POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ
El periódico El Nacional en su edición del pasado domingo publicó un trabajo del escritor, premio Nóbel de Literatura, José Saramago titulado “Bush, o la edad de la mentira”, donde dice: “El sabe que miente, sabe que nosotros sabemos que está mintiendo, pero, por pertenecer a la tipología de comportamiento del mentiroso compulsivo, seguirá mintiendo aunque tenga delante de los ojos la más desnuda de las verdades, repetirá la mentira incluso después de que la verdad le haya estallado ante su mismo rostro.”
Los directores de medios de comunicación fueron convocados por el Presidente de la República al Palacio Nacional para ofrecerles detalles sobre el préstamo de 130 millones de dólares con la empresa Sun Land que el PRD consideró ilegal.
En esa ocasión, jueves 25 de octubre, el presidente expresó: “Todo lo que se ha hecho ha estado estrictamente apegado a lo que establece la Constitución y las leyes. Nadie se ha robado nada de eso”. Aunque el mandatario fue enfático en defender la legalidad del préstamo, no respondió los cuestionamientos que públicamente, incluso en un espacio pagado en todos los diarios, le formuló el PRD.
De igual modo, tanto el Secretario de Hacienda, como el de Planificación, defendieron, con uñas y dientes, el préstamo. El secretario general del PLD y presidente del Senado, no sólo dijo que era correcto, sino que lo dio por cerrado como si fuera un juez. Pero Reinaldo Pared Pérez no estaba fuera de tono, porque el procurador general de la República, cuya opinión era esperada por la Suprema Corte de Justicia, expresó que se trataba de un caso politiquero que sería analizado cuando le llegara su turno, con lo cual le daba un espaldarazo al ilustre presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando dijo que el préstamo de los 130 millones de dólares no era prioridad del tribunal porque algunos juzgados de paz en remotos puntos del país habían sido afectados por la tormenta Noel. Pero eso no es todo. Oficinas de abogados, consultores ingenieros, medios de comunicación, más las 800 y tantas bocinas del gobierno opinaron a favor del préstamo. Dijeron que era bueno y válido. Sin embargo el PRD insistió en la ilegalidad. Ante tantas presiones, acudió al Fondo Monetario Internacional para que emitiera su opinión, dado el acuerdo firmado con ese organismo financiero internacional. Sorpresivamente, el gobierno anuncia, mediante insípida nota de prensa, que anuló el contrato con la Sun Land dizque porque no cumplió con lo estipulado. ¡No es verdad! Como tampoco es cierto que el contrato fuera rescindido el 28 de noviembre. El contrato fue anulado el mismo día que se anunció, el viernes 7.
Fue el FMI quien obligó al gobierno a rescindir el contrato. Actuó como gendarme económico mundial. Que no vengan con cuentos de caminos.
El presidente de la República otorga un poder al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para que obtenga un préstamo de 130 millones de dólares. El funcionario consigue el dinero, firma 19 pagarés que luego son colocados en bancos extranjeros para su venta. No va al Congreso. Nadie sabe la operación hasta que el PRD hace la denuncia y se produce el escándalo. El gobierno dice que el crédito público no está comprometido, que el país no debe ese dinero que son unos contratistas fantasmas, que nadie conoce, que nadie sabe quienes son ni donde viven. El contrato era para construir supuestamente once obras que luego se reducen a cinco. Nadie sabe nada, donde están los cuartos; interviene Pedro Delgado Malagón con todo su prestigio, pero no convence a nadie. Al contrario, las dudas aumentan.
El cojo y el mentiroso no llegan lejos. Aparece una carta. El 17 de agosto del 2006 Félix Bautista, quien ya no se ve en los actos públicos acompañando al presidente Fernández, solicitó el registro como deuda pública de los 19 pagarés. La carta fue depositada el 2 de enero. Los hechos desmienten al presidente de la República. La solicitud del registro de Bautista no deja lugar a dudas. Habla del contrato firmado “entre el Estado dominicano y la Sun Land Corporation RD, S.A., cuyos compromisos financieros han sido transferidos al HSBC Bank USA, N.A.” Más claro de ahí ni el agua. El préstamo fue ilegal, debió ir al Congreso.
La anulación del contrato de los 130 millones de dólares no detiene el recurso de inconstitucionalidad incoado por el PRD ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora con más fe. La Suprema debe pronunciarse. Una cosa es segura. En el gobierno a muchos les crecerá la nariz, como a Pinocho.
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