POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ
Entre una Reforma Constitucional y una Asamblea Constituyente existe una diferencia del Cielo a la Tierra. La primera se define a sí misma como enmienda al texto de referencia, la segunda implica un cambio o una sustitución, como pretende el proyecto sometido ante el Congreso por el Presidente de la República.
La Constitución vigente es clara al respecto en su artículo 120: “La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ninguna autoridad ni tampoco por aclamaciones populares”. La Constitución actual tiene 122 artículos. La que propone el Presidente la integran 254 artículos. No estamos ante una reforma, sino ante una nueva Carta Magna.
Sólo una Constituyente puede legitimar las pretensiones de Fernández. Si el Congreso lo hiciera, también incurriría en ilegalidad, en flagrante violación al texto constitucional.
¿Qué es una Constituyente? Es el mecanismo a través del cual el pueblo, que es el soberano, toma decisiones en torno al carácter o la forma de organizar el Estado.
La Constituyente surge al amparo de la Revolución Francesa de 1786, que rompe con el viejo modelo económico feudal para abrirle paso al sistema capitalista y a la clase que lo sustenta, la burguesía, que organiza el Estado a partir de su concepción ideológica, de manera jurídica.
La Constituyente permite ese ordenamiento jurídico estatal donde están las reglas de la dominación o explotación de toda la sociedad, como planteó Federico Engels en su libro “El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado”, en 1884.
No fue por casualidad Napoleón aseguró que sería recordado, más que por sus batallas, por sus códigos, que contribuyeron a reforzar la dominación del sistema capitalista global.
Enmanuel Sieyés, clásico del derecho de la Francia revolucionaria, escribió en “ ¿Qué es el tercer estado?”, publicado en 1788 que “la Constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente”, es decir, del soberano, del pueblo.
Las velloneras dicen que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no tiene calidad moral para oponerse al proyecto del presidente porque en el 2002 la modificación se hizo igual, mediante la asamblea revisora, no por constituyente. Pero olvidan que se trató de una reforma, no de un cambio radical, no de sustituir la Carta Magna. Aunque es cierto que el PRD debió hacerlo mediante constituyente.
Las velloneras olvidan, también, que la Constitución más progresista que ha tenido el país, la de 1963, se le debe atribuir al PRD. Las velloneras no quieren recordar, que el presidente Fernández y su partido exigían una Constituyente desde la oposición, de la misma manera que se oponía a la reelección y afirmaba estar de acuerdo con el modelo estadounidense de dos mandatos, no de tres, ni de cuatro. Olvidan que Fernández sometió a una consulta popular con preguntas dirigidas, y que el 62% de los consultados dijo preferir la Constituyente, lo cual puede considerarse como una burla al soberano. Quiere decir que si de calidad moral y política hablamos, no es el PRD quien no tiene calidad.
El proyecto constitucional de Fernández no pretende transformar el Estado, ni hacerlo más democrático y fuerte. Tiene caramelos envenenados, pero aumenta el poder discrecional del Presidente en tanto el Ministerio Público, que es parte del problema del sistema judicial, sigue en sus manos. Crea otros poderes estatales bajo su control, disminuye el poder de la Suprema Corte de Justicia creándole dos instancias paralelas autónomas de tal manera que la Suprema queda casi suprimida. La Cámara de Cuentas, que es el organismo regulador y fiscalizador de las finanzas públicas, sigue en sus manos. (Uno de los propuestos para el cargo dijo no tener con qué pagarle al presidente su gesto. Claro que tendrá con que devolverle el favor, al igual que los demás).
Si el proyecto se aprueba como está concebido, perderemos la esencia del sistema democrático, los tres poderes y su independencia. Hasta la Junta Central Electoral estará en sus manos a través de la sala que dependerá del Consejo Nacional de la Magistratura que el propio Presidente presidirá.
Como puede verse, no es un proyecto de reforma el que nos propone Leonel Fernández, es un proyecto de dictadura. Si el PRD y todas las demás fuerzas no se levantan ahora, para rechazar esta nueva Constitución, el atropello contra los médicos, pronto nos parecerá un juego de niños.
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