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POR ORLANDO JORGE MERA “Cada expediente hay que estudiarlo y motivarlo, por parte de los abogados encargados de ese asunto y eso lleva, lógicamente, el tiempo, por lo que no estaría en condiciones de decir en que momento estaremos en condiciones de dictaminar con relación a la Sun Land”. Las anteriores declaraciones ha puesto en el debate la siguiente pregunta:.¿Tiene la Suprema Corte de Justicia que esperar necesariamente la opinión o dictamen del Procurador General de la Republica para decidir sobre los recursos de inconstitucionalidad sometidos por el PRD y el Foro Social Alternativo? En una memorable sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el 16 de junio de 1999, con motivo de un recurso de oposición sometido por la Comisión Aeroportuaria y el Estado Dominicano, en contra de la sentencia dictada por la misma Suprema Corte de Justicia, el 19 de mayo de 1999, con motivo de una acción en inconstitucionalidad promovida por un grupo de ciudadanos en contra del Decreto No.295-94 del 29 de septiembre de 1994, el más alto tribunal del país emitió el siguiente criterio: “… ya que cuando esta Corte se aboca a ese análisis [sobre la inconstitucionalidad] en virtud de los poderes que le son atribuidos por la Constitución de la República, lo hace sin contradicción, y, por tanto, sin debate, a la vista solo de la instancia que la apodera y del dictamen u opinión, si se produjera, del Procurador General de la República, a quien se le comunica el expediente…”. En tal virtud, se desprende que la actual Suprema Corte de Justicia ha juzgado que no es indispensable para decidir sobre una acción en inconstitucionalidad que el Procurador General de la Republica emita su dictamen. Este razonamiento es muy lógico, toda vez que, si el Procurador General de la Republica, cuyo jefe inmediato es el Presidente de la Republica, decide, por razones políticas, dilatar la emisión de un dictamen, la Suprema Corte de Justicia cometería un acto de injusticia en no decidir un caso, bajo el pretexto de que el Procurador no ha emitido su dictamen. Esta Suprema Corte de Justicia, que se ha constituido en guardiana de la Constitución y de las leyes, en aplicación de su propio criterio, tiene la responsabilidad de decidir sobre la inconstitucionalidad de los préstamos concertados por el gobierno dominicano, por el bien de nuestra democracia. |
sábado, 15 de diciembre de 2007
Suprema sí puede
Alan García pide protección temporal para peruanos en EEUU
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OpcionesWashington.- El presidente de Perú, Alan García, pidió hoy a Estados Unidos que otorgue el "Estatus de Protección Temporal" (TPS) a los peruanos indocumentados por causa del terremoto que sacudió al país en agosto.
Hay algunas áreas en nuestro país que han sido en verdad devastadas y por lo menos para los pobladores de esas áreas debería comenzar por dárseles un estatus de protección", dijo García a la prensa, tras un discurso durante un desayuno auspiciado por la Cámara de Comercio.
Entre un millón y millón y medio de peruanos residen en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente la mitad son indocumentados, según fuentes de ese país.
García solicitó oficialmente la protección en una carta que envió en septiembre a Bush, quien tiene el poder de establecer ese programa. El TPS permitiría obtener papeles legales temporales a los peruanos que carecen de ellos.
Actualmente los ciudadanos de algunos países centroamericanos se benefician del TPS, concedido después de que ocurrieran desastres naturales en sus naciones de origen.
García dijo que abordaría el tema directamente con Bush en una reunión que sostuvieron hoy en la Casa Blanca. No obstante, no quiso dar declaraciones a la prensa tras el encuentro.
En su intervención durante el desayuno, que tuvo lugar en una sala suntuosa del Hotel Hay-Adams, a tiro de piedra de la Casa Blanca, García dijo que la campaña electoral llevará el país hacia una posición favorable a una reforma migratoria y al TPS que él solicita.
"Hay una masa crítica de migrantes en Estados Unidos. Contra esa masa crítica no se puede", declaró.
La inmigración es uno de los temas claves de la campaña. Por ahora los candidatos demócratas han evitado parecer demasiado partidarios de los inmigrantes, mientras que los republicanos compiten sobre quién tomará las medidas más duras contra los trabajadores extranjeros.
