SJRM considera Reforma Constitucional es discriminatoria

20 de enero de 2009 www.elnuevoiario.com.do

Imágenes Copyright 2008 El Nuevo Diario (+) Click para ampliar Herramientas Tamaño de la fuente Tamaño del Texto - Pequeño - Normal - Grande - Muy Grande - Extra Grande Grabar artículo Imprimir artículo Escribir comentario Enviar a un amigo - El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes consideró hoy que la propuesta de Reforma Constitucional es discriminatoria y de aprobarse lo concerniente al Jus Solis colocaría al país al margen del derecho internacional y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones nos conciernen debido a que su competencia fue ratificada por el Estado Dominicano. El Proyecto de Reforma Constitucional sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso, al considerar que los hijos de las personas extranjeras que residan ilegalmente en el país no serán considerados dominicanos, encierra una intención claramente contraria a los principios del derecho porque pretende transmitir a los hijos el status de irregularidad de los padres. De este modo, se estaría constitucionalizando la vulneración al principio de igualdad ante la ley. Cada Estado tiene el deber de cumplir y garantizar este principio fundamental, independientemente del status migratorio de las personas que habitan en su territorio. Este es el criterio de la CIDH expuesto en la Opinión Consultiva OC/18-03 del 17 de septiembre del 2003, relativa a la cuestión de la Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes Indocumentados. En todos los tiempos, en todas sociedades, se ha reconocido que las personas desarrollan fuertes vínculos con la tierra en la que nacen y viven, trabajando, asimilando y participando de las expresiones culturales y construyendo hogares. Esos elementos son los que determinan con más fuerza la fidelidad de una persona hacia un Estado, más aún que los vínculos de sangre. Hemos tenido dominicanos de ascendencia haitiana y a personas de otras nacionalidades que han aportado a nuestras luchas sociales, a nuestras manifestaciones culturales, artísticas, folklóricas y en los deportes, como también lo han hecho dominicanos y dominicanas en otras tierras, tales como Estados Unidos y España, por sólo mencionar dos de los países con mayor presencia de emigrantes dominicanos. Todos los Estados de América Latina, así como los Estados Unidos, reconocen como sus nacionales a todos los nacidos en su territorio, exceptuando a los hijos e hijas de los funcionarios diplomáticos y consulares o que de algún modo están al servicio de su país de origen. De esta manera, lo que se busca es reconocer y fortalecer los vínculos materiales y espirituales dados en la convivencia. No destruir la identidad, sino enriquecerla. La nueva Constitución debería establecer que toda persona que nazca aquí sea considerada dominicana y, que sólo ella pueda decidir asumir o rechazar la nacionalidad dominicana a partir de los 18 años. De hecho, así lo establece el Proyecto del Poder Ejecutivo en su artículo 16, ordinal e, pero, en beneficio de los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior. Consideramos que negarles la nacionalidad a cientos de miles de dominicanos, hijos de indocumentados sería un desacierto del Estado Dominicano sobre todo, si se tiene presente el hecho de que éste es un país de emigrantes e inmigrantes. La implementación de una medida así profundizaría la situación de marginación y exclusión social que viven centenares de miles de dominicanos de origen haitiano y que están indocumentados, así como de los dominicanos de ascendencia haitiana. Cabe destacar, como consecuencia grave, que el incremento de la población no documentada es algo que ni este Estado ni ningún otro debe desear. ¡Imagínese un Estado en cuyo territorio habiten millares de personas sin documentación que los identifique! Un escenario así, plantearía serios desafíos, tanto a la seguridad nacional como a la seguridad ciudadana. Por tanto, consideramos que el proyecto tiene un carácter manifiestamente regresivo en cuanto a la nacionalidad se refiere, no coherente con el discurso de modernidad, ni con la imagen vanguardista que quiere proyectar nacional e internacionalmente la Administración Fernández. El Estado podría solicitar a la CIDH una Opinión Consultiva sobre el proyecto de Reforma Constitucional y, que sea a través de ese mecanismo, que se determine si el texto es o no es discriminatorio. Como SJRM consideramos que esto sí constituiría un esfuerzo real del gobierno en lo que él mismo ha expresado como una vocación de consultar y establecer consensos. El SJRM entiende que la migración debe ser abordada de forma integral. Limitarse a implementar una nueva Constitución, regresiva por demás, no es la solución. Entendemos que la Constitución debe establecer criterios para la determinación de la nacionalidad no discriminatorios y sí humanistas, acordes con la realidad del país.