| 17 de octubre de 2008 www.dominicanoshoy.com | |||||||||||||||||||||||||
La Fundación Institucionalidad y Justicia hizo una visita al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la cual intercambiaron impresiones sobre la reforma constitucional que cursa en el Congreso Nacional. La comisión de FINJUS la encabezó su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán y la integraban los doctores, Erick Raful, Cristóbal Rodríguez y Quilvio Quezada. Fue recibida por el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera; acompañado del doctor Tirso Mejía Ricart e Ivelise Prats de Pérez. También los diputados Cristian Paredes, Ruddy González, Namancia de la Cruz, Radhamés González, Miguel Vásquez, Marino Mendoza, Geanilda Vásquez, entre otros. |
viernes, 17 de octubre de 2008
Finjus trata reforma Constitución con PRD
Unicef alerta por la vulnerabilidad de la niñez dominicana e insta aumentar inversión
| 17 de 0ctubre de 2008 www.clavedigital.com | |
| Tad Palac considera que muchas de las políticas sociales del país, no se aplican | |
Palac, que esta semana se despidió oficialmente de República Dominicana tras cuatro años al frente de la oficina de Unicef, dijo que muchos niños dominicanos viven junto a sus familias en condiciones "inaceptables", lo que los convierte en doblemente vulnerables. Dichas condiciones se agravan por los fenómenos meteorológicos adversos que cada año afectan el país. El representante de Unicef reconoció que la nación ha avanzado en salud y educación, pero todavía tiene tareas pendientes en aspectos relacionados con la explotación sexual y laboral de menores de edad, la violencia infantil y la mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna en la República Dominicana es, según Palac, "elevada" y "preocupante" a pesar de que cerca del 97 por ciento de los partos tienen lugar en hospitales y clínicas. Asimismo, señaló que a pesar de que los índices de violencia son menores que en otros países de América Latina y el Caribe, la nación cuenta con elevadas tasas de violencia contra mujeres y niños. "El problema básico del país es que el avance social no se corresponde con el desarrollo económico", subrayó Palac, quien destacó el "impresionante" crecimiento de la economía dominicana. Indicó que la inversión social no es suficiente, especialmente en educación, y se preguntó si el Gobierno debería invertir en tecnología para los estudiantes cuando algunos "no tienen condiciones mínimas para recibir la enseñanza". Palac, de nacionalidad británica, abogó por acciones más concretas por parte del Gobierno para combatir la explotación sexual y laboral de menores. Según distintas fuentes, más de 400.000 niños, muchos de ellos haitianos, trabajan en el país caribeño, mientras que miles son víctimas de explotación sexual. Para enfrentar estas situaciones se requiere, agregó, incrementar la inversión social y un mayor compromiso de las autoridades y entidades involucradas en el tema. El representante de Unicef señaló que además de rescatar a dichos niños, las autoridades deben crear programas que les beneficien tanto a ellos como a sus familias y evitar así la explotación. Se quejó de que en el país no se cumplan leyes que benefician a los menores de edad y de que, además, no exista un control suficientemente firme para dar seguimiento a esta problemática. Asimismo, denunció cierta debilidad institucional, un asunto reconocido por otros organismos internacionales, lo que dificulta dar seguimiento a los programas a largo plazo. Observó que en la República Dominicana "hay muchas políticas y muchos planes, pero cuesta implementarlos, es decir, traducir un plan en una realidad". El representante de Unicef citó, entre las principales preocupaciones del organismo, la disminución de la lactancia exclusiva y el registro de nacimiento. Sólo el seis por ciento de los niños nacidos en el país reciben lactancia materna exclusiva en sus primeros seis meses de vida, la peor cifra en América Latina, recordó Palac. En cuanto al registro civil, dijo que en 2006 una encuesta reveló que el 23 por ciento de los niños nacidos en el país, con edades de cero a cinco años, no tenía documento de identidad. Un año después el Congreso Nacional aprobó una medida