20 de noviembre de 2008
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SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Pilotos estimó ayer que la Ley de Interceptación Aérea y Marítima no representa ningún peligro para la aviación comercial y el turismo en el país.
Pedro Domínguez, presidente de la asociación, y Juan Emilio Sánchez, miembro, expresaron que de ser aprobada, esta ley garantiza que no se derribe una aeronave hasta cumplir un protocolo de cinco medidas de indagación, intervención, persuasión y declaratoria de hostilidad.
Explicaron que la última palabra sobre si se derriba o no una aeronave la tendría el presidente de la República o alguien en quien delegue el mandatario. Asimismo, instaron a las autoridades a restaurar el radar del Aeropuerto María Montez, en Barahona, por considerarlo de suma importancia para la seguridad de la zona sur y el combate al narcotráfico en el país.
Argumentan que se debe comprar un radar tridimensional, porque es el más efectivo para detectar los vuelos ilegales. Dijeron que el precio de este radar está calculado en 10 millones de dólares. “La nueva ley lo que viene es a agregar mayor garantía y seguridad a la aviación nacional”, indicó Domínguez.
Señaló que primero las aeronaves de interceptación procurarán ver la matrícula mediante el reconocimiento a distancia y realización de un interrogatorio en la frecuencia internacional de emergencia para confirmar si se trata de un avión registrado nacional e internacionalmente.
Luego, expresó, se le indicará un cambio de ruta y una orden de aterrizaje obligatorio. Precisó que se agotarían medidas de persuasión consistentes en la realización de disparos de advertencia con proyectiles trazadores sin intención de impactar. Finalmente, previa autorización de la persona investida por el presidente de la República, se procedería al derribo de la aeronave. Aclaró que si en la actualidad se derriba una aeronave no hay penalidad, pero en cambio la ley que aprobaría el Congreso Nacional sí establece sanciones para el piloto y quien le ordene derribar un avión sin agotar los procesos estipulados. Agregó que la ley obliga a grabar todo el proceso de derribo. | |
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