Los políticos temen ley de partidos imponga controles

12 de septiembre de 2009 www.clavedigital.com

Analistas consideran que la oposición a aprobar la ley se debe a los controles que establece al financiamiento de las campañas

Archivo/Clave Digital Pese a la crisis económica que obliga al Gobierno a recurrir al crédito internacional para enfrentar un déficit fiscal que se estima superará este año el 10% del PBI, el partido de gobierno parece que no quiere acudir con las manos atadas a los próximos comicios electorales. Con su oposición a que se apruebe la Ley de Partidos Políticos en el corto plazo, con el argumento de que tras la aprobación de la reforma constitucional habrá implicaciones políticas y partidarias constitucionales que serán aplicadas a esta legislación, el PLD estaría evadiendo normativas que impongan controles al uso y abuso de los recursos públicos en la campaña, y en esto coinciden destacados analistas políticos del país. “Sin las restricciones sobre las fuentes de financiamiento y la obligación de mayores niveles de transparencia de lo gastado en la campaña, el PLD tendría mayores posibilidades, no solamente de usar y abusar de los recursos del Estado, como otras ha veces ha hecho, sino también de agenciarse recursos de fuentes privadas”: César Pérez, sociólogo y catedrático. LAS REGULACIONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA Duración campaña: Antes de la proclama de las elecciones generales, la JCE establecerá por resolución el período de la pre-campaña y de la campaña electoral. En ningún caso podrá tener una duración mayor de tres meses. Las primarias. La JCE, conjuntamente con los partidos, reglamentará, organizará, dirigirá y supervisará las primarias internas a celebrarse simultáneamente en un mismo día, escogido por la JCE Contribuciones. Los partidos y los candidatos podrán recibir aportes para el financiamiento de sus actividades en las pre-campañas y en las campañas, procedentes de personas naturales, presentando una nómina de contribuciones para fines de publicación. Esos aportes no podrán ser superiores al 0.5% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación pública. Contribuciones ilícitas. Se considerarán contribuciones ilícitas todas las donaciones de cualquier persona moral de derecho público, así como las de gobiernos e instituciones extranjeros, los aportes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas y los que no se puedan determinar su procedencia. Asimismo, para poder acceder a financiamientos, los partidos deberán entregar un informe de las personas que hayan realizado aportes. “Lo que acontece es que el PRD no quisiera que le sucediera en 2010 lo que le pasó en las presidenciales de 2008, que el Gobierno usó y abusó de los recursos públicos sin que pudiera la JCE controlar ese uso abusivo”: Rafael Toribio, catedrático y politólogo. “La ley establece controles sobre el gasto público en nuestro país, y disposiciones así son especialmente problemáticas al partido de gobierno. Y es que si los controles del proyecto de ley se aplican como se debe, ceder a la tentación de usar fondos del Estado se dificulta”: Ernesto Féliz de Jesús, jurista. “El PRD debería negociar la aprobación del proyecto de ley de partidos centrando la atención pública en sus previsiones para regular la próxima campaña electoral, transparentando el gasto, organizando las finanzas de los partidos y evitando los abusos de los recursos estatales”: Juan Bolívar Díaz, periodista. “Al PLD no le conviene la Ley de Partidos ahora porque esa ley establece mayores controles en el uso de los recursos financieros de los partidos y en la selección de candidaturas. Como partido de gobierno, le resulta más cómodo ir a elecciones con la Ley Electoral actual que tiene regulaciones limitadas para los partidos y no establece sanciones fuertes contra el uso abusivo de recursos públicos”: Rosario Espinal, socióloga y catedrática. la controversia. El Comité Político del PLD acordó que la ley de partidos políticos, que perimió tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, sería conocida cuando se concluya el conocimiento del proyecto de reforma constitucional, porque hay una serie de disposiciones en esa ley que deben corresponderse con el nuevo texto