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POR JUAN TAVERAS HERNANDEZEn su artículo 4 la Constitución de la República –ese pedazo de papel que el presidente viola constantemente- dice: “El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Esos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.”
El principal poder del Estado es el Legislativo, no el Ejecutivo. Cuando el encargado del Poder Ejecutivo asume el cargo, el artículo 54 lo obliga a jurar “por Dios, por la Patria y por mi honor, a cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes de la República…”, cosa que no está haciendo el mandatario.
No puede haber independencia del Poder Legislativo y del poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de decidir el presupuesto de esos poderes.
La ley le otorga un 3.10% del Presupuesto al Congreso, 30% para el Senado, que apenas tiene 32 miembros, y el 70% restante para la cámara de diputados que son 178. Esa ley fue aprobada por los legisladores de todos los partidos, incluyendo al PLD. De igual manera, la ley otorga un 2.66% para el sistema judicial a través del organismo rector, que es la Suprema Corte de Justicia. En ambos casos, el Presidente se coloca de espaldas a la Constitución y las leyes cuando le asigna montos inferiores.
A los ayuntamientos, considerados como el Cuarto Poder del Estado, el presidente les promete el 8%, cuando la ley dice que debe ser el 10%.
La Junta Central Electoral debe tener autonomía presupuestaria para no depender del Presidente de la República, sobre todo cuando éste es un candidato a la reelección. Pero el mandatario no sólo le niega la autonomía económica, sino que pretende ahogarla creando una crisis que pone en juego las elecciones y la democracia misma. El Presidente sabe que poco más de dos mil millones de pesos para organizar dos procesos electorales modernos, con tecnología de punta, que garantizan resultados incuestionables, no es posible. Mueve a sospecha el interés del mandatario por joder a la JCE.
El presidente habla de progreso, pero no facilita los recursos necesarios al sistema educativo. Al contrario, la inversión en educación es de las más bajas en América Latina.
A la Secretaría de Estado de Educación el gobierno promete darle 31 mil millones de pesos el año próximo, lo cual equivale al 10.5% del presupuesto, es decir apenas un 2.33% del Producto Interno Bruto, cuando debe asignarle un 16% equivalente más o menos a un 4% del PIB, como recomiendan los organismos internacionales.
A Salud Pública le dará 21 mil 480 millones, menos del 2% del PIB, para que los pobres continúen muriéndose en los hospitales. El Presidente se coloca de espaldas a la Constitución cuando propone un Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos estableciendo partidas antojadizamente a los demás poderes del Estado y a las demás instituciones públicas.
El dinero del Estado es dinero del pueblo. El presidente de la República, no puede asignar a partir de sus propios intereses políticos y económicos. La ley se lo prohíbe.
Dicen los teóricos y técnicos de la materia que el presupuesto anual es o debe ser un instrumento de desarrollo de los países, sobre todo en los más atrasados. Aquí, sin embargo, es un instrumento político al servicio del presidente que busca la reelección.
Eso es lo que ha enviado el Ejecutivo al Congreso. Un proyecto reeleccionista. El quiere dinero, mucho dinero para usarlo discrecionalmente como en la campaña electoral anterior, que gastó cinco mil millones de pesos para “ganar” el Congreso.
Ese presupuesto puede agotarse en agosto, como sucedió en el 2000, que cuando asumió Hipólito Mejía el poder no encontró dinero ni para pagar a los empleados públicos.
El Presidente tiene en el Congreso un sello gomigrafo. Sabe que tiene la sartén por el mango. Por eso envió tarde el proyecto (en violación a la ley), Sabe que ese Congreso está en sus manos, que no modificará la pieza, que nadie en el PLD se atreverá a mover un dedo. La oposición, por más que grite y patalee, no tiene fuerzas en el Congreso para hacer la diferencia.
