sábado, 20 de diciembre de 2008

Decepcionante Sentencia

20 de diciembre de 2008

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Escrito por: JUAN TAVERAS HERNANDEZ

Cuando el presidente de la República envió al Congreso su proyecto de reforma constitucional,destutanando la Suprema Corte de Justicia y de paso todo el sistema judicial creando dos nuevas salas, una de garantías constitucionales y la otra contenciosa administrativa, me llené de extrañeza. “Algo está pasando, porque esta Suprema Corte de Justicia ha sido sumisa ante el Poder Ejecutivo, tanto o más que el Congreso”.

La Constitución de la República establece la separación e independencia de los poderes del Estado, pero no es así. El poder Ejecutivo tiene control absoluto sobre los demás poderes, incluso los poderes fácticos como la prensa y la iglesia católica.

Me preguntaba una y otra vez por qué el presidente Fernández, no solo le negaba el presupuesto solicitado a la Suprema Corte de Justicia, con lo cual le quita autonomía e independencia, sino que además la deja huérfana de poder.

El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero reaccionó ante el proyecto de reforma Constitucional señalando que tenía muchos reparos, sobre todo en lo ateniente al sistema judicial. El magistrado presidente de la Suprema se percató del golpe judicial, se dio cuanta de que estaba ante una trama en la que estaban participando algunos de sus colegas en el alto tribunal.

Más adelante comprobó que tanto la sala Constitucional como la Contenciosa habían sido negociadas. Sabía que no tenía las fuerzas para impedir el éxito de la trampa, ni de la traición.

Es en ese marco que el presidente de la Suprema Corte de Justicia anuncia que en breve sería conocido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PRD en torno al préstamo de 130 millones de dólares tomado por el gobierno a la Sun Land sin el conocimiento y la aprobación del Congreso como manda la Constitución.

Al leer la información me pregunté: “¿Qué, terminó la cola? ¿Cuándo se conocieron los otros ciento y tantos recursos de inconstitucionalidad que el presidente de la Suprema había dicho en más de una ocasión que estaban primero y que el caso de la Sun Land no se trataría hasta tanto no le llegara su turno?

El recurso del PRD se presentó en noviembre del año pasado cuando aún la campaña electoral no había comenzado oficialmente. La Suprema se negó a conocerlo. Subero, para proteger al gobierno, dio saltos y más saltos. Dijo que la Suprema no cogía corte, ni aceptaba presiones ni se dejaba chantajear de nadie, que el PRD debía esperar. Y eso hizo. Esperó. No había de otra.

La campaña electoral pasó. El presidente Fernández compró las elecciones y se quedó en el poder. La Suprema Corte de Justicia fungió de aliada al ignorar la violación de la Constitución, que debe proteger a toda costa.

En el programa de televisión “Juntos” que produzco junto al ingeniero José Alberto Martínez en Teleradio América, advertí, muchos días antes de la sentencia del jueves, que la Suprema no condenaría al gobierno, que no se atrevería a dictaminar que el recurso interpuesto por el Foro Social Alternativo y el PRD eran válidos, que el gobierno había violado la Constitución. Dije entonces que la sentencia sería objeto de negociación. Y así ha sido.

Una parte de los magistrados de la Suprema, como Judas, vendió el sistema judicial al crear una jurisprudencia nefasta para el futuro, porque a partir de ahora el gobierno, que controla el Senado y la Cámara de Diputados, podrá tomar cuantos préstamos quiera sin enviarlo al Congreso porque los presidentes de las cámaras jamás levantarán su voz para oponerse a nada que decida el presidente Fernández.

La dignidad de la Suprema Corte de Justicia la salvaron Ana Rosa Bergés, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Aníbal Suárez al votar contra la sentencia negociada en oscuros recintos palaciegos.

¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia, desconociendo sus propias decisiones como la del 8 de agosto de 1998, les niegue a los ciudadanos velar por el respeto a la Constitución? ¿Cómo es que yo, ciudadano de este país aunque sea de quinta categoría, no puedo ser “parte interesada” cuando de Constitución se trata?

¿Cómo es que el PRD, que es la mitad de la población política del país no tiene calidad para presentar recursos de inconstitucionalidad?

¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia le atribuya ese derecho a dos personas que por demás son altos dirigentes del partido oficial? ¡Es una locura!

Pero además, ¿por qué esperar más de un año para decirle al PRD que no tiene calidad jurídica para presentar el recurso de inconstitucionalidad, si era tan fácil? Bastaba con leer el artículo 67 que le permite de base a la Suprema para su sentencia maldita.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es un paso hacía atrás, un volver al pasado que creíamos superado.

