SANTO DOMINGO.- Las contrataciones de bienes y servicios que el Gobierno realizó en forma directa y sin concurso público, para resolver parte de los daños causados por la tormenta Noel fueron hechas por las instituciones públicas en forma individual y no existe todavía un registro consolidado del volumen y los costos de esos compromisos. El 31 de octubre pasado, el presidente Leonel Fernández emitió el decreto 627-07, mediante el cual declaró el estado de emergencia para la contratación de bienes y servicios. Esa apertura a la libre contratación de grado a grado se extendió por período de un mes, por lo que debió concluir el pasado 31 de noviembre. Sin embargo, esas contrataciones no se hicieron a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ni tampoco fueron registradas en esa institución, como manda la Ley 340-06. Eric Hazim, director de Contrataciones Públicas, declaró a LISTÍN DIARIO que esa institución, dependiente de la Secretaría de Hacienda, se encarga de trazar las políticas, normas y procesos para contratar bienes y servicios en el Estado. Pero esas contrataciones, libres de normativas y procedimiento, a causa del estado de emergencia temporal decretado, se realizaron en forma individual en cada una de las instituciones encargadas de resolver los problemas que se presentaron (Secretarías de Obras Públicas, Agricultura y Salud Pública, principalmente, así como las instituciones relacionadas con el suministro de agua potable, reparación de canales y presas y de asistencia social). Ante la pregunta de si existe un consolidado de lo que contrató el Gobierno durante el mes de emergencia, Hazim señaló que se podría determinar a través de la Contraloría General de la República o de la Oficina Nacional de Presupuesto, en la medida en que se soliciten las cubicaciones para pagos de esos bienes y servicios. La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, establece los procedimientos que deben seguir tanto el Gobierno Central, como las entidades descentralizadas del Estado, los ayuntamientos y organismos autónomos para la contratación de obras y adquisición de bienes y servicios. Para esas labores se deben convocar concursos y licitaciones públicas, a fin de elegir las mejores ofertas. Pero la legislación establece en su artículo seis que se excluyen de su aplicación “Las actividades que por razones de seguridad nacional, emergencia o urgencia manifiesta que pudiera afectar vidas o la economía del país, previa calificación y sustentación mediante decreto cuando se trate de entidades del Gobierno Central, descentralizadas y autónomas y por resolución de la máxima autoridad competente cuando se trate de las demás entidades. La tipificación de esta calificación se establecerá en el reglamento de esta ley”. El decreto 627-07 emitido por el presidente Leonel Fernández emitió el pasado 31 de octubre se amparó el ese artículo, para establecer un estado de emergencia en la contratación de bienes y servicios durante un período de 30 días. | |
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sábado, 8 de diciembre de 2007
Gobierno no ha cuantificado sus contrataciones
RD tiene malas notas en casi todos los informes externos
 República Dominicana no podrá cumplir los Objetivos del Milenio en materia educativa. |
SANTO DOMINGO.- A pesar de su recuperación económica, elogiada por los organismos internacionales, la República Dominicana mantiene muy malas calificaciones en materia institucional, capacidad para enfrentar la corrupción, mejoría del clima de negocios y reducción de la pobreza. Los resultados de los más recientes informes de medición de países en cuanto a sus aspectos sociales e institucionales, colocan a República Dominicana en las peores posiciones, a pesar de los esfuerzos que las autoridades dicen que realizan para mejorar la situación local.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) indica que República Dominicana no cumplirá los Objetivos del Milenio en materia educativa, mientras que el “Indice de Desarrollo Democrático de América Latina 2007” coloca al país en la posición 16 de un grupo de 18 naciones que presentan los peores niveles de desarrollo de sus democracias.
También Transparencia Internacional acaba de informar que el país está entre los más afectados por la práctica de pago de sobornos, donde cerca del 60% de la población cree que la corrupción aumentará en los próximos años.
A eso se suma el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que si bien reconoce una lenta reducción de la pobreza, afirma que aún es elevada (45.7%) ante a las positivas cifras de crecimiento económico en los últimos tres años.
Hace dos semanas LISTÍN DIARIO publicó en la subsección Negocios de El Dinero, un estudio del Banco Mundial Connecting to Compete: Trade Ligistics in the Global Economy (logística del comercio internacional en la economía mundial), donde afirma que República Dominicana está entre los cuatro países con más bajo desempeño logístico en América Latina. El índice del “Doing Business 2007” puso a los dominicanos en el puesto 106 como los peores de una lista de 178 países donde se evalúa el clima para hacer negocios, siendo el uno la mejor posición. Se espera que en el informe del próximo año la situación mejore y el país llegue al puesto 99.
