la policía, PEME, Invernaderos, entre otros. Deben destacarse los expedientes relacionados con los fraudes bancarios producidos en Baninter, Bancrédito y Mercantil. En el caso Baninter, en el juicio más seguido por la ciudadanía, se produjo una sentencia que aunque condenó a 10 años a dos de los cinco imputados, a 8 años a otro y declaró no culpable a los otros dos, la mayor parte de la sociedad pudo apreciar cómo las influencias aún afectan las decisiones del Poder Judicial, pues se excluyó de la petición de confiscación realizada por los fiscales a uno de los medios de comunicación adquiridos con fondos de los depositantes, e igualmente se excluyeron los cargos de lavado y abuso de confianza a pesar de que la sentencia daba por probados todos los hechos cometidos por los imputados. Sobre el Bancrédito se produjo una decisión que pretende cerrar el expediente iniciado por las autoridades, bajo el alegato de que los hechos ya han sido juzgados con anterioridad, sin que exista sentencia anterior que explique qué pasó con los más de veinte y tres mil millones de pesos distraídos de esa entidad bancaria, ni obligue a nadie a devolverlos. Sobre el caso Mercantil, el más atrasado de todos, aún no se inicia juicio de fondo, y permanece por largo tiempo en la Suprema Corte de Justicia en espera de una decisión de cuál será el tribunal que deberá conocerlo. 2. Acceso a la información pública. A pesar de contar con una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, el año 2007 se ha encargado de demostrarnos que no basta con la norma y que se requiere de la voluntad política necesaria para su implementación. Fue paradigmático el caso del periodista Huchi Lora, quien hizo uso de la ley para requerir información sobre el Metro que se construyen en el Distrito Nacional, la que no le fue concedida, obteniendo el comunicador social una sentencia que ordenaba su entrega y que ha sido desacatada. Luego de una dilación injustificada, la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda en suspensión de la sentencia que ordenaba la entrega de la documentación reclamada, obligando a la OPREP a cumplirla. Es muy lamentable que la Suprema con su decisión haya validado que la simple demanda en suspensión suspenda una sentencia de amparo, lo que resta toda eficacia a este recurso, que en lo adelante se verá en todos los casos injustificadamente dilatado, en desconocimiento de los tratados internacionales que ha suscrito el país que establecen que el recurso de amparo debe conocerse y decidirse sin dilaciones indebidas. 3. Ley de Austeridad. El incumplimiento por parte del Gobierno central de la Ley de Austeridad para el año 2007, ha sido otro hecho negativo. Sorprende que esto ocurriera pues la iniciativa partió del propio Poder Ejecutivo, quien alegó que los recursos adicionales que se requerirían para el año 2007 provendrían en un 50% de una nueva reforma fiscal, y el otro 50% de los ahorros del Gobiernos a través de la ejecución de la señalada ley. Mientras la población cumplió con su parte pagando los impuestos que permitieron recaudar el 50% que le correspondía, y además se registró un superávit fiscal cercano a los 25 mil millones de pesos, el gobierno incumplió su propia ley de austeridad y por el contrario, aumentó sus gastos corrientes a través de la creación de un número importantes de nuevos empleos públicos, la mayoría de ellos innecesarios y creados solamente con fines reeleccionistas, y elevó el gasto en publicidad a un promedio de 187 millones de pesos mensuales, aunque la ley ordenaba reducirlo. El uso incorrecto de los fondos públicos fue notable y escandaloso en los aumentos de salarios producidos para los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, en violación de la señalada Ley de Austeridad. Igual mención merece el aumento exorbitante de salario que se hizo aprobar el presidente del Banco Nacional de la Vivienda. Igual aconteció con los fondos dispuestos para los congresistas a través del denominado "barrilito". 4. El DPCA y la Comisión de Ética. Los organismos llamados a trabajar contra la corrupción tuvieron una hoja de servicios muy deficiente durante el año 2007, incluyendo la Comisión Nacional de Ética y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. La Comisión de Ética prácticamente no se hizo sentir durante todo el año, poniendo en serias duda su papel. 