SANTO DOMINGO.- El malestar dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por las designaciones en el gobierno se reflejó ayer en el Congreso Nacional, donde legisladores oficialistas demandaron que sea convocado de urgencia el comité político de la organización para dilucidar ese conflicto, tras advertir que la situación podría devenir en consecuencias graves para el partido y el Gobierno.
Algunos legisladores atribuyen el impasse a que “no hay cama para tanta gente”, en alusión a la cantidad de acuerdos y compromisos electorales que hizo el presidente Leonel Fernández para ganar las elecciones del pasado 16 de mayo.
Charlie Mariotti, senador peledeísta por Monte Plata, consideró que el comité político es el organismo llamado a cuestionar al presidente del partido, que a su vez es el presidente de la República, sobre las denuncias de que “se está discriminando y haciendo un ejercicio de segregación” contra dirigentes y militantes.
“Eso es deplorable, porque está clarísimo que las cosas no vienen fácil para el gobierno”, dijo. Mariotti consideró que si se respeta la institucionalidad del PLD, el enlace natural entre la militancia y la dirigencia es el secretario general, Reinaldo Pared Pérez.
Mientras los senadores peledeístas Tommy Galán y Amarilis Santana, coincideron con el diputado Gustavo Sánchez, en que la razón principal del conflicto por los empleos es que “no hay cama para tanta gente”.
Galán, senador por San Cristóbal, dijo que “estamos ante la continuidad de un gobierno. Equivocados fueron los que pensaron que este 16 de mayo vendría un quítate tú para ponerme yo, que vendría una aplanadora”. No obstante, llamó al PLD y al gobierno a poner atención a las denuncias, porque de lo contrario “podrían degenerar en consecuencias y en situaciones que no creo que en este momento sean saludables”.
Disgustos
Santana, senadora por La Romana, recordó que la semana pasada sometió al hemiciclo senatorial un proyecto de resolución en el que se quejaba de que las mujeres de su partido no fueron tomadas en cuenta por el jefe del Estado para los puestos de la administración pública. Dijo que esa iniciativa “solicitaba al señor presidente que, por lo menos en las provincias como gobernadores, como subsecretarias, fueran tomadas en cuenta”.
El pasado jueves el senador del PLD por La Vega, Euclides Sánchez, denunció que en el seno de esa entidad política hay un disgusto generalizado,porque los peledeístas no han sido tomados en cuenta en este gobierno que se inició el pasado 16 de agosto.
Inmediatamente, reaccionó el secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez, y manifestó que que la responsabilidad de atender las peticiones de empleos de los militantes y dirigentes del partido oficial es de los funcionarios del Palacio Nacional.
EN SANTIAGO
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, y el gobernador de Santiago, José Izquierdo, defendieron ayer el derecho que le asiste al presidente Fernández de sustituir, remover o trasladar a los funcionarios del Gobierno.
Valentín dijo que las bases y la dirigencia del PLD tienen que acatar las decisiones del madatario, porque el artículo 55 de la Constitución le confiere esas facultades.
De su lado, Izquierdo declaró que los funcionarios deben acatar al pie de la letra las disposiciones emanadas del Ejecutivo para nombramientos, confirmaciones o traslados en la administración pública. La reacción de Izquierdo se produjo ante los inconvenientes presentados en algunas instituciones oficiales.
En Santiago en la Fiscalía se registró un impasse entre Raúl Martínez (ratificado ayer como fiscal) y Henry Cerda, que alegaba que un decreto la designaba en esa posición, pero ayer fue designado como fiscal adjunto mediante decreto 393-08. Por igual, en la oficina de Trabajo, fue nombrado un dirigente del PLD de apellido Cirineo, pero su incumbente, Pedro Julio Zapata, lo desconoció. En la oficina de Prensa de la Presidencia con asiento aquí se produjeron las designaciones de Randy Ortiz y del locutor Grey Núñez, creando contradicciones.