domingo, 4 de octubre de 2009

PC denuncia que nueva Constitución es ilegítima

4 de oct de 2009

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Javier Cabreja, director ejecutivo de PC.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana determinó luego de una reunión, que No puede ser legítimo el ejercicio del poder para reducir los derechos de la ciudadanía, tal como ha acontecido con la mutilación del artículo del proyecto que establecía trece derechos colectivos , y ahora en segunda lectura fueron reducidos a tres.

El Movimiento Cívico dijo que la ilegitimidad quedó claramente manifestada con la eliminación de derechos como el de tener una administración pública honesta y transparente, lo que revela claramente la intención perversa de esta decisión.

La Organización No Gubernamental indicó que detrás de la eliminación de derechos colectivos como el adecuado funcionamiento de las fuerzas del mercado y la competencia leal, los intereses y derechos del consumidor y de los usuarios de bienes y servicios públicos, el disfrute de los bienes de dominio público, como las playas y ríos, entre otros, se esconden intenciones inconfesables.

La Entidad informó que cuando se aprueba que los ciudadanos y ciudadanas no podrán demandar la inconstitucionalidad de leyes y decretos excepto que tengan un interés legítimo jurídicamente protegido, queda claro que han eliminado los derechos antes señalados, entre otras razones, para evitar que se pueda invocar que al ser colectivos, toda la ciudadanía reúne la calidad requerida para acceder al Tribunal Constitucional.

Samir Chami Isa, coordinador general, destacó que “De nada serviría un Tribunal Constitucional que sólo pueda conocer de la inconstitucionalidad de las leyes y decretos cuando la acción sea incoada por los responsables de dictar esas leyes y decretos inconstitucionales, es decir el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras congresuales.

Otras disposiciones ya aprobadas en segunda lectura que mueven a preocupación son las que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres al prohibir la interrupción del embarazo en situaciones especiales, o la de negar la nacionalidad a los hijos nacidos en territorio dominicano de extranjeros que hayan ingresado con un contrato de trabajo, sellan la suerte de la nueva Constitución.

El Movimiento No Partidista agregó además que el pacto entre el PLD y el PRD tiene todavía varios temas a ser conocidos en la segunda lectura que aumentarán la frustración de la ciudadanía, como revocar lo aprobado en primera lectura de que las ternas para la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas las remita la Cámara de Diputados, para que siga siendo potestad del Poder Ejecutivo, o que los Procuradores de Cortes y de Distritos sean miembros de la Carrera de Ministerio Público, excluyéndolos de la misma para que sigan siendo designados por el Poder Ejecutivo, y de esta mantener la lamentable dependencia que ha impedido enfrentar con eficiencia la enorme corrupción pública existente.

Participación Ciudadana recordó que la legitimidad es la justificación ética en el ejercicio del poder, tal como le describe Rodrigo Borjas en su Enciclopedia de la Política, y no cabe duda de que tanto los asambleístas como sus líderes políticos, el Presidente Leonel Fernández Reyna y el Ing. Miguel Vargas Maldonado, han ejercido sus facultades en perjuicio de los mejores intereses de la ciudadanía, restándole legitimidad a la nueva Constitución que será aprobada en un futuro cercano.

La suerte de esta Constitución ilegítima no será otra que su precaria e insostenible permanencia en el tiempo, y así como la Constitución del año 1963 se llama con orgullo la Constitución de Bosch, la nueva Constitución nacida del acuerdo de dos líderes que provienen de partidos creados por el presidente Bosch, será llamada con desprecio como la Constitución de Leonel y Miguel, según el Movimiento Cívico.

Guido fue víctima de “una línea” bajada por autoridades PRD

4 de oct de 2009

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Guido Gómez Mazara.

Alfredo Pacheco Ozoria.

Pacheco durante la entrevista en Hablando Claro. (Fotos: Dionny Matos)

Las denuncias de que la alta directiva del Partido de Revolución Dominicana (PRD) “bajó una línea” para que se votara, en la pasada convención, en contra de Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, fueron confirmadas por un alto dirigente de la principal organización opositora.

Es de conocimiento de todos que Gómez Mazara ha denunciado, en varias ocasiones, que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quiere robarle la convención, desconociendo el sentimiento de las bases de la entidad política.

La crisis a lo interno del PRD se ha agudizado luego unas elecciones internas matizadas por denuncias de fraude y abuso de poder por parte de las autoridades del partido.

Según Alfredo Pacheco, entrevistado este domingo en el programa “Hablando Claro”, las altas instancias del PRD, a las que él pertenece, bajó una línea para que se vote a favor de Orlando Jorge Mera, en la contienda por la Secretaría general en la pasada convención de la entidad.