5. Sun Land. El de la Sun Land fue el último de los escándalos de corrupción destapados en el año 2007, con la firma de un contrato a través del cual el Gobierno firmaba pagarés por US$130 millones a favor de esa empresa privada, que luego los vendió a bancos extranjeros, sin que dicho contrato fuera aprobado por el Congreso como lo manda la Constitución, ni registrado como deuda púbica como lo dispone la Ley de Crédito Público. Tampoco se ha aclarado que ha hecho la Sun Land con esos fondos, que no han sido depositados en manos del gobierno o del Banco Central . Aunque parece obvio que esa empresa ha usufructuado durante más de año y medio un financiamiento del Estado Dominicano por 130 millones de dólares. Es destacable además la falta total de transparencia exhibida por el gobierno en el manejo de este contrato y frente a los legítimos cuestionamientos que generó luego que fuera denunciado, pues las explicaciones dadas por los funcionarios públicos, incluyendo el presidente de la República, han arrojado más sombras que luces sobre el mismo. El último acontecimiento, la terminación del contrato por parte del gobierno, confirma las irregularidades que han sido denunciadas, pero la referida terminación adolece de los mismos problemas de falta de transparencia, y deja muchos aspectos sin responder. La referida terminación ha sido parcial, pues el gobierno, de manera expresa, ha reconocido que mantiene obligaciones por US$32 millones con la Sun Land, que provienen del contrato original, lo que obligará a la Suprema Corte a pronunciarse sobre si la deuda, ahora reducida, fue originada cumpliendo o no con los requisitos legales y constitucionales. Este acontecimiento es particularmente importante pues de admitirse como válido un precedente de esta naturaleza cualquier gobierno, sin necesidad del Congreso, podría hipotecar el futuro de la República Dominicana en manos de acreedores extranjeros. 6. Área Electoral. En el área electoral el año también ha tenido un balance negativo pues las primarias de los partidos políticos demostraron que nuestros partidos políticos han decidido utilizar el clientelismo como método fundamental de lograr adeptos, lo que pudo comprobarse con mucha pena en los tres partidos más importantes. Igualmente, la Junta Central Electoral utilizó mucho de su tiempo en disensiones internas que disminuyeron su autoridad, lo que pudo reflejarse en el fracaso en aprobar el reglamento para regular las campañas electorales. Este intento, digno de mejor suerte, afectaba la forma tradicional de hacer política y encontró la oposición de todos los partidos, que prefieren no estar regulados y poder hacer campaña en todo momento y circunstancias, aún fuera del tiempo que establece la ley. Lamentablemente, el esfuerzo de la JCE se hizo en un momento en que se encontraba muy debilitada por sus enfrentamientos internos y tuvo que dejar de lado una iniciativa que habrá de adoptarse tarde o temprano en el país para evitar el dispendio de fondos públicos y privados a destiempo. 7. La presa de Taveras. Cerrando el año, la tormenta Olga ha traído nuevas desgracias a los más desprotegidos, pero además ha colocado en agenda la necesidad de revisar la forma en que se manejan las presas en el país. Diversos sectores, incluyendo a los partidos de oposición, la iglesia católica, medios de comunicación y empresarios de Santiago, han reclamado una investigación sobre la forma en que se manejó el desfogue de la presa de Taveras, atribuyendo a ese hecho más de treinta muertos y graves daños a la ciudad de Santiago y a las zonas de influencia de dicha presa. Resulta indispensable que el caso se esclarezca y que si existió negligencia, se apliquen las sanciones de lugar y se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, sobre todo ante la realidad de los cambios climáticos, que lamentablemente permiten suponer que el país seguirá siendo afectado por fenómenos de la naturaleza que pondrán a prueba todos sus presas. B. La parte económica. Durante el año 2007 la evolución económica siguió mostrando los rasgos característicos de los años recientes: alto crecimiento económico, aunque nada convincente en términos de bienestar de la población. De acuerdo con las últimas estimaciones del Banco Central, se espera que termine el año con una expansión de 8% en el PBI, una tasa mucho más elevada que la inicialmente prevista, pues las proyecciones originales eran de un 5%. Sin embargo, resulta particularmente llamativa la poca calidad del referido crecimiento, considerando que el mayor aporte a ese valor lo hicieron los impuestos indirectos, así como los sectores comercio, finanzas y telecomunicaciones, alentados por el gran aumento de las importaciones y las fuertes entradas de capitales financieros. De igual modo, es necesario resaltar que el año 2007 se caracterizó por un comportamiento muy precario de los principales sectores productivos. Las zonas francas y la construcción registraron disminución en sus actividades respecto a los valores del 2006, en tanto que la industria y la agropecuaria apenas crecieron en proporciones ínfimas. Por otro lado, el turismo se estancó, registrándose hasta octubre un número de visitantes ligeramente más bajo que el año anterior. Todo lo anterior indica que los sectores responsables del aumento del producto tienen muy poca relación con el empleo formal y los ingresos de la población, la cual no percibe ningún