La Suprema. Consideran propuesta de reforma al sistema judicial es una expresión de inconformidad del gobierno con el órgano investido por la Constitución de la República para cuestionar y controlar su poder: la SCJ.
Del proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso Nacional, el tema sobre el sistema judicial es el que mayores debates ha concitado.
Y si bien es cierto que expertos en el tema no logran ponerse de acuerdo en torno a la creación de una Sala Constitucional, son coincidentes al opinar que la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo no es más que producto de su “inconformidad” respecto del papel que como guardián de la Constitución, tiene la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Así lo expusieron ayer los juristas Nassef Perdomo Cordero, Olivo Rodríguez Huertas y Cristóbal Rodríguez Gómez, durante el foro que para analizar el “control constitucional” celebró la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con los auspicios del periódico HOY.
Perdomo Cordero señaló que el control de la constitucionalidad defiende la supremacía de la Constitución y su papel como norma ordenadora del sistema político jurídico, y dijo que eso no se garantiza con la creación de una Sala Constitucional, porque las decisiones de ésta siempre estarán sujetas a la posibilidad de que el pleno de la SCJ decida anularlas.
En ese sentido consideró que lo más provechoso sería la creación de un Tribunal Constitucional autónomo.
En cambio, Rodríguez Huertas abogó por el mantenimiento del actual sistema, y dijo que lo que a él le preocupa es que la posibilidad de cambio comenzara a discutirse después de que la SCJ se pronunciara de manera clara sobre el derecho a la Información Pública y ordenara la entrega de documentos (requeridos por Huchi Lora sobre el Metro), y el caso de la Sunland que dividió a la SCJ y fue motivo de mucha preocupación desde el Poder”.
Asimismo, puso en duda que la creación de nuevas instancias judiciales sean la “panacea para hacer prevalecer la supremacía constitucional.
“De manera que nosotros en la República Dominicana nos inscribimos, bueno o malo, en un sistema en el que coexisten tanto el control difuso como el control concentrado de la constitucionalidad”, puntualizó.
Coincidente con Perdomo Cordero fue la posición de Rodríguez Gómez sobre la conveniencia de un Tribunal Constitucional independiente.
Ambos juristas hicieron énfasis en la necesidad que la instancia encargada de conocer y juzgar los casos de inconstitucionalidad esté conformada por especialistas en la materia, lo cual no ocurre en el esquema actual donde jueces penales, civiles, laboristas y otros, son los responsables de impartir justicia constitucional,
Afirmó que la jurisdicción constitucional constituye el principal instrumento de garantía para la efectiva realización del principio de supremacía constitucional, y del orden de valores que conforman el Estado de derecho en los sistemas constitucionales del mundo actual.
“En el caso de la República Dominicana una jurisdicción constitucional especializada está llamada a desempeñar un papel de primer orden”, subrayó.
Proyecto inconsistente
El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó como “inconsistente” el proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional.
Afirmó que de aprobarse como está la reforma a la Carta Magna, el Congreso dejará de ser lo que constitucionalmente debe ser “y se convertirá en un congreso de los partidos”.
“Nuestros congresistas están empoderados de cuál es la discusión y están, yo diría que suficientemente edificados y capacitados para desde el Congreso sostener cualquier tipo de decisión, lo que no puede ser es que esto (el proyecto) se conozca como se sometió, esto es un proyecto inconsistente”, dijo Castaños Guzmán.
Abogó porque los debates sobre la pieza legislativa sean grabados, a fin de que cuando reposen en el Archivo de la Nación donde tiene que ser remitida, el pueblo pueda enterarse de todo cuanto pasó allí.
Al foro FINJUS-HOY asistió un nutrido grupo de profesionales del derecho, entre ellos el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, doctor José Fernando Pérez Vólquez, y los doctores Rafaelina Peralta, ex juez de la Junta Central Electoral, Manuel Olivares, y Vásquez Perrota.
Los protagonistas
Nassef Perdomo
Licenciado en Derecho
Perfil. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y tiene un diplomado de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de una publicación sobre “La discriminación racial en el ordenamiento jurídico dominicano”. En la actualidad es subdirector académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y miembro de la junta directiva del Consejo Nacional de Drogas (CND).
Olivo Rodríguez
Licenciado en Derecho
Perfil. Graduado de la Universidad Eugenio María de Hostos. Posee tres postgrados de las universidades San pablo-CEU, de Madrid, Castilla-La Mancha, España, y de la universidad de Salamanca. Es vicepresidente del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), consultor nacional del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), y profesor de la cátedra de derecho en UNIBE y en la PUCMM.
Cristóbal Rodríguez
Licenciado en Derecho
Perfil. Se graduó en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y obtuvo un diplomado en sistema político y reforma constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Es encargado del Sistema de protección y Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes, y profesor de historia del derecho dominicano en UNIBE.
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