La única excepción ha sido el senador por Arizona John McCain, uno de los impulsores de la reforma migratoria, que fracasó a pesar de contar con el apoyo de Bush.
Esa es una de las razones por las cuales asociaciones cívicas peruanas piden el TPS, según reconoció Aristo Carranza, vicepresidente de la Organización Política Peruana Norteamericana (PAPO, en inglés) "No podemos quedarnos cruzados de brazos", dijo. La petición cuenta con el respaldo de agrupaciones no gubernamentales y religiosas y de los partidos políticos peruanos, así como de asociaciones latinas en Estados Unidos.
Además, en septiembre el senador por Nueva Jersey Robert Menéndez y nueve congresistas, todos ellos demócratas, enviaron una carta a Bush en la que solicitaron el TPS, dada la destrucción ocasionada por el terremoto.
El sismo, que ocurrió el 15 de agosto y alcanzó los 7,9 grados en la escala de Richter, causó casi 600 muertos y dejó miles de damnificados.
Carranza indicó que su organización solicita el TPS no sólo por causa del terremoto, sino también por las heladas que afectaron al 30 por ciento de la población de la sierra peruana y el desborde de los ríos amazónicos, que causaron daños al 40 por ciento de los peruanos durante este año.
"En víctimas humanas ha sido catastrófico el impacto", destacó Carranza, quien dijo que la llegada de peruanos deportados de Estados Unidos a esas regiones podría causar una "desestabilización económica y social".
"Podría hacer que nuestro país no pueda cumplir con los requerimientos del Tratado de Libre Comercio (TLC)", alertó.
Hoy, Bush firmó la ley que promulga ese acuerdo, una ceremonia que motivó la visita de García a Washington.
El pacto entrará en vigor una vez que el Congreso peruano adapte la legislación nacional a las cláusulas del texto, algo que García dijo que pretende lograr para julio de 2008.
El Gobierno de Estados Unidos deberá certificar que esas modificaciones aplican de forma íntegra las disposiciones del tratado, tras lo cual el pacto entraría en vigor en cuestión de semanas, explicó a Efe una fuente diplomática peruana.
Carranza señaló que Bush debería otorgar el TPS como muestra de la buena relación entre ambos países, también reflejada por el TLC, en su opinión.EFE
PRSC cree Gobierno subvalúa ingresos
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SANTO DOMINGO.- Dos dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) acusaron ayer al gobierno del Presidente Leonel Fernández Reyna de subvaluar el presupuesto del próximo año, con el objetivo de crear una reserva de, apróximadamente, RD$15,000 millones para enfrentar una segunda vuelta en los comicios del 2008. Según Rogelio Genao, vocero de la bancada reformista en la Cámara de Diputados, el presupuesto está subvaluado en RD$30,000 millones, ya que este debe alcanzar los RD$300,000 mil millones. Denunció que el gobierno pretende acumular un superávit en los próximos seis meses, con la finalidad de preparar “una alcancía” de RD$15,000 millones y utilizarla en su campaña proselitista. “Es una ofensa contra la propia democracia y contra el reglamento. El gobierno lo que busca es acumular un superavit en los próximo seis meses del año. Ellos están haciendo su reserva y su alcancía para la segunda vuelta”, afirmó. Aristy Castro Expresó que un ejemplo de ello es el presupuesto asignado a Educación, el cual no es suficiente. “En este momento el presupuesto de Educación no llega al 4% que establece la ley. Debe hacer un presupuesto equilibrado para la salud y la educación”, afirmó. |
Oposición dice informe de la NASA refleja presa de Tavera fue mal manejada
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El acuerdo con Sun Land es autoincriminatorio
El nuevo acuerdo no rescinde el contrato con la Sun Land, sino que lo modifica, y contiene cláusulas que demuestran que el Estado se endeudó por 130 millones de dólares dejados en manos de una empresa que además se atrasó en el pago de los mismos.
Clave Digital/Archivo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El acuerdo de "Resolución" del contrato por 130 millones de dólares suscrito por el Estado dominicano con la empresa Sun Land
Corporation hace 19 meses, del que informó la Presidencia de la República el viernes 7 de diciembre, deja claro que el gobierno se endeudó violando la Constitución de la República.
