“Legal, pero ilegítimo”

8 de junio de 2008 www.elnacional.com.do

Escoger el tamaño Muy Pequeña Pequeña Normal Grande Muy Grande POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ Dice el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que el período constitucional que inicia Leonel Fernández el próximo 16 de agosto es “legal, pero ilegitimo”. Muchos dominicanos y dominicanas no entienden la tesis de que el nuevo gobierno será “legal, pero ilegítimo”, sobre todo después que su candidato reconociera públicamente su derrota. De todos modos, creo oportuno hacer algunas precisiones sobre lo “legal” y lo “ilegitimo” ¿Qué es legal y qué es ilegal? De acuerdo con el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política, “legal es lo que guarda armonía con la ley, lo que está de acuerdo con su letra y espíritu. Es lo correcto en el sentido de conformidad con las reglas. Legalizar es conciliar un acto o norma con la ley o darle estado o visos de legalidad”. Borja explica que “no siempre lo legal es legitimo, y aquí cabe toda una digresión filosófica. La legalidad es, por definición, la armonía con la ley, mientras que la legitimidad es la conformidad con los principios inspirados del orden jurídico. Y sigue diciendo, “hay actos humanos y decisiones políticas que son legales pero que no son legítimos, porque concuerdan con la ley pero no con los principios éticos-sociales que deben inspirar el orden jurídico.” A la luz de estos conceptos valdría la pena preguntarse: ¿Es legal comprar dirigentes opositores? ¿Es legal la intervención de teléfonos propiedad de los dirigentes de los demás partidos políticos? ¿Acaso no fue esa práctica la que determinó la salida del poder de un presidente en Estados Unidos? ¿Es legal o legítima la nómina en las distintas instituciones del Estado para pagarles a los simpatizantes de la candidatura de Fernández? ¿Eran legales y legítimos los subsidios coyunturales al arroz, el pan, el aceite, el gasoil, con fondos públicos para financiar la reelección? ¿Es legal la compra masiva de cédulas? ¿Es legal o legítimo comprar la conciencia de la gente y su voluntad para que votaran por los “partidos aliados”, muchos de los cuales no tienen estructuras ni militantes en muchos de los puntos donde obtuvieron votaciones por encima del PRD, inclusive, que es la principal fuerza política del país? La propia Organización de Estados Americanos (OEA), al igual que la Embajada de Estados Unidos, reconocieron el uso indiscriminado y abusivo de los recursos públicos. Ellos dijeron que “el Estado fue un factor electoral” al servicio de la reelección. Participación Ciudadana presentó sus informes. Más reveladores del uso de los recursos públicos no pudieron ser. Fueron tres informes serios y responsables. Nadie hizo caso. Durante la convención del PLD el candidato que adversaba a Fernández dijo haber sido derrotado por el Estado. ¿Es eso legal o legítimo? El artículo 55 de la Constitución, en su inciso 3, dice que es obligación del Presidente “velar por la buena recaudación y fiel inversión de los recursos nacionales”, mientras que el artículo 102 establece que “será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de su posición dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos”. Como puede verse, el gobierno surgido de las elecciones del pasado 16 de mayo, es el resultado de actos reñidos con la Constitución de la República, con la ley, la ética y la moral. Por lo tato, no es descabella la tesis de los dirigentes del PRD en lo relativo a la legalidad e legitimidad del nuevo gobierno. Es más, en cualquier otro país del mundo mínimamente civilizado el proceso electoral habría sido detenido hasta tanto se creara un marco jurídico y una práctica del oficialismo de respeto a la Constitución y las leyes que garantizara la igualdad entre todos los candidatos. Pero la debilidad institucional de la Junta Central Electoral, su falta de autonomía presupuestaria, la ambigüedad de la ley electoral y sus enormes lagunas en aspectos tan importantes como la condena a los delitos electorales, más la complicidad social, permitieron que un gobierno surgido del fraude y la trampa, sea juramentado el próximo 16 de agosto. El nunca bien llorado ni bien recordado doctor Peña Gómez, habría iniciado una tenaz lucha por llevar al gobierno a su propia legalidad; habría iniciado una intensa campaña internacional denunciando las perversidades del gobierno. Y algo más: Después de haber calificado al gobierno surgido en las elecciones de “ilegítimo”, habría actuado en consecuencia pidiéndole a la Internacional Socialista, a los “liberales de Washington”, a sus amigos de todo el mundo, que no reconocieran los resultados electorales. Pero Peña está muerto.