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El economista Pedro Manuel Casals Victoria consideró hoy que la atención de los ciudadanos hacia el Presupuesto se enfoca erróneamente al gasto, “que se asigna arbitrariamente e irrespetando las prioridades nacionales cuando deberían dirigirse primero hacia el ingreso porque ahí es que están los impuestos que el Gobierno pretende aplicar a todo el pueblo durante todo el año”. Dijo que los 300 mil millones de pesos que “el Gobierno pretende cobrar en el 2008 a todos los dominicanos” es una carga demasiado grande “y en mi opinión, el pueblo debe exigir que sea reducida, ya que lo que el Gobierno hace con el dinero que cobra al pueblo no es bueno”. “Si hubiese auténtico liderazgo político en los partidos de oposición, no sólo estarían exigiendo que no se gaste el 64% del Presupuesto en gastos corrientes, pagando centenares de miles de parásitos de los partidos y que se reduzcan los fondos asignados al Metro, sino que reclamarían que el ITBIS se redujera de un 16% a un 8% y que el impuesto a los combustibles se limitara a un 25% del costo de importación”, dijo. Asimismo que exigirían “que la tarifa eléctrica bajara cinco centavos de dólar a los pobres; 10 centavos a la clase media y siete centavos a la industria, limitando el margen de rentabilidad de las empresas eléctricas a un centavo y medio el kilovatio-hora, como en todos los países civilizados, eliminando subsidios irreales”. Casals Victoria entiende que “eso es necesario para que nuestro pueblo respire y sobreviva y para que nuestras empresas puedan ser competitivas, pues no pueden competir con los actuales sobre costos causados por los impuestos”. Consideró que “rebajar esos impuestos dejaría más dinero en manos de los consumidores y las empresas nacionales, elevando la demanda, el consumo, las ventas, el empleo y la producción, haciendo crecer la economía y creando bienestar”. “Es lamentable que la cúpula empresarial, aquejada de contradicciones de membresía, pareciera no emprender esas realidades y no luche ni presione para enderezar la errática y ruinosa dirección de las políticas gubernamentales”, dijo. |
martes, 8 de enero de 2008
Dice enfocan en gastos atención Presupuesto
Hoy: Pan a 5, papa a 20, plátano 13-15
 Los precios de varios productos de consumo básico han experimentado alzas al inicio del año tanto en supermercados, mercados como colmados del país. |
Los dominicanos amanecieron comprando el pan de agua y sobao a cinco pesos la unidad, los plátanos entre 13 y 15 pesos cada uno y las papas 20 pesos la libra, entre otros productos que han aumentado de precio en los últimos días.
El aumento en el precio del pan fue anunciado el pasado sábado por Héctor Delgado, presidente de la Unión de Medianos Industriales de la Harina (UMPIH), quien dijo que el saco de harina de trigo de 120 libras aumentó de 800 y mil 200 pesos.
Antes el pan era vendido as tres pesos la unidad por lo cual el aumento en ese alimento es de dos pesos por unidad.
Los plátanos son vendidos entre 13 y 15 pesos la unidad en los distintos lugares de expendio, incluyendo colmados, supermercados, kioskos y ventorrillos.
Los comerciantes alegaron que la tormenta tropical Noel y la subtormenta tropical Olga destruyeron gran parte de las plantaciones de plátanos de Barahona, Neiba, Mao y Montecristi, provocando una disminución en la oferta de ese producto.
Expresaron que el aumento del precio del pan y la escasez plátanos ha disparado la demanda de papa que antes se vendía entre 12 y 14 pesos la libra y hoy se vende a 20 pesos con un aumento de de seis y ocho pesos.
Los aumentos de precios se han registrado en otros productos como la yuca, la batata, la yautía, la cebolla, la carne de cerdo, las pastas alimenticias, los distintos tipos de leche, las grasas comestibles y los detergentes.
La yuca se vende hoy a 14 y 15 pesos la libra, pese a que hace varias semanas se vendía a 5,6 y 7 pesos; y la batata que antes se cotizaba a 5 pesos la libra hoy se vende a 10 pesos; y la yautía blanca y amarilla que hoy se vende a 20 y 22 pesos la libra y que antes costaba 15 pesos.
Otro producto aumentado de precio fue la cebolla que antes se vendía entre 15 y 20 pesos la libra y hoy se vende entre 23 y 25 pesos las 16 onzas. La carne de cerdo aumentó de 45 a 55 pesos la libra, la chuleta de 55 a 65 pesos la libra y la carne de pollo subió de 38 a 45 pesos la libra.
Los espaguetis, coditos, macarrones, fideos y otras pastas alimenticias subieron diez pesos por libra, como consecuencia del aumento en los precios de la harina y de las grasas comestibles.