Pacheco expresó que en la pasada convención hubo falta de articulaciones de algunas alianzas, con apoyos que luego se retiraron, “y entonces es de mesiado fuerte cuando una maquinaria de esa naturaleza le cae encima a una candidatura”.

El también candidato a síndico del PRD sostuvo que esa maquinaria estuvo, en un momento determinado, apoyando esas candidaturas. Añadió que también estuvo apoyando la candidatura de Guido, y que por la presión de la maquinaria de Miguel Vargas Maldonado terminó retirándole su apoyo.

“Ciertamente hubo una línea, hubo presión, hubo una línea determinada, como la hubo en sentido contrario cuando, en un momento determinado a favor de ese candidato, también había una línea para favorecerlo, entonces ahí la línea era buena”, expresó Pacheco.

Para las 4:00 de la tarde de este lunes, Guido Gómez Mazara y Tonny Peña Guaba, quienes aspiraban a secretario general y de organización del PRD, respectivamente, tienen previsto una rueda de prensa, donde se espera presenten pruebas del fraude que se cometió contra su contra.

Alfredo Pacheco emitió sus declaraciones en el programa “Hablando Claro”, de DominicanosHoy.com, que se transmite los domingos por las emisoras Romántica FM (107.7) y Matrix 104 (Santiago), bajo la conducción de Rafael Antún Batlle, Junior Sanz, Rafael G. Santana y Reynaldo Martínez Duarte.

El último boletín de la convención, dado a conocer el pasado martes, situó al licenciado Orlando Jorge Mera con 279,104 votos válidos, consolidándolo como el ganador de la Secretaría General de la organización política; frente a 189,664 que favorecieron a Guido Gómez Mazara, que obtuvo un 39.26%.

En tanto que por Henry Blanco Castillo votaron 14,858 perredeísta, alcanzando un 2.96%, que se le suman a Jorge Mera, que en total cuenta con un 60.74%.

Para la Secretaría General, Geanilda Vásquez cuenta con 189,734 sufragios, para un 48.19% y Tony Peña Guaba 154,147, reduciendo su porcentaje en 39.26. Fausto Liz cuenta con 49,858, para un 12.66%.

En cuanto a la primera pregunta del plebiscito, sobre la ratificación de Miguel Vargas como presidente del PRD, 485,654 (96.34%) votaron por el “Sí” y 20,100 por el “No” (3.66%).

Sobre la modificación del artículo 185 de los estatutos del PRD, que prohíbe al presidente del partido optar por la candidatura presidencial, la mayoría, 485,183 votaron a favor de que se modifique, para un 93.50%, y 33,741 prefieren que permanezca igual, para un 6.50%.

Asamblea elimina derechos logrados en reforma del 94


4 de oct de 2009

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La negativa del derecho a recurrir en inconstitucionalidad a los ciudadanos, crea indignación

La Asamblea delimitó las acciones de inconstitucionalidad al Poder Ejecutivo, a los presidente de las cámaras legislativas y a los legisladores.
Roberto Guzmán/Clave Digital
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - ¿Para qué se quiere un Tribunal Constitucional si los ciudadanos no pueden utilizarlo? Con esta pregunta salió CLAVE a buscar respuestas entre los abogados y seguidores del debate en las últimas semanas.

La Asamblea Revisora cumplió el pacto entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD), de eliminar la propuesta del documento sometido por el presidente de la República, Leonel Fernández, de que los ciudadanos pudieran tener el derecho de demandar la inconstitucionalidad de leyes, decretos, sentencias, normas y otros textos regulatorios oficiales.

Con esta disposición se validó la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Sun Land, en el sentido de que el PRD no era “parte interesada” y que por tanto no tenía posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Totalmente negativa. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo que la decisión es un contrasentido con el espíritu y la letra de la Constitución que está siendo aprobada, que incluye figuras participativas, como la iniciativa popular legislativa, el plebiscito y el referéndum que otorgan la responsabilidad a la ciudadanía de tomar decisiones conjuntamente con las autoridades.

“La decisión es totalmente negativa. ¿Cómo es posible que si tu estás ampliando los principios constitucionales y abriendo el espíritu de la participación, tomes una decisión como esta, que contraviene la lógica de lo que se está aprobando? ¿Cómo es posible que se limite un derecho de esta naturaleza?”, se preguntó el abogado.

NEGACIÓN DEL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIÓN

1.

Negación: La Asamblea Nacional Revisora eliminó el derecho a la defensa del patrimonio común de la humanidad. También eliminó el derecho al disfrute de los bienes de dominio público y el derecho a la paz. Asimismo, la tijera de los asambleístas recortó el derecho al desarrollo, el derecho a la promoción y conservación de los conocimientos tradicionales.

