De una suprema irresponsabilidad, al mantener engavetado más de un año el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de préstamo por 130 millones de dólares con la Sun Land, la Suprema Corte de Justicia concluyó en una soberana chapucería con un fallo que hiere mortalmente el de por sí debilitado sistema institucional.
Y si algo faltaba para que el tribunal evidenciara su incompetencia y vergüenza, la nota la puso el magistrado Jorge Subero Isa al señalar que el Poder Judicial necesitaba, como si se tratara de un partido político, de un nuevo liderazgo que sea capaz de aglutinar de manera más integral su pensamiento jurídico.
Desde que Subero Isa puso fecha al fallo de los recursos elevados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo se evidenció que algo se traía entre manos. Pero jamás se podía pensar que el tribunal podía caer en niveles tan zafios y deplorables.
Nadie ignoraba que los recursos representaban una gran encrucijada para una nación en que el Ejecutivo viola impunemente la ley hasta en desmedro del Poder Judicial, sin que nadie reclame e instancias como el Congreso lo justifican. Pero de ahí al escarnio que para más su presidente lo haga descansar en un problema de liderazgo, como si los jueces fueran marionetas, es demasiado inquietante. La Suprema admite que el contrato de préstamo viola la Constitución, pero niega calidad a los postulantes para elevar los recursos. ¡Cuánta irresponsabilidad en un tribunal que se tenía como garante de las leyes! ¿Qué pensarán los inversionistas extranjeros de República Dominicana?
Muchos estimaban que el tribunal se había metido en una enmarañada encrucijada al conocer los recursos en el contexto de las discusiones sobre la redefinición del Poder Judicial dentro de la reforma constitucional presentada por el presidente Leonel Fernández. Esto así, porque de condenar al mandatario, aún por más remotas que pudieran ser las posibilidades, se hablaría de inmediato retaliacion, sin importar la validez de los argumentos. Pero si apuntaba hacia el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ingeniero Félix Bautista, por haber firmado los convenios de pagos, entonces se diría que rompió por lo más delgado.
El fallo comoquiera era un quintal por la irresponsabilidad en la demoraba que el tribunal había observado desde un principio. Lo que no se preveía era la chapucería en que incurrió al considerar que la operación era inconstitucional, pero que el PRD, el Foro Social Alternativo ni ninguna entidad ni ciudadano en particular está facultado para elevar un recurso de inconstitucionalidad.
El drama del Poder Judicial ante lo que con cierto desdén llegó a calificar como un caso más no deja de ser paradigmático, pues refleja, como he planteado en otras ocasiones, el descalabro del sistema institucional. Hace tiempo que se observaba, no sin preocupación, los tropiezos colosales que marcaban a la Justicia. Ahora nada menos que la Suprema se ha ocupado de ponerle la tapa al pomo.
Cualquier vestigio de esperanza se ha ido a pique. Los pormenores que según algunas crónicas rodean el monstruoso fallo pueden marcar un precedente de antología en los anales del Poder Judicial.
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