Sin institucionalidad

Escoger el tamaño Muy Pequeña Pequeña Normal Grande Muy Grande POR RAMON ANTONIO VERAS Ningún pueblo está obligado ni condenado a vivir bajo un sistema social determinado y mucho menos aceptarlo tranquilamente si no soluciona los problemas principales que afectan a los que son los más. Los dominicanos y dominicanas no tienen motivación ni justificación para santificar el ordenamiento social actual el cual ha demostrado ser infuncional en todos los órdenes. La democracia que impera aquí resulta una estafa para las mayorías nacionales. En verdad, el pueblo no decide, porque la forma de escoger los mecanismos de representación consagrados en la Constitución política, solamente sirven a determinados grupos nacionales y extranjeros. El Congreso Nacional, con la Cámara de Diputados y el Senado, ha demostrado, en la práctica, que la mayoría del pueblo no está allí representado y que lo que decide en nada lo favorece. La mayoría de los ayuntamientos son centros de carrerismo y clientelismo político y no resuelven ningún problema de las comunidades. No resultan funcionales las instituciones suplantadas por la voluntad de grupos que las controlan por medio de una mayoría mecánica; se ha demostrado que en nuestro país los ciudadanos y ciudadanas no están representadas en los órganos de poder político estatal. Cada vez que se denuncian actos de corrupción en instituciones del Estado, se evidencia que el sistema electoral actual carece de eficacia, ya que los electores y electoras nada pueden hacer contra los que, actuando contra la voluntad popular, se colocan al margen del mandato que recibieron. Si los que eligen tuvieran el derecho de revocar a los elegidos, hace tiempo que la mayoría del pueblo, hastiada de tantos engaños, trampas y ladronismo hubiera sacado de los organismos en los cuales fueron elegidos a los que no han sido merecedores de la confianza que en ellos se depositó. Constituye una ofensa a lo mejor del pueblo dominicano el comportamiento de muchos de los que aquí han resultado seleccionados en los procesos electorales para que actúen con dignidad, decoro, honradez y decencia, y luego se convierten en verdaderos delincuentes, amparados en el mandato que les fue conferido. En lugar de dignos mandatarios representan un bochorno para los votantes. Si queremos cambiar esta infuncional democracia que hemos padecido, debemos comenzar por modificar la forma de elegir y ser elegidos, consagrándo, necesariamente el derecho de revocación de los que resultan electos cuando no cumplen dignamente el mandato conferido Es de suponer lo mal que se deben sentir los miembros de un municipio o provincia que eligen un diputado o senador y luego comprueban que su escogido ha utilizado su cargo para obtener beneficios recibiendo dinero para aprobar o rechazar proyectos, o utilizando una ONG, como medio de enriquecimiento ilícito. Si tuvieran a su disposición el derecho de revocación lo menos que pueden hacer los electores burlados es buscar la forma de que desaparezcan, por indignos, los elegidos burladores de la voluntad popular. La realidad ha demostrado que los partidos tradicionales están descalificados para hablar de democracia y representatividad porque no han dado ejemplo de llevar a la práctica lo que han ofrecido al pueblo de adecentar las instituciones del Estado.