Ha ganado el presidente Fernández que ha evitado ser condenado por violar la Constitución, y ha ganado un sector de la Suprema Corte de Justicia que de una manera u otra será premiado. Pero ha perdido el Sistema Judicial, La Justicia. Ha perdido el pueblo dominicano que creyó superada la etapa de la manipulación y la extorsión de la justicia; ha perdido la institucionalidad; ha perdido la Constitución que nuevamente es tratada como un pedazo de papel de inodoro. Otra vez el poder político ha impuesto su fuerza.

(Me temo que el daño moral que le está causando el Presidente de la República al país no podrá ser superado en muchos años. Que pena).

Dice abandonan a su suerte provincia de SP de Macorís

20 de diciembre de 2008

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Carlos Gabriel García




El doctor Carlos Gabriel García, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusó al presidente Leonel Fernández de abandonar a su suerte a la provincia de San Pedro de Macorís donde, según dijo, el Jefe del Estado no ha cumplido ninguno de sus compromisos electorales.

Manifestó que el doctor Leonel Fernández, desde su primer gobierno (1996-2000), se comprometió a reparar las carreteras que comunican internamente esta provincia y todavía la población espera la materialización de sus promesas de campaña.

Indico que son intransitables las carreteras Cruce de Cayacoa- Los Llanos; Los Llanos- El Puerto; Los Llanos- Quisqueya; Macorís- Ramón Santana y San Pedro de Macorís con la provincia de Hato Mayor. Agrego que la misma situación de deterioro presentan las calles de todos los municipios de la provincia a pesar de que el Presidente Fernández se había comprometido a repararla desde la campaña para las elecciones congresionales y municipales del 2006.

García manifestó que el deterioro de la red vial de San Pedro de Macorís es de tal magnitud,que los gremios choferiles que operan en la provincia se han unido en los últimos días a las protestas y paros de actividades promovidas por los demás sindicatos de la Región Este para llamar la atención de las autoridades sobre este problema.

“El Presidente Leonel Fernández ha sacado a San Pedro de Macorís de la lista de sus prioridades, por esa razón esta provincia no figura en el próximo presupuesto nacional con ninguna obra de importancia.” explicó el dirigente perredeista.

Recordó que el Presidente Leonel Fernández ha prometido en varias ocasiones la construcción de una planta de tratamiento sanitario, el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial sin que hasta la fecha se haya iniciado ninguna de esas obras.

El 40 por ciento de la población está desempleada en La Romana

20 diciembre de 2008

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El 40% de la población, acta para trabajar, se encuentra actualmente desempleada en La Romana, y solamente en el sector zonas francas se han perdido unos 20 mil empleos, según el diputado reformista por esa provincia, Frank Martínez.

Martínez advirtió que la situación ha creado una merma significativa en el desenvolvimiento económico de La Romana, ciudad caracterizada por su influencia turística.

El legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) indicó que eso ha creado graves inconvenientes en la zona, donde los afectados limitan sus compromisos familiares, sobre todo de aquellos que tienen familias numerosas.

Según Martínez, el desempleo que se registra en La Romana, ubicada en la parte Este del país, ha provocado un incremento en la delincuencia. Y lo peor, es que el gobierno no ha dado muestra para solucionar la crisis.

No obstante, Martínez ponderó el trabajo tesonero del Central Romana, que comenzó la construcción de nuevos hoteles, que podría bajar en una buena proporción el desempleo, situación que podría paliar un poco la crisis.

A juicio del congresista, al perder sus empleos, las personas están viviendo de la caridad y del asistencialismo. El ex senador también señaló que la crisis podría agravarse, sí la empresa Cap Cana y otras compañías hoteleras deciden realizar cancelaciones de empleados.

Ex senador propuso un pacto que permita a las autoridades y lugareños buscar soluciones a los problemas, porque de lo contrario, el desempleo podría incrementarse el próximo meses.

Martínez recordó que La Romana es la tercera provincia que más riqueza produce, pero entonces no existe una devolución proporcional. Cuestionó el modelo de Estado y sugirió modificación a la Ley General de Presupuesto, sobre todo los montos destinados a beneficiar a los pueblos y la educación.

También criticó el déficit de aulas que existe en La Romana. Tras señalar que ante la falta de escuelas, cada aula tiene unos 70 estudiantes.

Esto se agrega a los más de 4.000 dominicanos despedidos la semana pasada en las empresas de zona franca, debido a las dificultades que enfrenta el sector por la crisis financiera global.

El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Zonas Francas, Carlos Guillén, dijo a los periodistas que el grupo M comunicó a sus trabajadores el vencimiento de sus contratos.

El grupo M tiene una plantilla de 8.000 empleados, entre ellos 3.000 haitianos que trabajan en la ciudad haitiana de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón, 305 kilómetros al oeste de la capital dominicana. De los 4.000 despidos mil fueron en Haití.

