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17 de noviembre de 2008
www.hoy.com.do
Indicó que algunos de sus compañeros se resisten a toda posibilidad de cuestionamiento de los problemas que deben ser de conocimiento de la población.
Consideró que los problemas sólo se resuelven en la medida en que se discutan como enseñó el profesor de Juan Bosch “que se barren hacia afuera”.
Segura Martínez descartó que el partido lo pueda sancionar porque lo único que ha hecho es poner en alerta sobre rumores de hechos ilegales e inmorales.
Dijo que para sancionarlo, como quiere el senador por la provincia Hermanas Mirabal, tiene que existir un expediente que lo justifique y que no ha violado ninguna ley ni norma del partido.
“Yo pienso que es una manera de intentar acallar, y eso es antidemocrático”, manifestó el legislador.
Advirtió que la actitud de Rojas Canaan lo que hace es motivar a desempolvar otras cosas que puedan preocuparle más a él y a la misma nación.
Dijo que si por él fuera no se hablara más del tema porque de todos modos el préstamo se aprobó.
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17 de noviembre de 2008 www.elnuevodiario.com.do | |||||||||||||||||||||
- Los departamentos de asuntos económicos y de energía del PRD acusaron al sector eléctrico del gobierno de mentirle país sobre las bondades del Acuerdo de Madrid con el fin de ocultar su fracaso producto de la incompetencia de sus funcionarios, publicitando l declaraciones incompletas, falseadas y maliciosas con relación al mismo. Los técnicos perredeistas acusamos a los funcionarios del gobierno de mentir a la población, al negar que el Acuerdo de Madrid fue la opción viable y menos onerosa para el país con la que se corrigió en parte y hasta en lo posible, el ruinoso modelo de capitalización recibido en agosto del año 2000 sustentado en contratos irresponsablemente negociados. Martín Robles y Arturo Martínez Moya dijeron al mismo tiempo que este Acuerdo ha sido un pilar fundamental para la sostenibilidad del negocio eléctrico en el corto y mediano plazo. La Comisión Eléctrica del PRD plantea que el gobierno, en lugar de retorcer los hechos, tratando de ocultar su incapacidad y fracaso en el manejo de la crisis del sector eléctrico, asumir un papel más comprometido con el conocimiento y la profesionalidad que exigen los tiempos y estudiar el contenido del Acuerdo de Madrid propiciando el diseño, mejoras e implantación de negociaciones similares que permitan avanzar en la solución definitiva del problema eléctrico, ante el requerimiento indispensable de crear las condiciones para las nuevas inversiones del orden de los ocho mil millones de dólares en los próximos diez (10) años. Recordaron que desde los mismos inicios de la privatización, las empresas distribuidoras recurrieron a todo tipo de actividad en procura de obtener una reducción del precio de compra de la energía eléctrica, para mantenerse con vida en virtud de que el modelo de la privatización había demostrado tener una estructura de precios y de gestión empresarial infuncional, incompleto, oneroso para el país y sostenido a base de subsidios gubernamentales. Argumentaron que producto de la fórmula irracional e insostenible de ajuste (indexación) de precio del combustible en los contratos de compra de energía firmados en 1999 por la CDE, el gobierno debía pagar sobre 200 millones de pesos mensuales, lo que es manejado maliciosamente mediante una millonaria campaña publicitaria atribuyendo su fracaso al Acuerdo de Madrid, tratando de confundir y no asumir responsablemente sus propias faltas. "Para nosotros, resulta incomprensible e insólito el llamamiento propagandístico del equipo eléctrico del PLD, cuando acusa a los "generadores" de sobre beneficiarse del costo de la electricidad, cuando irrefutablemente es el propio gobierno que sería el mayor beneficiario, ya que la CDEEE participa en el llamado Acuerdo de Madrid como entidad generadora de energía y recibió en esta negociación contratos por 360 megavatios equivalentes a un 31% del total de los 1,160 megavatios negociados. Dijeron que el gobierno es el mayor receptor de esos beneficios ya que maneja el 60% del sector del Acuerdo de Madrid