lunes, 27 de octubre de 2008

Asegura reforma constitucional afianza los poderes del presidente de la República

27 de octumbre de 2008

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Rodríguez destacó que lo más “delicado” en lo que tiene que ver con el Poder Judicial es la creación del Tribunal Superior Administrativo Refrma





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El especialista en derecho constitucional Cristóbal Rodríguez dijo que la propuesta de reforma de constitucional depositada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional plantea un afianzamiento considerable de los poderes del presidente de la República.

Entiende que esto se hace en detrimento de las atribuciones de control político de los demás estamentos de poder del Estado, incluido el Poder Judicial.

Explicó que en dicha propuesta, el presidente se reserva atribuciones casi exclusivas en la conformación y ejecución de los dineros públicos, es decir, del Presupuesto General de la Nación. “Pero lo peor es que el presidente puede por decreto ordenar el cambio de partidas de una dependencia a otra durante el período en que las Cámaras no están en sesión, que son seis meses”, señaló.

El catedrático indicó también que la creación de una sala constitucional en realidad es un tribunal constitucional donde sus miembros están regidos por parámetros distintos respecto de la inamovilidad y de su condición de miembros de la carrera judicial a los demás integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, Rodríguez destacó que lo más “delicado” en lo que tiene que ver con el Poder Judicial es la creación del Tribunal Superior Administrativo como órgano de rango equivalente al máximo tribunal dentro del Poder Judicial.

“Pero lo peor es que a ese Tribunal Superior Administrativo se le otorgan una serie de atribuciones y competencias administrativas que se le sustraen a la Suprema Corte de Justicia, entonces, usted no puede sustraerle a la Corte Suprema atribuciones para otorgárselas a otro órgano dentro del Poder Judicial sin que ello acarree situaciones de conflicto”, señaló al ser entrevistado en el programa “El Día”.

Senador Torres denuncia complot electoral desde el Congreso Nacional


27 de octumbre de 2008

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SANTO DOMINGO.-El senador Mario Torres, (PRD-Dajabón), reveló hoy que hay intentos serios en el congreso nacional de hacer abortar las elecciones congresionales y municipales del 2010.“Quieren extender el actual periodo legislativo y en eso están casi todos los legisladores de todos los partidos”, subrayó Torres al ser entrevistado por el licenciado Dany Alcántara en el programa Matinal, de Telemicro, canal 5.

El legislador opositor dijo que una extensión de dos años más para los actuales senadores, diputados y síndicos no es lo más saludable para la democracia dominicana.

Sostuvo que no se explica cómo senadores y diputados del opositor Partido Revolucionario Dominicano están apoyando la extender su estadía en el congreso nacional, cuando precisamente el PRD está repuntando en la preferencia del electorado.

Torres recordó que en las pasadas elecciones presidenciales el PRD obtuvo la victoria en 17 de las 32 provincias de la República Dominicana, y que para las elecciones congresionales y municipales del 2010 la correlación de fuerzas puede variar a favor de la entidad opositora.

Explicó que en el 2010 debe haber elecciones congresionales y municipales por dos años ó por seis para unificarlas con los comicios presidenciales del 2016 y realizarse con 45 dias de diferencia.

El legislador dijo que los diputados y senadores del Partido Reformista Social Cristiano entienden que esa entidad política no tiene capacidad para competir en los comicios debido a que salió muy parado de las elecciones presidenciales.

Miguel Vargas demanda el 10% para los cabildos

27 de octumbre de 2008

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Miguel Vargas ha mantenido contactos con dirigentes del  PRD.
Miguel Vargas ha mantenido contactos con dirigentes del PRD.

SANTO DOMINGO.- Miguel Vargas demandó ayer del presidente Leonel Fernández que en el inicio de su nuevo mandato dé una señal de respeto por la descentralización y la gestión municipal, asignando el 10% del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos, como manda la ley 106-03.

