SANTO DOMINGO.- La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) exigió al Gobierno que informe de inmediato los detalles de las operaciones de compra de Edesur y la venta de Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) ya que las mismas pueden generar perjuicios a la económica y soberanía al país.
Arturo Martínez Moya hablando en rueda de prensa en el instituto Doctor José Francisco Peña Gómez dijo que no se trata de cuestionar la operación en su forma, sino aclarar sus detalles o lo que se esconde detrás de ellas.
" El Gobierno no conforme con hundir al país en una profunda crisis económica, derivada del manejo fiscal irresponsable y del sesgo anti exportador de su política monetaria, ahora profundiza su práctica, nada transparente, de negociar los bienes del Estado bajo un manto de misterio y con un absoluto desprecio hacia el sector empresarial dominicano", dijo.
"Primero, informó que está comprando la distribuidora Edeste a un precio que nadie sabe su monto pero que todo parece indicar estará muy cerca de lo que costaron Edenorte y Edesur juntas, las dos distribuidoras más grandes.
Manipula la información y desvirtúa cualquier detalle de esa operación, que es producto de la ineficacia y corrupción que impera en el sector eléctrico, encabezado por la CDEEE.
Esa ineficacia se tradujo en un fallo judicial, casi obvio de la TCW contra la República Dominicana, que equivaldría a un pago de US$600 millones". Aseveró Martínez Moya.
En segundo lugar, recalcó, el gobierno decide comprar el 50% de la acciones de la Shell en US$110 millones, dejando sin efecto un concurso privado que estaba en marcha, sin embargo, no le dijo a nadie de donde salió el dinero para esa compra, ni si la misma estuvo amarrada a los fondos de Petrocaribe desde un principio, dando la impresión que fue un plan preconcebido para entregarle la refinaría a determinado cliente. Se supone que esos fondos tienen otros fines.
Dijo que ahora el Gobierno informa que le venderá el 49% de las acciones de Refidomsa a PDVSA, precisamente propiedad del Gobierno de Venezuela, a un precio de US$130 millones y bajo el supuesto de que se ganará US$20 millones, lo que puede ser totalmente falso si en esa venta se incluye el monopolio de las importaciones petrolera, donde la empresa pública venezolana suministraría el 90% del petróleo que consumimos.
Agregó que de ser así estaríamos haciendo un pésimo negocio perdiendo la libertad de importar de cualquier mercado y el riesgo de un suministro extremadamente vulnerable a los vaivenes políticos de otro país.
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