La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) interpuso hoy por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 677-07 del Poder Ejecutivo, que dispone un subsidio de 31 pesos con 79 al precio del galón de gasoil para los vehículos del transporte de pasajeros y de carga, así como para las empresas del sector construcción.
El recurso fue depositado por una comisión de Anadegas, encabezada por su presidente, ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Anadegas alega que la aplicación del decreto que establece el subsidio conduce a obstruir, entorpecer, dificultar, enrarecer y crear daños morales y económicos al desarrollo normal del comercio de los combustibles y a los propietarios de puestos de expendios, por lo que entiende que la medida es inconstitucional.
Alega, además, que el subsidio lesiona el derecho de los miembros de Anadegas y transgrede principios elementales de los efectos de las leyes, tales como la razonabilidad, igualdad y utilidad.
Sostiene que el decreto en cuestión vulnera el estado de derecho y la seguridad jurídica, que son parte de la base de la democracia y que corresponde al Estado tutelar.
Al depositar el recurso, el presidente de Anadegas dijo que el decreto persigue favorecer a grupos que con un manejo político desarrollan actividades de transporte, dejando fuera a verdaderos transportistas, empresarios y productores que necesitan en realidad que los altos precios de los combustibles no los siga impactando.
"Con ese decreto, en realidad, lo que están es fomentando las bombas de patio, instrumento por demás ilegal, y están fomentando actores ilegales del mercado de los combustibles", declaró Espaillat.
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