Por ejemplo el paquete de espaguetis de 10 libras aumentó 15 pesos y se vende a 140 pesos en vez de 125 como se cotizaba hace poco.
Ex administrador de EGEHID acusa a CDEEE de mal manejo de presas
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D’Oleo, quien fue administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) en la gestión de gobierno anterior, sostuvo que los errores han ocurrido luego que las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dispusieran la cancelación de cientos de técnicos calificados para sustituirlos por activistas políticos sin preparación ni experiencia en esa área.
El ex administrador de EGEHID –la entidad que maneja las hidroeléctricas y las presas- reclamó al Congreso Nacional y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) que dispongan una investigación para establecer responsabilidades en torno a los graves daños que han afectado a las centrales hidroeléctricas y que han sido mantenidos en secreto.
Los hechos, según él, han ocurrido en las centrales hidroeléctricas de Jimenoa, Jiguey, Aguacate, Nizao-Najayo y el contraembalse Las Barías, en Valdesia. Aseguró que han resultado severamente dañados debido a errores y negligencias en el manejo de esas unidades, antes, durante y después del paso de las tormentas Noel y Olga, sumándose a los daños humanos y materiales causados por el manejo torpe de la presa de Tavera ocasionando grandes inundaciones en Santiago y la Línea Noroeste.
Indicó que la central de Jimenoa, ubicada en Jarabacoa, salió de servicio por errores operacionales en septiembre del año 2005 y se mantuvo fuera del sistema durante 17 meses, generando pérdidas por 318 millones de pesos, sin que se estableciera ninguna responsabilidad. Y agregó que durante el paso de la tormenta Olga, una operación inadecuada permitió que el túnel de la central se llenara de lodo y arena sacándola de servicio y produciendo más pérdidas en generación de energía.
En el caso de la central Jiguey, explicó que el generador número 2 de esa central hidroeléctrica ha estado fuera de servicio desde el mes de noviembre del 2005, es decir durante dos años y dos meses, debido también a un error de operación. Estimó que las pérdidas totales ascenderán a 3 mil 200 millones de pesos, sumando el monto total de la energía no servida y el costo de reparación del generador que estará fuera de servicio por un año más.
El ingeniero D´oleo aseguró que la central de Aguacate resultó dañada durante el paso de la tormenta Noel, cuando la crecida del río inundó totalmente la casa de máquinas, las turbinas, los generadores y los equipos de protección en un momento en que el personal responsable de operar las compuertas y los demás equipos no estaban en sus áreas de trabajo, a pesar de que la crecida de los ríos Nizao y Mahomita era considerado un hecho inminente.
Sostuvo que esa central, una de las que produce más energía de todas las hidroeléctricas del país, estará fuera de servicio por unos 18 meses acarreando pérdidas estimadas en mil 600 millones de pesos, englobando la energía no servida y el costo de rehabilitación.
El ingeniero De Oleo Ramírez, quien fue director de operaciones de la Corporación Dominicana de Electricidad y encargado de plantas, con 26 años de servicios en el sector eléctrico, aseguró que uno de los peores desastres se registró en la presa de Valdesia durante el paso de la tormenta Noel. Allí, afirmó, resultaron destruidas dos compuestas y seriamente dañadas las seis compuertas restantes del contraembalse de Las Barías y el muro del mismo, conjuntamente con la destrucción de las estructuras de derivación del canal Marcos A. Cabral, del sifón del canal lateral Nizao-Najayo, la salida de operación de la hidroeléctrica Nizao-Najayo, la inhabilitación de varios acueductos de la zona, así como la destrucción de varios kilómetros de la carretera Yaguate-Presa de Valdesia y más de 20 viviendas
Afirmó que el desastre de Valdesia fue una consecuencia directa de la indolencia y la irresponsabilidad de las autoridades de la CDEEE, ya que durante el embate de la tormenta Noel no apareció ni el encargado de la planta, ni un ingeniero, ni el director de operación, ni el vicepresidente ejecutivo de las hidroeléctricas, ni el administrador de la CDEEE para que dieran la orden de operar y abrir a tiempo las ocho compuertas del contraembalse Las Barias y las cinco compuerta de la presa de Valdesia.
“Debido a esa tardanza, cuando se dio la orden después de la media noche, se abrieron todas las compuertas al mismo tiempo sin importar que eso podría ocasionar, exactamente lo que se repitió unas semanas después en la presa de Tavera, en violación de los procedimientos técnicos que rigen la operación de óranos de desagüe de las hidroeléctricas”, apuntó el ingeniero D¨oleo.
Dijo que como resultado de esa imprudente decisión se descargo intempestivamente una masa de agua de 120 metros de largo por 8 metros de alto, provocando un torrente que arrasó con todo lo que encontró a su paso.
