Presupuesto y democracia

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POR JUAN TAVERAS HERNANDEZEn su artículo 4 la Constitución de la República –ese pedazo de papel que el presidente viola constantemente- dice: “El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Esos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.”
El principal poder del Estado es el Legislativo, no el Ejecutivo. Cuando el encargado del Poder Ejecutivo asume el cargo, el artículo 54 lo obliga a jurar “por Dios, por la Patria y por mi honor, a cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes de la República…”, cosa que no está haciendo el mandatario.
No puede haber independencia del Poder Legislativo y del poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de decidir el presupuesto de esos poderes.
La ley le otorga un 3.10% del Presupuesto al Congreso, 30% para el Senado, que apenas tiene 32 miembros, y el 70% restante para la cámara de diputados que son 178. Esa ley fue aprobada por los legisladores de todos los partidos, incluyendo al PLD. De igual manera, la ley otorga un 2.66% para el sistema judicial a través del organismo rector, que es la Suprema Corte de Justicia. En ambos casos, el Presidente se coloca de espaldas a la Constitución y las leyes cuando le asigna montos inferiores.
A los ayuntamientos, considerados como el Cuarto Poder del Estado, el presidente les promete el 8%, cuando la ley dice que debe ser el 10%.
La Junta Central Electoral debe tener autonomía presupuestaria para no depender del Presidente de la República, sobre todo cuando éste es un candidato a la reelección. Pero el mandatario no sólo le niega la autonomía económica, sino que pretende ahogarla creando una crisis que pone en juego las elecciones y la democracia misma. El Presidente sabe que poco más de dos mil millones de pesos para organizar dos procesos electorales modernos, con tecnología de punta, que garantizan resultados incuestionables, no es posible. Mueve a sospecha el interés del mandatario por joder a la JCE.
El presidente habla de progreso, pero no facilita los recursos necesarios al sistema educativo. Al contrario, la inversión en educación es de las más bajas en América Latina.
A la Secretaría de Estado de Educación el gobierno promete darle 31 mil millones de pesos el año próximo, lo cual equivale al 10.5% del presupuesto, es decir apenas un 2.33% del Producto Interno Bruto, cuando debe asignarle un 16% equivalente más o menos a un 4% del PIB, como recomiendan los organismos internacionales.
A Salud Pública le dará 21 mil 480 millones, menos del 2% del PIB, para que los pobres continúen muriéndose en los hospitales. El Presidente se coloca de espaldas a la Constitución cuando propone un Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos estableciendo partidas antojadizamente a los demás poderes del Estado y a las demás instituciones públicas.
El dinero del Estado es dinero del pueblo. El presidente de la República, no puede asignar a partir de sus propios intereses políticos y económicos. La ley se lo prohíbe.
Dicen los teóricos y técnicos de la materia que el presupuesto anual es o debe ser un instrumento de desarrollo de los países, sobre todo en los más atrasados. Aquí, sin embargo, es un instrumento político al servicio del presidente que busca la reelección.
Eso es lo que ha enviado el Ejecutivo al Congreso. Un proyecto reeleccionista. El quiere dinero, mucho dinero para usarlo discrecionalmente como en la campaña electoral anterior, que gastó cinco mil millones de pesos para “ganar” el Congreso.
Ese presupuesto puede agotarse en agosto, como sucedió en el 2000, que cuando asumió Hipólito Mejía el poder no encontró dinero ni para pagar a los empleados públicos.
El Presidente tiene en el Congreso un sello gomigrafo. Sabe que tiene la sartén por el mango. Por eso envió tarde el proyecto (en violación a la ley), Sabe que ese Congreso está en sus manos, que no modificará la pieza, que nadie en el PLD se atreverá a mover un dedo. La oposición, por más que grite y patalee, no tiene fuerzas en el Congreso para hacer la diferencia.
El párrafo tercero del artículo 115 de la Constitución establece que “el Congreso no podrá modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Gastos Públicos sometidos por el Poder Ejecutivo, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara…”
Ahora bien, como propusiera Juan Bosch en contra del doctor Joaquín Balaguer hace muchos años, al gobierno del presidente Leonel Fernández hay que obligarlo a respetar la Constitución y las Leyes como única forma de hacer valer los principios del sistema democrático.