de la reforma constitucional. Pero el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que no cuenta con el número de legisladores necesario para decidir la aprobación de proyecto alguno, presionó condicionando su apoyo a la reforma constitucional para que el proyecto de Ley de Partidos se aprobara primero, con lo cual garantizaría su aplicación simultáneamente con el inicio de la pre-campaña electoral. CIFRAS 3,602 candidatos a cargos electivos se escogerían en unas primarias internas, que de acuerdo con lo que establece la ley de partidos serían organizadas por la Junta Central Electora, a lo cual aspira el PRD. 22 partidos participarían en las primarias conjuntas, aunque al proyecto de ley se le propuso una modificación para que sólo estén obligados a participar los que hayan obtenido 5% de los votos válidos. Sin embargo, pese a las presiones del PRD para impulsar el proyecto y a su decidida entrega para que se aprobara antes de la reforma constitucional, el PRD y el PLD acordaron la “aprobación de la Ley de Partidos después de finalizada la reforma a la Carta Magna”, según confirma una nota informativa del Senado. La decisión se tomó luego de un encuentro de la comisión de seguimiento a la reforma, nombrada por los líderes de ambas organizaciones políticas. Sin embargo, es evidente que el máximo dirigente perredeísta, Miguel Vargas Maldonado esquiva la confrontación directa, pese a que ya los congresistas y altos dirigentes de su organización, Andrés Bautista, Mario Torres y José Leonel Cabrera habían hecho público su condicionamiento para aprobar determinados puntos de la reforma. Ante ese escenario, Vargas Maldonado declaró que ambas iniciativas son importantes y que procuraría un entendimiento con el PLD para continuar con el conocimiento de ambos proyectos. EQUIDAD EN EL USO DE LOS MEDIOS Y DURAS PENALIDADES Esta legislación establece que todos los partidos y candidatos a cargos de elección disfrutarán de igualdad de condiciones, acceso y tarifas en la utilización de los medios de medios de comunicación durante el período electoral. También que las empresas de comunicación, tales como periódicos, revistas, servicios de prensa, radio, televisión, servicios de correo y telecomunicaciones no podrán negar o restringir injustificadamente el uso de sus instalaciones o servicios a ninguna agrupación política que esté dispuesto a pagar para utilizarlos. Otras medidas consisten en que la JCE deberá establecer por reglamentos, mecanismos que garanticen una distribución y relación de equidad en la cantidad y tiempo destinados a anuncio, publicidad o propaganda electoral que los medios de comunicación pueden transmitir. Esta ley reglamenta, además, el acceso a los medios de comunicación estatal y establece penalidades para los afiliados que se apropien indebidamente de los fondos de los partidos, o a los que se les compruebe que hayan realizado fraude electoral para ganar determinada posiciones electivas. Dijo que el espíritu del pacto que firmó con el presidente Fernández para salvar puntos que podrían obstaculizar la aprobación de las modificaciones a la Carta Magna debe primar también para la aprobación, a tiempo, de la Ley de Partidos, que según aseguró es parte de un acuerdo verbal al que arribó con el primer mandatario. Al margen de las ventajas o desventajas que de manera coyuntural pueda representar para los partidos políticos el proyecto de ley de Partidos, que desde hace diez años da vueltas en el Congres, representa un paso de avance, porque reglamenta la vida institucional de las organizaciones políticas, consideran analistas políticos y miembros de las sociedad civil. Va a contribuir a que vean su aprobación como necesaria y urgente, en el adecentamiento de la práctica partidaria, en tanto norma la selección de candidatos y el financiamiento de las actividades proselitista; obliga a establecer y transparentar las fuentes de recursos, su utilización y a rendir cuentas. Rosario Espinal deja muy claro que la polémica entre el PRD y el PLD no se debe a una discusión racional de lo que conviene al país. Otras de las razones de la controversia entre el PLD y el PRD es que el primero estaría jugando a que, sin la regulación de la JCE, los conflictos internos del PRD se agudizarían.