Industriales piden detener el desorden en los sueldos del Estado

13 de enero de 2008 SANTO DOMINGO.- Los industriales de Herrera consideraron alarmante el desorden que predomina en las instituciones públicas respecto a los salarios de los servidores del Estado y urgieron la aprobación de un marco legal que ponga fin “al reprensible festín con el dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes.” Los empresarios, agrupados en la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), manifestaron que resulta contraproducente que el sector productivo y todos los ciudadanos paguen sus tributos para verlos devorados “por una boa insaciable”, que es producto del clientelismo político. Sobre el particular también se pronunció la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), quien sugirió a la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y al Congreso Nacional viabilizar una legislación que organice los salarios de los funcionarios y empleados públicos. Las dos entidades coincidieron en que una ley con ese propósito debe regular todos los sueldos que se pagan en el Estado, incluyendo aquellos de los numerosos consejos de instituciones públicas que se arrogan el derecho de asignarse compensaciones, dietas y viáticos sin controles ni parámetros. La AEIH y la FAI consideraron escandalosos los aumentos de ingresos que, sólo sobre la base del capricho, se aplican regidores de diferentes ayuntamientos y definieron como penoso que las corporaciones edilicias destinen sus presupuestos sólo al pago de nómina, mientras los servicios que deben ofrecer son cada vez más precarios. Las organizaciones empresariales dijeron que es patético el hecho de que altos funcionarios devenguen ingresos por más de tres vías dentro de la administración pública, llegando a sumar emolumentos por encima de los ingresos del Presidente de la República. Este tipo de situaciones –manifestaron- distorsionan la función pública, que debe estar dirigida a servir- y la convierte en un simple instrumento de enriquecimiento. Los empresarios apuntaron que, de prevalecer el desorden con los salarios públicos, de nada servirán las reformas tributarias ni la eficiencia recaudadora de las instituciones que administran los tributos, mientras el Estado seguirá atado con pocos recursos para desarrollar las políticas sociales que requiere el país.