"Todos los cancelados fueron cesanteados y muchos quedaron conformes con la compensaciones recibidas", dijo Guillén.

Según Guillén, el Grupo M, como otros consorcios de zonas francas similares, se ha visto obligado a cancelar una gran parte de sus empleados debido a las dificultades económicas que continúan confrontando por la crisis financiera global.

Conocidas marcas de costura que terminaban sus productos para el mercado de Estados Unidos han despedido a trabajadores debido a la crisis, dijo Guillén.

El sindicalista pronosticó que el año 2009 será difícil para el sector zona franca, porque otras empresas están cerrando operaciones y se prevé que por esas razones continuarán los despidos.

Según Guillén, durante los últimos meses del 2008 se han perdido en la región norte unos 30.000 empleos, y que durante el 2007 y una buena parte de este año fueron cesanteados casi 72.000 obreros del sector.

Agregó que las zonas francas empleaban alrededor de 108.000 trabajadores, pero han perdido su capacidad de captar divisas para el país.

Guillén manifestó que muchos esperan que el gobierno, al igual como hizo con los 900 trabajadores cancelados este mes de la minera Falconbridge, ayude al sector zona franca para que se pueda mantener y crear nuevos empleos.

Ex presidente Mejía asegura conflictos internos no dividirán al PRD


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20 de diciembre del 2008

Hipólito Mejía, ex presidente de la República. (El Caribe)





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Samaná.- El ex presidente Hipólito Mejía aseguró que pese a los conflictos internos que afectan al Partido Revolucionario Dominicano -PRD-, la organización no se dividirá

Llamó a los miembros y simpatizantes de la organización política en esa comunidad ha no hacerle caso a las diferencias existentes entre los dirigentes de la capital.

El ex mandatario entiende que lo más importante ahora es trabajar por la unidad del partido y llevar a la organización al gobierno.

Asimismo, Mejía garantizó que no será motivo de conflictos a lo interno de PRD, resaltando que en la actualidad la situación del país es muy difícil, "por lo que todos los dirigentes del partido debemos luchar por los más necesitados".

Mejía produjo sus declaraciones durante un recorrido realizado por la provincia Samaná en compañía de los dirigentes Juan José Morales, presidente provincial del PRD, Pedro López, presidente Municipal, Ramiro Espino y Roberto Esquea, ex senador y ex diputado de la provincia, así como Inocencio Calcaño, (Chaván), sindico de Sánchez y la ex gobernadora Amada Manzueta, entre otros dirigentes.

HP dice no se debe detener el progreso en la provincia de Samaná


20 de diciembre de 2008

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Samaná. El ex presidente Hipólito Mejía dijo que no hay quien detenga el progreso de esta provincia y recordó que el dinero para la construcción del aeropuerto de Catey y la carretera Santo Domingo-Samaná lo gestionó y lo entregó él. El ex mandatario vaticinó que Samaná será el mejor destino de Latinoamérica y el caribe, "y porque no, del mundo, debido a su belleza natural y principalmente por la calidad de su gente".

Dijo a los presentes que, para lograr esto hay que preparar a sus hijos y los exhortó a garantizar su educación, sobretodo, que lo enseñen a hablar varios idiomas y actividades relacionadas con el turismo.

Sobre el PRD

Al referirse a la situación del Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), aseguró que no habrá división y pidió a los perredeistas de Samaná no hacerle caso a las diferencias de los dirigentes de la capital.

Sostuvo que lo más importante ahora, es trabajar por la unidad del partido y llevar a la organización al gobierno y agregó que no será motivo de conflictos y que la situación del país es muy difícil, "por lo que todos los dirigentes del partido debemos luchar por los más necesitados".

Mejía produjo sus declaraciones durante un recorrido realizado por la provincia de Samaná en compañía de los dirigentes, Juan José Morales, presidente provincial del PRD, Pedro López, presidente Municipal, Ramiro Espino y Roberto Esquea, ex senador y ex diputado de la provincia, así como Inocencio Calcaño, (Chaván), sindico de Sánchez y la ex gobernadora Amada Manzueta, entre otros dirigentes.

Ven fallo caso Sun Land echa por el suelo jurisprudencia SCJ


20 de diciembre de 2008

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La sentencia dictada el jueves por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre el caso de la Sun Land, violenta el artículo 67, inciso uno de la Constitución de la República, y echa por el suelo jurisprudencias de ese organismo mediante las cuales garantizaba el derecho de los dominicanos a presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes o decretos que ellos entendían que eran contrarios a la Carta Magna.

