Miguel Vargas deplora LF incumpla presupuesto SCJ

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5:02 PM -

Santo Domingo.- El candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado afirmó que el país no puede seguir gobernado por un presidente como el doctor Leonel Fernández, al que la Suprema Corte de Justicia y los ayuntamientos tengan que solicitarle públicamente que cumpla con las partidas que por ley se les asigna en el Presupuesto Nacional.

Dijo que hace poco se observó a la Federación Dominicana de Municipios hacer una demanda pública para que el presidente candidato entregue a los ayuntamientos los fondos que le asigna la ley, y hoy nos enteramos que la Suprema Corte de Justicia advierte que si el presidente Fernández no le asigna los recursos que por ley corresponden a ese importante estamento, peligran los avances que el país viene logrando en materia de reforma judicial.

Al respaldar los reclamos de la Suprema Corte de Justicia para que sean debidamente atendidas sus solicitudes presupuestarias, Vargas Maldonado afirmó que "en momentos en que debemos darle todo el apoyo al Poder Judicial para asegurar su fortalecimiento institucional y para enfrentar el irrespeto y la delincuencia que socavan el sosiego social familiar, el candidato a la reelección se niega a darle el apoyo requerido, como lo hizo este año con respecto al anterior, conforme ha informado el propio presidente de la Suprema", argumento Vargas.

Como es conocido, amplió el candidato presidencial opositor, el Presidente tampoco cumple con la asignación del 16% del Presupuesto Nacional o el 4% del Producto Bruto Interno a educación y es frecuente escuchar como a diferentes entidades y sectores no se les entregan a tiempo los recursos que debe suplir el gobierno.

"Tales incumplimientos y retrasos", señaló, "se producen pese a que el presidente Fernández ha ejecutado tres reformas fiscales que han cargado de impuestos a la gente, vaciando los bolsillos de todos y todas los que trabajan, sea en la industria o en los servicios".

Dijo que para tener una idea de cómo el presidente Fernández está mal administrando el país, sólo debe tomarse en cuenta que en su presente administración, al pasado mes de octubre había manejado mucho más de 700 mil millones de pesos de los contribuyentes".

Para el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) las violaciones a la Ley de Presupuesto, que afectan la institucionalidad y la marcha adecuada de las instituciones perjudicadas, son consecuencia directa de que el presidente Fernández administra el país en base a un proyecto personal.

Puntualizó que precisamente por estar administrando el país como un proyecto personal, es que el aspirante a la reelección presidencial se embarcó en el préstamo por 130 millones de dólares a través de la empresa Sun Land, sin que lo aprobara el Congreso Nacional, como establece la Constitución, y que por esa misma razón fue que se embarcó por cuenta propia en una inversión tan grande como es la construcción del Metro de Santo Domingo, si escuchar los pareceres de diferentes sectores de la sociedad.

"Para superar esos males estoy comprometiéndome con los diferentes sectores de la sociedad para que hagamos las alianzas y construyamos los consensos necesarios de modo que a partir del 16 de agosto empecemos a ejecutar no un proyecto personal como el que representa el presidente Fernández sino un proyecto de país, un proyecto de Nación en el que el primero en cumplir con la Constitución y las leyes seremos nosotros como presidente de todos los dominicanos y dominicanas", expuso.

Vargas Maldonado formuló sus declaraciones a través de la Dirección de Comunicaciones de su campaña, tras sostener reuniones con diferentes equipos de trabajo de su comando.

DR-CAFTA no va a cambiar la desigualdad comercio con EU y CA

El consultor económico Henri Hebrard aseguró que el DR-CAFTA no va a cambiar la desigualdad en el intercambio comercial de República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica.

Basó su afirmación en que la República Dominicana siempre ha sido un país importador, tiene altos costos de producción y falta de información sobre los beneficios del DR-CAFTA.

Dijo que con Centroamérica “estamos viendo la misma dinámica desde que arrancó ese tratado, un enorme crecimiento de las importaciones hacia este país y un aumento muy leve de sus exportaciones hacia esa zona”.