2.

Honestidad:

Los recortes del derecho siguieron con la eliminación del derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, el derecho al acceso y libre expresión en el ciberespacio (Internet), y para colmo, se volaron el derecho a una administración pública honesta y transparente.

3.

Mercado:

Eliminaron la responsabilidad del Estado para tutelar la salud pública, el derecho de acceso de la ciudadanía a las fuentes de agua, así como el derecho a un adecuado funcionamiento de las fuerzas del mercado y la competitividad leal.

4.

Consumidores:

La Asamblea Revisora también eliminó los derechos del consumidor y del usuario de los bienes y servicios públicos.

5.

Haitianos:

Los miembros de la Asamblea también decidieron negar los derechos de miles de ciudadanos haitianos, nacidos en República Dominicana, con la Constitución vigente, que establece que la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento. Los propios perredeístas rechazaron la propuesta de amnistía propuesta por el diputado Frank Martínez, con lo cual quedaba sin la nacionalidad dominicana, en caso de que aún viviera, el propio José Francisco Peña Gómez.

6.

Abuso: Frank Martínez mostró, tratando de convencer a sus colegas, el caso de la señora Carmela Félix, nacida en 1934, declarada en el libro 272, folio 120, acta 129. Tiene 75 años. Sus padres vinieron al país en 1930. Carmela está impedida de que se le expida una copia de su acta de nacimiento.

La posibilidad de demandar la inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos es una herramienta vital que hace que el ciudadano sea responsable con el Estado de sus actos, según Castaños Guzmán.

“Esto es un contrasentido, es una contradicción. Estamos aprobando una jurisdicción constitucional especializada, y al mismo tiempo se decide que la ciudadanía no tenga el derecho de recurrir a ella”.

José Alfredo Rizek, ex director de la Finjus, dijo que se marcha hacia atrás con esta decisión, pues se trata de una restricción a un derecho ciudadano y que ninguna restricción al ejercicio de un derecho es positiva.

Explicó que con la decisión la Asamblea limita los derechos que había conquistado la ciudadanía, cuando en 1997 la Suprema Corte de Justicia reconoció que cualquier ciudadano podría demandar la inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento que le afectara en sus legítimos derechos. “La Suprema fue muy clara, dijo que cualquier ciudadano podría demandar la inconstitucionalidad”.

Recuerda los casos que se conocieron con esa disposición jurídica: El caso de la presidencia del Indotel, las acciones de los empresarios contra los impuestos a las importaciones y exportaciones, la ley de Lemas y otros recursos en que los actuantes no eran directamente afectados.

¿Qué se puede hacer ahora?

Qué se puede hacer a partir de ahora, es la pregunta que se hace el jurista de la firma Medina & Rizek, Abogados:

1. Los actuantes privados que demanden inconstitucionalidad tendrán que demostrar el interés legítimo y jurídicamente protegido. Eso no había que demostrarlo antes, hasta que la SCJ decidió el caso Sun Land.

2. La acción ciudadana se verá limitada en el ejercicio por parte de los grupos de interés. Esto es, agrupaciones como Finjus, Participación Ciudadana, CONEP o Fundecom no podrán ejercer acciones de inconstitucionalidad en nombre del conglomerado.

Para José Alfredo Rizek el Tribunal Constitucional sigue teniendo utilidad, porque puede ayudar a concentrar la interpretación constitucional en el país, sobre todo en el momento en que entra en vigencia la nueva Constitución. “La interpretación de la Constitución del 2009 quien le dará forma será el Tribunal Constitucional”, dijo.

Para Francisco Álvarez Valdez el Tribunal Constitucional no tendrá ninguna utilidad, y lo primero que tendrá que definir será qué es el interés legítimo y jurídicamente protegido, cuál es el alcance de esa frase, porque en el fondo los partidos políticos están eliminando la posibilidad de ser cuestionados por la ciudadanía.

“Si los jueces que nombren en el Tribunal Constitucional se respetan, y son buenos técnicos -aunque el interés del PRD y del PLD es restringir el derecho ciudadano-, dijeran que todo ciudadano tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido de reclamar que no se viole la Constitución, y si se violara, reclamaran que se conozca su violación en el Tribunal Constitucional”, dijo Álvarez Valdez, de la firma Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández.

Basta que se adopte una decisión contraria a la Constitución para convertir a toda la sociedad en parte interesada”

Cristóbal Rodríguez, Abogado constitucionalista
La decisión de quitar el derecho a los ciudadanos a reclamar acciones de inconstitucionalidad está relacionada con una decisión anterior, de eliminar 10 de los 13 derechos colectivos y difusos que fueron incluidos en el proyecto del presidente Fernández; entre ellos, el derecho colectivo a una administración pública honesta y transparente. Dijo que de este modo se evita que cualquier ciudadano haga reclamos legítimos.