La situación no es buena El informe de la UNESCO hace constar que República Dominicana está entre los países de América Latina y el Caribe que no cumplirá con los Objetivos del Milenio en el importante ámbito de la educación. El país aparece en un grupo cuya calidad educativa es “escasa” y con bajos niveles de alfabetización de adultos. Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana aparecen en lejanas posiciones, según el informe.
República Dominicana, Venezuela y Nicaragua son los países con los peores niveles de desarrollo democrático en América Latina, según el “Indice de Desarrollo Democrático de América Latina 2007”.
UNPROCESO
Lenta recuperación
El secretario de Economía Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, ha hecho reflexiones sobre las razones que han limitado al país para mostrar una recuperación en la calidad de vida de la gente, tanto en lo económico, como en lo institucional.
El funcionario mantiene la afirmación de que en países que como República Dominicana pasaron recientemente por una profunda crisis económica, la recuperación del crecimiento se puede lograr rápidamente, pero la recuperación social es mucho más lenta.
Esto quiere decir que si bien la economía dominicana está creciendo a un promedio de 10% en los últimos tres años, esa recuperación tarda mucho más para reflejarse en una recuperación en la condición de vida de los dominicanos, especialmente de los más pobres.
Antún Batlle: al cancelar contrato SunLand Gobierno confirma no era legal
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Federico Antún Batlle dijo además, en una rueda de prensa, que no se puede comprometer el erario público sin que sea aprobado por el Congreso Nacional.
La declaración fue hecha a propósito de que el gobierno y la Sunland Corparation, S.A. dejaran sin efecto, el contrato firmado el 15 de mayo del 2006, en el que la empresa privada se comprometía a construir obras prioritarias por un valor de $130 millones de dólares.
Por otra parte, Antún Batlle, informó que en los próximos días su partido depositará una instancia en la Junta Central Electoral (JCE) para solicitar la extensión de la prórroga en la expedición de cédulas y cambios de residencias.
Pide revisar impuesto AVTUR
El secretario de Turismo, Félix Jiménez, llamó a las autoridades a revisar el impuesto al avtur, el combustible que usan los aviones, porque podría convertirse en una amenaza para el sector turístico del país.
Consideró que el precio del combustible que utilizan los aviones “nos puede sacar del mercado turístico. Si hay algo que amenaza ahora mismo esa relación calidad-precio que ha sido la base del turismo en la República Dominicana, son los impuestos al avtur”.
Jiménez expresó que “le pido encarecidamente a mis compañeros de Gobierno que trabajan en el área fiscal que le prestemos más atención al asunto de los impuestos al avtur, es decir, los impuestos que pagan las aeronaves por el combustible que compran en el país”.
Manifestó que un avión que viene desde Europa a la República Dominicana, evidentemente que tiene volver a llenar el tanque de combustible para regresar a su destino.
Dijo que en la Secretaría de Turismo se está haciendo un estudio sobre ese asunto para presentarlo en los primeros meses del año entrante.
Señaló que ese estudio comparativo sobre el costo del avtur, incluye a México, Cuba y Jamaica, que son las principales competencias del país en el área del Caribe.
Diputados abogan por 4% para educación
Por lo menos hasta ahora, los bloques de diputados de todos los partidos políticos abogan porque en el Presupuesto del 2008 se la asigne el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector Educación, tal como establece la ley.
Todos están de acuerdo en la necesidad que tiene el país de mejorar la inversión en educación para mejorar su desempeño.
Los voceros de los bloques de diputados de los partidos de la Liberación Dominicana, Alejandro Montás; Revolucionario Dominicano, Cristian Paredes; Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao; Popular Cristiano, Radhamés Castro, y el Movimiento Dominicanos por el Cambio, Carlos Martínez, dijeron que no hay forma de que el país avance, si no le asigna más recursos a Educación.
Asimismo, los diputados Ydenia Doñé (PLD-San Cristóbal), presidente de la Comisión Permanente de Educación y Rafael Calderón, presidente de la Comisión de Educación Superior, y Agne Berenice Contreras consideraron que en su propuesta de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el 2008, el gobierno debe destinar como mínimo el 4% del Producto Interno Bruto para Educación.
Históricamente, los gobiernos han violado la Ley de Educación que establece que a Educación se le debe asignar, como mínimo, el 4% del PIB o el 16% de los ingresos del gobiernos, la cifra que sea más elevada de las dos.
“Todos los organismos internacionales que han investigado profundamente el desarrollo de los pueblos, dice que este se sustenta en un buen presupuesto a Educación”, manifestó Alejandro Montás.