Precisó que DR-CAFTA no va a cambiar esa situación, debido a que las reglas son las mismas.

Indicó que con los Estados Unidos, la balanza comercial a septiembre del 2006 estaban a favor de Estados Unidos. Las exportaciones de ese país hacia dominicana superaban en alrededor de US$200 millones a las nuestra a los Estados Unidos.

Señaló que esa balanza comercial hoy es negativa en US$900 millones, porque República Dominicana no ha podido aumentar sus exportaciones a Estados Unidos.

Expresó que este año las importaciones desde Estados Unidos se han disparado hacia República Dominicana, que es el primer impacto del DR-CAFTA, que se vio en el seminario sobre cómo aprovechar los contingentes arancelarios de productos agropecuarios de ese tratado.

JCE estudia proyecto ley sobre cédula

La JCE estudia un proyecto de ley que oficializa la licencia de conducir como documento público para realizar todas las operaciones públicas y privadas, excepto el derecho al voto, que le fue sometido por una comisión de diputados para que ofrezca su opinión al respecto.

La iniciativa del diputado José Francisco Santo Suriel (PRD-Santo Domingo), fue remitida a los jueces de la JCE por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio Horton (PLD-Distrito Nacional)

El proyecto señala que los carné de licencias para conducir vehículos de motor, además de estar codificados y protegidos con sistema electrónico computarizado, contiene los datos de identificación y la fotografía de la persona a la cual le es expedido, igual que ocurre con la cédula de identidad y electoral.

Resalta que sin embargo, las empresas e instituciones públicas y privadas, incluyendo los bancos comerciales no reconocen ni aceptan como documento válido y suficiente para realizar cualquier operación.

Señala además, que en otros países la licencia de conducir es el documento oficial válido para la identidad personal del individuo, en cualquier ejecución o transacción pública o privada.

Diputados PRSC dicen Presidente viola ley al no enviar Presupuesto

El Bloque de Diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmó ayer que el Presidente Leonel Fernández violó la Ley General de Presupuesto al no remitir a tiempo el proyecto de Presupuesto de Ingreso y Ley de Gastos Públicos del año 2008.

Ramón Rogelio Genao, vocero de los reformistas en la Cámara Baja, denunció, asimismo, que la Secretaría de Hacienda no ha cumplido con el requerimiento de remitir los informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, como establece la ley.

Dijo que según la ley, el presidente debió enviar el proyecto Presupuesto a más tardar en octubre pasado. Advirtió que con la remisión tardía del Presupuesto el gobierno busca, nuevamente, “poner entre la espada y la pared” al Congreso y obligarlo a aprobar sin el conocimiento y la discusión necesaria, así como el necesario establecimiento de las prioridades en detalle de acuerdo a las problemáticas del país.

”Leonel Fernández vuelve a acorralar la oposición, en la realidad de que es mejor un mal presupuesto que ningún Presupuesto”, manifestó Genao.

Aseveró que el Poder Ejecutivo no solo se limita a presionar la aprobación del Presupuesto sin discusión ni análisis, sino que también “cercena” la facultad constitucional de fiscalización de las ejecuciones presupuestales del Congreso, al no remitir los informes trimestrales que establece la ley.

El PRSC considera penoso que el Congreso haga de simple sello gomígrafo en el conocimiento de la que sin duda es la ley adjetiva más importante y el marco de planificación de la administración pública.

El legislador advirtió que el próximo Presupuesto regirá para dos períodos constitucionales, pues el actual concluirá el 16 de agosto del 2008, y que la inobservancia de la Constitución y la ley podría generar acciones jurídicas en contra de las actuales autoridades.

Insistió en que el Poder Ejecutivo debe remitir sin demora el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos del 2008, a fin de que el mismo sea conocido y aprobado antes del primero de enero, cuando debería entrar en vigencia.

