19 de junio de 2009 www.elnuevodiario.com.do | ||||||||||||||||||||||||
- Santo Domingo.-El Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo del Distrito Nacional decidió este viernes que fuera paralizada la construcción de la cementera, en las inmediaciones del Parque Nacional de Los Haitises, en la comunidad de Gonzalo, Monte Plata. La jueza, Sarah Henríquez Marín, basó el fallo en que esto evita que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona. Por su parte los abogados del consorcio que ejecuta la construcción de la cementera, expresaron su inconformidad con la decisión, y dijeron que apelarán la sentencia en un plazo de cinco días. El jurista Juan Bautista Frías, miembro de la barra de la defensa de las organizaciones que se oponen a la cementera en esa zona, dijo que la justicia se viste de gala con la decisión, y que elevarán una instancia para que se elimine la licencia para la construcción de dicha obra. Para esto las organizaciones opuestas tienen un plazo de 30 días a fin de interponer una demanda para que le quiten la licencia a la compañía constructora. Esta suspensión sería hasta que un tribunal se apodere del recurso y decida revocar o no dicha autorización En tanto que, los abogados del consorcio a cargo de la construcción de la cementera, manifestaron su inconformidad con la decisión e indicaron que apelarán la sentencia en un plazo de cinco días. Robert Martínez Vargas dijo que la licencia para la construcción de la obra sigue vigente hasta que el tribunal se apodere del caso, “porque todavía las organizaciones comunitarias no han interpuesto un recurso para que ésta sea revocada”. Vargas considera que con la decisión se violan los derechos de las partes y los principios institucionales. Desde fue anunciada la construcción de la cementera sectores nacionales del país expresaron su rechazo a la obra, por considerar que provocaría graves daños al medio ambiente. En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, la Conferencia del Episcopado Dominicano sugirió suspender los trabajos de construcción de la cementera y demandó que un organismo internacional calificado realice estudios de impacto que permita cotejar las informaciones en “un marco de imparcialidad”. “Nos acogemos al principio precautorio de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo de 1992 y sugerimos suspender los trabajos de la instalación de la cementera, hasta obtener una consultoría ambiental de alguna entidad internacional reconocida”, indicó la Comisión Nacional para la Pastoral Ecológica y Medio Ambiente, del Episcopado. El pasado 20 de mayo el MCCU interpuso su demanda contra la Secretaría de Medio Ambiente porque considera que la licencia que otorgó dicha institución al Consorcio Minero Dominicano es ilegal. Según el MCCU el permiso se concedió con base en un procedimiento contrario a la Ley 64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con Juan Bautista Frías Agramonte, consultor Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, en este proceso la parte querellante también solicita la nulidad absoluta del proyecto de la cementera en las cercanías del Parque Nacional Los Haitises, por considerar que los terrenos fueron concedidos de forma irregular. Los partidos de oposición al gobierno como el caso del Revolucionario Dominicano (PRD), también se han opuesto a la construcción de esta cementara, en la zona de Los Haitises, donde los habitantes de las comunidades aledañas han manifestado su abierta oposición a través de cartas, declaraciones, reuniones y movilizaciones. El Parque Nacional de los Haitises es parte de una de las más importantes zonas de acumulación de agua del país. Las aguas que sobre él caen infiltran a través de millares de furnias y cavernas y forman ríos subterráneos que vienen a alimentar todo el acuífero o aguas subterráneas acumuladas en toda la zona oriental de Santo Domingo, en el territorio de la provincia de Monte Plata y parte de las provincias de San Pedro de Macorís e incluso de Sánchez Ramírez. Los pozos que alimentan el acueducto de Santo Domingo Oriental, y que suple a más de un millón de dominicanos, extraen agua que es suministrada por Los Haitises. | ||||||||||||||||||||||||
viernes, 19 de junio de 2009
Tribunal ordena paralizar construcción cementera en los Haitises
Riesgos y quimeras en la venta de Refidomsa al Estado venezolano
19 de junio de 2009
www.elnuevodiario.com.do
Independientemente de detalles numéricos y las formalidades dadas a conocer por la comisión oficial designada para estudiar la operación de venta de acciones de REFIDOMSA al Estado Venezolano, creemos pertinente advertir que lo esencial es el riesgo que corre nuestra soberanía al vincularse hasta la dependencia a través de la inversión estatal extranjera de una nación mas poderosa política, económica y militaRmente que la dominicana.
