PULSACIONES

31 de enero de 2008

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POR RADHAMÉS GÓMEZ PEPÍN

Podría ser una torpeza ponerse a urgar en las interioridades de cada uno de los integrantes de la Comisión de Santiago que investigó el desagüe impropio de la Presa de Tavera, el cual provocó mortales inundaciones del Yaque del Norte a partir de la noche del 12 de diciembre.
Es indiscutible que los comisionados de Santiago son todos profesionales de alta calificación y algunos hasta expertos en eso de manejo de presas.
De manera que debe creérseles cuando dicen que hubo torpeza, imprevisión e ignorancia -aunque en palabras propias de técnicos- cuando se dispuso el desfogue de la Presa de tal manera que el agua causó al menos unas 40 muertes, además de decenas de millones de pesos en pérdidads materiales.
Falta ahora el informe de la Comisión que el Gobieno designó el 17 de diciembre y que encabeza el secretario de las Fuerzas Armadas.
Creo que ese informe coincidirá en gran parte -o en todas- con el que ya ofreció a la opinión pública la Comisión de Santiago y que las pocas diferencias podrían ser sólo de forma, nunca de fondo.
Esto debe ser así, porque no se trata de emitir opiniones, sino de evaluar una serie de datos técnicos y sacar las conclusiones normales.
O sea, que no no habrá diferencia importante entre uno y otro informes, a no ser que se mienta en uno de ellos o que se le incluyan distorsiones intencionadas.
Y nadie me venga con que en la Comisión de Santiago hay personas que están o estuvieron vinculadas a partidos políticos, porque habría que recordar que, en la oficial, el componente partidario es más numeroso y todos inclinados al oficialismo, naturalmente.
Por eso sólo hay que tener en cuenta el nivel de profesionalismo de todos los envueltos en las dos investigaciones, y sacar conclusiones.
Entretanto el Gobierno debe acentuar la ayuda que dice ha enviado a las víctimas del desagüe, pero que muchos alegan que es insuficiente y, en algunos casos, ni siquiera ha llegado.
Claro que en los tribunales de justicia podría conocerse cualquier recurso en demanda de reparación por daños y perjuicios, pero eso no se lo aconsejaría a nadie, porque podría convertirse en el pleito del huevo y la piedra.
Además, los damnificados requieren de una rápida ayuda, algo que podría tardarse mucho más si llega a los tribunales, con sus apelaciones y manipulaciones en perjuicio de los jodidos.
Por eso la retribución del Gobierno debe ser justa y rápida, porque no puede discutirse que penalmente -como todos proclamaban- es culpable.
Resuelvan eso cuanto antes. Y si la Comisión oficial lo prefiere, que se quede callada o avale lo ya dicho.