Manifestó que hasta el momento la CDEEE mantiene en decreto lo ocurrido en esas hidroeléctricas y ninguna instancia del sector eléctrico ni del Estado ha ofrecido una explicación sobre lo que aconteció con esos bienes del país, y muchos menos se han establecido responsabilidades para sancionar a los culpables de esos hechos.
A su juicio, esas graves ocurrencias están estrechamente asociadas a la decisión de las actuales autoridades de la CDEEE y de la Empresa de Generación Hidroeléctrica de cancelar desde agosto del 2004, a cientos de técnicos con cinco y catorce años de experiencia operando para colocar un personal escogido por razones políticas, sin preparación técnica ni experiencia profesional.
PRD SOMETE A LA JUSTICIA A FELIX BAUTISTA POR CASO SUN LAND.
| De: | Secretaria Nacional de Comunicaciones PRD (senacoprd@gmail.com) |
| Enviado: | martes, 08 de enero de 2008 06:56:48 p.m. |
| Para: | ralburquerquer@hotmail.com; raulbartolome@codetel.net.do; Isidro Toro (isidrotoropampols@gmail.com); Carmelo Rodriguez (metalplaza2006@hotmail.com); INSTITUOLATINOAMERICANO INVESTIGACIONESYASESORIACOMPUTARIZADA (iliacom2007@hotmail.com); olmepine@4645hotmail.com; orlandogil@codetel.net.do; m.severino.7@hotmail.com; juliher99@hotmail.com; Juan Javier Cruz Benzan (javierbenzan@hotmail.com); luzbregman@yahoo.es |
Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional.
Asunto: Interposición de formal querella en contra del señor FELIX BAUTISTA, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por violación de los artículos 114, 116, 123, 146, 175 y 408 del Código Penal Dominicano, y el artículo 26 de la Ley No. 6-06 sobre Crédito Público.
Del: Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Abogado: Dr. Rafael Mejía Guerrero.
Honorable Magistrado:
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) , organización política con personería jurídica reconocida por la Junta Central Electoral, con su establecimiento principal ubicado en la Avenida Jiménez Moya No. 14 casi esquina Avenida Sarasota, de esta ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por su Presidente, Ramón Alburquerque, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 090-003260-8, ingeniero, de este domicilio y residencia, y su Secretario General, Orlando Jorge Mera, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0095565-7, abogado, de este domicilio y residencia; entidad que tiene como abogado constituido y apoderado especial al Dr. Rafael Mejía Guerrero, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0518023-6, con estudio profesional abierto en la Av. Máximo Gómez No.41 Esq. Av. José Contreras, Plaza Royal Suite 315, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, donde hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias del presente acto su representado el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por la presente tiene a bien INTERPONE FORMAL QUERELLA CONTRA el ING. FELIX BAUTISTA, por los motivos siguientes:
I.- Antecedentes y hechos.
ATENDIDO: A que en fecha doce (12) de mayo de 2006, el Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, otorgó el Poder Especial No.106-06 al Secretario de Estado [1] Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, señor FELIX BAUTISTA, para que en nombre y representación del Gobierno Dominicano, firmara un contrato con la empresa The Sunland Corporation R. D., S. A., para el suministro de materiales, equipos, productos y servicios de construcción de las once (11) obras prioritarias que se mencionan en dicho poder, por un valor total de hasta CIENTO TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$130,000,000.00). En dicho poder se establece asimismo que el pago de dicha suma se evidenciaría mediante la emisión de hasta diecinueve (19) pagarés o notas promisorias iguales y consecutivas a nombre de THE SUNLAND CORPORATION R. D., S. A. con vencimientos mensuales empezando un mes después del período de construcción de ocho (8) meses.
ATENDIDO: A que en fecha quince (15) de mayo de 2006, el Gobierno Dominicano, debidamente representado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado – quien a su vez estuvo representada por el señor FELIX BAUTISTA, en virtud del Poder Especial No. 106-06 arriba indicado-, y The Sunland Corporation suscribieron el "Contrato de Construcción de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos", conjuntamente con los diecinueve (19) pagarés, cada uno por la suma de US$6,842, 105.00, en los cuales aparece como deudor el Gobierno de la República Dominicana. En el Anexo 1 de dicho contrato se establecieron de forma detallada las once (11) obras prioritarias que serían construidas al amparo de dicho contrato.