Al puntualizar que Leonel Fernández lleva 4 años ejerciendo la Presidencia de la República sin dar cumplimiento a esa ley, le exigió ser coherente, “pues no se puede andar postulando una reforma constitucional cuando no se es capaz de cumplir las leyes vigentes”.

Deploró que contrario a hacer efectiva la ley en beneficio de los ayuntamientos, el presidente Fernández pretenda reducirles sus ingresos, como propone en el proyecto de reforma constitucional, en la que mediante decreto presidencial serían eliminados arbitrios municipales.

Vargas Maldonado dijo que el Mandatario debe reconocer que la existencia de los ayuntamientos que operan en la provincia Santo Domingo, además del Distrito Nacional, ha sido positiva ya que debido a su enorme crecimiento la zona metropolitana no podía seguir siendo administrada desde el Centro de los Héroes.

Indicó que hacia las zonas este, oeste y norte la Capital ha tenido una gran expansión, que requería de gobiernos locales cercanos a las personas residentes en los antiguos y nuevos ensanches y barriadas.

Jefe Marina ve hay que salvar el país del narco


27 de octumbre de 2008

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OFICIALES RECIBIERON HASTA RD$3 MILLONES POR MASACRE DE PAYA
El jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, participa en el Desayuno de LISTÍN DIARIO. A su lado, el director de este diario, Antonio Gil.
El jefe de la Marina y otros altos oficiales de esa institución fueron entrevistados por los periodistas Antonio Gil, Víctor Mañaná, Yaniris López y Fernando Quiroz.
El capitán de Navío, Edmundo Félix Pimentel, jefe del M-3, ofrece informaciones al periodista Fernando Quiroz.
El inspector de la Marina de Guerra, contralmirante Aquino María Melo, conversa con la periodista Yaniris López.

SANTO DOMINGO.- El jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, advirtió que si los militares no cumplen con su deber el país podría convertirse en un caos, tras señalar que el narcotráfico procura en todo el mundo permear las instituciones como fuerzas armadas y policía, los sectores políticos, empresarial, religioso, clubes, juntas de vecinos y líderes comunitarios.

“Esa es la forma de accionar de las mafias en toda parte del mundo y nosotros no estamos exentos de eso”, dijo el jefe militar al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO.

Dijo que corresponde adoptar en el país todas las previsiones de lugar, de vigilancia interna, para contrarrestar esas intenciones del narcotráfico.

Todas las Fuerzas Armadas , resaltó, trabajan al unísono para que el país no se convierta en un Estado permisivo.

“Tendríamos un Estado no viable, donde ninguna familia podría ir tranquila al cine, al supermercado o llevar los niños a la escuela”, dijo el jefe militar, si no se hace frente al narcotráfico.

Consideró que hay que poner todo el empeño para que el país siga siendo tranquilo, los negocios puedan desarrollarse y se pueda criar los hijos en paz.

Dijo que toda la droga que llega a territorio dominicano y haitiano desde Suramérica, los narcotraficantes buscan la forma de sacarla hasta los mercados de consumo. En el país, agregó, la estructura es mayor que la del vecino país en términos de exportación, movimiento de barcos y aviones.

“Nosotros estamos obligados a impedir que nuestro territorio sea utilizado como trampolín no sólo para la drogas sino también para los inmigrantes, para el tráfico de humanos”, precisó Ventura Bayonet.

No esperar ayuda
El país no tiene que esperar ayuda de ningún Estado para combatir las drogas, respondió Ventura Bayonet a la pregunta de si cree que Estados Unidos ofrece suficiente apoyo al país.

“Es el deber moral de la República Dominicana de ser un país libre de drogas, que no permita que su territorio sea utilizado para que las drogas lleguen a cualquier mercado del mundo”, expresó.

Bayonet, quien fuera director Nacional de Control de Drogas (DNCD) entre 1993 y 1997, considera que el aumento del tráfico de drogas ha creado una situación de mercado tan peligrosa “que casi podemos decir que somos un país de consumo”.