Tribunal Constitucional inútil. A Álvarez Valdez le parece que el Tribunal Constitucional no sirve para nada si se limita a las acciones de inconstitucionalidad que procedan del Poder Ejecutivo, de los presidentes de las cámaras legislativas o de un alto porcentaje de legisladores que así lo reclamen.

Para Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, se trata de un retroceso a lo ya establecido en la Constitución de 1994. Carece de sentido la creación del Tribunal Constitucional si se limita la posibilidad de accionar ante él por parte de los ciudadanos, dijo.

“El no reconocimiento de calidad a los particulares para demandar la inconstitucionalidad de las normas contrarias a la constitución introduce un lamentable déficit de ciudadanía que echa por la borda uno de los más importantes legados de la reforma de 1994. Lo que explica la intercalación de la noción procesal de la parte interesada al texto constitucional, tal y como lo vino entendiendo la propia Corte Suprema de manera invariable desde el 6 de agosto de 1998, es justamente la determinación de “ciudadanizar” la acción de inconstitucionalidad, como un mecanismo de subsanar las omisiones del poder público en la salvaguarda de la supremacía constitucional”, escribió a CLAVE el abogado.

La Suprema Corte de Justicia fue muy clara en 1998, cuando dijo que cualquier ciudadano podría demandar la inconstitucionalidad”

Servio Tulio Castaños, Vicepresidente de FINJUS
Dijo que en el esquema dominicano todos los ciudadanos son parte interesada, distinto a lo que ocurre en Europa, en donde sólo los poderes públicos pueden actuar en inconstitucionalidad.

“En este esquema, basta que cualquiera de los poderes públicos adopte una norma o decisión contraria a la constitución para convertir a toda la sociedad en parte interesada. ¿Interesada en qué? En el objetivo de retrotraer las actuaciones del poder a los límites que la constitución dispone. La ciudadanía, como parte de esa ‘comunidad abierta de intérpretes de la constitución’, es la primera interesada en la sumisión del poder a los cánones constitucionalmente establecidos, cuya efectividad y garantía se hace operativa a través del ejercicio de la acción en inconstitucionalidad”.

Cada dominicano debe al nacer 1,845 dólares



4 de oct de 2009

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En la medida que crece el monto de la deuda, las divisas y los pesos son cada vez más escasos para cubrir los intereses y el capital

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - En la República Dominicana de hoy un niño o niña no nace con el “pan bajo el brazo”, como antes contaban las abuelas, pero sí lo hace con una injusta deuda que perjudicará su futuro. Según The Economist, esta deuda per cápita asciende a US$1,845 dólares, lo que equivale a RD$66,459.

Esto es lo que en promedio le toca a cada dominicano, recién nacido o anciano, de una deuda pública total que la reconocida revista británica The Economist le revela al mundo que en 2009 asciende a US$17,396.2 millones.

"AL MILLÓN"

Nuevos créditos en el Senado: US$924 millones

Entre enero y septiembre de 2009, se han “depositado” “despachado” y “promulgado” contratos de nuevos préstamos por US$897.2 millones y por 18.5 millones de euros. El valor total en dólares: 924.14 millones. Además del BID y el Banco Mundial, los contratos se firman con el Deutsche Bank por un total de US$280.8 millones. También está depositado un convenio de crédito por 9.3 millones de euros con la Compañía Española Arpa, para la compra de suministro militares para el control y asistencia de fronteras. Con organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial, existen contratos por US$616.4 millones.

Es un monto muy alejado del divulgado por la Secretaría de Hacienda, que lo estima en US$11,358.2 millones. Esta discrepancia se debe a que en las estadísticas del Gobierno dominicano sobre la deuda pública no aparecen las obligaciones acumuladas y pendiente de pagos a empresas del sector eléctrico y las pérdidas acumuladas del Banco Central, esta última conocida como “deuda cuasi fiscal”.

Los más perjudicados. Pero el crecimiento de la deuda pública no perjudica a todos los dominicanos (y niños) con la misma intensidad y con el mismo grado de injusticia. La razón es que se ensaña con la población más pobre, como consecuencia de que el pago de sus intereses y su amortización hace que el Gobierno recorte el gasto social y la inversión pública que considera no prioritaria. También porque, en el caso de que el país caiga en la insostenibilidad fiscal, los efectos macroeconómicos adversos perjudicarían en mayor medida a los segmentos socialmente más vulnerables de la población.

