POR JULIO CURY
Es poco probable que en las elecciones de mayo del 2010, el PLD alcance una representación congresional parecida a la que actualmente tiene. El inevitable impacto de la crisis financiera internacional, por un lado, y los efectos económicos y sociales que se han venido manifestando como resultado del déficit de las finanzas públicas, por el otro, harán más que difícil la repetición de la hazaña alcanzada por los oficialistas el 16 de mayo del 2006.
Sabemos que el aumento de las tasas de interés, que no solo ha acrecentado los niveles de desempleo, sino que también ha desacelerado notablemente el comercio, es consecuencia de la restrictiva oferta monetaria que el Banco Central se ha visto precisado a imponer como contrapeso al desenfrenado gasto público que entre enero y mayo se atragantó la mayor parte de los recursos presupuestados de este año.
En efecto, la falta de recursos para saldar la deuda acumulada con las empresas generadoras de electricidad, y que tampoco le permite al gobierno ejecutar las obras que los francomacorisanos le demandan con piedras y palos en manos, responde a los subsidios a la harina, al pollo y a muchos otros productos alimenticios favorecidos durante la campana electoral, y que indudablemente contribuyeron a apuntalar la candidatura reeleccionista.
Pero lejos de resolver nada, esos subsidios populistas, los enormes gastos publicitarios y la crecida de nombramientos, drenaron al Estado, agravando el déficit fiscal que este año terminará en no menos del 4% del PIB. A las secuelas del desbordamiento del gasto público se le une ahora el complejo panorama financiero mundial y la caída del valor de las acciones de las empresas que cotizan en Wall Street, cuya repercusión sobre los ingresos provenientes del turismo y las remesas fue considerable en el trimestre julio-septiembre.
Previendo la recomposición electoral que generará la inconformidad colectiva, Fernández decidió aprovechar la mayoría legislativa de que goza su partido para pasar el proyecto de reforma constitucional. Lamentablemente, muchas de las modificaciones propuestas reafirman el verticalismo presidencialista y su odioso dominio en la conformación de órganos que deberían operar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo.
Si bien es verdad que en Argentina está consagrada la reelección sucesiva, no es menos cierto que las cuentas públicas son fiscalizadas por un funcionario designado por el partido de oposición con mayor representación legislativa, lo que le dificulta al mandatario de ese país valerse del erario para fomentar el clientelismo. Si aspiramos a fortalecer nuestras instituciones, ¿por qué se preserva al Presidente la potestad de sugerir los integrantes de la Cámara de Cuentas? Dejémonos de hipocresías y admitamos que el continuismo, cuyo más reciente costo estamos pagando con apagones y encarecimiento del crédito, seguirá siendo una rémora del desarrollo mientras el Contralor General y los miembros del Ministerio Público sigan también a su merced.
No hay comentarios:
Publicar un comentario