Suprema presiona por presupuesto

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, advirtió ayer que si a ese tribunal no se le asigna un presupuesto justo, se verá obligado a cerrar la Escuela Nacional de la Judicatura y a suspender el Programa de Defensa Pública y muchos otros proyectos.

Subero Isa recalcó que si la SCJ no recibe lo que por ley le corresponde para poder desarrollar el trabajo, “el país va a sufrir un gran resquebrajamiento en su institucionalización, en su seguridad jurídica”.

“No es posible que se siga castigando al Poder Ejecutivo en la forma que se hizo este año”, cuando se le asignó una partida menor que la del 2006, expresó el magistrado en forma enérgica.

La Suprema solicita una asignación de RD$5,600 millones para desarrollar todos los proyectos que tiene en agenda. Subero Isa dijo que por lo menos el organismo necesita RD$5,000 millones, “en todo caso nosotros demandamos pura y simplemente el porcentaje que establece la ley”.

Hablando ante legisladores de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados, Subero Isa dijo que “lo único que hacemos es demandar el cumplimiento de la ley, no solamente para nosotros, sino para todas las instituciones beneficiarias de la Ley de Autonomía presupuestaria, es decir, Cámara de Diputados, Senado, Procuraduría General de la República y Cámara de Cuentas, y Suprema Corte de Justicia”.

Este año, la SCJ recibió una partida de RD$3,125 millones, menos que el presupuesto del 2006.

Subero Isa acudió junto a los demás miembros del pleno de la SCJ a una reunión con los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que preside Julio Horton, a quienes manifestó la necesidad de que la Justicia reciba la asignación que establece la ley presupuestaria. En el encuentro participó el presidente de la Cámara Baja, Julio César Valentín.

Recordó que hay 125 tribunales creados por el Congreso Nacional y que la Suprema Corte debe poner en funcionamiento, principalmente los juzgados de paz.

Además, hay otros proyectos importantes que de desarrollar, como el sistema del despacho de la gestión penal de La Vega, que es un modelo único en el país y en la región.

Asimismo, mencionó los tribunales de familia, al igual que el proyecto de las soluciones alternas de conflictos que también se verían afectados si no le asignan la partida solicitada, que es la establecida en la Ley de Presupuesto.

La falta de recursos afectaría también aspectos institucionales como es el pago de tres mil licencias a Microsoft para la plataforma de computadoras que tiene la Suprema.

“Para que el país se desarrolle, no basta que tenga buenas playas y buenos peloteros, hacen falta buenas instituciones, seguridad jurídica”, sentenció el magistrado.

Agregó que a todo dominicano le conviene tener un poder judicial fuerte e independiente, porque todos están expuestos un día a acudir a los tribunales, unas veces voluntariamente a defender y reclamar sus derechos y muchas veces porque los llevan forzosamente para responder por sus inconductas.

RENDIRÁ CUENTAS AL CONGRESO

Subero Isa anunció que a partir del próximo año, aunque no sea una obligación, la SCJ rendirá cuenta al Congreso de la República de todo sus movimientos administrativos y financieros, como forma de transparentar aún más sus actuaciones.

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que los legisladores están en el mejor interés de dar seguimiento a los logros del Poder Ejecutivo y de respaldarlo, “observando siempre las posibilidades reales y materiales”, pero siempre abogando porque no se vea limitado su crecimiento por razones de tipo financiero.

El PRD envía al FMI el caso

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtió anoche que llevará el caso de la Sun Land y el préstamo de US$130 millones hasta las últimas consecuencias, y anunció que como parte de los pasos a seguir fue enviado al Directorio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington, Estados Unidos, un informe con todos los pormenores del caso.

En una reunión de dos horas y media la Comisión Política aprobó la creación de una comisión de alto nivel la cual se encargará de darle seguimiento a todo lo relativo al proceso.

Dicha comisión está integrada por Orlando Jorge Mera, secretario general, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero y Salín Ibarra.

El pasado lunes, el candidato presidencial del PRD Miguel Vargas Maldonado llamó a la Suprema Corte de Justicia a que establezca su decisión con relación al recurso sometido por ese partido en el caso del préstamo de US$130 millones suscrito entre el Estado y la empresa Sun Land.