progreso. Podría considerarse que un logro importante del 2007 fue el mantenimiento de la estabilidad de precios, pese a los elevados costos internacionales de los combustibles y de diversos alimentos y materias primas. Aún así, al mes de noviembre la inflación anual ya se había elevado al 8.4%, y es posible que al terminar el año ese porcentaje sea mayor, como efecto de los altos precios de los alimentos, impactados, en gran medida, por las dos tormentas tropicales que afectaron gravemente el sector agropecuario del país durante los meses finales del año. Los incrementos de precios de los más importantes productos básicos en la economía mundial afectaron a la República Dominicana de dos maneras: por el lado positivo aumentaron las exportaciones, particularmente las de ferroníquel, las cuales se elevaron tanto que probablemente hayan superado los US$1,000 millones, casi duplicando su valor; pero por otro lado, han obligado al país a comprar más caros el petróleo y diversas materias primas. Unas de las mayores fuentes de preocupación del entorno económico es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual ha alcanzado niveles difícilmente sostenibles. Se estima que al terminar el 2007 podría estar cerca del 5% del producto bruto interno. El aumento de las exportaciones por los altos precios del ferroníquel no ha sido ni mínimamente suficiente para contrarrestar el hecho de que las zonas francas siguieron en retroceso, el turismo estuvo estancado, mientras que las importaciones aumentaron vertiginosamente, alentadas, entre otras cosas, por el mismo fenómeno que afecta negativamente el turismo y las zonas francas, que es el mantenimiento de una moneda sobrevaluada. El país podría haber experimentado serias presiones en su sector externo de no haber sido por que en la primera mitad del año se registraron fuertes entradas de capitales privados, que se unieron al financiamiento blando de Petrocaribe. Este flujo positivo de capitales vino atraído por las tasas reales positivas de interés, en instrumentos de gran confiabilidad como son los certificados del Banco Central, al tiempo que la tasa de cambio permanece prácticamente inalterable durante casi tres años. No debe olvidarse, sin embargo, que para mantener esa estabilidad cambiaria, el Banco Central ha tenido que seguir aumentando el balance de su deuda interna, la cual termina el año 2007 en alrededor de RD$200,000 millones, cuyo costo financiero tendrá que seguir pagando el país por varios lustros. Otro elemento distintivo de la evolución económica es el incremento mayor de lo previsto de los ingresos fiscales. En los primeros once meses se habían incrementado en un 26%, en tanto que las proyecciones presupuestarias eran de un aumento de 16%. Las razones fundamentales que explican este fenómeno son: por un lado, los altos precios del ferroníquel, que significó un incremento de casi 500%, con relación al 2006, en los ingresos provenientes de los derechos de explotación de Falconbridge; y por otro lado, la introducción del número de comprobante fiscal, que mejoró considerablemente los controles de la administración tributaria, tanto en el cobro del ITBIS como del Impuesto Sobre La Renta. El fuerte aumento de los ingresos le permitió al Gobierno incrementar sus gastos y aún así cumplir sus metas de superávit en el Gobierno Central negociadas con el FMI. Un aspecto a destacar es que los gastos corrientes se incrementaron en alrededor del 16%, incumpliendo así con la propia ley de austeridad vigente. Vale decir que, el Gobierno aprovechó su gran holgura de recursos para potenciar, a la mayor expresión, su política clientelista de gastos. Hasta tal punto, que los recursos le alcanzaron para complacer peticiones de múltiples sectores excepto para lo más importante, pues el país sigue manifestando un extremadamente bajo compromiso con lo social. Se estima que el porcentaje del PBI destinado al gasto educativo, terminará en apenas un 2%, lo que sigue siendo uno de los aportes más bajos a nivel mundial. Algo parecido ocurre con salud, justicia y otros servicios sociales. Consejo Nacional/ Participación Ciudadana |
Servio Tulio Castaños, aún no se ha rescindido el contrato Sun Land
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OpcionesAnadegas: corrupción en combustible es mayor que el narcotráfico
12:43 PM -
SANTO DOMINGO, R.D.- El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGAS), Juan Ignacio Espaillat, reveló este jueves, que la corrupción que existe en la Secretaría de Industria y Comercio ha dejado pérdida a la entidad que dirige en más de 7 mil millones de pesos, desde el 2005 hasta la fecha. Declaró que el negocio de las gasolinas es más rentable que el de los narcotraficantes en la República Dominicana, porque no es posible que en el municipio de Moca se estén vendiendo licencias para operar una planta de gasolina a 1 millón 100 mil pesos.
