miércoles, 25 de junio de 2008

Diputados aprueban juicio político para jueces Cámara de Cuentas

25 de junio de 2008

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La comisión especial de la Cámara de Diputados fue creada mediante resolución, el pasado 11 del presente mes a petición de Ramón Rogelio Genao, del PRSC.
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Los diputados mientras discutían la resolución. (Feligno Peguero)




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Camaras de Diputados aprobó este miércoles someter a juicio político los miembros de la Cámara de Cuentas, tal como recomendó la comisión especial que investigó y determinó que los miembros de ese organismo cometieron graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

El informe de 50 páginas fue presentado durante sesión extraordinaria de la Cámara Baja, debidamente firmado por cada miembro de la comisión especial compuesta por los diputados Rafael Molina LLuberes, presidente; Francisco Rosario Martínez, vicepresidente; Plutarco Pérez, secretario; René Polanco, miembro; Víctor Valdemar Suárez Díaz, miembro.

“La comisión recomienda al Pleno de los diputados acusar y someter ante el Senado de la República a los miembros de la Cámara de Cuentas, a los fines de ser juzgados, acusados de mala conducta y faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, señalaron.

La comisión se basó para hacer sus recomendaciones en la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, la Ley 41 de Función Pública y los artículos 23 y 4 de la Constitución de la República.

Los acusados son los jueces Andrés Terrero, presidente de la Cámara de Cuentas; Henry Mejía, vicepresidente; José Altagracia Gregorio, secretario; y los demás miembros José A. Maceo, Julio de Beras, Luís Yépez y Freddy Bolívar Almonte Brito.

La comisión especial de la Cámara de Diputados fue creada mediante resolución, el pasado 11 del presente mes a petición de Ramón Rogelio Genao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

La comisión interrogó a los nueve miembros de la Cámara de Cuentas, al tiempo que solicitaron entregar al hemiciclo copias certificadas de las actas de las sesiones celebradas por los legisladores designados para interrogar e investigar a los jueces de la Cámara de Cuentas, desde su designación y las auditorias practicadas durante el mismo período.

Sólo el Senado de la República cuenta con la facultad constitucional de hacer juicio político. Este escarceo se realiza contra funcionarios públicos elegidos para un período predeterminado, bajo la acusación de mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Principales deducías

Dentro de las principales imputaciones que se hacen a la Cámara de Cuentas (CC) están la congelación de una cuenta de parte de la Unión Europea, a través de la cual ese organismo internacional haría una cooperación para modernizar el organismo supervisor de los fondos públicos.

Además, al presidente del organismo, Andrés Terrero, se le acusa de tener una cuenta particular de 8 millones de dólares y haber contratado un profesor particular de golf.

Hasta el momento, el presidente de la CC y los demás miembros se han adelantado en declarar que actuaron con pulcritud al tiempo que se niegan a renunciar de sus respectivos cargos, petición hecha por diversos sectores, a raíz de haberse desatado el escándalo en la entidad.

Aunque la comisión especial señala “mala conducta” en el ejercicio de sus funciones, a los miembros de la CC no se les acusa de malversación de fondos, ya que los legisladores durante sus investigaciones no realizaron auditoria al manejo de los fondos del Estado.

Antecedentes

El “maleficio” empezó accionar en la Cámara de Cuentas desde que sus miembros decidieron aumentarse el sueldo de manera exagerada, acción que dejaron sin efecto después de recibir el fuerte rechazo por parte de la opinión pública.

A esa decisión continuó la firma de un documento que hicieron público y firmado por siete de los miembros del organismo, donde acusaban al presidente de la entidad de ocultar una serie de irregularidades en auditorias realizadas en instituciones del Estado.

Recientemente, el presidente de la CC declaró que si hay juicio político, los nueves jueces del organismo deben juzgarse de manera individual, al considerar que cada quien debe responder de manera independiente por sus actuaciones, a lo que se han opuesto los legisladores.

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