para que menores de dieciséis años puedan registrarse a través de un proceso menos complicado. Sin embargo, ni un niño ha podido beneficiarse de la iniciativa debido a que en la Junta Central Electoral (JCE), encargada del registro civil, se adoptaron medidas que dificultan el proceso tras detectarse "irregularidades" en documentos emitidos a favor de niños, muchos de ellos haitianos. Palac dijo que un niño tiene derecho a documentos de identidad independientemente de su origen, por lo que pidió al Gobierno tomar medidas frente a la situación que mantiene en el "limbo" a miles de niños. "Hay interés en solucionar el tema, pero lamentablemente no se ha avanzado durante el último año", concluyó Palac. |
PRD advierte rebelión civil contra reforma constitucional a la fuerza
| 17 de octubre de 2008 www.elnuevodiario.com.do | |||||||||||||||||||||
- El presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, advirtió hoy que esa entidad política podría llamar a una rebelión civil si el gobierno dominicano persiste en reformar la Constitución de la República a través de una Asamblea Revisora. “Es que no se puede imponer una reforma a la fuerza, el PRD lo que está haciendo ahora es una advertencia, un trabajo de advertencia a sectores que ahora están callados”, subrayó Alburquerque al ser entrevistado por el licenciado Dany Alcántara en el programa Matinal, de Telemicro, canal 5. Alburquerque manifestó que esos sectores, entre los cuales mencionó a los empresarios dominicanos, no pueden dar la callada por respuesta, porque serán los grandes perdedores cuando se instale un poder hegemónico. Dijo que la mayoría congresional del gobernante Partido de la Liberación Dominicana puede llevar a esa entidad política al suicidio. Manifestó que la reforma constitucional que plantea el gobierno dominicano es un mamotreto de dimensiones colosales. Alburquerque dijo que lo que lo que pretende el Presidente Leonel Fernández es cambiar la actual Constitución por otra, lo que está prohibido en la misma Carta Magna. “Reforma no es destruir una Constitución para poner otra, Leonel Fernández se quiere poner como el faraón del país”, precisó el Presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Alburquerque sostuvo que la reforma que propone el mandatario dominicano es un amasijo de errores y estupideces. Reveló que un informe de la comisión que hizo la Consulta Popular sobre la reforma constitucional fue cambiado en un sesenta por ciento por el presidente Leonel Fernández. | |||||||||||||||||||||
Tamaño de la fuentePresidente estatal del PLD en NY se pronuncia contra artículo 18 en las reformas
| 17 de octubre de 2008 www.elnuevodiario.com.do | |||||||||||||||||||||||
- NUEVA YORK._ El presidente estatal del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York licenciado Frank Cortorreal se pronunció en rechazo al artículo 18 propuesto en las reformas constitucionales sometidas por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional y que establecería impedir que los dominicanos en el exterior con otra nacionalidad pudieran aspirar a cargos electivos, incluyendo la presidencia y vicepresidencia de la república. El alto dirigente peledeísta que es miembro del Comité Central (CC) indicó que el partido rechaza la inclusión de ese artículo en una eventual nueva constitución por considerarlo lesivo a los intereses de la dominicanidad en la diáspora. Ayer, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) no asistieron a una reunión convocada en el local del PLD a la que se presentaron los delegados de los partidos aliados al gobierno y en la que se trató como tema único ese artículo. Cortorreal dijo que precisamente ese encuentro fue para unificar criterios de las organizaciones partidarias con sede en la urbe para aunar esfuerzos y llevar una voz única ante la comunidad y ante el congreso en rechazo al articulado en controversia. Dijo que también esa posición será llevada a la comisión unicameral que trabaja en la revisión de las reformas. Indicó que se convocó a todos los partidos políticos, porque se trata de un caso de alto interés para los dominicanos en el exterior y para el país mismo. “A través de nuestro enlace en la Junta Central Electoral (JCE) Gregorio Morrobel