Por ejemplo, si cada trabajador dominicano tuviese que pagar en un sólo año la deuda per cápita que le corresponde, el 30% de la población ocupada, un millón 55 mil personas no tendría dinero para hacerlo, aunque destinara a ese fin todo su salario anual percibido por una jornada laboral semanal de 44 horas durante ese año. La deuda supera entre 1.1 y 2.2 veces su salario anual por esas jornadas, según los datos sobre el mercado laboral de octubre de 2008 publicado por el Banco Central (BC).

También tendrían serias dificultades el 13.1% y 36.3% de la población dominicana que, según un informe del Banco Mundial y del BID de octubre de 2006, viven bajo la pobreza moderada y extrema. En ese entonces, los ingresos anuales de esos dos grupos poblacionales eran inferiores a RD$16,680 y RD$34,320 pesos, respectivamente.

Una deuda que crece. Pero las proyecciones indican que su tamaño es cada vez mayor. The Economist proyecta que para el 2011 a la deuda pública dominicana, que incluye la interna y la externa, se le sumarán otros US$1,949 millones, lo que la situará en US$19,355.2 millones. Esto significa que pasará de 41.22% del PIB, del 2009, a 43.6% del PIB en 2011.

DEUDA PÚBLICA

17.4

mil millones de dólares es, según The Economist, la deuda pública de República Dominicana en 2009. La información aparece publicada en su página de Internet: http://buttonwood.economist.com/content/gdc
En contraste, la Dirección de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, a julio de 2009, sólo reporta 11,218.3 millones, 24.3% del PIB, como deuda pública. La externa la sitúa en US$7,140 millones, y reconoce que con respecto a 2006 ha crecido US$844.5 millones, un 13%.

La deuda interna a julio, Hacienda la estima en US$4,218.2 millones. Sin embargo, en su computo no aparece la deuda acumulada del sector eléctrico. Según declaraciones atribuidas por lo medios de comunicación al nuevo titular de la CDEEE, Celso Marranzini, el monto congelado de esa deuda es de US$190 millones, mientras que la acumulada en 2009 es de US$400 millones.

También, las estadísticas de Hacienda incluyen los bonos de recapitalización del BC, pero excluyen el resto de las pérdidas acumuladas del Banco Central, representada en su mayor parte por sus certificados financieros. Según las propias estadísticas monetarias armonizadas del BC, al 21 de septiembre de 2009 esta deuda cuasi fiscal asciende a RD$289,645 millones, equivalente a US$8,027.9 millones.

"SE ACABAN LOS DÍAS PARA IMPROVISAR"
Carlos Asilis, Economista

1.

¿Debe endeudarse más el país, aunque sea bajo la vigilancia del FMI?
En el corto plazo, resulta deseable, por no decir necesario, la adopción de endeudamiento externo vía el FMI para salvaguardar la estabilidad financiera y económica del país. En ausencia de tal crédito, sería muy alto el peligro de una crisis fiscal. Lo deseable es que el acuerdo con el FMI, además de accederse a créditos nuevos, refleje la profundidad de la crisis y la atrofia de un modelo de crecimiento cuya raíz principal se encuentra en la atrofia en el rol del Estado en la economía.

2.

¿Cuál es la situación de la deuda pública?
Actualmente asciende a cerca del 40% del PIB. Sin embargo, esto no recoge un peso sobrevaluado, tampoco un aumento importante en la tasa de interés real en pesos, muy por encima de la tasa de crecimiento de la economía. Si usamos un tipo de cambio más cercano a niveles de equilibrio, así como flujos de capitales privados a tasas normalizadas y tipos de interés normalizados que reflejan la dinámica de tipo de cambio real del peso en los próximos 24 meses, estimo que los niveles de deuda pública ascienden a alrededor de 50% a 55% del PIB, conservadoramente hablando.

3.

¿Cuál es la consecuencia probable?
El servicio de los intereses del sector oficial, a esos niveles de endeudamiento, claramente ascienden a niveles muy cercanos al tope de lo que el país puede solventar a largo plazo. Lo anterior supone que rápidamente al Estado dominicano se le acaban los días para seguir improvisando y de seguir encarando el manejo de la economía a través de una estrategia pasiva de parches, donde sólo se responde cuando las finanzas públicas, se encuentran de espalda a la pared.

4.

¿Qué medidas sugiere?
Resulta impostergable redefinir el rol del Estado dominicano en nuestra economía, especialmente en lo referente a la inyección de un alto grado de transparencia y racionalidad en el gasto, mayor proactividad en la economía y una mayor libertad económica para el sector productivo, por vía de un menor grado de la represión financiera.
El BC registra este monto con la descripción de “activos frente al Gobierno Central”, y explica: “Incluye bonos y valores de mediano y largo plazo de la Administración Central y sus intereses; también incluye las cuentas a recibir del Gobierno acorde a lo establecido por la Ley Monetaria y Financiera”.