por lo que las empresas capitalizadas mantuvieron contratos por 650 megavatios (EGE HAINA con 350 y EGE ITABO con 300 megavatios) Por tanto, en razón de la asociación de capital con el socio privado, el Gobierno es dueño de la mitad (325 megavatios) de ambas generadoras, por consiguiente, el Gobierno es el mayor beneficiario del Acuerdo de Madrid al tener en total el 59 % de los mismos. Y la generadora Palamara-La Vega mantiene contratos por 150 megavatios. Explicaron que para la CDE, los contratos realizados bajo el Acuerdo de Madrid tuvo el doble objetivo de reducir los precios de compra de energía de las distribuidoras a los generadores y, por otro lado, posibilitar la transferencia al mercado de los onerosos contratos de CDE con los generadores privados independientes (los llamados IPP). Para los técnicos del sector eléctrico del PRD los beneficios del Acuerdo de Madrid son los siguientes. Disminuyó el efecto oneroso de la fórmula de ajuste de precio de la electricidad y el componente combustible introducido en los contratos de la capitalización. i) Se modificó el porcentaje de participación del combustible como elemento ajustador de precio, de cien por ciento existente en dicha fórmulas a solo 70 %; ii) Se cambió el tipo de combustible de Fuel-oil #2 (gasoil), considerado de alta volatilidad y generalmente caro, a Fuel-oil #6 (combustible de menor precio de mercado y menor volatibilidad); iii) Se diversificó la participación de los combustibles utilizados (incluyendo carbón y gas natural) en la fórmula de ajuste de precio, reflejando la verdadera mezcla o variedad de combustibles utilizados en la generación eléctrica dominicana; Redujo en 36% el precio al que las distribuidoras compran energía al generador, mejorando el flujo de caja de las distribuidoras en más de 100 millones de dólares anuales y reduciendo las excesivas ganancias de los generadores, con el acuerdo de estos mismos generadores sin seminarios ni discursos; Eliminó el subsidio gubernamental a los productores de electricidad por un equivalente a más de RD$200 millones mensuales, lo cual disminuyó la presión por el aumento de impuestos, mediante la terminación de la llamada Resolución 283; Permitió el traspaso de los onerosos contratos de los generadores privados independiente (IPP) al mercado con ahorro para la CDEEE superior a los RD$150 millones mensuales, de nuevo disminuyendo la presión fiscal; Valorizó los contratos existentes, de tal forma que comenzaron a ser aceptados como garantía frente a la banca internacional y local, provocando la entrada de inversión que se hizo concreta y productiva en 500 megavatios de nueva y eficiente capacidad de generación (gas natural y carbón), financiamientos para nuevos proyectos para el abaratamiento de mediano y largo plazo de la electricidad (pinalito, minicentrales, autopista eléctrica, etc.), reforzó el papel del sector privado en el negocio y equilibró las finanzas del mercado de electricidad; Acercó la fórmulas y el precio del peaje de transmisión al valor real que permitía operar y expandir adecuadamente la red de transmisión que constituía un poderoso cuello de botella para la expansión del sistema eléctrico, lo cual había sido totalmente olvidado al inicio de la capitalización; Sentó la base para cambiar la composición de la tecnología y la mezcla de combustibles del parque de generación eléctrica dominicano, lo cual se concretizó en que de una dependencia del 90% en electricidad a base de petróleo en el año 2000 pasáramos a apenas 55% en el año 2004; Transparentó las relaciones comerciales y financieras entre el gobierno y las empresas eléctricas privadas, con lo cual se redujo sustancialmente la posibilidad de corrupción por parte de los funcionarios gubernamentales, en particular los de la CDEEE; Afirmaron que en la gestión del PRD la CDEEE se concentró en la transmisión e hidroelectricidad, modernizando y duplicando la red de transmisión eléctrica adicionando unos mil kilómetros de nueva líneas de transmisión y 900 MVA de capacidad de transformación (subestaciones eléctricas), con una inversión que sobrepasó los siete mil millones de pesos. Es decir, se realizó en 4 años (2000-04), lo que todas las