Estructura mafiosa
Los militares que se vinculan al narcotráfico dan apoyo en seguridad, informaciones y en dejar pasar los cargamentos de drogas.

Al ser este negocio ilícito de mucho riesgo, hay todo un tinglado alrededor de la operación, pues los grupos se cuidan de que otros les “arrebaten” el cargamento de drogas.

Precisó que crean todo una estructura para garantizar que la droga llegue desde las zonas de producción hasta el mercado de consumo. “El que tiene la droga en ese momento tiene que responder por eso, pues sino tiene que responder con lo suyo o con su vida”, dijo el jefe de la Marina.

Desde que asumió la jefatura de esa institución inició una “limpieza” de oficiales que habían delinquido y de otros que habían colaborado con miembros del narcotráfico.

PAYA, BANÍ
El jefe de la de Marina de Guerra lamentó que un grupo de esa institución cayera en los “brazos” del narcotráfico y participara en la masacre de siete personas en Paya, Baní, hecho que calificó de degradante y causante de estupor en la sociedad.

La Marina, señaló, inmediatamente abrió sus puertas para que el hecho se esclarezca lo más pronto posible sin poner ningún tipo de obstáculo para que todo el que esté envuelto en ese hecho sea puesto a disposición de la justicia.

Han colaborado con las autoridades del poder judicial para que puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de contratiempo.

“La Marina lo que quiere es que de una vez por todas, todo su personal siga cumpliendo sus funciones de la manera más pulcra posible, cumpliendo con todos los lineamientos que nos da la Constitución, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y los principios y valores que deben adornar a todo militar”, dijo.

Indicó que el militar debe estar claro en que tiene bajo responsabilidad una carrera de sacrificio, de honor, lealtad, integridad y de todo el patriotismo que pueda conllevar ese accionar.

“Ningún narcotraficante en su sano juicio va a transportar droga a través de puntos, fuera de los lugares de producción, si no tiene el contubernio de alguna autoridad que le cree facilidades para el paso”.

COBRARON MILLONES
A raíz de la muerte de siete personas en Paya, Baní, en una operación que se le atribuye al narcotráfico, la Marina ha cancelado a cerca de 15 oficiales por su alegada participación en el hecho y en la estructura mafiosa, dijo Ventura Bayonet.

Los oficiales vinculados a ese crimen trabajaban directamente en la Marina de Guerra, y ninguno pasa de 35 años.

En los interrogatorios algunos de los oficiales supuestamente admitieron que recibieron RD$2 millones y RD$3 millones como paga. No tiene informaciones si los oficiales recibieron droga como paga.

“Esos oficiales perdieron el norte y consideraron que de esa forma ellos podían lograr la riqueza que muchos de sus superiores no tienen. Se dejaron tentar por la riqueza fácil y miren lo que están pagando”, dijo.

El jefe de la Marina entiende que lo pasa con las drogas es un mal de la sociedad y algunos militares son un reflejo.

Ve que es la pérdida del horizonte de la juventud dominicana, donde prevalece la inmediatez en la obtención de riquezas.

Se trata de oficiales académicos, en los que el pueblo invirtió recursos en prepararlos y llevarlos hasta el rango que obtuvieron.

Ganar un salario bajo no es una justificación para hacer lo mal hecho.

“Uno anhelaría tener mejores salarios, pero la situación del país no es la más cómoda para eso”, indicó el jefe de Marina.

Dijo que la institución se preocupa por mejorar la profesionalidad de sus miembros y dar la respuesta que espera la sociedad de sus miembros.

“Estamos trabajando en la educación, capacitación y mejorar todo el accionar de las diferentes funciones que tiene la Marina de Guerra”.

Deuda pública llega a US$9,129.7 MM


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27 de octubre del 2008

PANORAMA. La crisis financiera mundial encuentra la República Dominicana con mayores endeudamientos.(El Caribe)


División relativa deuda externa


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En los últimos tres año y medio la deuda pública creció un 23.75%, al pasar de US$7,377.76 millones en que se encontraba en 2004 a US$9,129.77 millones a junio de 2008, para un incremento absoluto de US$1,752.01 MM.
Según datos obtenidos en la página web de la Secretaría de Hacienda, del monto total alcanzado a junio de este año, la deuda externa representa 7,929.11 millones de dóalres y la interna US$1,200.66 millones.