dejamos en libertad al PRD para que escogiera el lugar, la fecha y la hora de esa reunión. No estamos opuestos a ninguna de las iniciativas de los perredeístas ni de los reformistas en relación a fijar una posición en beneficio de la comunidad en ultramar”, explicó Cortorreal. “Es más –añadió – estamos dispuestos hasta a ir al local del PRD, si ellos lo prefieren, porque creemos que esta situación está por encima de banderías políticas y afecta a todos los dominicanos en el exterior”. Cortorreal reiteró la invitación al PRD y al PRSC para que se encuentren con el PLD a reunirse donde ellos decidan cuándo y dónde para que se lleve una posición unificada y común. “Esta invitación se la estamos haciendo en nombre del PLD a través de ese medio, de manera personal y se la haremos llegar de manera oficial”, terminó diciendo el presidente estatal del partido morado en Nueva York. | |||||||||||||||||||||||
Paredes admite varios suplidores leche incumplían contratos
| 17 de octubre de 2008 www.elnuevodiario.com.do | |||||||||||||||||||||
- El secretario de Educación, Melanio Paredes, admitió que algunas empresas contratadas para elaborar la leche del desayuno escolar no estaban cumpliendo con los requeridos estándares de calidad. Dijo que los análisis que se aplicó a la leche importada y la producida en el país, arrojaron que el nivel de proteína estaba por debajo de los requerimientos establecidos en los contratos, que es de un 3%. “Los parámetros establecidos para el desayuno de los estudiantes requerían un grado mínimo de proteínas del 3.25%, lo cual no se estaba cumpliendo, ya que la leche de producción nacional contenía un 2.25%”, indicó. No obstante, defendió la gestión anterior que encabezó Alejandrina Germán, al destacar que el tema fue tratado de manera inadecuada por los medios de comunicación, lo que terminó haciendo daño y eclipsando muchos logros alcanzados en el período 2004- 2008. “La actual administración está tomando los correctivos de lugar”, dijo Paredes, al participar en el Programa “Hoy Mismo”, que conduce el periodista César Medina por Color Visión. | |||||||||||||||||||||
Procurador defiende decisión
SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, defendió su decisión, mediante la cual el Ministerio Público desiste de la acción penal en contra de ex ejecutivos del Bancrédito, como consecuencia del resarcimiento a un grupo de ahorrantes.
En una declaración de prensa, afirmó que el dictamen suscrito, con su autorización, por el procurador general adjunto Moisés Ferrer, ha sido emitido en relación con un expediente sometido a instancia de particulares, quienes en el curso del proceso desistieron de su acción por haber sido resarcidos.
Jiménez Peña argumentó que por esta razón el Ministerio Público entiende que no se justifica la continuación de la persecución penal en lo que respecta a ese expediente.
El funcionario agrega que el 7 de este mes, la Procuraduría depositó un escrito contentivo de su opinión relativa al recurso de casación interpuesto por Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 11 de agosto.
El procurador afirma que dicha sentencia, que condenó a los imputados a ocho años de prisión y multa de RD$2, 500,00, tuvo su origen en un proceso penal a instancia de varios particulares que, posteriormente, desistieron de ese proceso por haber sido resarcidos en sus intereses.
"La Procuraduría General de la República, por este medio, hace saber a la opinión pública que ciertamente impartió instrucciones al Magistrado Procurador General Adjunto, doctor Moisés Ferrer, para la preparación y el depósito del escrito que fuera dirigido a la Suprema Corte de Justicia el 7 de octubre de 2008, y que la opinión vertida en dicho escrito es la que se corresponde con la convicción que tiene el Procurador General de la República".
En su instancia de no objeción a los recursos de casación interpuestos por los ex ejecutivos de Bancrédito, la Procuraduría expone que en el expediente reposan los desistimientos, donde los resarcidos expresan que los mismos no incurrieron en ninguno de los hechos y violaciones que se le atribuyen, aceptando que la naturaleza y totalidad de sus prestaciones eran de carácter civil y comercial, sin implicación penal alguna.