Arroz con mango. El jueves pasado, los productores de Agenda Económica acusaron a este semanario de haber publicado “un arroz con mango”, en referencia al reportaje cuyo título en la portada es Gobierno le debe RD$289 mil millones al Banco Central.

Rossanna Ruiz, productora del programa televisivo y asesora de la Gobernación del Banco Central, argumentó, al referirse a la deuda cuasi fiscal, que el autor del reportaje, “mezcla los conceptos, (porque) no distingue lo que es el déficit cuasi fiscal y lo que es el stock de los certificados”. También aseguró que los certificados “son una obligación del Banco Central con el público”, que serán pagados con el superávit que esta entidad obtenga en el futuro. De este modo excluye las pérdidas acumuladas del Banco Central del monto de la deuda pública. “No lo va a honrar el Estado dominicano ni es una deuda cuasi fiscal”, exclamó.

Aunque la funcionaria del BC extrañamente atribuye a este medio confundir el “déficit cuasi fiscal” (pago de intereses de los certificados) con el “stock” o monto de los certificados, cuando se refiere a la “deuda cuasi fiscal”, en el reportaje de CLAVE sólo se hace referencia al monto de los certificados y pérdidas acumuladas del Banco Central, que es lo mismo que la deuda pública “cuasi fiscal”.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda asegura en su informe trimestral sobre la deuda pública que “luego de que el Banco Central sea capitalizado, el reembolso del capital se realizará con el superávit generado por el Banco Central en cada año”. Se refiere a los bonos que por RD$320 mil millones Hacienda debe emitir hasta el 2016 para cubrir la deuda del Banco Central.

Lo que dice la ley. Sobre esta deuda, el artículo 4 de la Ley 167-07 para la Recapitalización del BC estipula: “corresponde al Estado cubrir la totalidad de las pérdidas del Banco Central”. Y para este fin detalla cuatro alternativas q ue incluyen la emisión de los bonos, transferencia directa de fondos, endeudamiento externo a largo plazo y aportes provenientes de fondos como resultado del desarrollo del mercado de otros títulos. Por otra parte, el artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera establece que “en los casos que se genere déficit, éste se cubrirá en primer lugar con cargo al Fondo de Reserva General (del Banco Central), y si ello no alcanzase a cubrir dicho déficit, el Gobierno absorberá la diferencia”. Pero ese Fondo General depende del superávit de una entidad que acumula pérdidas desde 1947, año de su fundación.

La deuda cuasi fiscal se hizo invisible en las estadísticas de Hacienda en algún momento. Es resaltada en la carta de intención de febrero de 2005 del pasado acuerdo con el FMI. El Fondo, en consenso con el Gobierno, al incluir los certificados del Banco Central, ese año estimó la “deuda bruta del sector público” en 49.1% del PIB.

Además, en un documento titulado “El significado del actual nivel de endeudamiento público”, de febrero de 2006, el secretario de Economía, Temístocles Montás afirma que en en 2004 la deuda pública del país representó el 54.1% del PIB, y que 12.6 puntos “correspondieron a certificados del Banco Central”.

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Tendencia preocupante.
A pesar de la escasa claridad y transparencia en el manejo de la deuda, el mundo ve que el país está muy endeudado. El economista Carlos Asilis opina que dado su nivel de endeudamiento, el país se acerca “a niveles muy cercanos al tope de lo que puede solventar a largo plazo”. Llega a estimar el monto de la deuda hasta en 55% del PIB “conservadoramente hablando”.

Mientras que el economista Miguel Ceara Hatton, después de aclarar que “ endeudarse no es ni bueno ni malo”, señala que en el país “hay un serio problema en la calidad del gasto público”. Agrega que “no se sabe en qué se utiliza el dinero”. Afirma que existe un “marco institucional que no permite la transparencia ni la rendición de cuentas”. Y agrega que bajo esa situación, “seguir endeudándose genera muchas preocupaciones”.

El economista Fernando Álvarez observa que el Gobierno no está dispuesto a aplicar medidas para recortar en RD$30 mil millones el gasto corriente. “¿Entonces vamos a usar deuda para cubrir déficit?”, se pregunta. Estima el déficit en 2009 en RD$40 mil millones. “Rápidamente, estamos llegando a la insostenibilidad, en cuando a la deuda se refiere”, afirma.