El artículo 67, inciso uno de la Constitución de la República, dice que, “corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los senadores, diputados, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, jueces de la Suprema Corte de Justicia, procurador general de la República, jueces y procuradores generales de las Cortes de Apelación, abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, jueces del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas y los jueces del Tribunal Contencioso Tributario; y de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada”.

Sin embargo, los dominicanos que antes actuaban como parte interesada ya no podrán presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes o decretos, porque la Suprema estableció con el caso Sun Land que esa es una facultad que sólo le asiste al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado.

Pero no sólo eso, la Suprema Corte de Justicia echó por el suelo jurisprudencias de ese tribunal, mediante las cuales reconoció el derechos de esos ciudadanos a presentar recursos de inconstitucionalidad e inclusive les declaró inconstitucional algunos recursos incoados contra leyes y decretos.

Tal es el caso del recurso de inconstitucionalidad presentado el tres de julio del 2000 por Joan Aquino Núñez contra el párrafo cuarto del artículo 81, de la Ley 153-98, que crea el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

En ese entonces, cuando el ingeniero Hipólito Mejía asumió la Presidencia de la República, Aquino Núñez presentó el citado recurso de inconstitucionalidad ante la negativa del doctor Mariano Germán de abandonar la presidencia de Indotel.

Contrario a como ocurrió con el caso de la Sun Land, la Suprema acogió el recurso de Aquino Núñez y lo declaró inconstitucional, lo que dio paso a que el presidente Mejía destituyera a Germán y en su lugar colocara en la presidencia de Indotel al doctor Orlando Jorge Mera.

Esta jurisprudencia para fines de aplicación ya no es valedera, ni puede ser tomada como ejemplo por los abogados en ejercicio, porque con el caso Sun Land la Suprema estableció que recursos de esa naturaleza solo pueden ser interpuestos por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

Explican motivos Cámara de Cuentas cobre doble sin corresponderle

20 de diciembre de 2008

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Los miembros de la Cámara de Cuentas que decidieron aprobarse el pago de la regalía pascual completa de 422 mil 500 pesos, argumentaron que sólo les faltaban siete días para cumplir los tres meses y tener derecho a ella, y que ese era un tiempo “insignificante” para no cobrar ese bono.

Entre bono navideño y sueldo del mes con incentivos, cada miembro de la Cámara de Cuentas cobró este mes 845 mil pesos.

Miembros de la Cámara habrían cobrado también regalía en las instituciones del Estado en que prestaban servicios antes de ser designados en el organismo fiscalizador de los fondos públicos.

Los miembros de la Cámara de Cuentas fueron nombrados por el Senado el 7 de octubre y posesionados dos días después.

Se argumenta que el reglamento de la Cámara autoriza el pago completo de la regalía a los funcionarios con tres meses en el cargo.

La presidenta del organismo, doctora Licelot Marte de Barrios, defendió ayer su honradez y la de sus compañeros en el organismo, y prometió una respuesta la semana próxima sobre el cobro de la regalía pascual.

Antes de su designación, Marte de Barrios trabajaba en la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); los doctores José Attías Juan y Ernesto Jorge Suncar Morales, en la Junta Electoral del Distrito Nacional; Iván Amílcar Rondón Sánchez como asesor presidencial de Sguridad Social; Pablo Domingo del Rosario, vicepresidente de Seguros Banreservas, y Juan José Heredia Castillo, miembro del Consejo del Departamento Aeroportuario.

El licenciado Juan Luis Séliman no figura, porque no trabajaba en ninguna dependencia oficial.

En un expediente entregado a los medios de comunicación hay un oficio del 11 de este mes firmado por Marte de Barrios y Rondón Sánchez, secretario de la Cámara de Cuentas, dirigido a la licenciada Evelyn de la Cruz, encargada de Soporte Técnico de Banca Electrónica del Banco de Reservas, donde se pide la autorización para el pago de la regalía.

Precisa que el reglamento de la Cámara de Cuentas establece en su artículo 33 que la regalía pascual sólo se otorgaría a los empleados y funcionarios con más de tres meses en el cargo, y por eso sus actuales jueces no calificaban para ese beneficio.

También se ha denunciado que la Cámara de Cuentas habría solicitado a la Secretaría de Hacienda tarjetas de crédito para cada miembro con un límite de 5 mil dólares y 150 mil pesos mensuales.

Se explicó que ese derroche no se corresponde con el estado de emergencia en que fue declarada la Cámara de Cuentas y el pedido que hizo ese organismo al Senado para que se le aumentara 100 millones de pesos adicionales a los consignados en el Presupuesto del 2009.

Además, que la Cámara suprimió las regionales de Santiago, Azua y La Romana, dentro de lo que denominó un plan de ahorro por la difícil situación económica en que se encuentra.