ATENDIDO: A que posteriormente, en fecha veintisiete (27) de junio de 2006, la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, envió una comunicación a The Sunland Corporation R. D., S. A., marcada con el número 637, firmada por el ING. FELIX BAUTISTA, cuyo objeto fue modificar el acuerdo y los pagarés arriba indicados, comunicación que fue igualmente firmada por The Sunland Corporation R. D., S. A, en señal de acuerdo entre las partes. De manera particular, esta carta acuerdo establece en su inciso 2 que "No hay necesidad para ello de que haya mención específica de las Notas en el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el año correspondiente". De igual modo, el inciso 8 de la misma carta acuerdo dispone que "las obligaciones de pago bajo el Acuerdo y las Notas tendrán prioridad sobre todas la obligaciones internacionales del Estado Dominicano". También se estableció en el numeral 10 que "Sunland puede ceder, sin el consentimiento previo del Estado Dominicano, todo o parte de sus derechos y obligaciones bajo las notas, el Acuerdo y esta carta, a una o más entidades financieras, o cualquier otra entidad, con el propósito de obtener el financiamiento necesario". Vale señalar que estos pagarés fueron transferidos, total o parcialmente, en el mercado internacional a través de las firmas R. O. & G. Internacional Trading Corporation, el Standard Chartered Bank, el HSBC Bank USA, National Association, y the Royal Bank of Scotland.
ATENDIDO: A que en fecha cinco (5) de diciembre de 2006, el Secretario de Estado Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ING. FELIX BAUTISTA, envió una nueva comunicación a The Sunland Corporation R. D., S. A. en la cual señala que, habiendo examinado el presupuesto que le fuera presentado por The Sunland Corporation, R. D., S. A., reducía el número de obras a ser ejecutadas bajo el contrato, a cinco (5) en lugar de once (11), como fue previsto en el contrato original, y como le había sido instruido en el poder especial que le fuera conferido para estos fines, manteniendo, a ún así, la misma suma contratada de US$130,000,000.00; comunicación ésta que fue debidamente aceptada conforme por The Sunland Corporation, convirtiéndose en una modificación al contrato original. Esta modificación dio lugar a la firma de un "Anexo 1 Enmendado", del 25 de octubre de 2007, donde se establecen los únicos cinco (5) proyectos que serían ejecutados.
ATENDIDO: A que el endeudamiento por parte del Estado Dominicano, evidenciado en el contrato de construcción, sus anexos, los pagarés suscritos y las posteriores cartas acuerdos que fueron firmadas, no fueron sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, tal y como lo ordena el artículo 37 de la Constitución de la República, lo cual los convierte en actos nulo de pleno derecho.
ATENDIDO: A que, con motivo de la denuncia pública realizada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y en ausencia de explicaciones claras y coherentes por parte del Gobierno de la Republica Dominicana a todos los cuestionamientos que le fueron formulados y que evidenciaban la irregularidad de la operación, en fecha siete (7) de diciembre de 2007, el gobierno dominicano informó públicamente la rescisión del contrato de construcción, suministro de materiales y equipamiento de obras prioritarias suscrito con The Sun Land Corporation, D. R., S.A., en fecha 15 de mayo de 2006.
ATENDIDO: A que esta rescisión, que está contenida en el contrato de fecha 28 de noviembre de 2007, evidencia de forma inequívoca una serie de elementos que comprometen la responsabilidad de los involucrados, particularmente del ING. FELIX BAUTISTA, como funcionario público autorizado por poder para la ejecución del contrato, sus accesorios y el manejo de la operación en general. Entre las evidencias que se derivan de dicha rescisión se encuentran las siguientes: 1) Confirma que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene razón con relación a la inconstitucionalidad e ilegalidad del contrato suscrito con la empresa The SunLand; 2) El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene razón al afirmar que los diecinueve (19) Pagarés emitidos por el Gobierno Dominicano habían sido colocados a inversionistas internacionales, entre los que se encuentra el HSBC Bank USA y el Royal Bank of Scotland; 3) Que las obligaciones asumidas en dicho contrato y los sucesivos pagarés y notas promisorias constituyen una deuda pública, lo cual revela que el Presidente Leonel Fernández ocultó la verdad al país y a los directores de medios de comunicación en la conferencia de prensa del 25 de octubre de 2007; 4) Ha quedado demostrado que el dinero proveniente de la colocación de los Pagarés en el mercado de capitales nunca llegó a las cuentas del Gobierno en el Banco de Reservas ni a las cuentas del Banco Central en el extranjero, violándose la Constitución de la República y las Leyes; 5) La afirmación del Gobierno de que el contrato ha sido rescindido por el incumplimiento de la empresa SunLand es una maniobra que pretende esconder los vicios de inconstitucionalidad que afectan esta operación y que se traducen en una responsabilidad manifiesta y sancionable del Gobierno del Presidente Leonel Fernández; 6) El nuevo acuerdo del Gobierno y The SunLand Corporation R. D., S. A. es un reconocimiento de que el Gobierno estaba atrasado en el pago de los Pagarés o Notas Promisorias, lo cual había