administraciones anteriores necesitaron 44 años. Así mismo, producto de una inversión de más de diez mil millones de pesos en la recuperación de la capacidad de generación hidroeléctrica estatal, la cual pasó de 125 megavatios en el año 2000 a 450 en el 2004. Para los técnicos perredeistas, cuando se suman los beneficios originales y los que aun se acumulan del Acuerdo de Madrid y se comparan las pérdidas en subsidios y aportes por unos cinco (5) mil millones de dólares en los últimos cuatro años que ha provocado la errática política eléctrica del gobierno de Leonel Fernández, se entenderá mejor la verdadera razón por la que sus funcionarios tienen la patológica obsesión de falsear la realidad culpando al Acuerdo de Madrid de todos los males. |
17 de noviembre de 2008 www.eldia.com.do | ||
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SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, manifestó ayer que esa organización discutirá en sus organismos internos la factibilidad de mantener o no el voto preferencial en las elecciones de medio término de 2010. |
17 de noviembre de 2008 www.clavedigital.com | |
De acuerdo con Latinobarómetro, el 35% de los dominicanos considera que la lucha anticorrupción no ha progresado | |
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De cada 100 funcionarios públicos más de 75 son corruptos, según indican los estudios llevados a cabo en el país por la Corporación Latinobarómetro. República Dominicana se coloca en el cuarto país con más desconfianza en los funcionarios, al alcanzar un 75.7 por ciento, superada por la apreciación de Honduras (80.6%), Guatemala (76.2%) y Argentina (76.0%). Además, sólo el 35 de los mil encuestados en República Dominicana entiende que ha progresado la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, mientras que el 23 por ciento confía en el buen funcionamiento de las entidades, de acuerdo al Latinobarómetro. El estudio también trató de averiguar si la corrupción se concentra más en quienes ejercen funciones políticas y ahí encontró que 56 por ciento de los dominicanos considera que los políticos son más corruptos que el resto de la sociedad. El país latinoamericano que más sospecha de los políticos es Paraguay (74%), seguido del 68% de los colombianos, del 66% de los brasileños, 63% de los peruanos, el 61% de los ecuatorianos. A pesar de estos resultados, cada día disminuye la percepción de corrupción en los funcionarios y políticos de Latinoamérica, al reducirse en el 2008 a 15 por ciento, en comparación con el 19 por ciento del 2007 y el 16 por ciento del 2006. Esto se refleja en que sólo el 11 por ciento de los dominicanos conoce algún caso de corrupción en los últimos doce meses, superado por el 53 por ciento de Brasil, el 26 por ciento de México y el 22 por ciento de Costa Rica y Venezuela, según el Latinobarómetro. Sobornos a policías y jueces Para la población, la corrupción no sólo es un mal que afecta el funcionamiento de las instituciones públicas y a los políticos, debido a que el 51 por ciento de los encuestados dominicanos considera que tiene probabilidades de sobornar a un agente policial, de acuerdo al Latinobarómetro. Sin embargo, sólo 43 de cada 100 dominicanos entienden que tienen posibilidades de comprar a un juez, lo que muestra que tienen más confianza en las funciones y en la integridad de la Justicia que en las del cuerpo del orden. En comparación con los demás países de Latinoamérica, el 61 por ciento de los residentes de Paraguay cree que puede sobornar a un policía, seguido del 60 por ciento de Venezuela, 59 por ciento de Argentina, el 58 por ciento de Perú, 55 por ciento de México y 54 por ciento de Brasil, según el Latinobarómetro. En cuanto al Poder Judicial, los venezolanos y los argentinos son los que más probabilidades tienen de comprar a un juez, con un 54 por ciento, en comparación con el 47 por ciento de Paraguay y Perú, el 45 por ciento de México y el 44 por ciento de Guatemala. La Corporación Latinobarómetro es una organización asociada a los países de Latinoamérica. En República Dominicana, la encuesta fue aplicada a mil personas, con un margen de error de tres por ciento, por la empresa CID-GALLUP. |
