jueves, 30 de julio de 2009

Abinader afirma LF no tiene excusa para no actuar contra la corrupción


30 de julio de 2009

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El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, licenciado Luis Abinader afirmó que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, no tiene ninguna excusa para no actuar contra la corrupción y mucho menos para proteger a los funcionarios de su gobierno implicados en la comisión de irregularidades administrativas. Tras señalar que el ordenamiento jurídico del país provee todas las herramientas necesarias para enfrentar la corrupción, el empresario y economista consideró innecesario que el mandatario proponga un pacto por la transparencia entre el sector público y el privado para enfrentar la corrupción.

Al oponerse al nuevo pacto propuesto por el gobernante, sostuvo que las cárceles dominicanas están llenas de ciudadanos del sector privado que han sido sancionados por incurrir en violaciones a la ley, mientras muchos funcionarios del Gobierno se reparten el presupuesto público con absoluta impunidad.

Dijo que por su condición de jurista, el presidente Fernández debe conocer las disposiciones constitucionales y legales que lo facultan para actuar contra la corrupción sin necesidad de un acuerdo protocolar.

Le pidió al jefe del Estado que examine el artículo 102 de la Constitución de la República que dispone que: “Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que para su provecho personal sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos”.

“Ese mismo artículo –apuntó el licenciado Abinader- establece también que: “Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

Recomendó al mandatario revisar el párrafo 1 de la ley 120-01, que instituye el Código de Ética del Servidor Pública que establece que: “No podrán prestar servicio en una misma institución más de tres parientes o familiares del titular de la misma o de cualquier otro funcionario que tenga poder de mando en dicha institución”.

Indicó que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, admitió que en esa institución laboran 43 de sus familiares, en clara violación del Código de Ética del Servidor Público.

El licenciado Luis Abinader citó una reciente declaración del secretario de Estado de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, quien afirmó que “el nepotismo es una falta grave, violatoria a las leyes vigentes”.

El precandidato presidencial del PRD invitó al primer mandatario a tomar en cuenta la Ley de Compra y Contratación de Obras y Servicios del Estado, promulgada por su propio gobierno, que dispone de manera expresa que ninguna institución pública podrá modificar en más de un 25 por ciento el monto del contrato de una obra.

Resaltó que en el programa de la periodista Alicia Ortega se mostraron pruebas documentales, que aún no han sido desmentidas, de que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) suscribió un contrato de RD$30.7 millones para la construcción del Canal de Desfogue de la Hidroeléctrica Los Toros, al que se le hicieron dos anexos de RD$17.1 y RD$18 millones, modificando el monto del contrato original en más de un 100 por ciento.

El licenciado Abinader manifestó que “a pesar de que las autoridades del INDRHI han hecho desembolsos por 44 millones de pesos por una obra que debió costar 30 millones según el contrato original, hace más de ocho meses que el proyecto del canal está paralizado. Dijo que para actuar en contra de esa irregularidad no hay que convocar a un pacto por la transparencia.

Pero recordó que durante la presentación del "Plan Estratégico República Dominicana Transparente de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012", el 31 de abril de este año, el propio presidente Fernández aseguró que desde el gobierno habrá tolerancia cero para todo aquel que cometa actos dolosos en las instituciones públicas del Estado.

De acuerdo al licenciado Abinader, además de la Constitución de la República, el Código de Ética del Servidor Público y la Ley de Compra y Contratación de obras y Servicios, existen numerosas disposiciones y tratados que obligan o facultan al Gobierno Dominicano a enfrentar la corrupción, incluyendo el Código Procesal Penal, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Código de conducta de las Naciones Unidas

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