sido negado por el Secretario de Estado de Hacienda. La decisión de pagar 32 millones de dólares a la SunLand por concepto de erogaciones que supuestamente ésta realizó a los contratistas así lo demuestra. Con dichos montos la SunLand honraría los Pagarés No. 6-19, 9-19, 10-19, 11-19 y 12-19; constituyendo los últimos cuatro la deuda atrasada que está en manos del Royal Bank of Scotland y que había estado dando origen a una demanda de esa entidad financiera en contra del Gobierno del Presidente Fernández; 7) Si la SunLand no demuestra que realizó transferencias o pagos mediante cheque a cada uno de los contratistas que han estado construyendo las obras que se habían establecido en el Contrato firmado entre el Gobierno y la SunLand en mayo de 2006, por concepto de pago de cubicaciones, se podría inferir que el pago de los 32 millones que está realizando el gobierno a la SunLand constituye una transferencia de recursos del erario para honrar los Pagarés sin que se hubiese generado una verdadera obligación en contra del Estado; 8) Por otra parte, en el nuevo acuerdo con la SunLand, el Gobierno reconoce que quedarían pendiente los Pagarés No. 13-19, 14-19, 15-19, 17-19, 18-19 y 19-19, los cuales vencen entre enero y julio de 2008 y están en manos de inversionistas extranjeros, entre los cuales se encuentra el Royal Bank of Scotland que posee las Notas Promisorias No. 17-19 y 18-19. La venta de esos pagarés generaron un ingreso a la SunLand de 41 millones de dólares que serían devueltos mensualmente según vayan venciendo entre enero y julio de 2008, abriéndose una carta de crédito por esa suma a favor del gobierno "como garantía de cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieren originarse a cargo de la Primera Parte [el gobierno]." Con esos pagos mensuales el gobierno iría saldando cada uno de los Pagarés, también mensualmente, a los inversionistas extranjeros. Esto también es una clara demostración de que esos Pagarés constituyen una obligación a cargo del Gobierno y del erario público ; 9) De la lectura del nuevo acuerdo suscrito entre el Gobierno y la empresa SunLand se ha descubierto que existen diez nuevos Pagarés numerados 3-19A, 4-19A, 5-19A, 6-19A, 7-19A, 8-19A,9-19A, 10-19A, 11-19A y 12-19A, cuya existencia debe ser explicada por las autoridades gubernamentales, y particularmente por el ING. FELIX BAUTISTA, como responsable principal del proyecto.
ATENDIDO: A que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en su calidad de querellante, señala como autor principal de los hechos antes indicados y de las irregularidades arriba transcritas, al ING. FELIX BAUTISTA, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como funcionario autorizado mediante poder especial del Presidente de la República para la materialización de la operación; todo sin perjuicio de que otros funcionarios públicos o personas puedan resultar responsables, como consecuencia de las investigaciones que puedan realizar los funcionarios judiciales encargados, y en base a las disposiciones legales que serán examinadas mas adelante en el presente escrito.
II.- Calidad e interés para actuar. Procedimiento.-
ATENDIDO: A que el articulo 85 del Código Procesal Penal dispone que "en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de su función o con ocasión de ella, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante. De igual manera, señala el citado artículo que en los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos, pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes. Y es que, se ha considerado que una de las mayores novedades del nuevo Código Procesal Penal son justamente las amplias facultades que le otorga a la víctima para actuar como acusador en el proceso penal. La victima puede promover la acción penal y acusar. En los hechos que afectan intereses colectivos pueden hacerlo las organizaciones de la sociedad civil y en los hechos vinculados a corrupción de funcionarios o violaciones a los derechos humanos se entiende que cualquier persona puede constituirse como acusador porque ellos afectan a toda la colectividad de un modo muy grave. [2]
ATENDIDO: A que el artículo 267 del Código Procesal Penal expresa lo siguiente: " La querella es el acto por el cual las personas autorizadas por este Código promueven el proceso penal por acción publica o solicitan intervenir en el ya iniciado por el ministerio publico¨
ATENDIDO: A que el articulo 268, relacionado con la forma y contenido de la querella, establece que: " La querella se presenta por escrito ante el Ministerio Público y debe contener los datos mínimos siguientes: 1) Los datos generales de la identidad del querellante; 2) La denominación social, el domicilio y los datos personales de su representante legal, para el caso de las personas jurídicas; 3) el relato circunstancial del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas, si es posible, con la identificación de los autores, cómplices, perjudicados y testigos; 4) El detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra¨.
ATENDIDO: A que en vista de las disposiciones anteriores, resulta claro que el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) tiene completa facultad para interponer la presente querella, dado que la misma se vincula a hechos punibles ejecutados por un funcionario publico en el ejercicio de sus funciones que afectan gravemente a toda la sociedad dominicana.
III.- Derecho.