Concluye que los miembros de la Cámara de Cuentas no parecen haber asimilado la experiencia que terminó en la destitución de sus antecesores.

Jueces SCJ motivan oposición a sentencia

20 de diciembre de 2008

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Tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideraron que ese tribunal debió declarar admisibles los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los préstamos millonarios concertados entre el Gobierno y la empresa Sun Lang.

“Somos de opinión que en la especie el tribunal debió declarar admisibles las acciones de que se trata y abocarse al conocimiento del fondo de las mismas, a fin de determinar su procedencia o no, ya que a nuestro juicio no existe ninguna causa que determine su inadmisibilidad”, consideraron los jueces Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Anibal Suárez

Los jueces señalan que la decisión adoptada constituye un impedimento al acceso a la Justicia, lo que vulnera el principio de la protección jurídica de los derechos y de las garantías procesales, reconocidos por la Constitución dominicana y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, para cuyo ejercicio han sido instituidos en el país el recurso de amparo y el “Ombudsman” ó Defensor del Pueblo.

Los jueces Jorge Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita Tavárez, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes, Dulce María Rodríguez de Goris, Victor José Castellanos, Edgar Hernández, Darío Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José Hernández Machado votaron a favor de la inadmisibilidad.

Bergés Dreyfous, Esmurdoc y Suárez precisan que la SCJ, actuando como Corte Constitucional no puede abandonar ni restringir el concepto de parte interesada que ha sido consagrado y mantenido a partir de la sentencia pronunciada el 8 de agosto de 1998.

El primer préstamo fue de 130 millones de dólares, ejecutado por la Oficina Supervisora de Obras del Estado, para obras de infraestructura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y el segundo fue por 200 millones de dólares. Lo firmó en junio de 2006 la Secretaría de Obras Públicas, pero no llegó a ser ejecutado.

La sentencia del 8 de agosto de 1998 estableció “que en armonía con el estado de derecho que organiza la Constitución de la República, y los principios que le sirvieron de fundamento al constituirse la sociedad dominicana en nación libre e independiente, entre ellos el sistema de control de la constitucionalidad por vía de excepción, hoy ampliado mediante la instauración en 1994, con el derecho a demandar la inconstitucionalidad de la ley por vía directa, debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos”.

Precisan que la acción directa en inconstitucionalidad se erige en una verdadera acción popular en la que cualquier individuo puede ejercer la acción en inconstitucionalidad, sin que tenga que alegar en el proceso la vulneración de algún derecho, interés o bien jurídico protegido que se encuentre dentro de su esfera patrimonial.

Indican que en el Derecho Constitucional el interés, contrario a lo que ocurre en Derecho Civil, no es la medida de la acción sino la lesión o vulneración de la Constitución.

“El criterio de que la inconstitucionalidad o nulidad de un acto comprendido en el artículo 46 de nuestra Carta Magna por el no cumplimiento de un trámite requerido, sólo puede ser solicitado por el órgano de la administración pública ante el cual deba realizarse el mismo, al tiempo que limita el acceso a la Justicia de los ciudadanos, como se ha expresado anteriormente, impide que las acciones puedan ser ejercidas en caso de que los funcionarios frente a los cuales tenga que realizarse la gestión coincidan en dicha omisión, lo que hace surgir un estado de inercia que no pueda ser vencido por la ciudadanía”, señalaron.

Consideran que lo decidido en la sentencia de inadmisibilidad puede dar como resultado que se contraigan obligaciones a cargo del Estado al margen del control congresional y judicial, desconociendo el equilibrio que debe primar entre los poderes del Estado y frente a los cuales la ciudadanía estaría privada de ejercer acción alguna.

El caso Sun Land y el clamor del doctor Jorge Subero Isa para que se instaure un nuevo liderazgo en la Suprema Corte de Justicia, pusieron de manifiesto la existencia de tres corrientes que inciden en la toma de decisiones del más alto tribunal de justicia dominicano.

Esos tres grupos, al decir de los propios jueces, los encabezan el doctor Subero Isa, el magistrado Rafael Luciano Pichardo y la magistrada Eglys Margarita Esmurdoc.

“Sólo hay que recordar el caso de hace unos años cuando se le concedió la fianza a Pepe Goico. En esa ocasión, y todo el mundo lo sabe, el presidente de la Suprema y Luciano Pichardo tuvieron a punto de irse a las trompadas”, dijo un informante.

Anje define lamentable dictamen caso Sun Land



20 de diciembre de 2008

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El presidente de Asociación entiende que con la decisión nunca se va a “llegar al fondo”

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Ricardo Bonetti, consideró lamentable la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre el caso de la Sun Land.

Bonetti entiende que con la decisión nunca se va a “llegar al fondo”, en cuanto a saber si hay algún aspecto inconstitucional en los contratos relacionados con el caso en referencia.