Entrevistado en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, indicó que el pasado incúmbente de Industria y Comercio, licenciado Francisco Javier García, no cumplió con la promesa que hizo a Anadegas, en el sentido de estudiar todas las denuncias y no hizo nada. Denunció que el festival de licencias irregular que otorgó la gerencia de Francisco Javier García en Industria y Comercio a través del formulario
M-11 ha sido la mayor corrupción de gasolina que ha sucedido en el país, hasta el punto de que todavía hay distribuido en todo el país ciento de esos formularios. El ejecutivo de Anadegas dijo que de Industria y Comercio salen formularios que se venden en la calle por 1 millón 100 mil pesos, con el objetivo de instalar una estación de gasolina.
Con respecto al nuevo secretario de Industria y Comercio, Espaillat manifestó que éste llegó en buena lid, y quiere hacer un buen trabajo, pero está arropado por la corrupción que todavía existe en esa institución. “El mismo me dijo que iba a estudiar esa denuncia de la venta de licencia que existe, pero lo tiene en su despacho y todavía no ha hecho nada”, aseguró.
Pidió públicamente que el Presidente Leonel Fernández lo reciba en su despacho, para explicarle la corrupción que existe en Industria y Comercio, hasta el punto que hay funcionarios que exhoneran combustibles a chóferes, venden licencias para operar estaciones de gasolinas, y la gran cantidad de gasolinas que entran al país de manera ilegal.
Sostuvo que el tiene pruebas de todo lo que está diciendo, “yo quiero que me lleven a la justicia para que tú vea la cantidad de documentos que tengo que presentar”. Anunció para el día de hoy (jueves) una Asamblea General que se celebrará con 486 afiliados que tiene Anadegas en San Francisco de Macorís, donde se preparará el plan de trabajo correspondiente al 2008.
Belarminio dice corrupción esta siendo tratada con demagogia y cinismo
12:22 PM -
Santo Domingo. El politólogo Belarminio Ramírez Morillo manifestó que existen políticos que han ascendido política y socialmente, y han hecho grandes fortunas económicas a través de la corrupción, y sin embargo, viven en permanente crítica a este virus que ha contaminado a la sociedad dominicana en todas sus dimensiones.
Planteó la necesidad de que el tema de la corrupción sea debatido y analizado con mayor seriedad y objetividad. Adujo que es necesario analizar las causas que han conducido a la proliferación de la corrupción, y se debe procurar un consenso de los sectores sanos y sensatos de la vida nacional, a fin de que se tomen correctivos serios para detener el flagelo.
Dijo que el proceso de modernización que se inició en la sociedad dominicana en los años 80 del siglo pasado, estimuló el florecimiento de la cultura de la corrupción en todos los estamentos de la vida nacional.
“Aquí hay corrupción de los pobres y de los ricos. Unos intercambian poder político por dinero, los otros dinero por poder político. Esta implica, en todos los casos, un intercambio de acción política por riqueza económica. Además, se ha convertido en un recurso para subsistir de un amplio porcentaje de la población, sobre todo servidores públicos que perciben salarios de miseria que nos les alcanza ni siquiera para adquirir la canasta familiar. Por tanto, mientras persistan esas condiciones, la corrupción continuará incrementándose.”
Expresó que en la República Dominicana se produce una alarma cada vez que se publica una encuesta cuyos resultados reflejan el incremento de la corrupción, pero en los hechos ninguna acción se toma para cambiar esta cultura. Adujo que la modernización engendra corrupción, debido a que implica un cambio en los valores básicos de la sociedad. La modernización produce una ruptura con el pasado, y con ella se abandonan las pautas fundamentales de la formación conductual de los individuos.
Expresó que “la conducta que para las pautas tradicionales era aceptable y legítima resulta inaceptable cuando se la examina con una óptica más moderna. Por eso, en una sociedad en vías de modernización, la corrupción más que de la desviación respecto de las normas aceptadas, proviene en gran parte del hecho de que estas se apartan de las pautas establecidas de conducta.”
“Aunque sea vergonzoso y doloroso debemos admitir que la cultura de la corrupción ha triunfado en la sociedad dominicana”. Sustentó el abogado y político. “Los funcionarios públicos en su inmensa mayoría, en todos los gobiernos sin distingo de símbolo y de color, se han apartado de las normas tradicionales establecidas para ponerse al servicio de intereses privados.” Subrayó el profesor universitario.
