domingo, 19 de octubre de 2008

De las palabras a los hechos


19 de octumbre de 2008

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POR JUAN TAVERAS HERNÁNDEZ
El pasado miércoles, el Partido Revolucionario Dominicano celebró un de taller con la participación de sus principales dirigentes, diputados y senadores para analizar la reforma constitucional sometida por el presidente Leonel Fernández ante el Congreso. Expusieron Hugo Tolentino Dipp, Marcio Mejía Ricart, Enmanuel Esquea Guerrero y Orlando Jorge Mera. Todos coincidían en señalar que el proyecto es inconstitucional.

Si la dirección del PRD considera que el proyecto no procede, que es ilegal, ¿por qué no somete un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué los expertos no elaboran ese recurso y lo entregan en el transcurso de esta misma semana? El PRD es el único partido opositor, y, por tanto, su responsabilidad ante el país es única.

El presidente Fernández, como ya escribí, no presentó una reforma constitucional. Presentó una nueva Constitución. Y es ilegal. “Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara…”. Eso dice el artículo 116. Habla de reforma, no de otra Constitución, lo cual sólo puede hacer una constituyente. Los legisladores actuales no tienen autoridad legal para cambiar esta Constitución por otra. El artículo 117 dice que la “necesidad de la reforma se declarará por una ley”. Habla de “reforma”.

Desde el artículo 116 hasta el 120 la Constitución vigente se refiere a la reforma, lo cual sí puede hacer este Congreso. Escuché a una comunicadora pedirle al PRD que dejara de “fuñir” con el tema de la Constitución y que permitiera la reforma tal y como está. “Al PRD que no joda más con eso, que deje eso así, que no siga fuñendo que ya Leonel tiene los votos para hacer lo que quiera”.

El problema es, mi querida señora, que es mucho lo que está en juego. El PRD está en el deber histórico y hasta patriótico de seguir “fuñendo” con la Constitución porque, aunque usted no lo crea, el presidente pretende darle un golpe de Estado al pueblo y convertirse en dictador moderno, legitimado por la Constitución y las leyes. Y por si usted lo ha olvidado, el PRD ha sido garante de la democracia. Eligio Jáquez dijo: “El PRD es el padre de la democracia y con ese sentido paternalista es que la defiende incluso hasta hacerse daño”.

Lejos de reducir los poderes que le otorga el artículo 55 de la Constitución vigente, Fernández pretende agenciarse los demás poderes del Estado. Ya tiene el Congreso en sus manos. El Poder Judicial, que tantos servicios le ha brindado, será debilitado poniéndolo de rodillas ante su majestad, que sí podrá ser llamado con propiedad: Jefe de Estado.

El artículo 119 expresa que “ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo”.

El artículo 4 reitera: “El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones”.

Habla de tres poderes, independientes. Y el proyecto del presidente crea otros, como la Corte de Garantías Constitucionales y la Corte Contenciosa-Administrativa.

Y no hablo de la corte electoral, ni del defensor del pueblo que, de aprobarse el proyecto, adquiriría categoría constitucional.

Si el PRD y el pueblo permiten que el proyecto se apruebe, tendremos, insisto, un faraón o un rey.

El presidente Fernández será dueño de todos los poderes. Dueño absoluto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con todas sus salas o cortes independientes sujetas únicamente al Consejo Nacional de la Magistratura que el presidente encabeza y preside. ¿Puede este país darse el lujo de entregarle a un solo hombre tantos poderes?

¿Puede un pueblo permitir que un hombre, sea quien sea, del más acá o del más allá, tenga el control de las principales instituciones?

Solamente Trujillo tuvo aquí tantos poderes.

Cambiar la Constitución para entregarle todos los poderes al presidente Fernández es una decisión del soberano, es decir, del pueblo, a través de una Constituyente, porque, como dice la Constitución vigente en su artículo 2, del pueblo es que emanan todos los poderes del Estado.

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