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En su discurso del viernes el Presidente dijo que se apoyará producción del campo
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) saludó los RD$7,500 millones liberados de encaje legal para que los bancos los canalicen hacia el sector agropecuario, pero sostiene que ese monto es una parte mínima de los RD$30,000 millones que necesita el campo para financiar sus actividades productivas. Osmar Benítez, vicepresidente ejecutivo de la JAD, dijo que los países centroamericanos con los que compite la República Dominicana en el marco del Cafta disponen de programas especiales para apoyar las actividades productivas, auspiciados por sus gobiernos. La JAD aboga porque se adopten medidas flexibles para que la banca pueda prestar al campo.
La liberación por la Junta Monetaria de RD$7,500 millones del encaje legal del sistema financiero para apoyar actividades agropecuarias va en la dirección correcta, porque libra a la banca nacional de una parte mínima de esos depósitos, pero no resuelve el principal problema del campo.
Así lo consideró Osmar Benítez, vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, durante su participación junto otros miembros de la entidad en el encuentro económico de Hoy.
Explicó que ese monto liberado es muy inferior a los más de 30 mil millones de pesos que sólo el año pasado necesitó el sector productivo. Y, en segundo lugar, que las autoridades monetarias deben someter una enmienda que flexibilice las normas prudenciales de los bancos. Esa flexibilización consiste en que los bancos reconsideren a los clientes que tienen dificultad de créditos, para renegociarlos con tasas diferenciadas y plazos más adecuados, sin penalizar a los prestatarios. “Que se tome en cuenta más que la capacidad de pago, el historial de pago, o sea que si una persona ha sido buen cliente, aunque ahora mismo tenga problemas de liquidez, se le considere”.
Benítez recordó que a causa de los fenómenos naturales que han afectado al país y de la crisis de costos que tuvo la economía, las empresas agrícolas tuvieron una situación de dificultad productiva y financiera, de la que aún no se han recuperado. Para ello, sugirió que “las normas prudenciales se adecúen para crear una norma para el sector agropecuario”.
Dijo que tal planteamiento evidentemente entra en contradicción con lo postulado por las autoridades monetarias y financieras.
Sin embargo recordó que a raíz de la crisis alimentaría, el FMI recomendó a los países que modifiquen sus políticas monetarias hacia los sectores productivos.
Proyectos Banco Agrícola. De su lado, el presidente del comité de las ferias agropecuarias de la organización, Mario Velásquez, saludó los proyectos que dispone el Banco Agrícola para el sector. Sin embargo, dijo que son muy limitados, porque sólo enfocan renglones como la pignoración de arroz y de habichuelas con pequeños productores.
“La mejor situación no es ofrecerle a la banca recursos y buenas tasas de interés, es crear ventanillas especiales para el sector agropecuario”, aconsejó.
En ese mismo orden Osmar Benítez expresó su interés en que el Banco Agrícola se convierta en un banco de segundo piso, esto es que capte dinero y lo coloque a tasas adecuadas al sector agropecuario.
Benítez dijo que el gerente general del Bargrícola, Paíno Abreu, tiene en sus manos una propuesta que el sector agropecuario respalda, la cual identifica “cómo hacer las cosas”, resultado de un trabajo de consenso y una serie de consultas internacionales.
Puntualizó que en Costa Rica, Guatemala y en México, y en otros países con los que compiten, existen programas especializados de apoyo al campo, contrario a lo que ocurre en República Dominicana.
El presidente la República, Leonel Fernández, prometió en su discurso de rendición de cuentas el viernes pasado, que el Gobierno mantendrá el Programa de Pignoración y que incrementará el uso de tierras del Instituto Agrario Dominicano, mediante la ejecución de programas de huertos, distribución de material de siembra e insumos agropecuarios.
Impuestos afectarían importación cigarros
Las nuevas cargas impositivas dispuestas por las autoridades estadounidense a los cigarros importados y nacionales tendría un impacto en la industria tabaquera dominicana, de aplicarse a partir de abril, declaró Osmar Benítez, vice presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana.
Explicó que esos impuestos encarecerían el precio del producto al consumidor final. Sin embargo, dijo que esas disposiciones son recurribles en los artículos 19 y 20 del DR-CAFTA, lo que quiere decir que el país puede pelearlo en ese escenario, ya que está previsto que cuando surjan este tipo de disposiciones “contrarias” a los principios fundamentales del TLC, se pueden apelar.
Dijo también que en las negociación del DR-CAFTA el país tuvo la previsión de hacer lo que se conoce como elección de sede para la solución de controversias. “Esto quiere decir que si nosotros solicitamos la constitución de un panel de expertos que dictamine que esa disposición viola el tratado, entonces tendremos derecho a exigirle que se desmonte o se modifique”. Dijo que ese principio no se puede alegar en los actuales momentos, debido a que es una disposición tomada después de firmado el tratado, en donde ese tipo de práctica no se podían tomar.
“Como nosotros hicimos elección de sede, podemos llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio y demostrar que esa disposición que aparentemente es interna afecta el comercio de República Dominicana”, dijo.
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