El jueves pasado la SCJ declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad elevado por el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo en el caso del contrato firmado entre el Estado y la firma Sun Land, por un monto de US$130 millones.

Dijo que Anje siempre ha abogado porque los temas inconstitucionales sean transparentes.

Bonetti se refirió al tema al ser entrevistado junto a Miguel Antonio Roig en el programa Telematutino 11, por Telesistema, canal 11.

Informó que la comisión de justicia de Anje en los próximos días revisará a profundidad la sentencia en referencia para luego dar a conocer públicamente su posición “en cuanto al fondo en sí” del caso.

En otro orden, los directivos de Anje alertaron que el proyecto de reforma constitucional que se encuentra en proceso de revisión en el Congreso se inclina a dividir los poderes del Estado.

Entienden que esto debilita la fuerza judicial que nos ha tomado tanto tiempo lograr que funcione.

Ambos directivos se refirieron, además, al proyecto de Presupuesto y Ley de Ingresos y Gastos Públicos, el cual dijeron en términos generales, no es un proactivo, desde el punto de vista de las necesidades económicas del país.

En ese sentido, resaltó que en Anje siempre han estado firme en cuanto a que el gasto público debe tener objetivos claros y deben usarse los recursos donde mayor productividad tengan.

Educación. Bonetti explicó que Anje siempre ha exigido que se cumpla la ley, estableciendo una inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación.

Crisis. Para Bonetti y Roig, ante la situación de crisis financiera global, tanto el gobierno como el sector privado tienen que enfocarse en el trabajo para que la crisis tenga el menor efecto posible.

Bonetti recomendó usar los recursos económicos de forma eficiente, con énfasis en reducción de gastos.

Roig, por su parte, resaltó que la crisis financiera global presenta oportunidades para el país en el 2009, las cuales para aprovecharlas, los sectores públicos y privados deben enfocarse en trabajar y ser eficientes en los negocios.

Dijo que las empresas locales que dependen de las ventas en el exterior, exportaciones, ya están sintiendo efectos de la crisis, pues hay menos demanda de productos.

De su lado, Bonetti, declaró que los efectos de la crisis se van a sentir a partir del 2009. Expresó que hasta septiembre y octubre de 2008 en las empresas locales los efectos que más sintieron fue de medidas internas. Bonetti y Roig se refirieron, además al problema eléctrico y recomendaron tomar en cuenta una propuesta que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Zoom

Agenda Anje

Entre los puntos de agenda que Anje trataría de impulsar en el 2009 está la institucionalidad, en el sentido de reclamar el cumplimiento de las leyes, como por ejemplo la referida a corrupción y la de competitividad, dijo Ricardo Bonetti.

Educación

Anje seguiría en 2009 exigiendo más inversión para educación.

Ciudadanos creen fallo Sun Land debilita al poder judicial



20 de diciembre de 2008

www.hoy.com.do


La mayoría de los encuestados objetó el fallo que declaró inadmisible el recurso

“La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es una vergüenza. Es burlar el deseo de justicia del pueblo”. Así respondió ayer la escritora Inoemia Villar, cuando se le preguntó su opinión sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

El tribunal, con el voto disidente de tres jueces, declaró inadmisible el recurso en inconstitucionalidad sometido por el PRD y el Foro Social Alternativo contra el contrato de préstamo por US$130 millones no sometido al Congreso sino autorizado por el presidente Leonel Fernández con la empresa Sun Land, a través del supervisor de Obras del Estado, Félix Bautista. Un abogado, Bernardo Vásquez, respaldó por “equilibrado” el dictamen, objetado por los magistrados Julio Aníbal Suárez, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés. Sostuvo que, al actuar así, el tribunal no puede ser acusado de parcial, mucho menos por políticos que según él trataban de imponerle criterios jurídicos. Pero el empresario Samuel Dicló contestó que “ese fallo fue una falta de respeto a la ciudadanía”, y que la SCJ tenía una oportunidad para que se confiara en ella, pero lo manifestó una dualidad.

Otro abogado, Joel Pérez García, dijo que la sentencia fue ambivalente, pues por un lado indica que el gobierno debió someter el préstamo al Congreso y, por otro, declara inadmisibile el recurso, al quitarle calidad jurídica a los solicitantes. Cree que fue complaciente al gobierno.

Benjamín Reynoso, administrador de empresas, dijo que la Suprema Corte de Justicia no tuvo criterio de la justicia y que, en consecuencia, actuó guiada por intereses particulares.

