SANTO DOMINGO. El contrato que firmó la Secretaría de Estado de Obras Públicas (SEOPC) con la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), para la ampliación de la Autovía del Este, presenta una serie de irregularidades que ponen en entredicho la propia vigencia del acuerdo.
Se trata de cápsulas no cumplidas que involucran a ambas partes y que tienen que ver tanto con el financiamiento, como con la ejecución de la obra y cuya violación implica la nulidad o extinción del convenio.
Cuando se aprobó el contrato en el año 2002, se tomó como base los términos de una licitación que para tales fines se realizó en el 1998 y que, entre otras cosas, establecía que el consorcio ganador (en este caso Codacsa) debía tener un capital fundacional igual al 20% del total de la inversión, calculada en 4.49 mil millones de pesos.
Sin embargo, el capital suscrito y pagado de Codacsa era apenas de un millón de pesos, según una relación de accionistas y de capital suscrito y pagado que presentaron sus ejecutivos en diciembre del 1999.
Prueba del bajo capital de Codacsa también se deduce del acta de asamblea realizada en diciembre del 2003, en la que los socios admiten que el patrimonio de la empresa es "sumamente reducido para los fines de inversiones".
Este aspecto, que la SEOPC denuncia como una de las violaciones de Codacsa, entra en contradicción con las bases del concurso que establece la extinción del contrato cuando se incumplan condiciones de las normas de los documentos de la licitación, sobre todo en lo que tiene que ver con la constitución de la sociedad, cifra de capital, o distribución de beneficios, entre otras cosas.
En torno a la distribución de beneficios, el pliego de condiciones de la licitación también establece que "en ningún caso se repartirán beneficios antes de la puesta en servicio de las autopistas y carreteras o de algunos de sus tramos".
No obstante, en la mencionada asamblea se informó que "las cuentas al 31 de octubre del 2003 arrojan unos ingresos de 111.6 millones de pesos con un beneficio de 6.7 millones", según copia del acta levantada. "Igualmente se espera conseguir para fin de año unos ingresos de 136.4 millones y beneficios de 8.2 millones", añade.
Y sigue, "en vista del beneficio habido en los primeros diez meses del ejercicio actual y de la previsión de resultados esperados para fin de año (...) se propone la distribución a cuenta de dividendos del ejercicio social del año 2003 de una suma de 2 millones 660 mil 666 pesos, que estando sujeto a una retención del 25%, resulta en un pago neto a los accionistas de 2 millones de pesos".
La propuesta se aprobó a unanimidad según el acta. Pero más adelante los socios exponen que debido a consejos de asesores legales, Codacsa debe ampliar su capital, que entonces era de cinco millones de pesos, a una cantidad coherente con las cifras de ingresos e inversiones.
El monto al que debían llevar el capital era de 25 millones de pesos. Es así como se acuerda, conforme el acta, una ampliación de capital de 20 millones y desembolsar el mínimo legal de 10% que corresponde a 2 millones de pesos, lo cuales se compensaría con el anticipo de dividendos aprobado momentos antes.
Codacsa tiene en sus manos el peaje de Las Américas desde febrero del 2003, logrando recaudar más de 1 mil 100 millones de pesos. La SEOPC alega que la empresa ha recaudado más de mil millones de pesos por este concepto y que no ha invertido recursos propios en la obra, pese a que el contrato dice que el financiamiento primario debe venir de la concesionaria. De su lado Codacsa, a través de su consejero delegado, Roberto García, afirma haber invertido 235 millones de pesos de sus fondos. La empresa también manejó 411 millones de pesos, iguales a unos 17 millones mensuales que por concepto de "peaje sombra" le entregó Freddy Pérez cuando estuvo al frente de Obras Públicas.
Codacsa debía entregar cada año los informes financieros de las obras. Dado que la SEOPC dice no haberlos recibido DL intentó comunicarse con Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y nombrado por decreto como representante del Poder Ejecutivo ante la concesionaria, pero el funcionario nunca estuvo disponible para responder.
En su rol de representante del Gobierno, Félix Bautista era el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y velar por la ejecución del plan económico.
La defensa de Codacsa
Codacsa ha reiterado que el incumplimiento en los trabajos se debe a que el Estado no les entregó el aval de riesgo cambiario. Según el contrato, este mecanismo sería de 10 millones de dólares y se entregaría a través del Banco de Reservas, un mes después de la aprobación del contrato en el Congreso. "El incumplimiento de este plazo será considerado como condición suspensoria de todas las obligaciones de la Sociedad Concesionaria bajo el presente contrato". Codacsa no recibió dicho aval, pero tampoco decidió suspender el contrato y continuó manejando el peaje.
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