Si se compara la evolución de la deuda pública con los ingresos tributarios y con las divisas generadas por las exportaciones de bienes y servicios (ver infografía) se observa que República Dominicana recorre la senda de la insostenibilidad: cada vez tiene menos pesos y menos dólares para cubrir ese tumor financiero.

PRD advierte resultados convención son irreversibles; plazo Impugnación venció

4 de oct de 2009

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El presidente de la Comisión Organizadora de la recién celebrada Convención Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tomás Hernández Alberto, defendió este domingo “la pureza y transparencia” del proceso celebrada recientemente por esa organización política, y dijo que sus resultados son irreversibles.

Asimismo, recordó que el plazo para impugnación, que era de 48 horas luego de ser presentado el último boletín con los resultados, venció, aunque aclaró que la Comisión Organizadora no ha concluido su trabajo

Hernández Alberto rechazó los alegatos del doctor Guido Gómez Mazara y de otros participantes en el proceso de que habrían sido víctimas de un fraude orquestado por el equipo del actual presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado.

“El (Gómez Mazara) tuvo tiempo para hacer una impugnación en el plano interno, solo lo que yo opino que él ha estado afectado por la propagación de una falsedad, porque ocurre que la Junta Central Electoral calificó el proceso de transparente y normal a pesar de algunos pequeños incidentes”, comentó Hernández Alberto.

Preguntado en torno al plazo de una semana que el doctor Gómez Mazara ha dado para que se convoque a las comisiones Consultiva y Política del PRD para conocer de sus alegatos, Hernández Alberto dijo que el ex Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de variar los resultados de la Convención, al ser entrevistado por el periodista Manuel Jiménez en el programa “En 1 Hora” que produce los domingos por el canal 27.

Para Hernández Alberto, Gómez Mazara solo está buscando alargar sus insultos y su ego “porque él sabe que el proceso ya ha terminado”.

Hernández Alberto considera que lo mejor es que el doctor Gómez Mazara se encuentre con la realidad y comprenda que ha tenido una participación destacada en el proceso eleccionario interno pues acumuló prácticamente el 40 por ciento de los votos.

Indicó que eso hizo con el licenciado Hatuey De Camps cuando éste era Presidente del PRD, con la doctora Milagros Ortiz Bosch, con el senador Mario Torres y ahora pretende descalificar al propio partido cuando acusa al ingeniero Vargas Maldonado de ser la cabeza de un supuesto fraude en su contra.

“Ahora arremete contra dos damas que son símbolos del PRD”, dijo Hernández Alberto al citar las acusaciones que Gómez Mazara ha hecho contra doña Peggy Cabral Viuda Peña Gómez y Ana María Acevedo.

Carlos Gabriel emplaza a Gómez Mazara a probar denuncia


4 de oct de 2009

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El doctor Carlos Gabriel García, Vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, emplazó al doctor Guido Gómez Mazara para que le informe al país cuales son las actuaciones ilícitas que le atribuye haber realizado durante su gestión como Director del Departamento Aeroportuario en el gobierno del Presidente Hipólito Mejía. Manifestó que Gómez Mazara se equivocó si piensa que puede chantajearlo por su posición en relación al debate que se ha originado sobre los resultados finales de la XXVII Convención Ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano.

Gabriel García negó ser el propietario de dos apartamentos en la Avenida Anacaona como afirmara públicamente el doctor Gómez Mazara y precisó que si esos inmuebles existen se lo regala al exConsultor Jurídico del Poder Ejecutivo para que lo utilice como parte del financiamiento de la campaña que acaba de perder frente al doctor Orlando Jorge Mera.

Indicó que el que no puede explicar la vida de lujo que lleva, sin haber trabajado nunca, es Gómez Mazara, al que según su afirmación solo se le conoce haber laborado como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo durante tres años y siete meses.

Dijo que este nunca ha podido explicar, de manera convincente, al pueblo dominicano porque fue despojado de su visa por el gobierno de los Estados Unidos.

“Fui un funcionario público durante los últimos dos años del gobierno de Hipólito Mejía, reconocido por diferentes instituciones de la sociedad civil, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le fueron practicadas dos auditorías a la institución destacándose la transparencia de mi gestión.” Destacó

Manifestó que como funcionario público nunca fue al despacho de Hipólito Mejía a recomendarle reconocidos narcotraficantes para que fueran designados como ayudantes civiles del presidente ni tengo relaciones con el bajo mundo de las drogas.

PRD dará a conocer en esta semana resultados elección vicepresidentes y subsecretarios nacionales

4 de oct de 2009

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La Comisión Organizadora de la XXVII Convención del Partido Revolucionario Dominicano informó este domingo que a inicio de la presente semana serán dados a conocer los resultados de la elección de los vicepresidentes y subsecretarios nacionales de la organización. El escrutinio de la elección de los vicepresidentes y los subsecretarios nacionales tomó mayor tiempo debido a que la cantidad de aspirantes al primer cargo fue de 119 y en el segundo de 98, lo que obligó a un conteo más lento que el de los secretarios General y de Organización nacionales.