Sólo 23% de los dominicanos confía que la situación económica del país mejorará en 2009 | |||
Según el estudio, 93 de cada 100 dominicanos están preocupados por los altos precios de los alimentos, mientras que 42 por ciento teme perder su empleo | |||
Pamela Castillo/Clave Digital | |||
lunes, 17 de noviembre de 2008 | |||
17 de noviembre de 2008 www.clavedigital.com SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En medio de los dilemas y del optimismo del Gobierno sobre los efectos de la crisis financiera en el país, las expectativas personales sobre un mejoramiento de la economía dominicana para el año 2009 apenas alcanzan el 23% de la población, según el informe de este año de la Corporación Latinobarómetro. Las autoridades no han informado a la población acerca de la magnitud de la crisis financiera y de la recesión europea, ni presentan expectativas más realistas del impacto que podrían tener sobre la economía, estima el estudio a partir de los resultados de la encuesta aplicada en toda América Latina. Mientras en República Dominicana sólo el 23 por ciento de los mil encuestados manifestó confianza en que la situación económica mejorara, la nación con más confianza para el próximo año fue Paraguay, con un 76 por ciento; seguido de Brasil y Colombia, con 51 por ciento, y Venezuela, con un 49 por ciento, de acuerdo al Latinobarómetro, que incluye la percepción de los ciudadanos sobre corrupcion, la valoración de los gobiernos y los principales problemas de cada país. Asimismo, 93 de cada 100 consultados en República Dominica preocupados por los precios de los alimentos y su incidencia en la economía de sus familias, sin contar con que más del 20 por ciento de los encuestados considera que la inflación es el problema principal del país. Temor en la economía familiar A nivel de la economía familiar, sólo 32 por ciento de los dominicanos encuestados estima que la situación económica de sus hogares mejorará en 2009, según el estudio.
Con esta evaluación, República Dominicana se coloca como el octavo país en tener este tipo de intranquilidad, superada por amplio margen por Argentina (97%); Perú (96%); Paraguay, México, Chile y Colombia (95%) y Nicaragua (94%). “La inflación aparece como el problema principal en Panamá, República Dominicana y Honduras, mientras los problemas económicos son el principal problema en 10 países. En ello se refleja el problema del alza del costo de la vida, de la energía y de los alimentos”, según el informe de Latinobarómetro. Pese a todo, confianza en la banca Pese a los fraudes bancarios registrados en los últimos años, República Dominicana es el país que más confía en la banca, con relación a las naciones latinoamericanas, al alcanzar la cifra de 60 por ciento, la más alta de la región. Venezuela valora las funciones bancarias de su país en un 58 por ciento, Chile (55%) y Paraguay (52%). El estudio se refiere a las valoraciones de la población para el sector privado, que indican que República Dominicana junto a Paraguay son los países con mayor confianza en las empresas privadas, con 58 por ciento; seguidos por Venezuela (50%) y Uruguay (49%), según el Latinobarómetro. Cita además que el 51 por ciento de la población dominicana confía en la labor de los empresarios, superada por el 54 por ciento en Paraguay, El Salvador y Uruguay; el 55 por ciento en Venezuela y el 54 por ciento de Colombia y Brasil. La Corporación Latinobarómetro es una organización asociada a los países de Latinoamérica. En República Dominicana, la encuesta para Latinobarómetro fue aplicada por CID-GALLUP a una muestra de mil personas, con un nivel de error de 3 por ciento. |
17 de noviembre de 2008 www.elnuevodiario.com.do | ||||||||||||||||||||||