Jorge Mera afirmó que además del expediente completo con todos los documentos depositados ante la Suprema Corte de Justicia al informe enviado al FMI también le fue anexada la última carta del director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista en la que supuestamente pide al departamento de crédito público que registre los 15 pagarés del préstamo como deuda pública.

“Este caso tiene que concluir con una sanción, y el establecimiento de las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados en este caso”, aseguró Jorge Mera.

Por otra parte, afirmó que el PRD será respetuoso de la tregua de navidad por lo que suspenderá sus actividades políticas en la víspera de nochebuena, y luego reanudará las mismas después de Reyes.

Dijo que el momento es propicio para que el pueblo dominicano reflexione respecto a lo que va hacer el año venidero cuando serán celebradas las elecciones presidenciales.

De su lado, el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, informó que en vista de las supuestas violaciones que a diario comete el gobierno contra la Constitución la comisión política aprobó la creación de otra comisión la cual tiene como misión analizar todos los aspectos relativos al orden jurídico.

La comisión la integran Víctor Céspedes, el electo presidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, Belga Soler y Bienvenido Brito.

Lo aprobado

La Comisión Política aprobó la creación de dos comisiones: La primera se encargará de darle seguimiento a todo lo relativo al conflicto desatado por el préstamo de la Sund Land.

La segunda rendirá un informe en su momento sobre las supuestas violaciones a la Constitución por parte del gobierno.

También destacó el empuje que tendrá el partido tras la integración a la campaña de Rafael Suberví Bonilla y Milagros Ortiz Bosch.

PRD seguirá campaña hasta que JCE la pare

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, declaró ayer que continuará su campaña proselitista hasta tanto la Junta Central Electoral (JCE) decida lo contrario.

Al anunciar la integración de Rafael Suberví Bonilla en el comando de campaña como jefe de la provincia de Santo Domingo, Vargas Maldonado manifestó que “el PRD inicia hoy la ruta hacia el poder”.

En respuesta a la solicitud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de que la campaña política se deje abierta para enero próximo, el dirigente perredeísta manifestó que no es posible esa posposición cuando el candidato presidencial oficialista, Leonel Fernández, tiene vallas y promociones por todo el país.

Vargas Maldonado habló sobre el tema al ser abordado a su salida de una conferencia de prensa en el hotel Santo Domingo, donde anunció que Suberví Bonilla y sus seguidores trabajarán a favor de sus aspiraciones presidenciales.

SUBERVI BONILLA SE SUMA

Aclaró que el ex síndico del Distrito Nacional se suma a la campaña sin ningún tipo de condicionamientos.

El lunes Vargas Maldonado encabezó un acto similar en el mismo lugar con la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, a quien designó como su jefa de campaña en el Distrito Nacional.

A raíz de la convención perredeísta, el pasado 28 de enero, en la que resultó ganador Vargas Maldonado, la llamada Corriente Unitaria que postulaba a Ortiz Bosch para la candidatura presidencial se disgustó a tal punto que muchos de sus dirigentes se desactivaron políticamente. Transcurrido el tiempo el candidato ha logrado sumar a su equipo de campaña a la mayoría de los dirigentes, entre ellos Virgilio Bello Rosa y Enmanuel Esquea Guerrero.

Al preguntársele si contemplaba la posibilidad de anunciar públicamente la integración del ex presidente Hipólito Mejía a su comando de campaña, expresó que éste trabaja para que el PRD retorne al poder.

Empero ha sido notoria la ausencia en los trabajos de campaña tanto de Mejía como de los prominentes dirigentes del denominado grupo PPH.

El propio Mejía admitió que varios de sus seguidores estaban disgustados con el equipo de campaña de Vargas Maldonado, mencionando específicamente a Hernani Salazar, ex senador de San Francisco de Macorís y uno de los que promovió la reforma constitucional para establecer la reelección presidencial.