El párrafo tercero del artículo 115 de la Constitución establece que “el Congreso no podrá modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Gastos Públicos sometidos por el Poder Ejecutivo, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara…”
Ahora bien, como propusiera Juan Bosch en contra del doctor Joaquín Balaguer hace muchos años, al gobierno del presidente Leonel Fernández hay que obligarlo a respetar la Constitución y las Leyes como única forma de hacer valer los principios del sistema democrático.
miércoles, 19 de diciembre de 2007
Presupuesto y democracia
Jóvenes empresarios dicen PE no da señal cambio economía
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) dijo que el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo no envía ninguna señal de cambio estratégico y el énfasis de la política económica continúa estando en dar respuesta a la coyuntura en vez de crear políticas de mediano y largo plazo.
Joel Santos, presidente de la entidad, dijo que como un aspecto positivo, se han incluido los nueve mil 200 millones de pesos correspondientes al aporte estipulado en la Ley de Recapitalización del Banco Central, y que caso de existir excedentes se debe incrementar el aporte a esta partida.
Como temas preocupantes, el presidente de ANJE señaló que en el presupuesto se va haciendo cada vez más evidente el crecimiento de los gastos corrientes en partidas como los subsidios y que la JCE, en pleno proceso electoral, no tenga el presupuesto requerido.
Asimismo, el presupuesto confía algunos ingresos que por razones coyunturales están altos en la actualidad, como por ejemplo los aportes de la Falconbridge, pero que pudieran decrecer.
“El aumento de los subsidios a la electricidad y al GLP va en contra de lo que debería ser un esfuerzo de reducirlos y en adición se incluye un subsidio al gasoil y es probable de que luego se mencione un subsidio al Metro. Este presupuesto reitera el aumento desproporcionado del año pasado y retarda las posibilidades de que las empresas distribuidoras mejoren, ya que mientras sea mayor el subsidio menor será la voluntad de mejorar el cobro”, dijo.
Santos deploró que se continúan violando las asignaciones cuyos porcentajes provienen del mandato de leyes específicas como son la de educación, la del sector justicia, la de la Secretaría de la Juventud entre otras.
“Este incumplimiento constante de los porcentajes asignados mediante leyes deberían llamar a reflexión para que estas leyes guarden relación unas con otras y con el presupuesto.
MVM dice LF es responsable exclusivo proyecto de presupuesto
4:16 PM -
Santo Domingo.- El ingeniero Miguel Vargas Maldonado aseguró que el gobierno del presidente Leonel Fernández falta el respeto al país al culpar al Fondo Monetario Internacional (FMI), de lo que es una responsabilidad exclusiva de su administración por elaborar un proyecto de presupuesto violador de las leyes, que no sirve a la lucha contra la pobreza ni es un instrumento de desarrollo.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano expone que el FMI no establece condiciones sobre la composición del gasto ni la inversión pública sino que su interés está centrado fundamentalmente en el balance o saldo de las finanzas públicas, por lo que es incierto afirmar que se incumple con la Ley de Autonomía Presupuestaria, por presiones del FMI.
El nominado presidencial del Partido Revolucionario Dominicano cita que es conocido el hecho de que entre sus condicionalidades el FMI plantea que para el año 2008 el saldo de las finanzas nacionales alcance un superávit primario equivalente a un 1.3% del Producto Interno Bruto, pero en modo alguno el organismo financiero internacional se opone al monto del presupuesto que se le asigna a la Suprema Corte de Justicia, a la Junta Central Electoral y al Congreso Nacional.
“Tampoco obliga ni pone camisa de fuerza alguna al presidente Leonel Fernández”, puntualiza Vargas Maldonado, “para que viole la Ley General de Educación, que dispone la inversión del 16% del Presupuesto Nacional en esa área esencial para el desarrollo y la competitividad del país, y a la que de nuevo le asigna menos de un 10%”.
