POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ
No puede hablarse de elecciones libres y transparentes cuando no existe igualdad de condiciones en el proceso electoral debido al uso indiscriminado de los fondos públicos por parte del Presidente de la República que busca mantenerse en el poder indefinidamente. (Ilusos son quienes piensan que el presidente Fernández busca solo un mandato más. La reforma constitucional se anuncia para después que termine la elección presidencial. Se pretende eliminar el “nunca jamás” del artículo 49, lo cual le permitirá presentarse en todas las elecciones presidenciales)
La sociedad dominicana ha visto cómo se ha degradado la figura presidencial, los ministros han abandonado sus puestos para salir por todo el territorio nacional a comprar voluntades.
La compra de opositores, dirigentes importantes, dirigentes medios, militantes y hasta simpatizantes, no tiene precedentes. Reciben ofertas de empleo, dinero en efectivo, vehículos de lujo, contratas millonarias, exoneraciones, perdón a los que han sido descubiertos con grandes contrabandos de bebidas alcohólicas, electrodomésticos, etc.
A los opositores con problemas económicos el gobierno les ofrece solucionarlos sin demora con un cargo importante, una contrata, un préstamo fantasma, exoneraciones, o simplemente con dinero en efectivo.
El “padroncillo” iba acompañado de la “nominilla” en las instituciones del Estado que en principio fue negado, pero que más adelante tuvo que ser admitido.
Las giras del presidente Fernández por pueblos, cambios y barrios están precedidas de alimentos, materiales de construcción, tarjetas solidaridad, dinero en efectivo, etc.
En esas labores participan altos funcionarios. El gobierno, que dice estar arriba en todas las encuestas, lo cual no puede dudarse con el uso de tanto dinero, no escatima recursos.
Ese derroche sucede frente a nuestros ojos, frente a los ojos de todos. Una gran parte de los ciudadanos de este país parece no inmutarse ante lo que está sucediendo.
El país no va a unas elecciones democráticas, vamos a un matadero electoral, como dijera Juan Bosch en una ocasión. Aquí no habrá elecciones. Elecciones se produjeron en España. Rodríguez Zapatero se impuso sin gastar un centavo del Estado español. Elecciones hay en países donde la instituciones se respetan, donde los ciudadanos no se extorsionan ni se envilecen con dinero, ni con un salami y tres libras de arroz, ni con una tarjeta. Elecciones se producen en Ecuador donde están prohibidos los regalos de todo tipo en las campañas electorales a los votantes. ¿Qué elecciones puede haber en un país donde el presidente de la República sale personalmente a comprar dirigentes opositores, juramentándolos incluso en sus hogares?
Y mientras todo eso ocurre la Junta Central Electoral, que debe ser el árbitro, el que dirija el proceso, nada hace nada y nada puede hacer, que es lo peor.
La ley autoriza a la JCE a “reglamentar todo lo relativo al financiamiento público de los partidos“. De la misma manera está autorizada a “reglamentar la propaganda en los medios de comunicación, con el fin de evitar distorsiones, alusiones calumniosas o injuriosas que afecten el honor o la consideración de candidatos o dirigentes políticos, así como menciones que puedan crear intranquilidad o confusión en la población”.
¿Qué cosa no le han dicho los voceros del presidente Fernández al principal candidato de la oposición, ingeniero Miguel Vargas? ¿Lo ha impedido la JCE? En los puentes públicos, en las vallas de Obras Públicas, en los espacios de los ayuntamientos que controla el gobierno, se observa la propaganda del presidente. ¿Lo ha impedido la JCE?
Entre el gobierno y el PLD tienen una inversión publicitaria que alcanza ronda el 70 por ciento. ¿Se ha dado cuenta de eso la JCE? La “nominilla” millonaria, que es otro Peme la tarjeta solidaridad, el programa “Vamos arriba”, los subsidios igualmente millonarios de la campaña electoral a comerciantes y empresarios? ¿No es obvia para la JCE la compra de dirigentes opositores? ¿Quiere pruebas? ¿Qué hará con ellas cuando las tenga? El video sobre las “nominillas”. ¿No son suficientes pruebas?
El problema no es de pruebas. Las pruebas sobran.
Los partidos de la oposición, junto a las organizaciones populares, la sociedad civil, tienen que montar una campaña nacional e internacional de denuncia del uso de los recursos públicos para detener al presidente de la República. De lo contrario, aquí no habrá elecciones el 16 de mayo. Que le pongan el nombre que quieran, pero no se puede llamar elecciones.
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