SANTO DOMINGO.- La intención de establecer una reforma tributaria para ampliar la base imponible en productos exentos no fue una sugerencia directa del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que se trata de una propuesta que el Gobierno le presentó al organismo internacional en la carta de intención para la última revisión del acuerdo.
El FMI incluyó la necesidad de una reforma fiscal en su informe final, luego de analizar los argumentos que presentó el equipo económico del Gobierno sobre ese tema en la carta que envió al Directorio el día 3 de enero pasado.
El párrafo número siete de esa carta establece: “En lo que se refiere a la política tributaria, nuestra prioridad en lo adelante es aumentar la base imponible por medio de la eliminación del gran número de exenciones existentes”.
Más adelante, la comunicación firmada por los secretarios de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, y de Hacienda, Vicente Bengoa, así como el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, indica que, sin embargo, esa eliminación de exenciones debe hacerse de manera gradual.
El Gobierno incluyó esos argumentos como explicación de los pasos para garantizar la estabilidad y asegurar recursos para priorizar la inversión social. “Para asegurar que estén disponibles los recursos suficientes para las metas sociales importantes, parece deseable limitar los subsidios a la energía, reformar el sistema tributario y ampliar la base impositiva, incluyendo mediante la racionalización de las exenciones fiscales”, indica una parte del comunicado del FMI, firmado por el subdirector gerente y presidente en funciones, Murilo Portugal.
El comunicado agrega que también serán necesarios esfuerzos adicionales a mediano plazo para asegurar excedentes primarios que permiten la reducción de la carga de la deuda pública al nivel previo a la crisis.
En el mediano plazo
El secretario de Hacienda dijo ayer que bajo las condiciones de eficiencia recaudatoria actuales el país no necesita una nueva reforma tributaria en este momento. Infirmó que se reunió con el representante local del FMI, Eric Offerdal, quien le manifestó que al hablar de la posible reforma, el organismo se refería al mediano plazo.
Bengoa dijo que el año pasado el Gobierno dominicano eliminó legislaciones impositivas que implican un sacrificio fiscal por el orden de los RD$12,000 millones, lo cual indica que no tiene en su agenda aplicar reformas para crear más impuestos.
Expresó que en caso de establecer una nueva revisión de la base legal tributaria del país sería enfocada hacia hacer más efectivo el gasto público, de manera que se eliminen subsidios y sean focalizados hacia los sectores que verdaderamente los necesitan.
Quejas sectoriales
Los sectores empresarial y sindical han expresado su rechazo a la propuesta de una nueva reforma fiscal, pero lo hicieron basados en la publicación del comunicado del FMI.
Empero, esa posibilidad había sido analizada por las autoridades antes de que el FMI conociera la octava y última revisión del acuerdo stand by con el país, cuyo programa se inició en enero de 2005 y concluyó 36 meses después, el pasado 31 de enero.
El FMI también hacer referencia a la necesidad de que el Gobierno establezca controles del gasto público durante este período electoral, a fin de evitar desequilibrios y se muestra de acuerdo con un apretamiento de la política monetaria en caso de ser necesario ante los efectos de choques externos.
RECURSOS
Dan para una refinería
Vicente Bengoa dijo que al terminar la presente gestión el Gobierno habrá destinado en subsidios para el sector eléctrico por un total de US$2,700 millones.
Recordó que un especialista en la materia se le acercó recientemente para informarle que esa cantidad de dinero (unos RD$91,000 millones a la tasa actual) alcanzan para construir en el país una nueva refinería de petróleo con suficiente capacidad para producir los 150,000 barriles diarios que consume el país en combustibles.
Bengoa señaló que esa comparación ofrece una idea de la magnitud del gasto en que incurre el Gobierno para cubrir el déficit del sector eléctrico, sin incluir el pago del consumo de las llamadas instituciones no cortables y el subsidio a los barrios pobres a través del Programa de Reducción de Apagones (PRA).
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