En el período en análisis la deuda externa de República Dominicana se ha elevado de 6,379.70 millones a 7,929.11 millones de dólares, representando un aumento absoluto de 1,549.41 millones de dólares correspondiente a un 24.29%.

En tanto que la deuda pública interna ha pasado de US$998.06 millones a US$1,200.66 millones, para un aumento de US$202.6 millones igual a un 20.30%.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda, en ese período el total de la deuda bilateral del país ha variado de US$2,132.20 millones a 3,360.53 millones de dólares, para una subida para un US$1,228.33 millones y relativa de 57.61%.

El total de la deuda multilateral ha incrementado de 1,990.70 millones a 2,480.97 millones de dólares, representando un alza de US$490.27 millones, equivalente a un 24.63%. La deuda privada pasó de US$2,256.50 a US$2,087.60, mostrando una reducción de US$168.9 millones, igual a un 8.09%.

Entre los acreedores multilaterales el BID es el que mayor recursos ha financiado a República Dominicana, los cuales han variado, en el período en análisis, de US$1,343.30 millones a US$1,342.06 millones, para una disminución de US$1.24 millones, equivalente a un 0.09%.
Por su lado, la deuda del país con el Banco Mundial ha pasado de US$380.60 millones a US$462.21 millones, representando una subida de US$81.61 millones, o sea, de 21.44%, mientras que el crédito con el FMI pasó de US$203.90 millones a US$622.22 millones.
Indicadores importantes

Otros indicadores importantes a resaltar es que del total de la deuda externa de la República Dominicana alcanzada al mes de junio de este año, ascendente a US$7,929.11 millones, la deuda del acuerdo Petrocaribe, ascendente a esa misma fecha a US$977.27 millones, mientras que la del FMI en ese mismo tiempo de US$622.22 millones, sólo alcanza el 7.85 por ciento, y la del Banco Mundial de US$462.21 millones, el 5.83 por ciento.

En tanto que la del BID ascendente a US$1,342.06 millones a junio de 2008, representa el 16.93% del total de la deuda externa.

Eligio Jáquez dice gobierno debe ser solidario con sector productivo

27 de octumbre de 2008

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SANTIAGO DE LOS 30 CABALLEROS.- El Gobierno que preside el doctor Leonel Fernández Reyna debe ser más solidario con el sector productivo de la nación y pagarle los más de 3,000 mil millones de pesos que le adeuda, solicitó en esta ciudad Eligio Jáquez, ex – secretario de agricultura del cuatrienio presidencial de Hipólito Mejía Domínguez.

Afirmó que la quiebra que acusan los productores agropecuarios del país no tiene una causa que la carencia de recursos para seguir haciendo lo que siempre han hecho, motorizar la economía, pero si el Gobierno no le paga, como pueden encarar los compromisos financieros que asumen con la banca privada,jamás,porque no son magos, aunque tengan las mejores de las intenciones, se encuentran con las manos atadas, sentenció el ex ministro agrario de la última gestión del Partido Revolucionario Dominicano, período 2,000 – ’04.

Jáquez fue reiterativo expresando que se le tiene que poner especial atención al sector productivo de la República Dominicana, porque ningún segmento comercial puede ofrecer tantas alternativas positivas sumamente rápidas como el mismo, por lo que el Presidente Fernández Reyna tiene que cambiar el trato hacia ellos, puesto que es el que mayores beneficios deja a la población y a la Dirección General de Impuestos Internos en sus recaudaciones.