Al respecto conviene recordar las siguientes experiencias:
En el año 1821 los dominicanos declaramos la independencia del dominio español y el presidente Núñez de Cáceres solicitó el protectorado de la Gran Colombia concebida por Simón Bolivar. El “Libertador”, como se le suele llamar al prócer venezolano, no mostró entusiasmo de obtemperar al requerimiento dominicano pero mantuvo buenas relaciones con Haití en reciprocidad al respaldo que éste le había ofrecido en sus aventuras libertarias. El resultado fue la invasión haitiana a la parte oriental de la Isla y 22 años de ocupación militar haitiana hasta que Juan Pablo Duarte inspirara la desocupación en 1844. Por esa razón se conoce la gesta de 1821 como la independencia efímera.
A principios del siglo pasado y como consecuencia del excesivo endeudamiento externo del país, la nación se endeudó con los EEUU mediante un préstamo destinado a saldar otras deudas externas e internas, especialmente con potencias europeas que nuestros vecinos del norte querían desinteresar para mantener su hegemonía hemisférica. Mediante dos convenciones firmadas al respecto, 1905 y 1907, la nación adoptó una especie de protectorado que comenzó colocando las aduanas bajo administración norteamericana y terminó con la ocupación militar de 1916.
Estos dos ejemplos ilustran de lo que es posible cuando la nación se supedita a Estados extranjeros mas poderosos que el nuestro, especialmente aquellos dotados de un poderío político y militar.
Y estos antecedentes ilustran la amenaza potencial que pende sobre la dominicanidad la anunciada inversión estatal venezolana para la compra de acciones de REFIDOMSA; puesto que cualquier diferendo comercial, económico, financiero o gerencial puede concluir con intervenciones políticas y ocupaciones militares como sucedió en las dos experiencias citadas.
Con relación al documento puesto a circular por la Comisión Oficial designada al efecto, es conveniente advertir que el mismo contiene una serie de quimeras e ilusiones, aparentemente recurridas como argumento publicitario; tal y como ha sucedido con otros proyectos gubernamentales ejemplo de lo cual son las dos plantas a carbón de 600MV. Veamos:
El gobierno dominicano señala en el punto 1 del documento como bondades del acuerdo, que con la venta de las acciones a Venezuela se aumentaría el suministro de crudo venezolano de 30 a 50 mil barriles diarios. Algo similar postularon cuando le compraron las acciones a la Shell y no lograron. Y es que la capacidad de procesamiento y almacenamiento de REFIDOMSA está limitada a prácticamente los niveles actuales. De manera que la pretensión gubernamental no deja de ser una quimera o un recurso publicitario para justificar la operación.
Sobre este punto conviene precisar que la mayor disponibilidad financiera argumentada por el supuesto incremento de consumo petrolero no beneficiaría a la población ni a la economía puesto que los consumidores y agentes económicos pagarían en dinero constante y sonante, al contado, el consumo de combustible; sino que iría, como endeudamiento, no como consecuencia de generosidad alguna, beneficiando únicamente al gobierno para cubrir sus crecientes déficits fiscales. Recuérdese que ese endeudamiento tendría que ser pagado en el futuro con recursos procedentes del presupuesto nacional nutrido del dinero de los contribuyentes que ser vería mermado en su capacidad de prestación de servicios públicos demandados por la población.
