SANTO DOMINGO. La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) tiene bajo investigación 164 querellas y denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el Estado, 35 de las cuales han sido depositadas en el primer semestre del año.
Con la eliminación, recientemente, de 125 de 254 casos, por entender la DPCA que no tenían méritos para ser evaluados, quedaban un total de 129 expedientes correspondientes al período 2004-2008.
Entre los casos recibidos este año, figuran una denuncia de presunta malversación de caudales públicos contra el Director Ejecutivo del Instituto de Formación Turística del Caribe, y las personas que resulten responsables, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Programa de Reducción de Apagones (PRA), la Lotería Nacional y el Instituto de Protección al Consumidor (Pro-Consumidor).
Asimismo, denuncias de presunta corrupción en contra de los ayuntamientos de Medina, Esperanza, Licey al Medio, La Canela, El Limón, Las Palomas, La Victoria, San Antonio de Guerra y Villa Altagracia, entre otros.
El director de la DPCA, Hotoniel Bonilla, declaró que los casos están bajo investigación y se han solicitado auditorías. La DPCA dispuso realizar una investigación preliminar en relación a las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Villa Altagracia, dirigido por el síndico Pedro Peralta Peral, y Clevel Mirian Santana de León, vice-síndica.
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal Penal, el director de ese organismo, Bonilla ordenó a un fiscal adscrito a esa dependencia, acompañado de un auditor, llevar a cabo una investigación preliminar respecto de la remisión que hiciera la Cámara de Cuentas de la República Dominicana de la auditoría realizada al referido Ayuntamiento.
Plantea que la investigación deberá extenderse al presidente municipal Rubén Darío Mejía, la encargada de contabilidad Teodocia Montero, al tesorero Franklin Vargas, al encargado de compras Eduardo Espinosa, al consultor y sub-consultor jurídico, al encargado de presupuesto, los regidores, y otros funcionarios edilicios.
En la descripción sucinta levantada por Bonilla, se resalta que para el año 2008 la entidad edilicia no elaboró los informes financieros correspondientes, lo que obligó a los auditores de la Cámara de Cuentas elaborar dicho estado con informaciones preliminares recibidas en base a los precarios y deficientes registros de ingresos y egresos.
"Esto ha impedido que el síndico municipal haya rendido cuentas de su ejecución presupuestaria durante el año 2008, lo cual constituye una violación flagrante a las normas legales vigentes, incluida la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas".
Con la eliminación, recientemente, de 125 de 254 casos, por entender la DPCA que no tenían méritos para ser evaluados, quedaban un total de 129 expedientes correspondientes al período 2004-2008.
Entre los casos recibidos este año, figuran una denuncia de presunta malversación de caudales públicos contra el Director Ejecutivo del Instituto de Formación Turística del Caribe, y las personas que resulten responsables, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Programa de Reducción de Apagones (PRA), la Lotería Nacional y el Instituto de Protección al Consumidor (Pro-Consumidor).
Asimismo, denuncias de presunta corrupción en contra de los ayuntamientos de Medina, Esperanza, Licey al Medio, La Canela, El Limón, Las Palomas, La Victoria, San Antonio de Guerra y Villa Altagracia, entre otros.
El director de la DPCA, Hotoniel Bonilla, declaró que los casos están bajo investigación y se han solicitado auditorías. La DPCA dispuso realizar una investigación preliminar en relación a las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Villa Altagracia, dirigido por el síndico Pedro Peralta Peral, y Clevel Mirian Santana de León, vice-síndica.
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal Penal, el director de ese organismo, Bonilla ordenó a un fiscal adscrito a esa dependencia, acompañado de un auditor, llevar a cabo una investigación preliminar respecto de la remisión que hiciera la Cámara de Cuentas de la República Dominicana de la auditoría realizada al referido Ayuntamiento.
Plantea que la investigación deberá extenderse al presidente municipal Rubén Darío Mejía, la encargada de contabilidad Teodocia Montero, al tesorero Franklin Vargas, al encargado de compras Eduardo Espinosa, al consultor y sub-consultor jurídico, al encargado de presupuesto, los regidores, y otros funcionarios edilicios.
En la descripción sucinta levantada por Bonilla, se resalta que para el año 2008 la entidad edilicia no elaboró los informes financieros correspondientes, lo que obligó a los auditores de la Cámara de Cuentas elaborar dicho estado con informaciones preliminares recibidas en base a los precarios y deficientes registros de ingresos y egresos.
"Esto ha impedido que el síndico municipal haya rendido cuentas de su ejecución presupuestaria durante el año 2008, lo cual constituye una violación flagrante a las normas legales vigentes, incluida la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas".
No hay comentarios:
Publicar un comentario