El haber dejado sin efecto la contratación de las cinco obras que serían construidas con ese financiamiento no anula el compromiso contraído con la venta de 19 pagarés firmados por el secretario de Estado Félix Bautista ni mucho menos el hecho sin precedente de haber dejado tanto dinero en manos privadas por más de año y medio.
Queda pendiente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos de inconstitucionalidad del endeudamiento sin aprobación del Congreso Nacional que le fueron sometidos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo, del cual deberían derivarse responsabilidades.
Anuncio sorpresivo
El viernes 7 de diciembre en curso la Dirección de Información del gobierno entregó una declaración dando por rescindido el polémico contrato suscrito en mayo del 2006 con la empresa Sun Land para la colocación en el mercado financiero internacional de 19 pagarés o notas promisorias por 130 millones de dólares para la construcción y equipamiento de "obras prioritarias".
La declaración se refirió en términos generales a un nuevo acuerdo firmado el 28 de noviembre, afirmando que el contrato "ha sido rescindido y por consiguiente dejado sin efecto", lo que sorprendió pero fue aceptado con alivio por la opinión pública, aunque el PRD y algunos medios han mantenido los cuestionamientos.
Sin embargo el nuevo contrato titulado "Resolución de Contrato de Construcción, Suministro de Materiales y Equipamiento de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, entre el Estado Dominicano y The Sun Land Corporation R.D. y sus Modificaciones" en ninguna de sus cláusulas habla de rescisión ni anulación.
Es más bien la tercera modificación al contrato original suscrito a nombre del Estado Dominicano por el ingeniero Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que cancela la participación de la empresa en la construcción de las obras que habían sido contratadas, pero la consumada venta de los 19 pagarés no se puede anular ni rescindir. Se establecen nuevos mecanismos para saldarlos.
El contrato original fue firmado el 15 de mayo del 2006 y establecía que con el producto de la venta de 19 pagarés se construirían 11 obras contenidas en un listado anexo. El 5 de diciembre fue modificado para eliminar 6 de las obras, sin la menor explicación, lo que por lo menos revelaba improvisación en la contratación.
La segunda y mayor modificación fue el "Adendum y Precisiones" firmado el 25 de octubre pasado, horas antes de que el presidente Leonel Fernández se reuniera con directores de medios de comunicación para formular una radical defensa del contrato, negando que conllevara endeudamiento del Estado.
En la información del día 7 se dice que el contrato fue "rescindido" porque la empresa se había retrasado en la construcción de las obras contratadas, aunque el adendum firmado 33 días antes ya reconocía el atraso y establecía un nuevo calendario para concluirlas en julio del 2008, en vez del 15 de mayo pasado.
Esencia del acuerdo
Aunque el gobierno ha negado sistemáticamente que la venta de los pagarés implica un endeudamiento, diversas cláusulas del acuerdo de "rescisión" establecen su responsabilidad.
En la cláusula cuarta el Estado asume el pago de los pagarés números 6, 9, 10, 11 y 12, vencidos entre junio y diciembre del 2007, a cambio de 31 millones 984 mil 846 dólares que Sun Land "declara" haber entregado a contratistas de las obras, sin el menor detalle.
Pero esa suma es menor en 2.2 millones de dólares que la suma de los 5 pagarés, que es de 34.2 millones de dólares, sin sumarle los intereses originales y por los atrasos.
En la quinta cláusula Sun Land declara haber saldado los pagarés 3, 4, 5, 7 y 8, por un monto de 35 millones 97 mil 261 dólares, aquí sí incluyendo los intereses. En la octava dice que "en momento alguno transfirió, endosó o contrajo obligaciones" con los pagarés 1, 2 y 3-A, por lo que los entrega libre de cartas al Estado. Obsérvese que el 3 figura entre los que dice haber saldado.
La cláusula 6 es confusa. En ella la empresa declara haber entregado al Estado las notas promisorias (pagarés) números 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A y 12A, emitidas por el Estado en sustitución de las de los mismos números, pero sin letra A, que son las que se pagarán con los 31.9 millones de dólares que le reconoce el Estado y las que Sun Land dice haber saldado, excepto que se saltan la 3.