Asimismo, que se hace constar que los querellantes fueron totalmente desinteresados con relación a las reclamaciones que habían formulado y que los motivó a interponer las referidas querellas.
Sostiene que en esa virtud, el Ministerio Público, durante todo el proceso llevado a cabo, ha podido constatar que ciertamente quienes impulsaron esta acción penal no formalizaron ninguna acusación durante el juicio de fondo, ni mostraron interés alguno en ello.
La Procuraduría consigna que los artículos 124 y 271 del Código Procesal Penal lo facultan a desistir expresamente de su acción en todo estado de causa, en cualquier estado de procedimiento del actor civil y el querellante.
En una declaración de prensa, afirmó que el dictamen suscrito, con su autorización, por el procurador general adjunto Moisés Ferrer, ha sido emitido en relación con un expediente sometido a instancia de particulares, quienes en el curso del proceso desistieron de su acción por haber sido resarcidos.
Jiménez Peña argumentó que por esta razón el Ministerio Público entiende que no se justifica la continuación de la persecución penal en lo que respecta a ese expediente.
El funcionario agrega que el 7 de este mes, la Procuraduría depositó un escrito contentivo de su opinión relativa al recurso de casación interpuesto por Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 11 de agosto.
El procurador afirma que dicha sentencia, que condenó a los imputados a ocho años de prisión y multa de RD$2, 500,00, tuvo su origen en un proceso penal a instancia de varios particulares que, posteriormente, desistieron de ese proceso por haber sido resarcidos en sus intereses.
"La Procuraduría General de la República, por este medio, hace saber a la opinión pública que ciertamente impartió instrucciones al Magistrado Procurador General Adjunto, doctor Moisés Ferrer, para la preparación y el depósito del escrito que fuera dirigido a la Suprema Corte de Justicia el 7 de octubre de 2008, y que la opinión vertida en dicho escrito es la que se corresponde con la convicción que tiene el Procurador General de la República".
En su instancia de no objeción a los recursos de casación interpuestos por los ex ejecutivos de Bancrédito, la Procuraduría expone que en el expediente reposan los desistimientos, donde los resarcidos expresan que los mismos no incurrieron en ninguno de los hechos y violaciones que se le atribuyen, aceptando que la naturaleza y totalidad de sus prestaciones eran de carácter civil y comercial, sin implicación penal alguna.
Asimismo, que se hace constar que los querellantes fueron totalmente desinteresados con relación a las reclamaciones que habían formulado y que los motivó a interponer las referidas querellas.
Sostiene que en esa virtud, el Ministerio Público, durante todo el proceso llevado a cabo, ha podido constatar que ciertamente quienes impulsaron esta acción penal no formalizaron ninguna acusación durante el juicio de fondo, ni mostraron interés alguno en ello.
La Procuraduría consigna que los artículos 124 y 271 del Código Procesal Penal lo facultan a desistir expresamente de su acción en todo estado de causa, en cualquier estado de procedimiento del actor civil y el querellante.
El contrato con Codacsa tiene una "vigencia cuestionable"
SANTO DOMINGO. El contrato que firmó la Secretaría de Estado de Obras Públicas (SEOPC) con la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), para la ampliación de la Autovía del Este, presenta una serie de irregularidades que ponen en entredicho la propia vigencia del acuerdo.
Se trata de cápsulas no cumplidas que involucran a ambas partes y que tienen que ver tanto con el financiamiento, como con la ejecución de la obra y cuya violación implica la nulidad o extinción del convenio.
Cuando se aprobó el contrato en el año 2002, se tomó como base los términos de una licitación que para tales fines se realizó en el 1998 y que, entre otras cosas, establecía que el consorcio ganador (en este caso Codacsa) debía tener un capital fundacional igual al 20% del total de la inversión, calculada en 4.49 mil millones de pesos.