- El ex candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, favorece que el Gobierno realice un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de que las autoridades disciplinen el gasto público. Dijo que el gobierno y el Congreso deben prestar oídos a las demandas sociales y a las sugerencias de diversas personalidades y de organizaciones empresariales que recomiendan establecer un acuerdo con el FMI. Aclaró que una nueva firma con el FMI no debe añadir más cargas impositivas a la población. "Favorecemos una nueva firma con el FMI siempre y cuando eso no implique nuevos impuestos y cargas para los consumidores y las empresas", agregó. Añadido que ante el panorama de crisis financiera por la que atraviesan las grandes economías mundiales, el gobierno no puede seguir realizando inversiones que no son prioritarias, gastos excesivos en clientelismo y en renglones superfluos. "Eso lo que provoca es un incremento en el déficit del Gobierno", precisó Vargas Maldonado luego de celebrar encuentros con dirigentes de zona, de base y municipales de la provincia Duarte. Asimismo, consideró que en el presupuesto del próximo año el gobierno debe destinar mayores recursos a los programas sociales en áreas como la salud y la educación y aumentar la inversión en el sector eléctrico. Explicó que el presupuesto del 2009, encontrará una economía dominicana afectada por la crisis financiera mundial, lo cual se reflejaría en una disminución del turismo, el envío de remesas y el financiamiento. "Ese Presupuesto, cuya elaboración aún no ha sido concluida, tiene la particularidad de que encuentra a países como Estados Unidos y España en un período recesivo, lo que dada la estrecha relación entre sus economías y la nuestra se reflejará en reducción de inversiones, turismo, remesas y financiamiento hacia la República Dominicana". Dijo que el nuevo presupuesto debe reflejar equilibrio y sobriedad. "Y no debe servir para que todos sigamos pagando los platos rotos del derroche politiquero que hace la administración del Partido de la Liberación Dominicana, ellos tienen que meterse en cintura y asumir con toda seriedad la difícil coyuntura que se está viviendo en el mundo y en nuestro país", dijo. |
17 de noviembre de 2008 www.elnuevodiario.com.do | |||||||||||||||||||||
- SANTIAGO DE LOS 30 CABALLEROS.- Los barcos de la Marina de Guerra Dominicana no pueden salir de los puertos porque no tienen combustible desde hace tres meses, entonces, ¿ cómo puedo justificar la inversión millonaria en la compra de los aviones Súper Tucano ?, denunció en esta ciudad el jurista Emmanuel Esquea Guerrero. ¡Pero es que nos estamos volviendo locos! siguió exclamando el destacado hombre de leyes, cuando fue abordado para que externara su criterio en torno a la aprobación por parte del Congreso de la República de la compra de las naves aéreas con el objetivo de combatir el desbordado auge del tráfico y consumo de droga que se ha experimentado en los últimos tiempos en el país. Escucha, agregó el destacado jurista, todo el mundo sabe que la mayor cantidad de droga que entra a territorio dominicano, viene por el agua y la frontera, no es por el espacio aéreo, por este medio ,el porcentaje que llega es relativamente mínimo, por lo costoso que resulta y lo complicado de la operación, puesto que además de tener que salir desde cualquier punto de determinado país, las avionetas que emplean, tienen que en pleno vuelo, descargar la droga en casi todos los casos, y no es posible que las autoridades encargadas de combatir ese mal, no sepan de eso. Entonces, continuó expresando Guerrero, si tú tienes los barcos de tu Marina Nacional, no cualquier flotilla, es la Marina de Guerra, que con problemas o no, sus unidades tienen que contar no solamente con los combustibles que normalmente requieren para realizar sus operaciones normales, de rutina, sino también disponer de la necesaria reserva, porque un cuerpo tal importante como ese no puede estar a merced del día a día, como un chiripero cualquiera, que sala a las calles diariamente a ganarse su supervivencia, recalcó que eso no se puede dar en esta nación, y por eso resulta ofensivo a la dignidad de cualquiera, la inversión en los Súper Tucano,cuando usted no le entrega los recursos económicos a la Marina de Guerra, para que sus unidades tengan combustible. |
