Subero Isa advierte si quitan poderes a SCJ institucionalidad RD llegaría a su fin

6 de noviembre de 2008 www.elnuevodiario.com.do

Imágenes Copyright 2008 El Nuevo Diario Herramientas Tamaño de la fuente Tamaño del Texto - Pequeño - Normal - Grande - Muy Grande - Extra Grande Grabar artículo Imprimir artículo Escribir comentario Enviar a un amigo - Podría acabarse la institucionalidad en la Republica Dominicana, si se aprueba tal como fue concebido el proyecto de reforma constitucional, advirtió este miércoles el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Afirmó que con la reforma se le quitaría a la SCJ la facultad de juzgar a los funcionarios del gobierno con privilegio de jurisdicción, “el Poder Judicial quedaría disminuido y lo limitaría a una Corte de Casación, donde se conocería delitos de personas, yo me temo que no se podrá juzgar en jurisdicción privilegiada a los secretarios de Estado”. En ese sentido, el doctor Subero Isa exhortó a la población a pronunciarse en contra del proyecto de reforma de reforma a la Carta Magna, depositado por el presidente Leonel Fernández en el Congreso Nacional. Aclaró que solicitó una segunda “ola” de reforma judicial y que, en cambio, el Poder Ejecutivo introdujo un “tsunami asiático” que amenaza con terminar la institucionalidad del país y, que en su opinión, “es muy peligroso de aprobarse”. Manifestó que dicha pieza, en el fondo, lo que busca es desarticular el Poder Judicial, con la creación de una Sala Constitucional y un Tribunal Contencioso Tributario independiente de la SCJ. “No es una concentración de poder como se ha dicho, sino una descentralización del Poder Judicial”, afirmó el titular del alto tribunal, luego de tomarse las huellas dactilares para ser captadas en el sistema biométrico instalado por la Junta Central Electoral (JCE) en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes. Al acto de instalación de una unidad de captación de datos biométrico también asistieron el presidente de la Cámara Administrativa de la Junta, Roberto Rosario, el procurador general, Radhamés Jiménez Peña, el director de prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, entre otros funcionarios.