| SANTO DOMINGO.- La emisión de pagarés con garantía del Estado por parte de la Sun Land Corporation ha puesto al Gobierno en un situación de riesgo ante los ojos de inversionistas extranjeros, que podrían desistir su intención de traer capitales al país si las autoridades no honran ese compromiso.
Así lo indica un artículo publicado en la edición para Latinoamérica del Emerging Markets Daily (Diario de Mercados Emergentes) del CitiGroup, donde se afirma que si el Gobierno honra los pagarés, estaría admitiendo que se trata de una deuda pública, mientras que si decidiera no pagarlos estaría enviando una mala señal a los inversionistas extranjeros. Se trata de los 19 pagarés de US$6.8 millones cada uno emitidos por el Estado dominicano a través de Sun Land en 2006, para un total de US$130 millones. Esos compromisos vencen en julio de este año.
El informe fechado el 12 de este mes hace un recuento sobre la colocación negativa de la calificación de Standard & Poor´s a la deuda del país, así como las declaraciones del secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, en LISTÍN DIARIO el siete de enero pasado, donde afirma que el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OIS), Félix Bautista, no estaba autorizado a firmar los pagarés como garante del Estado dominicano.
“Si el Gobierno hace los pagos para evitar que los inversionistas cambien de opinión acerca de la solvencia del país, se reconoce implícitamente que los valores de Sun Land han sido siempre una deuda pública”, indica el informe, para luego agregar que esa situación podría causar implicaciones jurídicas para las autoridades. Agrega que además está el costo político del caso, pues el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha sido un abanderado de la denuncia de que se violentó la Constitución de la República ha hacer la emisión sin pasarla por la aprobación del Congreso Nacional.
Agrega que en caso de que el Gobierno decida no hacer los pagos, “algunos inversionistas podrían cambiar de opinión antes de poner su dinero en el país”, lo cual se traduciría en un aumento de la volatilidad del país en los mercados locales y perjudicar la imagen política del presidente Leonel Fernández.
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