Dirigentes PLD admiten cobro cuotas empleados; JCE condena acción

19 de febrero de 2009 www.elnuevodiario.com.do

Imágenes Copyright 2008 El Nuevo Diario Herramientas Tamaño de la fuente Tamaño del Texto - Pequeño - Normal - Grande - Muy Grande - Extra Grande Grabar artículo Imprimir artículo Escribir comentario Enviar a un amigo - SANTO DOMINGO.- El superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Féliz y el secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, admitieron este jueves el cobro de cuotas que hace el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a los empleados públicos, pero dijeron que la misma no es obligatoria. En los últimos días se ha denunciado que el Gobierno estaría realizando descuento al salario de los empleados públicos para recaudar fondos para el partido oficial, lo que ha provocado diversas opiniones en sectores de la sociedad. En ese tenor, ambos funcionarios indicaron que esa es una posición libre de quien quiera aceptarla, y manifestaron que en el PLD siempre ha existido ese cobro o contribución con la organización, por lo que manifestaron no entender porque la población se sorprende con ese dato. Gutiérrez Feliz señaló que "los altos funcionarios también deben dar esa cuota, e incluso ante de estar en el poder nosotros dábamos dinero para el Partido, pero no es obligatorio, es si ellos quieren hacerlo". Mientras que Díaz Rua aseguró que esa cooperación es voluntaria. En un acuerdo donde ellos autorizan que se deposite ahí, pero no se le está cobrando dinero a nadie en contra de su voluntad. Los dos funcionarios hicieron sus explicaciones después de participar en acto a la Bandera Nacional que se celebró en el Parque Independencia. El acto en honor a la Bandera Nacional fue encabezado por el presidente Leonel Fernández y su esposa Margarita Cedeño de Fernández, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y su esposa Marta de Montes de Oca, funcionarios y personalidades de la vida nacional. Se recuerda, que en los últimos días, empleados de diferentes instituciones del Gobierno, denunciaron que por temor a ser cancelados se ven obligado a pagar todos los meses una cuota para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ese aporte, que se descuenta por nómina, oscila entre un 2% y 5% de los sueldos de los empleados, y se realiza a través de un formulario. En ese sentido, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, calificó de inconsecuente e injusto el descuento que hace el Gobierno a los empleados públicos para destinarlos a los fondos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Explicó que el artículo 47 de la Ley Electoral establece cualquier mecanismo que debe utilizar los partidos para generar ingresos y que contrario a eso pudiera ser inconsecuente. Dijo que el Gobierno no debe incurrir en esa práctica, porque podría provocar caos en la administración pública, ya que los demás partidos políticos cuando lleguen al poder harían lo mismo con los empleados. Castaños Guzmán consideró que esa conducta generaría una división de los empleados públicos en dos categorías: los que contribuyen con las autoridades y los que no. JCE condena acción y dice es inconsecuente El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) calificó de inconsecuente que el gobierno esté aplicando descuentos por nómina a los empleados del sector público para destinarlos a los fondos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Julio César Castaños Guzmán explicó que el artículo 47 de la Ley Electoral establece cualquier mecanismo que debe utilizar los partidos para generar ingresos y que contrario a eso pudiera ser inconsecuente. Señaló que el gobierno no debe incurrir en esa práctica, porque eso podría provocar caos en la administración pública, ya que los demás partidos políticos, cuando lleguen al poder harían lo mismo con los empleados. Dijo que el Gobierno no debe incurrir en esa práctica, porque podría provocar caos en la administración pública, ya que los demás partidos políticos cuando lleguen al poder harían lo mismo con los empleados. Castaños Guzmán consideró que esa conducta generaría una división de los empleados públicos en dos categorías: los que contribuyen con las autoridades y los que no.