Sostuvo que en vez de invertir más en educación y más en salud, en vez de invertir más en la seguridad social y ciudadana, en vez de invertir más en el desarrollo humano y el combate a la pobreza, el candidato presidente ha formulado un presupuesto a la medida de sus ambiciones continuistas, pues el monto asignado a la Presidencia de la República supera con creces el presupuesto de la Secretaría de Educación.
En realidad, expuso el candidato presidencial perredeísta, lo cierto es que con los recortes de presupuesto a la Junta Central Electoral, a la Suprema Corte de Justicia, a los ayuntamientos y a la Cámara de Cuentas el presidente candidato procura que se vean obligados a acudir a él de manera personal para conseguir sus recursos, con la pretensión de favorecer así su proyecto reeleccionista.
“En estos tiempos de consenso y participación”, puntualiza Vargas Maldonado, “es un verdadero despropósito que un presidente de la República pretenda usar a su antojo y en función de sus ambiciones personales los dineros que pagamos en impuestos todos los ciudadanos y ciudadanas, y que encima de ello trate de culpar a terceros, como hace con el FMI, de lo que es su visión atrasada y excluyente”.
Dijo que en oposición a esa concepción de ejercer el poder de espaldas a la sociedad con que gobierna el presidente Fernández, él está articulando las alianzas y consensos necesarios para conformar un proyecto de país que a partir del 16 de agosto inaugure un nuevo capítulo en la historia de la República Dominicana, en el que la equidad, el desarrollo humano y el respeto a la Constitución y las leyes sean objetivos fundamentales del Estado.
Bengoa afirma “no hay manera” de variar Presupuesto Nacional
Vicente Bengoa ofreció sus declaraciones tras una reunión con los presidentes del Senado, Reinaldo Pared, y de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín.
SANTO DOMINGO.- El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, proclamó anoche que “desgraciadamente” ya no hay forma de variar los montos aprobados en el Presupuesto Nacional, como pide un grupo de instituciones inconformes con las partidas asignadas, porque cualquier modificación que se realice implicaría una ruptura con el Fondo Monetario Internacional.
El funcionario explicó, luego de reunirse por casi dos horas con los presidentes de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el director de Presupuesto, Luis Hernández, que en el futuro, a más tardar en junio y luego que se cumpla con todas las exigencias del FMI, se pensaría en una readecuación o en la posibilidad de un presupuesto complementario.
El controversial proyecto será sometido por ante la Cámara de Diputados a más tardar mañana jueves. “Lo que yo digo es que este es un presupuesto con muchas limitaciones y necesariamente vamos a tener que hacer una reformulación del mismo posteriormente”, indicó.
Para tomar la decisión Bengoa explicó que el Fondo Monetario Internacional ha puesto una camisa de fuerza al gobierno que exigió la consignación de 650 millones de dólares para el subsidio al sector eléctrico, lo que se traduce en 21 mil millones de pesos. El Gobierno había contemplado en ese ámbito 15 mil millones; por lo que la cifra se elevó a 6 mil millones más, según su exposición. Al mismo tiempo las autoridades habían contemplado para la focalización del subsidio al gas, RD$2,400 millones y lo elevaron a 5 mil millones, RD$2,600 millones más.
Mientras, los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, coincidieron al plantear que esperarán a que el proyecto llegue al Congreso para escuchar las voces de los demás legisladores.
Valentín dijo que estaba de acuerdo con el gobierno “pero no conforme”.
El Consejo Nacional de Desarrollo, encabezado por el presidente Leonel Fernández, aprobó el pasado jueves el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, ascendente a RD$300 mil millones, con partidas que dejaron insatisfechas a instituciones públicas, que como la Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, Secretaría de Educación y el mismo Congreso reaccionaron en contra.
Bengoa dijo que la camisa de fuerza impuesta por el FMI ha impedido que no se cumpla con una serie de requisitos legales, que afectan incluso al presidente de la República que le corresponde el 5% de los ingresos corrientes y se redujo, lo mismo que al Congreso.