Sostuvo que la partida de Educación no debe ser menor al 4% del PIB.
Consideró que los diputados peledeístas deben estar preparados para cuando llegue el proyecto de Gastos Públicos “darle un apoyo total a que se incremente el Presupuesto a Educación”.
“Estamos dispuestos a luchar para que llegue al 4%, como debe ser”.
Sin embargo, el legislador oficialista reconoció que es difícil modificar el proyecto que envíe el gobierno.
Por su lado, Calderón advirtió que el país tendrá que durar décadas para superar el atraso que tiene en todos los sentidos, debido a que los gobiernos, incluido el suyo, no han invertido lo necesario en Educación. Indicó que Taiwán duró más de 20 años invirtiendo el 25% de su presupuesto en Educación, mientras República Dominicana, en el mejor de los casos, invierte apenas el 12%, pero lo normal es de nueve a diez por ciento.
Subrayó que actualmente la inversión del país en Educación es de 1.8%, menos de la mitad de lo que dice la ley. Añadió que para que el país pueda avanzar es imprescindible que tanto el gobierno como el sector privado inviertan más en educación, en investigaciones.
Entretanto, la diputada Doñé advirtió que el año próximo Educación tendrá que hacer una gran inversión en infraestructura, porque muchas escuelas fueron afectadas por el paso de la tormenta Noel.
A su vez, Radhamés Castro manifestó que con los escasos recursos que le dan, Educación no puede dar respuestas a las necesidades de las escuelas públicas.
Asimismo, Carlos Martínez expresó que su bloque demandará que a Educación se le asigne el 4% del PIB.
País no puede endeudarse más
El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo que República Dominicana agotó por este año su capacidad de endeudamiento externo, por lo que el préstamo de los US$93.7 millones para la compra de los 10 aviones Super Tucano y otros financiamientos pendientes en el Congreso Nacional no serán aprobados en lo que resta de este mes.
Las aeronaves, de fabricación brasileña, serán utilizados por la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) para la persecución del narcotráfico.
Pared Pérez (PLD-Distrito Nacional) dijo que con la compra de los aviones las autoridades buscan salvaguardar vidas y proteger el espacio aéreo del tráfico de estupefacientes.
Explicó que según la Ley de Crédito Público, el Estado tiene un tope máximo para asumir créditos en un año, el cual ya se agotó.
"Por esta razón el presidente Leonel Fernández, de manera verbal nos informó que había que esperar hasta el próximo año para sancionar este y otros contratos", expresó Pared Pérez.
Los aviones Super Tucano fueron comprados mediante el préstamo por US$93.7 millones negociado por el Estado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y la empresa Brasileña de Aeronáutica.
En el Congreso también queda pendiente un préstamo por 14 millones de euros, para financiar el proyecto de clínicas móviles y otro de US$32 millones negociado con el BID.
Huchi Lora
El periodista Luis Eduardo -Huchi- Lora dijo ayer que no entiende porqué la Oficina de Reordenamiento del Transporte (Opret) dice que no posee todos los estudios que él solicitó, si la respuesta en ese momento fue que no podían entregarlos porque eso comprometía la seguridad nacional. Sin embargo, expresó que no se puede adelantar y esperará ver lo que le van a entregar. Posterior a la publicación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordena a la Opret entregar la documentación a Lora, el abogado José Antonio Delgado, representante legal de Diandino Peña, director de la referida institución oficial dijo que hay algunos documentos pedidos por el comunicador que no existen, por lo que entregarán otros similares. “La Opret dijo que no me los podía entregar porque eso comprometía la seguridad nacional lo que indica que según ellos sí los tenían los que yo les pedí”, indicó Lora. El comunicador precisó que no pidió ni mejores ni peores documentos, sino los estudios que de acuerdo con el ingeniero Osiris de León, eran necesarios para realizar la construcción del Metro de Santo Domingo. Explicó que cuando le entreguen los documentos tratará de conseguir geólogos e ingenieros independientes.
Vargas M. percibe “gato entre macuto”
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmó ayer que la decisión del gobierno de dejar sin efecto sus relaciones contractuales con la empresa Sun Land, es un reflejo de que en la referida operación hubo “gato entre macuto” y reclamó a la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse cuanto antes sobre el recurso de inconstucionalidad sometido por su partido y el Foro Social Alternativo.
Miguel Vargas Maldonado consideró evidente que el presidente Leonel Fernández intenta evadir su grave responsabilidad en la violación a la Constitución, al comprometer el crédito público de la nación sin la debida aprobación del Congreso Nacional.