Zoom

El peor precedente

Los jueces que antes de ayer votaron en contra de la solicitud de la declaración de inconstitucionalidad del préstamo con la Sun Land, que involucra US$130 millones, creen que sólo los presidentes de las cámaras legislativas pueden elevar el recurso que intentaron por separado el PRD y el FSA. En respuesta a este parecer y al fallo, Maribel González dijo que no le sorprende la decisión, que no esperaba que la SCJ alcanzara la madurez y niveles de independencia política requeridos.


Gran rechazo a la sentencia de la SCJ

20 de diciembre de 2008

www.elcaribecdn.com

Un día después del dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad incoado contra el préstamo oficial de US$130 millones con la empresa Sun Land Corporation, los debates siguen encendidos

Mario Read Vittini.(Archivo El Caribe)


Tomás Castro.


José Fernando Pérez Vólquez.


Julio Cury.





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Análisis de Finjus por fallo Sun Land


“Político”, “nefasto” y “desacertado” son algunos de los calificativos utilizados por varios juristas para referirse al fallo que deja sin efecto los recursos de inconstitucionalidad sometidos hace un año por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo, contra el controversial empréstito de US$130 millones contraído por las presentes autoridades a la empresa The Sun Land Corporation.

El jurista Mario Read Vittini considera que la decisión del máximo órgano judicial se hizo conforme a procedimientos jurídicos-legales que no se ajustan a los términos del sistema.
“Lo que primó fue el interés de proteger al Presidente de un juicio ordinario o de un juicio político”, observa.
“En este caso, si la Suprema declara la inconstitucionalidad de ese proceso de préstamo, quedarían ellos entonces como un robo, usando el nombre del Estado para recibir ese dinero y ser usado en lo que le da la gana, sin que haya ningún tipo de proceso regular”, reflexiona Read Vittini.

Recuerda que cualquier ciudadano tiene calidad para reclamar la inconstitucionalidad respecto a un hecho o acción que atente contra el mandato constitucional. “Por eso, digo que no confío en esa Suprema.
Son mis amigos y los aprecio mucho, pero no están actuando conforme a sus responsabilidades, excepto los tres que tuvieron el coraje de disentir de esa decisión”, criticó el jurista.

El abogado Tomás Castro también va en la misma dirección: “En el caso de la especie, la Suprema yerra en el sentido de que cuando se trata de la vulneración de la Constitución de la República, hasta de pleno derecho, sin que nadie se querelle, la Suprema Corte de Justicia puede hacerlo (declarar la inconstitucionalidad) a motu proprio, por tratarse de un asunto de carácter constitucional”, entiende.

Añade que la única sanción que tiene la justicia dominicana contra las decisiones que tome el Poder Ejecutivo o funcionarios administrativos, de actos que violan la Constitución, es, precisamente, la declaratoria de inconstitucionalidad.
“Evidentemente, la Suprema Corte de Justicia ha sentado un precedente funesto, porque entonces le está diciendo a los ciudadanos, que cuando se enteren de la comisión de un crimen o delito, o de un hecho que ellos entiendan violatorio de la Constitución de la República, no tienen calidad para interponer la inconstitucionalidad”, cuestionó Castro.

El presidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, se une a los planteamientos críticos respecto al fallo que neutraliza los intentos del PRD y del Foro Social Alternativo de invalidar el préstamo de 130 millones de dólares.

“Es una decisión muy penosa. Desde siempre, la principal función de la Suprema es ser protectora de los derechos constitucionales”, indica. Razona que esta sentencia contraviene la decisión tomada por el alto tribunal en el año 1998, de que cualquier ciudadano podía incoar un recurso de inconstitucionalidad por la vía directa.

“Entonces, este es un precedente de mucha pena. Es una lástima ver que la honorable Suprema Corte de Justicia desnaturaliza lo que ha sido ese precedente y deja de preservar su mayor misión, que es ser guardiana de la Constitución de la República”, lamenta.
Contrario a estas opiniones, el abogado Julio Cury valora que se trata de una sentencia jurídicamente correcta, porque reafirma la necesidad del interés como causa de admisibilidad de todo proceso judicial.
“Más claramente, nuestro tribunal de mayor jerarquía ha reiterado su criterio, con impecable rigor jurídico, de que para poder ejercer una acción en justicia es preciso justificar un interés jurídico y legítimo, de modo que solo aquel contra quien se ha atentado en el goce de una situación jurídica, o a cuyo favor la ley inviste con la facultad de exigir su cumplimiento, puede ejercerla.
En este caso, el PRD y el Foro Social Alternativo no tenían más que un interés indirecto”, dijo.
PRD asegura que el caso no ha perecido
El PRD advirtió ayer que pese a la sentencia, el proceso judicial de la Sun Land no ha perecido ni clausurado. “El caso de la Sun Land no lo cierra la Suprema Corte de Justicia, muchos menos con sentencias que responden a criterios del pasado”, expresa en un documento el presidente del PRD, Ramón Alburquerque.