Dijo que en el caso dominicano, la corrupción es un producto directo del ascenso de grupos con nuevos recursos y esfuerzos para afirmarse en la esfera política. La corrupción ha sido el canal utilizado por una gran parte del liderazgo político dominicano para ascender a los status en que se encuentran. La verdad es que “la corrupción proporciona beneficios inmediatos, específicos y concretos a grupos que de otro modo se encontrarían marginados de la sociedad. De este modo la corrupción se ha convertido en una práctica funcional y normal para la marcha del sistema político.” Argumentó el escritor y político.
“En el caso dominicano, el auge de la corrupción tiene consonancia con el deterioro institucional de los partidos políticos. La debilidad de los partidos políticos se ha reflejado en una política de clientela, en la cual la corrupción ha sido un factor importante. Todas las organizaciones partidarias que han dirigido el país han recurrido a la práctica de intercambiar acción política por riqueza económica. La política ha sido el camino para ascender a la riqueza, a diferencia de los Estados Unidos donde la riqueza es el camino para ascender al poder político.” Adujo el otrora Director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de la Tercera Edad.
“Una acción efectiva para combatir la corrupción tiene necesariamente que ser encaminada a lo interno de los partidos. La debilidad de la organización partidaria es ideal para la corrupción. La corrupción prospera en la desorganización, es más rampante cuando hay ausencia de relaciones estables entre los grupos y las faltas de pautas de autoridad reconocidas. En los sistemas políticos con partidos fuertes, institucionalizados y representativos de los ciudadanos, las oportunidades de corrupción son más reducidas.” Puntualizó el politólogo y abogado.
Manifestó que el auge de la corrupción ha sido tan alto en la sociedad dominicana, que ha hecho que una reducida clase política se apropie de las mayorías de las riquezas que hoy hacen falta para llevar el país a la modernidad y afrontar con eficiencia los servicios de salud, educación, justicia, medio ambiente y deuda pública.
Dijo que la corrupción seguirá ganando terreno, debido a que cada día se reducen las oportunidades de progreso fuera de la política, junto con la falta de instituciones fuertes y creíbles, situaciones que contribuyen a que las energías humanas sean analizadas hacia comportamientos políticos desviados.
Adujo que la corrupción es incompatible con el desarrollo político. Es la principal causa del atraso de la sociedad dominicana. Ha contribuido a que el proceso de modernización que se inició hace varias décadas esté inconcluso. Desgraciadamente, en la República Dominicana, la corrupción se ha institucionalizado.
Expresó que en la política es una industria para los dominicanos, es un estilo de vida, es la principal ruta hacia el poder y el mejor medio para obtener riquezas, debido a que se puede ganar más dinero en menos tiempo. El uso de la función pública para enriquecerse conduce a una subordinación de las instituciones y los valores políticos a los económicos. En resumidas cuentas, en República Dominicana, el principal objetivo de la función pública ha dejado de ser el logro de metas públicas, y es sustituido por la promoción de intereses individuales.
Dijo que en República Dominicana, solo en reducidas esferas de los partidos políticos y de la sociedad, existe interés de combatir la cultura de la corrupción. El abogado y político se expresó en estos términos al participar en el programa televisivo Sondeo, que se transmite por el canal 41 Televida, que producen Encarnación Pimentel y Danilo Clime.
Pocos avances en las medidas para ahorro
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Entre los anuncios presentadas a la población en un discurso por radio y televisión el presidente Leonel Fernández dijo que impulsaría el desarrollo del mercado del gas natural tanto en el transporte público como en el privado.
Sin embargo, hasta ayer en la Omsa ningún vehículo había sido convertido a gas natural, y apenas dos unidades pilotos (guaguas) están trabajando con el sistema biodiesel, en la ruta de la avenida 27 de Febrero, logrando un ahorro de combustible entre 20 y 26 por ciento, según informaciones del subdirector técnico de la institución, Jorge Féliz.
Sobre esos puntos, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Ramón Pérez Figuereo, sostuvo que “están a la espera de que los técnicos de las comisiones creadas los convoquen para discutir las medidas”.
“Nosotros no aceptaremos la colocación de un chip sin previa discusión, para saber cuáles serían los resultados. Todavía los estudiantes de la Uasd no reciben el subsidio del pasaje, mientras, con el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) hemos discutido el tema de la circulación interdiaria, pero ahí estamos bien, aunque hay que aclarar que falta lo del plan vial”, sostuvo Pérez Figuereo.
Recientemente Industria y Comercio elaboró el reglamento para la aplicación de subsidio de un millón de galones de gasoil mensual para el transporte de carga y pasajeros.
