Antes de aprobación de artículo 30, Minou llamó a los legisladores a "matar el miedo"

21 de abril de 2009 www.clavedigital.com

Las feministas rechazaron la decisión de los asambleístas Alberto Rosario/Clave Digital SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La posición disidente de asambleístas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contra el artículo de modificación a la Constitución propuesto por el Poder Ejecutivo, que prohíbe cualquier posibilidad de aborto, fue derrotada en primera lectura por la mayoría de esa organización, los perredeístas y los reformistas. Muchos legisladores que se habían manifestado a favor del aborto terapéutico atendieron la línea de sus partidos y variaron su posición, pese a que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal llamó a sus colegas a matar el miedo y a no asumir líneas en detrimento de sus concepciones personales. Tampoco fueron tomadas en cuenta por los asambleístas las advertencias de grupos de mujeres que sostienen que si se aprueba el artículo 30 que consagra la inviolabilidad de la vida desde la concepción, se elevaría el índice de mortalidad materna, pues, a su juicio, las mujeres continuarán practicándose abortos de forma insegura, mientras que los médicos tendrían temor de auxiliar a una paciente que acuda a un hospital después de haberse practicado un aborto clandestino. Los que se oponen al citado artículo sostienen que, tras su aprobación, los médicos estarían imposibilitados de actuar en los casos en que haya que decidir la interrupción de un embarazo para preservar la vida a una mujer. Al defender su propuesta, la diputada Tavárez Mirabal cuestionó el hecho de que los partidarios de la propuesta del Ejecutivo presionaran a sus compañeros para que votaran en atención a líneas políticas. “Se escucharon en tono de amenaza frases como: “Voten, voten, que los están mirando”, dijo la legisladora, tras lo cual ponderó: “Se equivocan quienes creen que nos intimida actuar políticamente. Actuar frente a nuestro pueblo asegurando y ampliando sus derechos es un privilegio que sólo podemos sentir quienes abrazamos la democracia como inspiración permanente". Advirtió que nadie, “absolutamente nadie”, estaba en esa asamblea revisora en representación de institución religiosa alguna. También cuestionó que los legisladores decidieran en ese momento un debate que no se limita al campo de lo religioso, ni al de la biología, y que por siglos se ha mantenido sin respuesta. “Este debate científico y ético no puede solventarse imponiendo en un texto constitucional restrictivo las ideas que en un momento dado sean profesadas por un sector social”, refirió Tavárez Mirabal. La asambleísta aseguró que el derecho a la vida se articula con los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad social, a un ambiente sostenible, y a todos los recursos básicos necesarios para que la vida como persona y como ente social, como ciudadanos plenos de derechos y deberes, sea realidad. “En este sentido, la exclusión social es uno de los peores atentados contra el derecho a la vida”, replicó Tavárez Mirabal. Explicó que el artículo constitucional que reza que “el Estado Dominicano es un Estado Social y Democrático de derecho”, indica que el Estado es responsable de proponer a la ciudadanía una pluralidad de opciones que les permitan a ciudadanos y ciudadanas optar de acuerdo con sus creencias, con sus valores e intereses. “El Estado Social y Democrático de Derecho no impone, mucho menos puede adoptar conductas desde el dogma o la moral religiosa", dijo la legisladora, luego de lo cual se cuestionó ¿y aquellos que no profesan religión alguna tendrán que vivir obligados por la ley, de acuerdo con normas religiosas en las que no creen? La propuesta de Tavárez Mirabal, apoyada por 26 asambleístas de su partido, 5 del Partido Revolucionario Dominicano y 1 del Partido Reformista Social Cristiano, establece que la vida de los creyentes debe ser orientada por sus líderes religiosos, no por el Estado, a menos que se esté diseñando un Estado teocrático. Tavárez Mirabal recordó a los asambleístas que cerca del 30% de los embarazos en el país terminan en aborto, pese a que la ley lo prohíbe, por lo, según dijo, no hay seguridad de que la aprobación del texto constitucional propuesto por el Poder Ejecutivo no estimulará las prácticas de aborto clandestinas e inseguras. La Asamblea Revisora aprobó este martes el controversial artículo 30 del anteproyecto de Constitución.