ATENDIDO: A que las actuaciones dolosas e irresponsables materializadas por el ING. FELIX BAUTISTA, en su condición de Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y que se evidencian en los distintos documentos que están siendo depositados en esa Procuraduría Fiscal bajo inventario, tipifican una serie de faltas al tenor del Código Penal Dominicano y de otras leyes vigentes que son las que justifican la presente querella, y que pasaremos a analizar a continuación:
ATENDIDO: A que, como parte de las disposiciones vulneradas, el artículo 114 del Código Penal establece lo siguiente:
"Los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica. Si justificaren, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquica por asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden".
ATENDIDO: A que, en efecto, resulta incuestionable que el ING. FELIX BAUTISTA actuó no solamente de forma arbitraria, al modificar el contrato de construcción suscrito entre el Gobierno de la Republica Dominicana y The Sunland Corporation R. D, S. A. en forma abusiva para el Estado y el pueblo dominicano, reduciendo el numero de obras contratadas y autorizadas originalmente y manteniendo, no obstante, el mismo precio del contrato (US$130,000,000.00), sino que, además, vulneró la Constitución de la Republica al no haber sometido a la aprobación del Congreso Nacional una operación que comprometía de forma onerosa el crédito público, violando de esta forma los artículos 37, incisos 13 y 19; artículo 46; artículo 55, inciso 10; artículo 110; artículo 113; artículo 4 y artículo 8 numeral 5 de la Carta Magna.
ATENDIDO: A que el artículo 116 del Código Penal dispone que: "Si los Ministros, acusados de haber ordenado o autorizado un acto contrario a la Constitución, alegaren que la firma les ha sido sorprendida, estarán obligados a denunciar, al hacer cesar el acto, a aquellos que ellos indiquen como autor de la sorpresa, so pena de ser perseguidos personalmente".
ATENDIDO: A que el artículo 123 del Código Penal establece lo siguiente:
"Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos".
ATENDIDO: A que en la especie podría también afirmarse que se ha materializado una coalición de funcionarios, toda vez que existen comunicaciones firmadas y cursadas entre distintos funcionarios del Gobierno en relación a la forma en que sería manejada la deuda resultante del contrato de construcción entre el Gobierno de la Republica Dominicana y The Sunland Corporation, como es el caso de la comunicación de fecha 17 de agosto de 2006, donde el ING. FELIX BAUTISTA le solicita al Secretario de Finanzas el registro de la operación como deuda pública;
ATENDIDO: A que el artículo 146 del Código Penal dispone lo siguiente:
"Serán del mismo modo castigados con la pena de trabajos públicos: todo funcionario u oficial público que, en el ejercicio de su ministerio, hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sustancia de los actos o sus circunstancias; redactando convenciones distintas de aquellas que las partes hubieren dictado o formulado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, hechos falsos; o como reconocidos y aprobados por las partes, aquellos que no lo habían sido realmente; alterando las fechas verdaderas, dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que contenga el verdadero documento original".
ATENDIDO: A que resulta claro que el ING. FELIX BAUTISTA, en el ejercicio de sus funciones, desnaturalizó dolosa y fraudulentamente el objeto del contrato de construcción firmado entre el Gobierno de la Republica Dominicana y The SunLand Corporation D. R., S. A. y del poder que le fuera conferido al efecto, al modificar aspectos sustanciales del contrato, como era la reducción a cinco (5) del numero de obras contratadas, manteniendo el mismo precio contratado para las once (11) obras originales, y realizando acuerdos relacionados con la negociabilidad y manejo de los pagares y notas promisorias que comprometen gravemente el crédito y la solvencia moral y económica del Estado Dominicano.
ATENDIDO: A que el artículo 175 del Código Penal establece que "el empleado, funcionario, u oficial público, o agente del Gobierno, que abiertamente, por simulación de actos, o por interposición de persona, reciba un interés o una recompensa, no prevista por la ley, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilancia estén encomendada a la Secretaría de Estado u oficina en la cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas personas cuando los actos, adjudicaciones o empresas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha secretaría de estado u oficina, será castigado con prisión correccional de seis meses a un año, y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni menor que la duodécima parte de las restituciones y redenciones que se concedan. Se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos."
ATENDIDO: A que el artículo 408 del Código Penal, el cual se refiere a la figura del abuso de confianza dispone lo siguiente:
"Son también reos de abuso de confianza y como tales incurren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos, o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada. Si el abuso de confianza de que se trata este artículo, ha sido cometido por oficial público o ministerial, por un criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en perjuicio de su amo, maestro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de trabajos públicos."
ATENDIDO: A que el párrafo del artículo 408 del Código Penal expresa que " en todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximo de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos".
ATENDIDO: A que la tipificación del abuso de confianza se materializa por la violación por parte del ING. FELIX BAUTISTA del mandato que recibiera del Gobierno de la Republica Dominicana para la consumación de la operación, realizando acuerdos en torno a las obligaciones de pago y la negociabilidad y manejo de los pagarés y las notas promisorias que se traducen en una distracción fraudulenta de fondos en perjuicio del Estado Dominicano y en un manifiesto atentado al manejo claro y transparente que deben tener las operaciones de esta naturaleza.