La autoincriminación
Es en la cláusula novena donde aparece más claramente establecido que la deuda derivada de los pagarés es del Estado Dominicano. En esta la Sun Land se compromete a saldar los restantes pagarés, numerados 13, 14, 15,17, 18 y 19, los cuales vencerán entre enero y julio del 2008.
El número16 dice (cláusula séptima) haberlo readquirido inmediatamente después de su venta. La empresa afirma que esas 6 notas promisorias, por un monto de 41
millones 52 mil 630 dólares, "fueron endosadas y transferidas a favor de terceros por la declarante, y en consecuencia, es obligación honrar con fondos propios el pago de las mismas, incluyendo sus accesorios; liberando, desde ahora y para siempre a la PRIMERA PARTE (EL Estado) de toda obligación de pago vinculada a dichas notas promisorias".
Y para no dejar dudas, se agrega un párrafo donde la Sun Land se obliga a entregar al Estado "una carta de crédito irrevocable por la suma de US$41,052, 630.00 como garantía de cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieran originarse a cargo de LA PRIMERA PARTE", que es el Estado.
Si la deuda fuera de la empresa y no del Estado, esa carta de crédito sobraría.
Es sorprendente que en la undécima y última cláusula se establece que el dominicano Daniel Mejía, domiciliado en Estados Unidos, por sí y en su calidad de presidente de R.O. International Trading Corporation "declara libre y voluntariamente que se obliga, por él y la compañía representada, de manera solidaria y con renuncia al beneficio de exclusión a pagar conjuntamente con The Sun Land Corporation R.D. la suma de cuarenta y un millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta dólares norteamericanos
por los conceptos especificados en el ordinal noveno de este acto". Ni Mejía ni su corporación habían aparecido en el contrato original o en sus modificaciones anteriores, aunque es creencia generalizada que es el propietario principal de la Sun Land.
Algo sin precedente
Este contrato no tiene precedente en la historia dominicana, no sólo por haber involucrado un endeudamiento externo al margen del Congreso Nacional, sino también por haber implicado que una empresa privada usufructuara un financiamiento bajo responsabilidad del Estado Dominicano por 130 millones de dólares durante 19 meses, sin contar los que faltan para saldar todos los pagarés..
El dinero debió haber sido recibido por el deudor y depositado en el Banco Central tras pagar una comisión por la gestión de la Sun Land, pero eso hubiese roto el secreto de la operación establecido en la cláusula 25.7 del contrato original que prohibía a la empresa divulgarlo.
Aún con el control del Congreso por parte del partido de gobierno (desde agosto del 2006) hubiese sido difícil la aprobación de ese contrato, que establecía una comisión del 13.8 por ciento.
La inversión en las cinco obras para la Universidad Estatal sería de 111 millones 986 mil dólares, según consta en el adendum del 25 de Octubre. La empresa se quedaría con los 18 millones restantes.
El texto del acuerdo de "rescisión", lo mismo que el de los pagarés, no deja duda que el Estado Dominicano asumió esa deuda y que la Sun Land no puso un centavo, que fue una simple intermediaria que quedó con el dinero fruto de la venta de los pagarés, y que no lo invirtió en lo programado, sin que nadie le reclamara hasta que el PRD hizo estallar el escándalo.
Es preciso recordar que la fotocopia del pagaré 3-19 firmado por Félix Bautista, como secretario de Estado y en representación del Estado Dominicano, y por nadie más, dice que "Las obligaciones del Prestatario, bajo este pagaré, son obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana".
Añade que "su pago no depende de la terminación de ningún contrato o acuerdo". El
firmante "certifica que tiene total autoridad legal para firmar este Pagaré" y que el mismo "es pagadero en la secretaría de Finanzas, Departamento de Deuda Pública, Santo Domingo, República Dominicana".
Este no es el primer contrato escandaloso firmado por el actual gobierno con la Sun Land. Hubo otro para vender pagarés por 200 millones de dólares que fue osteriormente anulado, lo mismo que el de 132 millones de dólares para suministrar equipos a la Policía Nacional que fue dejado sin efecto hace 15 meses por las enormes sobre valuaciones de precios que contenía.
Si grave fueron los términos y el manejo del contrato ahora "rescindido", peor ha sido el desprecio por la opinión pública y las agresivas explicaciones cuando ya no se pudo guardar más silencio.