Dijo que ha llegado la hora de que en la República Dominicana desde el presidente de la República hasta el más modesto ciudadano respeten las leyes y la Constitución.
Recordó que los presidentes de la República en la toma de posesión juran respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, “y se espera que los mandatarios no desconozcan ese juramento, pues cuando así lo hacen, como lo ha hecho el presidente Leonel Fernández, pierden calidad moral para hacer respetar el ordenamiento jurídico a toda la sociedad”.
Vargas Maldonado advirtió que la falta de transparencia que ha rodeado el caso de la Sun Land no puede ser tapada con una simple declaración.
Llamó a la sociedad civil y a la comunidad política a insistir en que el presidente de la República explique al país todos los detalles de la gestión de ese préstamo.
“El presidente está obligado a informar al país los montos de dinero recibido, las cuentas en que fue depositado, los cheques, los recibos y toda la contabilidad relacionada con el caso, pues es sabido que ya han corrido fuertes sumas de dinero que de una u otra forma van a tener que pagar los contribuyentes”, dijo Vargas Maldonado.
Acciones legales
A pesar de que el Gobierno decidió disolver el contrato con la Sun Land, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se propone interponer en los próximos días nuevas acciones legales y llevar el caso hasta las últimas consecuencias, a fin de que se establezcan las responsabilidades.
Al ofrecer la información, el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, dijo que esa disposición no invalida la violación a la Constitución de la República, por lo que espera una decisión de la Suprema Corte de Justicia ante el recurso sometido por la Organización.
El Poder Ejecutivo decidió disolver el contrato de construcción, suministro de materiales y equipamiento de obras prioritarias suscrito con la Sun Land Corporation, por mutuo acuerdo entre las partes, debido a que el plazo de ocho meses contemplado para la ejecución de las obras no pudo cumplirse”, dijo
Gobierno rescinde polémico contrato con la Sun Land
SORPRESIVA MEDIDA FUE POR MUTUO ACUERDO
El gobierno informó anoche que rescindió el contrato por la suma de US$130 millones para construcción, suministro de materiales y equipamiento de obras prioritarias que había suscrito con la Sun Land Corporation, R.D., en fecha 15 de mayo de 2006, por incumplimiento de la mencionada sociedad comercial.
La disolución del contrato se produjo por mutuo acuerdo entre las partes, y tuvo lugar en fecha 28 de noviembre del presente año. El Estado dominicano tiene la obligación de repagar los US$32 millones desembolsados por Sun Land a favor de los contratistas, por concepto de trabajos ejecutados y cubicados luego de operarse la concesión de crédito por parte de estas últimas a favor de la primera.
El disuelto convenio había sido objeto de fuertes debates jurídicos y críticas, e incluso se materializó un sometimiento por ante la Suprema Corte de Justicia. Fue firmado en representación del Estado por el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista y por la administradora general de The Sun Land Coporation R.D., Heredia Lombert.
Se precisa que aunque el cuestionado contrato fue firmado el 15 de mayo y 5 de diciembre del 2006, las partes contratantes rubricaron el 25 de octubre de este año un adendum donde ratifican que fue su común intención al firmar el convenio original por valor de US$130 millones.
El contrato establecía que la Sun Land financiaría y pagaría a los contratistas de obras del Estado hasta un valor de US$111,986,906 por concepto de obras, equipos y servicios de supervisión efecivamente recibidos por el Estado.
Mientras, que el Estado dominicano repagaría a The Sun Land los valores pagados por esta última, conforme obras realizadas y equipos recibidos, previa aprobación por parte de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado.
Además, el Gobierno se obligaría a pagar la suma de US$18,013,094 por concepto de gastos legales y bancarios, honorarios de manejo, honorarios de administración de proyectos, seguro de riesgos, honorarios de estructuración e intereses financieros devengados por los adquirientes de las notas promisorias.
El documento indica también que la Sun Land realizó pagos a los contratistas de las obras descritas en el contrato del 15 de mayo del 2006 y sus modificaciones, por un monto de US$31,984,846.13 millones, por concepto de obras realizadas y cubicadas y dinero avanzado a los contratistas para ejecutar trabajos pendientes.
Además pagó las cantidades consignadas y los intereses adicionales devengados en las notas promisorias números 3-19, 4-19, 7-19 y 8-19, emitidas por el Estado por un total de US$35,097,261.80.
