SANTO DOMINGO. En medio de amenazas de la clase obrera de denunciar el caso ante organismos internacionales, los peledeístas admitieron ayer el cobro de cuotas a los servidores públicos para destinarlos a las arcas de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las que aseguran no son obligatorias.
Los peledeístas en las voces del vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; los secretarios general del partido, Reinaldo Pared Pérez; de la Presidencia César Pina Toribio; Administrativo de la Presidencia Luis Manuel Bonetti, así como del tesorero nacional Guaroa Guzmán, justificaron la disposición, la cual dicen cuenta con el consentimiento de los empleados.
"Cuando ustedes conozcan de algún empleado público que se haya cancelado por no haber cotizado al partido, entonces nosotros podemos hablar de eso", refirió el segundo jefe de la nación sin querer entrar en detalles.
La posición de Pared Pérez es de que sólo a los empadronados en el PLD se le ha planteado cumplir con un deber de la militancia de cotizar para cubrir los gastos que se incurre en las diferentes tareas partidarias. "No se hace un descuento de manera indiscriminada a los servidores de una institución determinada, si no a los compañeros del partido y que previamente otorguen una autorización para ello. Si no lo hacen, no hay tal descuento, porque eso se hace guiándose del padrón de miembros del partido", aseguró. Cotizar de acuerdo a los ingresos del militante es requisito que, por mandato estatutario, se le exige a quien ostente esa categoría en el PLD.
Pina Toribio precisa que la medida fue aprobada hace más de dos años por el Comité Político y sólo se esperaba la creación de los mecanismos para comenzar a implementarla.
"Es un sistema transparente de recaudación, no es cierto que se esté haciendo de forma obligatoria, sino que ha sido de mutuo acuerdo de compañeros del partido y las instituciones a las que pertenecen", afirmó.
Advirtió que ninguna dependencia del Estado puede obligar a sus empleados a que aporten al partido de manera obligatoria,
Para Bonetti, "no es cierto que las entidades puedan cobrarles a sus empleados", lo que se da en este caso "es que los empleados autorizan al banco a través de una carta a descontar de su salario o una cuenta una proporción X que yo quiera aportar a mi partido".
Ayer, el tesorero nacional, Guaroa Guzmán, volvió a negar que los cobros se realicen por nómina, aunque defendió las cotizaciones a favor del PLD. "A nadie se le va a ocurrir, y más en un gobierno encabezado por Leonel Fernández, que se va a obligar a una persona para que contribuya con dos o diez pesos al PLD, a lo mejor en otro gobierno sí", enfatizó.
La casc
La defensa oficialista provocó la reacción del presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, quien dijo estar en total desacuerdo con los descuentos a los trabajadores para beneficiar a un determinado partido político.
El sindicalista indicó que esa acción por parte de las autoridades es violatoria a los derechos de los servidores públicos y llamó a los afectados a denunciar las instituciones que estén descontando dinero. Dijo no descartar acudir a organismos internacionales a denunciar la disposición que calificó de arbitraria y prepotente.
Los peledeístas en las voces del vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; los secretarios general del partido, Reinaldo Pared Pérez; de la Presidencia César Pina Toribio; Administrativo de la Presidencia Luis Manuel Bonetti, así como del tesorero nacional Guaroa Guzmán, justificaron la disposición, la cual dicen cuenta con el consentimiento de los empleados.
"Cuando ustedes conozcan de algún empleado público que se haya cancelado por no haber cotizado al partido, entonces nosotros podemos hablar de eso", refirió el segundo jefe de la nación sin querer entrar en detalles.
La posición de Pared Pérez es de que sólo a los empadronados en el PLD se le ha planteado cumplir con un deber de la militancia de cotizar para cubrir los gastos que se incurre en las diferentes tareas partidarias. "No se hace un descuento de manera indiscriminada a los servidores de una institución determinada, si no a los compañeros del partido y que previamente otorguen una autorización para ello. Si no lo hacen, no hay tal descuento, porque eso se hace guiándose del padrón de miembros del partido", aseguró. Cotizar de acuerdo a los ingresos del militante es requisito que, por mandato estatutario, se le exige a quien ostente esa categoría en el PLD.
Pina Toribio precisa que la medida fue aprobada hace más de dos años por el Comité Político y sólo se esperaba la creación de los mecanismos para comenzar a implementarla.
"Es un sistema transparente de recaudación, no es cierto que se esté haciendo de forma obligatoria, sino que ha sido de mutuo acuerdo de compañeros del partido y las instituciones a las que pertenecen", afirmó.
Advirtió que ninguna dependencia del Estado puede obligar a sus empleados a que aporten al partido de manera obligatoria,
Para Bonetti, "no es cierto que las entidades puedan cobrarles a sus empleados", lo que se da en este caso "es que los empleados autorizan al banco a través de una carta a descontar de su salario o una cuenta una proporción X que yo quiera aportar a mi partido".
Ayer, el tesorero nacional, Guaroa Guzmán, volvió a negar que los cobros se realicen por nómina, aunque defendió las cotizaciones a favor del PLD. "A nadie se le va a ocurrir, y más en un gobierno encabezado por Leonel Fernández, que se va a obligar a una persona para que contribuya con dos o diez pesos al PLD, a lo mejor en otro gobierno sí", enfatizó.
La casc
La defensa oficialista provocó la reacción del presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, quien dijo estar en total desacuerdo con los descuentos a los trabajadores para beneficiar a un determinado partido político.
El sindicalista indicó que esa acción por parte de las autoridades es violatoria a los derechos de los servidores públicos y llamó a los afectados a denunciar las instituciones que estén descontando dinero. Dijo no descartar acudir a organismos internacionales a denunciar la disposición que calificó de arbitraria y prepotente.
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