Sentencia que con la caída inevitable de las remesas y también en parte el turismo, afectados enormemente por la mayúscula crisis económica de los países desarrollados, lo que se está reflejando en los pequeños mercados como el nuestro, no existe otra alternativa, que siempre lo ha sido, que respaldar a los productores, por esa razón, el Gobierno debiera cuanto antes, comenzar a pagarle a los polleros,hueveros,las gentes de las hortalizas y a los agricultores de San Juan, para que continúen trabajando, que es lo que han ello toda la vida.

domingo, 26 de octubre de 2008

Cap Cana viola Ley Electricidad y estafa consumidores

26 de octumbre de 2008

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El Grupo Cap Cana estaría generando, distribuyendo y facturando energía eléctrica sin tener las concesiones y los permisos que requiere esta práctica. Tampoco este centro turístico de Higüey, virtualmente en quiebra, cotiza el 1% que establece la Ley 125-01, modificada con la 186-07.

Generar, distribuir y facturar energía eléctrica sin las debidas concesiones y permisos es una clara estafa a los consumidores, y una franca violación a las leyes. Estas serían las razones por las que Cap Cana propugna por una Ley de Concesiones.

Mientras llueven las quejas por el hecho de que Cap Cana usurpa las funciones de otras empresas que sí cumplen con los requisitos y derechos para suministrar energía en esas áreas turísticas.

Con esto pudiera darse el caso de que el Grupo Cap Cana esté resolviendo sus litigios por falta de títulos de terrenos amparándose en la ocupación territorial que como beneficio otorga el artículo 68 de la Ley General de Electricidad 186-07 a los concesionarios de energía.

Es por esto que autoridades, empresarios e importantes sectores de la sociedad civil han visto con preocupación el empecinamiento de algunos legisladores por reformar tan pronto la Ley General de Electricidad 186-07, como si se buscara hacer un traje a la medida a alguien.

Se dijo que un influyente ministro del gobierno del doctor Leonel Fernández junto a legisladores de su partido estaría propugnando por la modificación a la Ley de Electricidad 186-07 y por una Ley de Concesiones.

El artículo 68 de la Ley 186-07 establece: “las concesiones de centrales productoras de electricidad permiten al concesionarios obtener, mediante los procedimientos previstos en esta ley, el derecho de ocupar los terrenos que necesitaren para efectuar los estudios, construir y establecer las obras y realizar su operación normal”.

Continúa diciendo este artículo “que los concesionarios pueden ocupar y cerrar los terrenos necesarios para embalses, vertederos, clasificadores, estanques de acumulación de aguas, cámaras de presión, cavernas, habitaciones para el personal de vigilancia, caminos de acceso, depósitos de materiales y, en general, todas las servidumbres y obras requeridas para las instalaciones eléctricas”.

Según el artículo 124 de la misma, a los ejecutivos del Grupo Cap Cana también les caben penas de tres a 10 años de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos.

El artículo 124 dice: “El que por cualquier medio, e intencionalmente destruya, utilice o dañe líneas eléctricas, redes, subestaciones, centrales generadoras, equipos de medición, instalaciones eléctricas, o cualquiera de sus componentes, con el fin de paralizar o interrumpir el servicio o suministro eléctrico de manera parcial o colectiva o con los fines de sustraer cualquiera de sus componentes materiales, será acusado de Atentado contra la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, y será sancionado con penas de tres a diez años de prisión y multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos”.

Asimismo, el Grupo Cap Cana estaría violando el artículo 125 de la Ley Electricidad que dice: “Será acusado de fraude eléctrico el que intencionalmente sustraiga, o se apropie de energía eléctrica, para su propio beneficio o el de terceros, mediante uno cualquiera de los siguientes medios”.

a) Manipulación, instalación o manejo clandestino de medidores y/o acometidas, y cualquier otro elemento, material de la red de distribución.

b) Manipulación y alteración de los elementos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos y/o programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición del consumo, con el objetivo de modificar los registros de consumo de electricidad tanto el cliente cono el distribuidor.

c) Conexión directa al sistema de suministro de energía eléctrica, sin que haya un contrato previo de servicios con la empresa distribuidora, salvo falta imputable a la distributiva.