Agrega que el pago de las notas promisorias precedentes descritas se realizó con el dinero procedente de la venta de 17 notas promisorias de las emitidas por el Estado a favor de la Sun Land el 15 de mayo del 2006. “En consecuencia, las notas promisorias descritas han quedado sin ningún valor ni efecto y sin obligación alguna a cargo de la primera parte (el Estado), por lo que, al momento de la firma de este acuerdo, la segunda parte ( Sun Land) entrega, libres de cargas y gravámenes, dichas notas al Estado”.
En cuanto a las causas que motivaron la rotura contractual se encuentran contenidas en las cláusulas introductorias de dicho acuerdo resolutorio, entre las que se indica que el plazo de ocho meses contemplado para la ejecución de las obras no se cumplió.
De haberse cumplido el contrato en el plazo establecido, las obras debieron haber sido terminadas en marzo de este año.
Se precisa que por concepto del convenio el Estado no recibió dinero y los contratistas adjudicatarios de las obras sólo recibieron US$32 millones.
Ante la situación, la obligación del gobierno es la de repagar a la Sun Land los valores desembolsados por ésta a favor de los contratistas por concepto de trabajos ejecutados y cubicados, o sea, los US$32 millones desembolsados a favor de los contratistas.
También se indica que el repago que haría la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a los contratistas adjudicatarios de los proyectos, quedaría consignado en su presupuesto de 2008.
Debido a que luego de haber transcurrido 19 meses de la firma del contrato, la construcción de obras y los contratistas sólo han recibido US$32 millones, por lo que el gobierno ha entendido que ya carece de interés el objeto original que lo llevó a contratar a Sun Land.
De haberse cumplido con el plazo establecido, las obras debieron haber sido concluidas para marzo de 2007. En el contrato con la Sun Land, el Estado dominicano no recibió dinero. Los 32 millones de dólares los recibieron contratistas adjudicatarios de las obras.
Otra razón es que la Oficina Supervisora tendrá en su presupuesto de 2008 los recursos para invertir en forma directa en la terminación de los proyectos de obras, por lo que se hace innecesaria la continuación de las relaciones contractuales con la empresa Sun Land.
En el acuerdo de relación contractual, la Sun Land se ha comprometido a cumplir con todas las demás obligaciones derivadas del contrato que había firmado con el Estado dominicano y ha liberado a éste de cualquier otro compromiso.
UN POCO DE HISTORIA
El caso de la Sun Land y el contrato de los US$130 millones tomó notoriedad ante la opinión pública el pasado 19 de septiembre, tras la denuncia del presidente del PRD, Ramón Alburquerque, y el secretario general, Orlando Jorge Mera, en el sentido de que el presidente Leonel Fernández diligenció y obtuvo de manera ilegal dicho empréstito sin la debida aprobación del Congreso Nacional.
Desde entonces y hasta la fecha el caso ha sido centro de una polémica pública que enfrentó a la oposición con el gobierno, ante la insistencia del PRD de que con esa decisión el jefe de Estado viola la constitución de la República y evidencia la falta de transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Como parte de la ofensiva mediática hecha por el PRD a fin de que el caso sea esclarecido, y trascienda el plano local, el 20 de septiembre le fue enviada una carta al representante en el país del FMI, Eric C. Offerdal, en la que le pedían fijar su postura en torno al caso.
Pero la reacción del gobierno no se hizo esperar, y el pasado primero de octubre el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, junto al secretario de Hacienda, Vicente Bengoa y el jefe del comando de campaña del presidente Leonel Fernández, Francisco Javier García denunciaron que durante el desempeño de sus funciones como secretario de Obras Públicas, el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado realizó préstamos similares.
Días después de esa postura la empresa Sun Land Corporatión defendió la operación realizada con el gobierno y negó que sea ilegal como denunciara el PRD.
El 8 de octubre el caso pasó de lo político a lo legal, luego de que el Foro Social Alternativo elevara ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad, y una semana después lo mismo hiciera el PRD.
Luego de que el caso llegara a la justicia, el presidente Leonel Fernández, el pasado 25 de octubre ante un encuentro con directores de medios de comunicación defendió la operación, bajo el entendido de que dicho préstamo no tenía que ir al Congreso Nacional como planteara el PRD.
Dijo que no se trató de un acuerdo internacional, sino de un crédito que dicha empresa otorga a los contratistas adjudicatarios de las obras que se construyen en la UASD.
El caso tuvo un leve receso a raíz de la tormenta Noel, y retomó su curso nuevamente luego de que el pasado domingo el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado emplazara al presidente Leonel Fernández para que explique al país el destino dado a los US$130 millones.
El pasado miércoles el presidente del senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez afirmó que para esa organización política el caso de la Sun Land era un tema cerrado.