ATENDIDO: A que el ING. FELIX BAUTISTA no solo ha incurrido en la violación al Código Penal en sus disposiciones antes citadas, sino al artículo 26 de la Ley No.6-06 sobre Crédito Público, el cual expresa que "los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que el Gobierno Central otorgue requerirán de una ley. El resto de los organismos del sector público no financiero no está autorizado a emitir ningún tipo de aval, fianza o garantía ".
ATENDIDO: A que el artículo 47 de la Ley 6-06 sobre Crédito Público dispone que "los funcionarios con capacidad para obligar a los organismos del sector público no financiero en razón de las funciones que ejerzan, celebren o autoricen operaciones de crédito público, en contravención a las disposiciones de las presente ley, serán sancionados, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y las leyes de la materia, con la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública durante un período de uno a diez años, sin perjuicio de las responsabilidades de tipo patrimonial o de otra naturaleza que correspondan".
ATENDIDO: A que todos los hechos esbozados anteriormente constituyen hechos punibles a cargo del ING. FELIX BAUTISTA, al tenor de las leyes vigentes, que precisan de las sanciones correspondientes, a fin de garantizar la vigencia del Estado de Derecho.
IV) Medios de Prueba.
ATENDIDO: A que conforme lo dispone el articulo 170 de Código Procesal Penal, los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa. En vista de ello, los siguientes medios de pruebas son los que dan fundamento a esta querella, a saber:
4.1 Pruebas escritas.-
1.- Copia del contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos suscrito entre el Gobierno Dominicano y la empresa The Sunland Corporation RD, S.A., de fecha 15 de mayo de 2006, a fin de probar la cantidad de obras contratadas, el monto y el mecanismo financiero.
2.- Copia de la carta suscrita y firmada por el Ing. Félix Bautista, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y por la señora Heredia Lombert, de fecha 27 de junio de 2006, para probar que mediante esta carta se modificó, de manera unilateral (a espaldas de los procedimientos consagrados por la ley) el contrato del 15 de mayo de 2006.
3.- Copia de la carta suscrita y firmada por el Ing. Félix Bautista, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y por la señora Heredia Lombert, de fecha 15 de diciembre de 2006, con el fin de probar la intención dolosa de comercializar y ceder los pagarés en el mercado internacional.
4.- Copia de la carta suscrita y firmada por el HSBC Bank, debidamente recibida por el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Estado de Hacienda, y dirigida al Ing. Félix Bautista, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, mediante la cual se exige el pago del Pagaré No. 3/19 por el valor de US$6,842,105., con la cual se prueba que se trata de una deuda pública.
5.- Copias de los pagarés Nos. 8/19, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 16/19, 17/19, 18/19, debidamente endosados por el Gobierno de la República Dominicana y cedidos, en los mercados financieros internacionales, a diversas entidades intermediarias y bancarias, con lo cual se prueba que estos pagarés o notas promisorias fueron comercializados en el extranjero, de manera indebida e ilegal.
6.- Copia del poder No.106-06 suscrito y firmado por el Presidente de la República, Leonel Fernández, al Secretario de Estado Director de la Oficina Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, de fecha 12 de mayo de 2006, con lo que se prueba que existe un mandato del Poder Ejecutivo, cuya responsabilidad está pendiente de establecer. A pesar de esto, el mandato fue violado.
7.- Copia de la carta del Ing. Félix Bautista al Secretario de Finanzas, de fecha 17 de agosto de 2006, solicitando el registro de esta operación como deuda pública, con la cual probaremos la intención de registrar esta transacción como deuda pública.
8.- Copia del addendum de fecha 25 de octubre de 2007, con el cual probaremos la reducción de las obras de 11 a 5, con el mismo monto de US$130,000,000.
9.- Copia del contrato de Resolución de fecha 28 de noviembre de 2007, con el cual probaremos la existencia de diversas obligaciones que sobreviven entre el Estado Dominicano y la empresa Sun Land.
Todos los documentos arriba transcritos están siendo depositados en esa Procuraduría Fiscal bajo inventario.
4.2 Pruebas testimoniales.-
De igual manera, y considerando el principio de la libertad de prueba, entendemos que los siguientes testimonios deberán ser ponderados en el conocimiento e instrucción de la presente querella, a saber:
1.- Dr. Leonel Fernández, Presidente de la República, con su testimonio se podrán establecer las condiciones en que emitió el Poder No.106-06 de fecha 12 de mayo de 2006, a favor del ING. FELIX BAUTISTA, y cuál ha sido su participación y nivel de responsabilidad en todo el proceso, desde sus inicios hasta la firma del acuerdo de rescisión de fecha 28 de noviembre de 2007.
