10 de marzo de 2008 www.dominicanoshoy.com | |||||||||||||||||||||||||
La síndica de Boca Chica, Jocelyn Peña y el senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, estarían encabezando la lista de dirigentes que abandonaron sus organizaciones políticas para apoyar la reelección del presidente Leonel Fernández, a cambio de que le sean desestimados casos pendientes con la justicia. Según informes llegados a la redacción de DominicanosHoy.com el esposo de la síndica de Boca Chica, identidad que no fue posible obtener, también tendría asuntos pendientes con la justicia, cuya omisión está dentro de las negociaciones entre Jocelyn Peña y la reelección. Estos son los casos de transfuguismo más sonados auspiciados por el proyecto reeleccionista del presidente Fernández, siendo duramente atacados por la oposición, porque además envuelven el dispendio de una gran cantidad de recursos del Estado. El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) tiene engavetado los resultados de una investigación sobre un contrato irregular de recogida de basura hecho por Jocelyn Peña. Asimismo, está pendiente en la justicia ordinaria el descargo de Adriano Sánchez Roa por el sometimiento debido a un desfalco en el Banco Agrícola en 1996. Ese expediente todavía sigue dando tumbo en los tribunales, porque al convertirse Sánchez Roa en Senador adquirió el derecho de la jurisdicción privilegiada, y por eso no ha pasado de los tribunales ordinarios a la Suprema Corte de Justicia. Se recuerda que el Ministerio Público es el jefe de la acción pública, y puede desistimar a escondidas esos sometimientos, como aseguran fuentes cercanas a la reelección. Todavía está pendiente el juicio del actual secretario sin cartera Ángel Lockward por el fraude millonario en perjuicio del Estado por vía de cupones que se beneficiaban amas de casa para el subsidio del Gas Licuado de Petróleo en el gobierno del PRD, que encabezó Hipólito Mejía, cuando él (Lockward), fungía como secretario de Industria y Comercio. Un tribunal había enviado a juicio el expediente, que, además de Lockward, involucra a otras 31 personas. El ahora secretario sin cartera elevó un recurso de apelación contra la sentencia que los enviaba a juicio de fondo, sin embargo la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible los recursos interpuestos por el ex secretario de Industria y Comercio. La pesquisa incluyó a 288 envasadoras, de las cuales 67 reportaron ventas en exceso por un total de 8,100.373 galones, equivalentes a 66 millones 099 mil 041 pesos La Contraloría General de la República concluyó la investigación sobre un posible fraude al Estado a través del programa subsidiado al Gas Licuado de Petróleo (GLP) por un monto de 70 millones de pesos y en el cual están involucradas once empresas distribuidoras del combustible y 67 envasadoras. |
lunes, 10 de marzo de 2008
Revelan reformistas apoyan reelección a cambio de impunidad
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