SANTO DOMINGO.- La comisión política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se reunirá hoy para debatir si cambia la línea dura contra el gobierno del presidente Leonel Fernández, por una de diálogo y concertación impulsada por sectores internos que favorecen consensuar con el mandatario los proyectos de reforma constitucional, ley de partidos políticos y reforma electoral, así como la inclusión de dirigentes en importantes posiciones estatales.
El encuentro estaba previsto para celebrarse el pasado jueves en la Casa Nacional del PRD, donde se afirmó que también se conocerían los resultados de la consulta a las bases sobre el desempeño del partido en la pasada contienda electoral y levantar propuestas de las tácticas y estrategias políticas que deberá implementar la organización en el futuro inmediato, mediano y largo plazo.
En esa ocasión, el partido opositor informó que la posposición de la reunión de su máximo organismo estuvo motivada por el discurso que pronunció el presidente Fernández en esa misma fecha y la ausencia de algunos de sus principales dirigentes.
La reunión de la comisión política está programada para las 4:00 de la tarde en su local principal de la avenida Jiménez Moya casi esquina Sarasota de la Capital.
Se da como un hecho que, además de la línea partidaria aprobada por la Comisión Política en su reunión anterior, se discutirá la situación actual del Parlamento Centroamericano (Parlacen), su estatus jurídico y la metodología de selección de sus miembros, así como los acuerdos firmados para la capacitación de los dirigentes del partido blanco.
La reunión de la comisión política del PRD estará encabezada por Ramón Alburquerque, presidente, y Orlando Jorge Mera, secretario general.
El presidente Fernández planteó luego de su reelección el 16 de mayo la unidad de todos los sectores de la sociedad, para enfrentar la actual situación del país y el impacto que provocan los aumentos del precio internacional del petróleo y la crisis alimentaria mundial, pero el PRD rechazó cualquier colaboración con el gobierno y alegó que su nuevo mandato sería ilegítimo, debido a que su triunfo fue logrado en base al uso abusivo de los recursos del Estado y la compra masiva de cédulas, entre otros argumentos.
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