Postula en el punto 4 un aumento de la “capacidad de…refinamiento de REFIDOMSA”. Recuérdese al respecto que REFIDOMSA, mas que refinería es una destilería, de paso obsoleta e ineficiente en términos tecnológicos. Aumentar la capacidad de refinamiento mediante ese procedimiento destilero resulta improcedente y antieconómico. Y aumentarlo mediante nuevas tecnologías de refinación resulta técnicamente imposible puesto que implicaría la superposición de una tecnología moderna de refinación como debe de ser a una destilería diseñada hace 40 años. Para ilustración, esto es comparable a convertir una aparato electrónico análogo en digital o sustituir la combustión de vehículos que utilizan carburadores para instalarles el moderno sistema de inyección.
Plantea en el punto 6 la posibilidad de acceso tecnológico para la exploración y explotación de crudo y gas natural, lo que no ha hecho con su par ecuatoriano, como si Venezuela le convendría incorporar un nuevo competidor en el Caribe.
Confiesa en el punto 7 el interés venezolano de vender mas productos venezolanos, lo cual es factible en el rol de REFIDOMSA como importador, no como procesadora; puesto que actualmente solo satisface la tercera parte del mercado nacional y el resto puede ser comprado en otros mercados a precios y calidad mas competitivos, incluyendo el mercado spot.
Sobre este punto conviene también recordar que REFIDOMSA no procesa petróleo propiamente dicho sino un crudo reconstituido mediante un “coctel” que le prepara expresamente la industria petrolera venezolana; una especie de derivado, subproducto residual del procesamiento refinado del petróleo natural. Como consecuencia los combustibles emanados de REFIDOMSA poseen contaminantes que están por encima de lo que ordinariamente se encuentran en el petróleo de buena calidad. Y ese crudo reconstituido, por estas razones, no tiene mucha demanda ni existen muchas instalaciones industriales expresamente diseñadas para procesarlas; siendo objeto, en ocasiones, de rechazos comerciales por sus negativas consecuencias en la preservación los motores que lo consumen y del medio ambiente ocasionados por los gases derivados de su combustión.
En resumen, al llegar a ser VENEZUELA un suplidor preferencial con apetencias de exclusividad de REFIDOMSA; pudiera interesarle expandirse para conquistar una proporción mayor del mercado nacional, supliendo mas crudo, reconstituido si posible fuera o de otro tipo; todo atado en función de un financiamiento al servicio de sus intereses.
Pero no así a los nacionales.
Ante cualquier autoridad nacional que opte por no seguir endeudándose para quemar combustible o por no seguir utilizando materias primas que provoque derivaciones contaminantes durante la combustión en motores y medio ambiente; es previsible la germinación de diferendos económicos y financieros que pueden concluir en intervenciones políticos y ocupaciones militares.
Igual puede suceder ante un gobierno nacional que decida adoptar políticas públicas estimuladoras de la competencia para la competitividad que implica la compra y venta a los mejores mejor postores, en términos de precios y calidades, tanto de crudos como refinados. Ante un gobierno nacional que postule, como debe ser, la liberalización del mercado de combustibles en el marco de la competencia consustancial con la competitividad; la atadura a un Estado extranjero suplidor y copropietario, y en consecuencia coadministrador, traduciría conflictos potencialmente dirimibles con imposiciones políticas o el uso de la fuerza militar
Finalmente conviene advertir las consecuencias de posibles cambios políticos en la propia Venezuela. Hoy día estamos de paños y manteles con el gobernante de turno, nada de lo cual garantiza que así será en el futuro. Durante los gobiernos de Acción Democrática en la primera parte de los 80s, fueron enviados embarques petroleros sustentados informalmente con sus pares dominicanos que posteriormente estos embarques tropezaron con exigencias propias de los cambios de gobierno dominicano y a raíz del acuerdo venezolano con el FMI. Los conflictos del Presidente Betancourt durante la dictadura, también puede servir de ilustración.