Indicó que el caso de la Sun Land “concluirá cuando un juez, de manera irrevocable, administre justicia, independiente e imparcial, y sanciones a los responsables, hoy cobijados bajo la sombra del poder”.
Dijo que con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia el PRD se siente con su conciencia tranquila, al tiempo de afirmar que con la misma le hizo un gran servicio al país. La entidad política asegura que la sentencia de la SCJ constituye un atentado al estado de derecho en el país.
Aseguran Suprema se contradice
La mayoría de los abogados participantes en esta discusión coincidieron en que con este dictamen la Suprema Corte de Justicia echó a un lado lo que ella misma aprobó el 8 de agosto del año 1998.
Para esa fecha, mediante sentencia, la Suprema estableció que “en armonía con el estado de derecho que organiza la Constitución de la República y los principios que le sirvieron de fundamento al constituirse la sociedad dominicana” cualquier persona tiene facultad de perseguir la declaratoria de inconstitucionalidad de algún acto público que no esté acorde con la Ley Sustantiva.

Miguel Vargas recibe masivo respaldo de la dirigencia del PRD en Santiago

20 de diciembre de 2008

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SANTIGAGO.-Miguel Vargas agradece el respaldo de la abrumadora mayoría de la dirigencia y las bases del PRD en Santiago
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El ingeniero Miguel Vargas cerró el año político en Santiago con actividades que incluyeron el apoyo de unas 700 dirigentes de la mujer perredeísta y un encuentro en el que más de 2 mil 300 dirigentes provinciales, municipales, zonales y lo consideraron la única opción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para retornar al poder.

Vargas congregó a media mañana a centenares de dirigentes de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas que le proclamaron su apoyo para que presida el partido en la convención de junio próximo y le adelantaron su respaldo como candidato presidencial para las elecciones de 2012.

Encabezaron el acto de apoyo a Vargas estuvieron la diputada Fidelia Pérez, Sandra Grullón, Milagros Rodríguez, Zoila Rojas, Larissa Fernández, Zoraida Cabrera, Josefina Gil, Carmen Aleyda García, Margarita Tejada, Olivia Liz, Lucía Tejada, Rosanna Polonia, Pura Milagros y Maritza Feliz de Grullón.

Además Dilenia Santos, Zoila Cruz Corona, Magdalena Rodríguez, Velia Abinader, Julia Colón, Zunilda Almánzar, Antonia Reynoso, Elsida Díaz, Josefina de León, Yolanda Jaquez, Sandra Grullón de Abott, Ivelisse Taveras y Miriam Cruz, entre otras dirigentes fundadoras de Fedomusde, municipales, zonales y regionales.

Hacia el medio día Vargas encabezó un masivo acto en Puñal, en el que participaron el anfitrión, el destacado empresario Frank Marte, el presidente provincial diputado Ulises Rodríguez, los también diputados Papo de León, Fidelia Pérez y Ángel Acosta, los 6 presidentes regionales y 45 de los 49 presidentes zonales del municipio.

Estuvieron también Frank Joseph Thomén, Papín Domínguez, los doctores Daniel Rivera y Plutarco Arias, Yovanny Tejada, Ulises Polanco, Julio Benoit, Elías Serulle, Nelson Peralta, el ex gobernador Ramón Gómez, Antonio Gómez Díaz, Nelson García, Andrés Cueto, el presidente de la Asociación de Abogados, Max Álvarez, Fernando Quiñones, el general retirado Pedro Toribio y otras personalidades.

A prima noche sostuvo un encuentro con comunicadores, en el que Vargas envió una felicitación navideña a todo el pueblo dominicano, y reiteró su determinación de continuar trabajando para que se abran nuevos horizontes de bienestar y prosperidad para todos los dominicanos y dominicanas.

Deploró que el año cierre con un grave déficit institucional, que se completa con la decisión de la Suprema Corte de crear el negativo precedente de que un Presidente de la Republica puede endeudar al país sin consultar al Congreso, siendo exonerado por el Poder Judicial si tiene la suerte de que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado sean de su mismo partido.

Refiriéndose a la desestimación de la Suprema Corte del recurso de inconstitucionalidad elevado por ante la Suprema Corte por el préstamo de 130 millones de dólares contraído por el Poder Ejecutivo sin consultar al Congreso, Vargas expuso que "estamos frente a una aberración que el país no puede aceptar, porque está en juego el principio fundamental de la separación de los poderes, con un Ejecutivo usurpando las funciones del Congreso, sumado a la vergüenza de un Poder Judicial que reniega a su independencia y se subordina a los desaciertos políticos y económicos del Presidente", concluyó.