13 de agosto de 2009
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Más dominicanos se sumaron este jueves a los que perciben que habrá corrupción en el plan del gobierno de incorporar los hogares beneficiados con el desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA) a la Tarjeta Solidaridad.
Se supo que las autoridades estarían visitando los hogares beneficiados con el PRA para advertirles la iniciativa del gobierno, y por lo cual deberán pagar RD$1,200 y cumplir con otros 22 requisitos.
Residentes en Cristo Rey y Capotillo, que serían los sectores más favorecidos con el programa “Bono-Luz”, reunidos en la Casa de la Cultural esas barriadas, expresaron sus dudas sobre su viabilidad.
Se recuerda que el PRA fue creado por el gobierno que encabezó Hipólito Mejía (2000-2004), en el cual se cubre el 75% de la energía que consumen los beneficiarios, mientras las distribuidoras aportaban 25%. Estaba dirigido a los barrios más pobres y populosos de la capital.
Mediante el PRA, las distribuidoras de energía tenían que contratar a los gestores del cobro de una tarifa fija en esos barrios, que oscilada entre RD$200 y RD$800, de acuerdo con las condiciones de los hogares, comercios y otros locales.
El PRA fue creado en septiembre de 2002, pero en 2004 sus funciones fueron transferidas a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para que se encargara de la selección de los gestores de cobro y del pago del subsidio.
Sin embargo, un escándalo de corrupción en el organismo hizo que el presidente eliminación del PARA, sin la previa creación del mecanismo de sustitución (Bono-Luz), creando confusión entre los habitantes de los barrios marginados que pagaban el servicio de energía y entre las distribuidoras de electricidad.
El presidente Leonel Fernández emitió el decreto 421-09 mediante el cual “se eliminan las funciones y presupuesto del PRA y sus activos y pasivos se mantienen en la CDEEE.
Desde la eliminación del PRA, sólo una autoridad, el vicepresidente Rafael Alburquerque, ha dado información en ese sentido, de que en breve tiempo estará definido el sistema de focalización del subsidio eléctrico a través del Bono-Luz.
Ante la problemática del sector y los cortes de energías, este miércoles se reunieron las autoridades para iniciar la renegociación de los contratos en medio del recrudecimiento de los apagones, que han tocado a todos los sectores económicos y más de 450 barrios favorecidos.
No obstante, los medios de comunicación tuvieron dificultades para obtener información sobre el encuentro desarrollado en el Palacio Nacional, y donde se determinó el Gabinete Social tendrá a su cargo la asistencia a las familias pobres antes beneficiarias del PRA.
La reunión fue definida como privada por sus participantes, alegando se trata de un plan en proceso, por lo que Radhamés Segura, fue más parco en los detalles de la misma.
El nuevo programa “Bono-Luz”, creado por las autoridades energéticas, en lugar del PRA, contempla 22 exigencias a futuros beneficiados.
Entre los requisitos están “que los negocios tendrán que pagar el 85% de la carga instalada, al igual que cada cliente el 75%, aquel cliente que teniendo la tarjeta exceda los 100 kwh, pagará la diferencia, y que las personas que no tengan la tarjeta Bono Gas, pagarán el 75% del costo resultante de la carga instalada.
También les exigen que se haga una evaluación de las necesidades de iluminación, con miras a la instalación o reparación de luminarias, que los cortes quedarán limitados al pago de la factura, así como que todos los clientes residenciales serán contratados, inicialmente, con conexión directa, cada cliente pagara el 75% de la carga instalada, entre otros requerimientos.
Ante esta demanda de imposiciones los 42 barrios que integran los sectores incluidos en el PRA consideran que el mismo constituye una estafa más del gobierno a esos sectores empobrecidos del país.