E incluso, los vaivenes de la política mundial puedan afectarnos. Quien sabe si el Presidente Chávez en su afán por liderar el socialismo del siglo XXI opte por una dimensión internacional que implique su abandono de la política doméstica como lo hizo el Ché Guevara con posterioridad a la revolución cubana. O que la correlación de fuerzas de la geopolítica internacional, que es tan voluble como lo demuestra que ayer Mohamed Gadhafi era el enemigo número 1 de los EEUU y hoy ha pasado a ser su aliado en el Oriente, determine cambios en la política venezolana que deje la dominicanidad plantada como sucedió en 1821 con le independencia efímera de Núñez de Cáceres
LF propone nuevo sistema organizativo para enfrentar corrupción
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- SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández afirmó este jueves que el Estado carece de disciplina y organización, lo que le impide funcionar de manera efectiva, por lo que dijo, hace falta crear un sistema organizativo, uniforme, homogéneo y disciplinado para enfrentar con mayor eficacia la corrupción y otros males que afectan algunos estamentos de la administración pública. Asimismo, planteó que hay que dar continuidad a la ética y combate a la corrupción, y propuso que, por lo menos, cada dos meses se celebren encuentros entre los distintos estamentos gubernamentales de persecución y prevención de la corrupción administrativa. "Yo creo que tenemos que relanzar el sector público del país, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y personal de la administración pública", agregó, al tiempo que precisó desde el gobierno existe la voluntad política para combatir con determinación la corrupción y la falta de eficiencia. Reconoció que todavía faltan muchas cosas por hacer. El jefe del Estado entiende que se hace necesario trabajar en el desarrollo humano del personal que integra las instituciones públicas. Señaló que en la administración pública se dan mil casos que hacen negativa la percepción de la población hacia ese sector, por lo que propuso un proceso de formación continuo y profundo que estimule al servidor público. También propuso fortalecer los talleres de adiestramiento en beneficio de los miembros de las comisiones de éticas, así como un mayor y eficaz proceso de comunicación entre los distintos estamentos gubernamentales de persecución y prevención de la corrupción administrativa. Otras de las propuestas lanzadas por el presidente Fernández en el encuentro, fue que el otorgamiento de los servicios de permisos, contratos y licencias se haga a través de un comité en un plazo no mayor de 90 días, a los fines de evitar cualquier tipo de indelicadeza. “Las comisiones de éticas deben ser vistas como los comités de vigilancia de la democracia”, consideró Fernández, al tiempo que favoreció que debe haber un plazo no mayor de 90 días para otorgar los permisos que se conceden a través de las instituciones públicas, y que si exceden ese tiempo se puede considerar que los responsables de otorgarlos estarían esperando algún pago de parte de los interesados. El presidente Fernández se pronunció en esos términos al encabezar el seminario titulado “Rol de la Comisiones de Ética en las Instituciones Públicas”, escenario que aprovechó para quejarse en el sentido de que esas comisiones no están funcionando de manera efectiva. El seminario fue organizado por la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, que dirige el doctor José Joaquín Bidó Medina, y que integran a demás, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, y otras organizaciones. | |||||||||||||||||||||||||||
Abinader favorece celebración dos convenciones en PRD
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Legisladores piden enviar Congreso venta Refinería
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Estiman que el gobierno utiliza el porcentaje señalado en la venta para pagar la deuda de más de US$130 millones acumulada con Venezuela a partir del acuerdo de Petrocaribe, mediante el cual el Estado recibe el carburante con facilidades de pago.
Torres calificó como una falta de delicadeza al procedimiento congresional y a los miembros del Congreso, puesto que la ley establece que cualquier venta o compra que ascienda de los 20,000 pesos debe ser aprobada por el Congreso. Para Bisonó dijo que la venta de una parte del valor de Refidomsa debe ser llevado al Congreso y de conocimiento de todo el país. Cree que los legisladores están en el momento de buscar también opiniones jurídicas para presentar argumentaciones sólidas en torno a este contrato. Al respecto, el diputado Sosa opinó que la transacción tiene que ser revisada, por los intereses que acarrea con otras naciones, incluso, con los Estados Unidos.