Queda pendiente ver si la Suprema Corte de Justicia no sancionará la clandestina contratación y si todo quedará en la impunidad, sin ni siquiera una amonestación a los responsables.
Suprema, el Congreso y JCE rechazan sus presupuestos
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El Congreso, de mayoría peledeísta, está contra el presupuesto.
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SD. Las quejas por las asignaciones presupuestales a diversos organismos del Estado están a la orden del día. El Congreso, la Junta Central Electoral y el Poder Judicial se quejaron por las partidas asignadas.
Los presidentes de las cámaras legislativas mostraron su desacuerdo con la partida asignada al Congreso Nacional en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos.
Reinaldo Pared y Julio César Valentín explicaron que la Ley de Autonomía Presupuestaria y del Congreso y la Cámara de Cuentas establecen una asignación de 3.10% de los ingresos internos, es decir unos RD$9,300 millones.
"No aspiramos a que se nos entregue la totalidad, pero entiendo que lo que se ha establecido en el Presupuesto no es a lo que habíamos aspirado", dijo Pared.
El presidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, se quejó de que los RD$3,547 millones es apenas un aumento de un 5.8% del presupuesto de este año, que coincide con la inflación acumulada durante el 2007.
"Yo espero todavía que, independientemente de la decisión final que tome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que debido al buen desempeño del Poder Judicial durante el 2007 seamos recompensados en una cantidad mayor presupuestaria", dijo.
Afirmó que la posición del pleno de la SCJ es que se le de cumplimiento a lo que establece la Ley, de que la partida debe ajustarse a un 2.66% de los ingresos nacionales. Observó que las consecuencias que se pudieran derivar de la no asignación de la partida solicitada, deberá ser determinada por el pleno.
La JCE
El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) se reunió ayer de emergencia para analizar el impacto que tendrá en la organización de las elecciones presidenciales del 2008 y en su programa operativo, la reducción en 67.84% del presupuesto solicitado al Poder Ejecutivo.
El presidente de la JCE, Julio Castaños Guzmán, dijo que el Pleno acordó consultar a sus técnicos financieros para fijar su posición definitiva el próximo lunes.
El presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, advirtió que no gestionarán ante el presidente Leonel Fernández un aumento del presupuesto y que se hará lo que se pueda con el presupuesto.
Juez Roberto Rosario: ¡Ya basta de rogar!
“¡Ya basta de rogar! Yo creo que ahora la Junta debe sobrevivir con dignidad”. Así de tajante fue la respuesta que dio el presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, al preguntársele su parecer sobre la asignación presupuestaria que dio a conocer el Gobierno para ese organismo.
No menos ácida fue la del doctor Eddy Olivares, quien calificó la cifra asignada a la JCE en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, como una “burla” al tribunal de elecciones y un atentado terrible contra la democracia dominicana.
Ambos magistrados hablaron en esos términos por separado, previo a una sesión que de manera urgente celebró ayer el pleno de la JCE, asistido de sus técnicos financieros, para analizar el impacto que podría tener en la organización de las elecciones presidenciales del 2008, la reducción de un 67.84% del presupuesto que había solicitado, ascendente a RRD$7,600 millones.
De acuerdo a una información dada a conocer por el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, el proyecto de Presupuesto de la Nación aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo para el año 2008 asciende a un monto de RD$300,000 millones, de los cuales, RD$3,547 millones están asignados a la JCE.
“Yo no entiendo porque razón la secretaria de Hacienda, de manera mal intencionada, le está mintiendo a la opinión pública, porque realmente el presupuesto que se le ha dado a la Junta es de $2,487 millones de pesos, no de $3000 millones, porque de esa suma, $1,006 millones son de los partidos políticos, o sea que cuando se dice que a la JCE se le está dando $3,000 millones, eso es una falsedad”, dijo el doctor Rosario. “Lo primero que hay que sincerar ante la población, es cuál es la partida real que se le está dando a la Junta, y no querer confundirla agregándole una partida (la de los partidos) que no se le está dando; la Junta está recibiendo $2,487 millones, que representan el 31% de lo que había solicitado, en un año en que el presupuesto general es de $300 mil millones”, dijo.