De su lado, Suberví Bonilla afirmó que se dedicará a trabajar en la provincia Santo Domingo para aportar por lo menos el 7% de la votación a favor de Vargas Maldonado.

Aseguró que cuenta con importantes dirigentes para alcanzar esa meta, citando a los ex síndicos de los municipios Santo Domingo Norte, Daniel Lois y Santo Domingo Este, Domingo Batista.

En la rueda de prensa estuvieron presentes Alfredo Pacheco, Neney Cabrera, Carlos Gabriel García, el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera; el presidente en funciones, Tomás Hernández Alberto; Peggy Cabral, César Díaz Filpo, entre otros.

Jueza pide que Leonel no

La doctora Aura Celeste Fernández, jueza de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, sugirió al Pleno de la JCE disponer la suspensión de los actos protocolares de inauguración de las obras de gobierno desde tres meses antes de las elecciones del 16 de mayo, por considerar que la igualdad de condiciones en el actual proceso, de los candidatos presidenciales, está “gravemente comprometida”.

El pedimento y justificaciones de la juez titular de la Cámara Contenciosa está contenido en un documento dirigido al presidente y demás jueces de la JCE antes de que el Reglamento para la regulación de la campaña electoral fuera abortado como consecuencia de las objeciones que le hicieron los partidos políticos.

Afirmó que de la JCE no tomar las medidas adecuadas para garantizar la igualdad de condiciones entre los partidos políticos que participarán en las elecciones del 2008, estaría violando la Constitución de la República.

Dijo que para que las elecciones sean consideradas “verdaderamante libres”, es necesaria la participación de igualdad de condiciones de todas las fuerzas políticas concurrentes, dentro de un contexto de pluralismo institucionalmente garantizado.

Señaló que esa igualdad de condiciones queda “gravemente comprometida” cuando uno de los candidatos, como sucede en la actualidad, es el Presidente de la República, quien de conformidad con el artículo 55 de la Constitución, ostenta la calidad de Jefe de la Administración Pública, Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

“Estas condiciones colocan al Presidente en una posición privilegiada ante los medios de comunicación y aumenta el riesgo de que se utilicen bienes y espacios propios del ejercicio gubernamental para favorecer al proyecto político del Jefe del Estado”, dijo la doctora Fernández.

Rechazó las opiniones de los que consideran que las atribuciones del Presidente de la República consagradas en el artículo 55 de la Constitución no pueden ser coartadas por la JCE durante el período de campaña electoral, señalando que como órgano rector del sistema electoral, la Junta está facultada para aplicar medidas regulatorias tendentes a garantizar los derechos fundamentales de los contendores en el proceso electoral, entre los que afirmó, adquiere mayor relevancia el derecho de igualdad consagrado en los artículos 8.5 y 100 de la Carta Magna.

Precisó que de manera precisa, el artículo 6, literal “r” de la Ley Electoral 275-97, relativa a las atribuciones del Pleno de la JCE, le confiere la facultad de disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a losa medios de comunicación, tanto estatales como privados, entre otros.

“De no tomar las medidas adecuadas para garantizar los principios señalados anteriormente, nuestro organismo electoral caería dentro del plano de lo que la doctrina constitucional extranjera define como la Omisión Constitucional”, subrayó.

Agregó que esa conducta “inadecuada” de los órganos públicos “se verifica como la abstinencia, inercia o inactividad de un órgano legislativo o regulador, en cumplir dentro de un plazo razonable o predeterminado, una obligación o encargo concreto a él atribuido por la norma fundamental, de manera que se imposibilite la ejecución de las disposiciones o garantías contenidas en ellas”.

La doctora Fernández puntualizó su comunicación al Pleno de la JCE citando un trozo de El Federalista, una de las obras primordiales de la doctrina democrática universal que reza: “quizás pueda reprochársele a la naturaleza del hombre el que sea necesario esto para reprimir los abusos del gobierno ¿Pero qué es el gobierno sino el mayor de los reproches de la naturaleza humana?...”.