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- SANTIAGO DE LOS 30 CABALLEROS.- Los barcos de la Marina de Guerra Dominicana no pueden salir de los puertos porque no tienen combustible desde hace tres meses, entonces, ¿ cómo puedo justificar la inversión millonaria en la compra de los aviones Súper Tucano ?, denunció en esta ciudad el jurista Emmanuel Esquea Guerrero. ¡Pero es que nos estamos volviendo locos! siguió exclamando el destacado hombre de leyes, cuando fue abordado para que externara su criterio en torno a la aprobación por parte del Congreso de la República de la compra de las naves aéreas con el objetivo de combatir el desbordado auge del tráfico y consumo de droga que se ha experimentado en los últimos tiempos en el país. Escucha, agregó el destacado jurista, todo el mundo sabe que la mayor cantidad de droga que entra a territorio dominicano, viene por el agua y la frontera, no es por el espacio aéreo, por este medio ,el porcentaje que llega es relativamente mínimo, por lo costoso que resulta y lo complicado de la operación, puesto que además de tener que salir desde cualquier punto de determinado país, las avionetas que emplean, tienen que en pleno vuelo, descargar la droga en casi todos los casos, y no es posible que las autoridades encargadas de combatir ese mal, no sepan de eso. Entonces, continuó expresando Guerrero, si tú tienes los barcos de tu Marina Nacional, no cualquier flotilla, es la Marina de Guerra, que con problemas o no, sus unidades tienen que contar no solamente con los combustibles que normalmente requieren para realizar sus operaciones normales, de rutina, sino también disponer de la necesaria reserva, porque un cuerpo tal importante como ese no puede estar a merced del día a día, como un chiripero cualquiera, que sala a las calles diariamente a ganarse su supervivencia, recalcó que eso no se puede dar en esta nación, y por eso resulta ofensivo a la dignidad de cualquiera, la inversión en los Súper Tucano,cuando usted no le entrega los recursos económicos a la Marina de Guerra, para que sus unidades tengan combustible. |
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- SANTO DOMINGO, RD-El jurista Cristóbal Rodríguez, consideró este domingo que el sistema político esta anclado sobre una serie de males que impiden el progreso de sus instituciones y la democracia. Indicó que uno de esos males y quizá el más importante, es el exceso de presidencialismo que existe en el país, tanto en la cultura política como en término de su consagración constitucional. Destacó que su crítica consiste en que ese mal que ha sido identificado inclusive por los líderes políticos, no ha sido abordado desde una perspectiva de subsanar en la propuesta sometida por el poder ejecutivo en cuanto la reforma a la Constitución. El abogado señaló que ese exceso de presidencialismo se expresa en una serie de atribuciones que le confiere niveles de poder realmente extraordinario al Presidente de la República. El experto jurista puso como ejemplo que en la elaboración del Presupuesto de Ley y Gasto Público, el Congreso Nacional no tiene en términos reales posibilidad para incidir en el debate ni en las negociaciones para poder ejercer sus funciones como órganos de contra pesos políticos en las macros decisiones que tiene que ver el Poder Ejecutivo. Cristóbal Rodríguez también dijo que respeto al aumento salarial, el Presidente tiene la potestad para decidir la política salarial. Igualmente, Rodríguez señaló que se crea la Carrera Administrativa, pero al mismo tiempo se le reserva facultades al Poder Ejecutivo para crear ministerio sin cartera, subsecretaria, instituciones autónoma, descentralizada, sin que se establezcan limites. Ministerio Público El jurista Cristóbal Rodríguez estimó este domingo que si se quiere convertir la reforma Constitucional en un trampolín para avanzar en la independencia en el sistema de administración de justicia, el Ministerio Público se le debe dar el tratamiento de un órgano de extra poder. Al ser entrevistado en el programa Los Líderes, sugirió que al Ministerio Público se le debe dar una independencia funcional y orgánica y para ellos tiene que ser sacado del ámbito del Poder Ejecutivo. Mientras el Poder Ejecutivo tenga la preponderancia en la designación y en los ascensos de los miembros del Ministerio Públicos, no se tiene posibilidad de una política real y efectiva de combatir la corrupción y la impunidad, porque siempre se estará pendiente de los intereses del Ejecutivo.
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