Denuncian Seopc pagará US$8.5 millones a grupo de abogados

7 de noviembre de 2008 www.diariodigital.com

SANTO DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE 2008.- La Secretaría de Obras Públicas se negó a emitir una carta de crédito de 10 millones de dólares como aval mitigador del riesgo cambio a favor de la firma constructora de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana, tal como lo contempla el contrato de concesión, pero acordó invertir 8 millones y medio de dólares para contratar a los abogados que representarán a esa dependencia en el juicio de arbitraje que será conocido por un tribunal internacional con sede en París, Francia.

Utilidades Enviar artículo por e-mail Imprimir este artículo Guardar en favoritos Comentar este artículo Tamaño de Texto Fotos Vista de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana ( FUENTE EXTERNA ) Enlaces La principal razón presentada por el Consorcio Autopistas y Carreteras (Codacsa) para justificar la lentitud en al construcción de la vía, ha sido la dificultad confrontada para obtener financiamiento por la falta de una garantía por valor de 10 millones de dólares que debía otorgar la Secretaría de Obras Públicas. Uno de sus ejecutivos dijo recientemente que el inicio del proyecto estaba condicionado a que el Gobierno emitiera el aval mitigador del riesgo cambiario”. Se estima que la cartera terminará gastando en los costos legales del conflicto un monto muy superior a la cantidad de dinero que debió comprometer como garantía para respaldar la gestión de financiamiento de Codacsa, expuso a DiarioDigitalRD un profesional de la construcción que conoce las interioridades del litigio. El profesional que pidió reservas de su nombre, entiende que la negativa de la Secretaría de Obras a emitir la carta de crédito, como lo establece el contrato suscrito en el año 2003, será uno de los principales argumentos que presentará Codacsa en el juicio de arbitraje para justificar su incumplimiento. “Lo peor del caso es que la Republica Dominicana podría perder el arbitraje internacional, como lo acaba de perder en una litis parecida con la firma norteamericana AES, y ser condenada a pagar una suma millonaria sin que eso contribuya en nada a resolver el problema de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana. El consorcio, integrado por inversiones dominicanos, norteamericanos y españoles, sostiene que la obra no ha sido terminada porque el Estado Dominicano no ha entregado el aval mitigador del riesgo cambiario, no ha permitido la actualización de la tarifa del peaje de acuerdo a la inflación y no ha pagado debidamente el “peaje sombra” como lo establece el contrato de concesión. Alega también que en noviembre del 2007, el secretario Díaz Rúa suscribió personalmente un acuerdo con Codacsa mediante el cual la SEOPC se comprometía a resolver los aspectos incumplidos del contrato para facilitar el financiamiento del proyecto y en que reiteraba el compromiso del Gobierno de cumplir con las garantías que hacen posible el financiamiento. El monto de los honorarios que pagará la Secretaría de Obras Públicas a los abogados que la representan en la Corte de París, fue revelado por el secretario de Obras Públicas, Victor Díaz Rúa, durante una comparecencia ante una comisión especial del Senado de la República.