SANTO DOMINGO.- El encargado de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, dijo que más de 60 legisladores y un número considerable de síndicos y regidores vinculados al narcotráfico podrían salir electos en las próximas elecciones, y denunció, además, sobre una tendencia que hay de empresas extranjeras de poner precios por encima del valor real en el mercado internacional para proyectos que se levanta en el país.
El funcionario expresó que si la Junta Central Electoral y los partidos políticos no se ponen de acuerdo para evaluar a los precandidatos y candidatos de manera que no estén ligados al narco, el país se vería expuesto a una tragedia
Castillo, asesor del Poder Ejecutivo sobre drogas, aseguró que de acuerdo a las informaciones que ha estado recibiendo sobre aspirantes a puestos congresuales y municipales, más de un 30 por ciento de esas personas están ligadas al narco.
Al ser entrevistado por Geraldino González, en Objetivo 5 de Telemicro, Castillo dijo que planteará a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos la obligación de crear un tipo de umbral insalvable, señalándole a quien aspire, que puede ser candidato siempre y cuando no haya estado ligado al narcotráfico, y se someta a una declaración de bienes antes de ser candidato.
Corrupción
Marino Vinicio- Vincho-Castillo también citó el caso de las tuberías que se usaron en el acueducto de la Línea Noroeste construido por una empresa brasileña. Señaló que el mismo tubo empresa puesto desde Brasil le costó al país 350 dólares, mientras que el que provenía de Francia se compró a 210 dólares.
Añadió que esa situación también se presentó con préstamos otorgados por España, así como con los préstamos del Exibank para las instalaciones de los Juegos Panamericanos, en donde escudriñando en la Secretaría de Deportes, no encontró un sólo papel que sustentaran desembolsos hechos por 68 millones de dólares
Reiteró que empresas constructoras extranjeras están ofertando bienes y servicios por encima de los precios reales de una forma abusiva.
Manifestó que hay que evaluar las licitaciones que tienen financiamientos por las propias compañías que van a ejecutar obras.
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