Castillo Salas dice en propuesta reforma constitucional existen luces y sombras

6 de octubre de 2008 www.elnuevodiario.com.do

Imágenes Copyright 2008 El Nuevo Diario Herramientas Tamaño de la fuente Tamaño del Texto - Pequeño - Normal - Grande - Muy Grande - Extra Grande Grabar artículo Imprimir artículo Escribir comentario Enviar a un amigo - El doctor Máximo Castillo Salas, Ex presidente de la Cámara de Cuentas de la República y del Tribunal Superior Administrativo, consideró que en la propuesta de reforma constitucional introducida por el Presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional existen luces y sombras que afectarán de igual manera la institucionalidad del país. El también dirigente político destacó, que la primera Constitución de la República, del 6 de noviembre de 1844, que fue contaminada por el General Pedro Santana y su artículo 210, ha sido objeto de más de 35 reformas y revisiones, algunas de las cuales han sido de verdadero avance institucional y otras de involución inducida por los intereses políticos dominantes en cada momento. Argumentó que el Estado dominicano amerita en la actualidad de una reforma integral a la Constitución de la República, que responda a las necesidades del momento histórico que vive la Nación, que la misma debe realizarse con un sincero sentido de patriotismo y con el cuidado debido, para que en esta ocasión el país adelante y no retroceda como en otras ocasiones. Indicó, que la forma en que se modificará el artículo 49, sobre la base de: ¨ Establecer que el Presidente podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo; así como luego del intervalo de un mandato presidencial diferente´, posibilitará el retorno en las elecciones nacionales del año 2012, del Dr. Leonel Fernández y del Ingeniero Hipólito Mejía como candidatos, sin lugar a dudas. Enfatizó, que la propuesta señalada, constituye el más grave peligro para la transparencia y el fortalecimiento democrático en la República Dominicana, porque permite al candidato a la reelección, cual que fuere, para repetir cometer todas las irregularidades posibles desde el gobierno, amparado en la legalidad establecida en el indicado precepto constitucional. Citó como ejemplo el transfuguismo, la compra de conciencia, el abultamiento de la nómina pública y todas las demás malas prácticas administrativas que se cometen de forma burda durante un proceso electoral en que el Presidente de la República es a su vez candidato a la reelección. En esas condiciones siempre los mecanismos de control y supervisión del gasto público son neutralizados. Se refirió a la sutil y penosa intervención del Poder Judicial, al que entiende se le quitará la independencia e inamovilidad adquirida y se le crearán organismos similares paralelos, al tenor de las propuestas siguientes: ¨ Otorgar al Consejo Nacional de la Magistratura el poder disciplinario sobre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia¨; ¨ Crear la Sala Constitucional, integrada por siete jueces de la Suprema Corte de Justicia…¨ ¨ Ampliar las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo la designación de los Jueces de la Sala Constitucional… y los Jueces del Tribunal Superior Administrativo…¨ ¨ Otorgar al Tribunal Superior Administrativo la atribución de designar los Jueces de los Tribunales Contenciosos Administrativos de Primera Instancia, o que tengan ese carácter, así como el poder disciplinario sobre los mismos.¨ Refirió, que de esta manera la Suprema Corte de Justicia queda a merced de los insaciables intereses políticos que como en el pasado permearon con frecuencia las decisiones judiciales, ahora con una nueva modalidad auspiciada en una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura que ejercerá el poder disciplinario sobre sus miembros. Insistió, que La Suprema Corte de Justicia no podrá ejercer el poder disciplinario sobre sus jueces inferiores, ni la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial, ya que esas responsabilidades estarán a cargo del Consejo del Poder Judicial, por un lado; y del Tribunal Superior Administrativo, por el otro. Situación que implica una grave contradicción de la Propuesta de Reforma Constitucional sometida al Congreso Nacional. Señaló, que los logros alcanzados en la institucionalización, modernización y adecentamiento del Poder Judicial en la República Dominicana, se convertirán en un triste y desafortunado retroceso y debilitamiento de ese Poder del Estado, frente a un incremento inusitado de las facultades del Presidente de la República, que se convertirá en un Faraón moderno. En lo relativo a los cambios propuestos para la Junta Central Electoral, consideró que siendo esta institución el pilar fundamental del equilibrio democrático y garante de la alterabilidad necesaria en el poder, resulta inadecuado que el Presidente de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura asuma competencias y atribuciones que deben quedar a cargo del Senado de la República, como es el caso de: ¨Ampliar las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo la designación de… los miembros y suplentes del Tribunal Superior Electoral…y del Procurador Electoral. ¨ ¨Instituir el Tribunal Superior Electoral, con facultad para reglamentar los procedimientos a su cargo y competencia para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales; y, además, estatuir sobre las controversias que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.¨ ¨Disponer, igualmente, que el Tribunal Superior Electoral estará integrado por un Presidente y cuatro jueces electorales y sus suplentes, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un período de cuatro años.¨ ¨Crear el Procurador Electoral, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de la investigación y la persecución de las infracciones de carácter electoral, el cual durará en funciones cuatro años.¨ Advirtió, que de aprobarse la reforma constitucional propuesta en lo relativo a la Junta Central Electoral, se afectará el principio de separación de los poderes y existirá una intromisión indirecta del Presidente de la República en los asuntos internos de los Partidos Políticos. Inquirió que la intervención señalada se materializará como una consecuencia directa de la autoridad asumida por el Presidente de la República en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que designará a los Jueces del Tribunal Superior Electoral y al Procurador General Electoral y ejercerá sobre ellos el poder disciplinario. Consideró que la reforma constitucional aumentará el desorden de la división territorial y el despilfarro de recursos público, con el aumento del número de legisladores que se convertirán en infuncionales cargas económicas para el Estado, de aprobarse el absurdo de: ¨ Establecer la matrícula de la Cámara de Diputados en un mínimo de 175 miembros y un máximo de 250 miembros.¨¨ Reveló que al tenor de lo planteado, la Cámara de Cuentas de la República, seguirá siendo una entidad impotente para combatir la corrupción, limitada por el Ministerio Público, órgano dependiente del Presidente de la República. Continuará con un número innecesario de nueve miembros en lugar de 5, que perfectamente pueden realizar las funciones, lo que indica un desinterés del gobierno en la eficiencia, la economía y la transparencia en el gasto público. Finalmente, resaltó que ésta Propuesta de Reforma debió contemplar aspectos como la designación del Contralor General de la República, del Procurador General de la República y demás Procuradores adjuntos, del Procurador General Electoral y todos los Jueces Electorales, a cargo del Senado de la República, para un período de inamovilidad de seis años, para sustraerlos de la dependencia directa del Poder Ejecutivo, acción que sería saludable para la preservación del Sistema Democrático. Además que la nueva Constitución debe contemplar un precepto que impida que la misma pueda ser modificada en los aspectos políticos y electorales, por lo menos durante los próximos 10 años, no así en lo relacionado a la mejoría de los derechos individuales y sociales, la soberanía y otros aspectos de interés general.