2.- Lic. Vicente Bengoa, Secretario de Estado de Hacienda, con su testimonio se podrá establecer si los pagarés emitidos por el gobierno dominicano se registraron como deuda pública.
3.- Lic. Temístocles Montás, Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, con su testimonio se podrá establecer si este préstamo cumplió con el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
4.- Lic. Daniel Toribio, Administrador General del Banco de Reservas, con su testimonio se podrá establecer si, de las cuentas del Estado en este Banco, se han honrado algunos de los pagarés objeto de esta operación financiera.
5.- Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central de la República, con su testimonio se podrá establecer si, en los registros del Banco Central, ingresaron los US$130 millones de dólares, objeto del financiamiento.
6.- Los administradores de las empresas Constructora Jordana, Inoval (Constructora & Desarrollo Vial), Grupo de Construcción & Contratas, S.A., Constructora Serconsa, C. por A. y Constructora BDT, S.A., que son las firmas contratadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para la construcción de las obras financiadas por la empresa Sun Land en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con este testimonio se puede establecer el origen de los fondos de los recursos invertidos en estas obras, de manera particular, si la empresa Sun Land ha entregado estos recursos.
7.- Ing. Pedro Delgado Malagón, Presidente de la firma Tecnoamérica, C. por A., firma supervisora de estas obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que, en su calidad de supervisor informe la razón por la cual se redujeron a cinco (5) el número de obras contratadas, manteniéndose no obstante el mismo monto contratado para las once (11) obras originales.
V.- Conclusiones.Por los motivos antes indicados, y por los que se alegarán en su oportunidad, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD), por intermedio del infrascrito abogado, tiene a bien solicitarle muy respetuosamente lo siguiente:
UNICO: ACOGER la presente querella incoada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD) contra el ING. FELIX BAUTISTA, Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y contra todos los funcionarios públicos y personas que resulten involucrados como consecuencia de las investigaciones de este caso, por violación de los artículos 114, 116, 123, 146, 175 y 408 del Código Penal, y el artículo 26 de la Ley No.6-06 sobre Crédito Público; por haber sido interpuesta de conformidad con la ley, y que le sean aplicadas las sanciones correspondientes.
ES JUSTICIA QUE SE OS PIDE Y ESPERA RECIBIR, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008).
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)
RAMON ALBURQUERQUE
Presidente
Secretario General
Dr. Rafael Mejía Guerrero
Abogado Apoderado
[1] La calidad de Secretario de Estado del Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado es en virtud de un Decreto del Poder Ejecutivo, no en virtud de una ley, por lo que tal categoría no se corresponde con el criterio firme y sostenido de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que los Secretarios de Estado, con todas las atribuciones que le acuerda la Constitución de la República, son los que ostentan tal calidad en virtud de una ley.
[2] Derecho Procesal Penal. Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernizacion de la Justicia. Editora Amigo del Hogar. Pag. 25
Pacheco, PRD tiene deuda social con los dominicanos
Juez de la JCE acusa a Bengoa
| DICE DESACREDITA LA JUNTA | |
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Dijo que resulta “preocupante” que un funcionario del Estado que sometió un presupuesto ilegal, esté propiciando que contra una institución como la JCE, se haga una campaña “sucia, rastrera, baja”, que denigra lo que es la función pública. “Es lamentable que con los programas que ha tenido que suspender la JCE por falta de recursos, no haya habido comprensión, sino una campaña penosa de la Secretaría de Hacienda, en componenda con un medio de comunicación detrás del cual está un banco quebrado, y yo me pregunto, qué hace un banco quebrado buscando apoyo con la Secretaría de Hacienda, acaso está buscando impunidad?”, dijo Aquino. Aunque no lo especificó, el magistrado Aquino habló en esos términos en referencia a dos informaciones publicadas en un medio de comunicación dando cuenta de que la JCE, no obstante un plan de austeridad, habría gastado RD$40 millones en viáticos. Esa versión fue corregida por la Cámara Administrativa de la JCE en un documento enviado a todos los medios de comunicación, en el que hace constar los pormenores de la ejecución del presupuesto general de la JCE durante el período junio-diciembre del 2007. Resaltó que los gastos por concepto de viáticos en ese período dentro del país, fue de RD$18,488.473.72, lo que representa el 1.27% de la partida presupuestaria ejecutada, y en el exterior, $13,230,590.94, un 2.17%. En cuanto al montaje de las próximas elecciones, Aquino afirmó que todo marcha bien, no obstante las reducciones que han tenido que hacer en lo relativo a los colegios electorales en el exterior y a la capacitación del personal que trabajará en los mismos, y servicios como el cobro por la expedición de triplicado y cuadruplicado de cédulas, cuya restauración pedirán al Pleno. |