La importancia que tienen los vicepresidentes y subsecretarios nacionales en el PRD es que son miembros de los altos organismos de dirección ejecutiva del partido.

En la competencia del domingo 27 fueron elegidos también 155 presidentes, secretarios generales y vicepresidentes de comités municipales y los mismos cargos en los 229 distritos municipales, se explicó en declaración de Tomás Hernández Alberto, presidente de la Comisión, emitida a través de la dirección de Prensa del PRD.

En los municipios existen algunos casos que la Comisión Organizadora está examinando, debido a que se mantienen reclamos que serán determinados de inmediato. Hernández Alberto informó que en el curso de la semana se tendrá un escenario completo del resultado de las votaciones.

La Comisión Organizadora informó que en el curso de la presente semana se dejarán debidamente instaladas las nuevas direcciones municipales electas, ya que el PRD necesita activarse de inmediato para iniciar los trabajos electorales relacionados con las elecciones municipales y legislativas de mayo próximo.

Hernández Alberto afirmó que el PRD tiene buenas razones para felicitarse por el desarrollo de las votaciones de su XXVII Convención, ya que en general de produjeron en un ambiente democrático y ordenado.

Expuso que cuando se proyecta el total de los votos emitidos, se puede ponderar que en la convención participaron alrededor de 600 mil electores, lo que es un importante número de participantes en unas primarias internas supervisadas y procesadas en buena medida por parte de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral.

El presidente de la Comisión Organizadora recordó la valoración de evento transparente y normal que, salvo pequeños y aislados incidentes, diera la Cámara Administrativa de la JCE a la convención perredeísta en su informe sobre la supervisión.

“Si se toma en cuenta que son muchos los simpatizantes y electores de los partidos que no acuden a las competencias internas, debe advertirse que los números de la Convención reflejan que el PRD tiene recuperado todo su potencial electoral, y que de cara a las elecciones legislativas y municipales del próximo año y las presidenciales de 2012, nos encontramos en muy buenas condiciones”, concluyó Hernández Alberto.

Dice revelará negociaciones ilícitas de Gabriel García

4 de Oct de 2009

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El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara advirtió hoy a Carlos Gabriel García que de continuar amenazando con someter su expulsión del PRD revelará detalles “ilícitos” de su paso por la dirección del Departamento Aeroportuario.

“Voy a revelar negociaciones en Aeroportuaria, con la cuales obtuvo dos apartamentos y una villa”, reveló al ser entrevistado por la vía telefónica por los periodistas Jacqueline Lamarche y Héctor Marte Pérez en su programa Panorama informativo, que se transmite todos los domingos por CDN La Radio.

Al ser preguntado si el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano obtuvo esos bienes de manera legal, el dirigente recalcó que fue de manera ilícita.

Gómez Mazara ha reiterado en varias ocasiones que ganó la Secretaría General de la organización en la pasada convención, pero que un fraude orquestado por su presidente Miguel Vargas Maldonado dio como vencedor a Orlando Jorge Mera.

Las acusaciones del político han llevado a Gabriel García a amenazarlo con someterlo a un tribunal disciplinaria que buscaría su posterior expulsión por “insultos al presidente del PRD”

De igual modo, afirmó que, junto a Tony Peña Guaba, quien aspiraba la Secretaría de Organización, presentará este lunes “una montaña de pruebas” del fraude que según afirma se cometió contra ambos en el pasado proceso.

Prometió que los datos que revelará serán tan contundentes que las autoridades del partido no tendrán más remedio que proclamarlo a él y a Peña Guaba como ganadores de la contienda interna.

Dijo que en la rueda de prensa de este lunes presentarán algunas cosas “insólitas” que se produjeron en el proceso. Puso como ejemplo que en algunos centros se contaron una gran cantidad de votos para el plebiscito que ratificaría a Miguel Vargas como presidente del partido y lo habilitaría para optar por la candidatura presidencia, mientras que se contaron pocos votos para otros renglones.

“En un centro hubo 2,900 votos para el plebiscito, y solo 95 para la secretaría general y de Organización”, reveló el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

También mencionó el hecho que en el centro en el que votó Hipólito Mejía, el plebiscito a favor de Vargas, obtuvo 310 votos, de 310 posibles, para un 100 por ciento, lo que indicaría que tanto el ex mandatario como sus familiares, que votan allí, optaron por el “sí”, lo que puso en dudas.