Sin embargo, el capital suscrito y pagado de Codacsa era apenas de un millón de pesos, según una relación de accionistas y de capital suscrito y pagado que presentaron sus ejecutivos en diciembre del 1999.
Prueba del bajo capital de Codacsa también se deduce del acta de asamblea realizada en diciembre del 2003, en la que los socios admiten que el patrimonio de la empresa es "sumamente reducido para los fines de inversiones".
Este aspecto, que la SEOPC denuncia como una de las violaciones de Codacsa, entra en contradicción con las bases del concurso que establece la extinción del contrato cuando se incumplan condiciones de las normas de los documentos de la licitación, sobre todo en lo que tiene que ver con la constitución de la sociedad, cifra de capital, o distribución de beneficios, entre otras cosas.
En torno a la distribución de beneficios, el pliego de condiciones de la licitación también establece que "en ningún caso se repartirán beneficios antes de la puesta en servicio de las autopistas y carreteras o de algunos de sus tramos".
No obstante, en la mencionada asamblea se informó que "las cuentas al 31 de octubre del 2003 arrojan unos ingresos de 111.6 millones de pesos con un beneficio de 6.7 millones", según copia del acta levantada. "Igualmente se espera conseguir para fin de año unos ingresos de 136.4 millones y beneficios de 8.2 millones", añade.
Y sigue, "en vista del beneficio habido en los primeros diez meses del ejercicio actual y de la previsión de resultados esperados para fin de año (...) se propone la distribución a cuenta de dividendos del ejercicio social del año 2003 de una suma de 2 millones 660 mil 666 pesos, que estando sujeto a una retención del 25%, resulta en un pago neto a los accionistas de 2 millones de pesos".
La propuesta se aprobó a unanimidad según el acta. Pero más adelante los socios exponen que debido a consejos de asesores legales, Codacsa debe ampliar su capital, que entonces era de cinco millones de pesos, a una cantidad coherente con las cifras de ingresos e inversiones.
El monto al que debían llevar el capital era de 25 millones de pesos. Es así como se acuerda, conforme el acta, una ampliación de capital de 20 millones y desembolsar el mínimo legal de 10% que corresponde a 2 millones de pesos, lo cuales se compensaría con el anticipo de dividendos aprobado momentos antes.
Codacsa tiene en sus manos el peaje de Las Américas desde febrero del 2003, logrando recaudar más de 1 mil 100 millones de pesos. La SEOPC alega que la empresa ha recaudado más de mil millones de pesos por este concepto y que no ha invertido recursos propios en la obra, pese a que el contrato dice que el financiamiento primario debe venir de la concesionaria. De su lado Codacsa, a través de su consejero delegado, Roberto García, afirma haber invertido 235 millones de pesos de sus fondos. La empresa también manejó 411 millones de pesos, iguales a unos 17 millones mensuales que por concepto de "peaje sombra" le entregó Freddy Pérez cuando estuvo al frente de Obras Públicas.
Codacsa debía entregar cada año los informes financieros de las obras. Dado que la SEOPC dice no haberlos recibido DL intentó comunicarse con Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y nombrado por decreto como representante del Poder Ejecutivo ante la concesionaria, pero el funcionario nunca estuvo disponible para responder.
En su rol de representante del Gobierno, Félix Bautista era el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y velar por la ejecución del plan económico.
La defensa de Codacsa
Codacsa ha reiterado que el incumplimiento en los trabajos se debe a que el Estado no les entregó el aval de riesgo cambiario. Según el contrato, este mecanismo sería de 10 millones de dólares y se entregaría a través del Banco de Reservas, un mes después de la aprobación del contrato en el Congreso. "El incumplimiento de este plazo será considerado como condición suspensoria de todas las obligaciones de la Sociedad Concesionaria bajo el presente contrato". Codacsa no recibió dicho aval, pero tampoco decidió suspender el contrato y continuó manejando el peaje.
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