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SANTO DOMINGO. Al margen de la promesa de que la prédica sembrada por el profesor Juan Bosch no podía desaparecer, y que todos los compañeros en cargos públicos serían vigilados, los peledeístas se mantienen en el poder desde el 2004 salpicados por escándalos, acusaciones de corrupción, de abuso de poder y del uso indebido de fondos públicos.
El propio Leonel Fernández, en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 2004 dijo que no permitiría que su administración se convirtiera en una abanderada del "borrón y cuenta nueva".
"Tomaremos las providencias de lugar para, tal como establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso que atente contra el patrimonio público", sostuvo Fernández tras juramentarse.
Sin embargo, mucha agua ha corrido luego de esos pronunciamientos y las medidas adoptadas en materia de corrupción han sido tímidas, para no decir nulas, hecho que ha afectado la imagen gubernamental y la de varios funcionarios.
Casos como la decoración, construcción y mobiliario del edificio de la Suprema Corte de Justicia han puesto en entredicho la transparencia gubernamental dado que en la obra se llegó hasta a mencionar al acusado por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Otros casos
Esto sin hablar de los estruendos que provocó el anunció de que sería retomado el contrato para la construcción de la isla artificial, que implicaba una inversión de US$450 millones, y que se trató de pasar por debajo de la mesa alegando que la firma del Presidente fue falsificada. Por esto nadie fue cancelado ni sometido a la Justicia. También el Poder Ejecutivo se vio en apuros por el contrato con la Empresa Nacional para el Desarrollo (Enade), a cargo de cobrar los inmuebles del Estado, otorgado sin aprobación del Congreso Nacional, y por el préstamo de US$132 millones para equipar a la Policía a través de The Sun Land Group, que se dejó a un lado por los cuestionamientos públicos.
A ellos se suman el contrato para la emisión de las revistas de vehículos de motor entre la Secretaría de Obras Públicas y la empresa española Icasur, el cual se intentó reactivar a pesar de ser rescindido en el 2005.
Además causaron escándalo las mafias detectadas en la Secretaría de Finanzas que estafó con más de RD$50 millones a través de una nómina falsa a personas jubiladas y el desvío de RD$90 millones para el pago de pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la adulteración de documentos en la Secretaría de Trabajo para facilitar viajes a España y Canadá, por lo que se acusó y fue a parar a la cárcel de Najayo, una funcionaria.
No se puede pasar por alto un fraude por RD$25 millones detectado en la Autoridad Portuaria y el manejo irregular dado a RD$72 millones en la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, donde se determinó que RD$27 millones carecían de sustentación.
La lista la completan el contrato de Bayahíbe suscrito por Turismo, corrupción detectada en la ONAP, y el más sazonado en los últimos meses, el contrato de la Sun Land. Este último concitó la atención del Fondo Monetario Internacional, organismo que pidió información sobre la operación financiera que envuelve US$130 millones para la supuesta construcción de obras denominadas prioritarias.
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