Para analizar las cadenas de escándalo desarrollado en el gobierno actual de Leonel Fernández, es apropiado darle una simple hojeada al discurso pronunciado el 16 de agosto del año 2004, donde inicia su gestión afirmando que:
"Para solucionar la crisis, lo primero que se requiere, señoras y señores, es recuperar la confianza. Y para recuperarla, el próximo gobierno está compelido a tomar un conjunto de acciones, entre las cuales, la más importante, tal vez, sea la de decretar que a partir de este mismo instante iniciamos un período de austeridad."
"Esa austeridad significa poner todo el empeño para reducir en no menos de un 20 por ciento el gasto del Estado."
"Hay muchos cargos públicos en exceso, creados mediante la tradicional práctica corrosiva de clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal. Esos serán suprimidos."
"En el gobierno que hoy se inicia, ninguna institución gubernamental u organismo independiente está autorizado a realizar compras o transacciones que vayan más allá de lo estrictamente indispensable".
"Nadie, absolutamente nadie, podrá utilizar los fondos públicos para la adquisición de nuevas jeepetas, o para efectuar llamadas telefónicas, nacionales o internacionales, sin límites de tiempo".
"Los viáticos y las dietas tienen que ser disminuidos. Los gastos superfluos, eliminados".
"Hay que suprimir aquellos cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaría de Estado correspondiente".
"Dictaremos normas para evitar que las instituciones del gobierno central tomen préstamos de bancos comerciales domésticos sin la debida autorización de la Oficina Nacional de Presupuesto o la Contraloría General de la República".
"La democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Aquel que no tenga las suyas claras, sea del sector público o del privado, que sepa, desde ahora, que la justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes".
Estas, y otras cosas, fueron pronunciadas antes el selecto grupo que lo acompañó en su investidura por segunda vez como presidente constitucional del país.
¿Pero, cuál ha sido el resultado?
En ese mismo año, la población pudo presencial el descubrimiento de:
Ø Una mafia en la Secretaría de Trabajo, dirigida la directora de Recursos Humanos de la cartera, Boris Altagracia Vargas Núñez, para gestionar visas a España y Canadá. Al mismo tiempo en que:
Ø La encargada de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), Elsa Josefina Cross Zaiter, usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de su institución.
En el 2005 las actividades delictivas toman fuerzas y la opinión pública comienza a percibir la descomposición que se anida en el gobierno.
Ø Esto se clarifica con el apresamiento de Yormán Vásquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien es sometido a la justicia por extorsión.
Ø Al mismo tiempo Manuel Antonio Tapia Linares director general de CORDE fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al DEPRECO, bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato para la explotación de la mina de sal en Barahona.
Ø En la Autoridad Portuaria se detectó un presunto fraude con el fondo de pensiones por RD$25 millones, cuyo expediente también fue remitido al DEPRECO y hoy guarda el sueño eterno.
Ø Pero el estelar del año, fue el descubierto en la terminación y amueblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en donde hasta el nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a relucir. Este escándalo se llevó de paso al subsecretario de Obras Públicas, Carlos Polibio Michel Presbot, y puso en apuro a la paisajista Margarita Gómez, quien permanentemente es favorecida con contrato de grado a grado.
Ø Críticas a Domingo Tavárez, quien se mantiene como director de la OPTIC, por una licitación que la Comisión de Ética confirmó se basó en un proceso irregular.
Ø Mafia que gestionaba pasaportes diplomáticos con documentos falsos. Entre los implicados que por presión aparecieron, el subdirector de Migración, Víctor Soto Pérez y otros de rangos menores.
En el 2006, los préstamos onerosos, los contratos cuestionados y las concesiones oscuras marcaron el año y el rumbo del gobierno.
Ø La línea del estado comenzó con Espaldarazo a varios funcionarios implicados en el PEME, cuando la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra el contralor general de la República, Simón Lizardo Mézquita; el superintendente de Valores, Haivanjoe Ng Cortiñas y el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte; Diandino Peña Crique, quienes junto al empresario Noé Camacho Ovalles, fueron favorecidos con su absolución.
Ø En el día de hoy, también fue retirada la acusación de los restantes, Luís Inchausti, su hermana Grecia Peguero Rivera y León Antonio López Mata, contra quienes el Ministerio Público dejo la acusación, porque aparentemente los implicados estaban con la disidencia interna en el partido de gobierno.
Ø Los escándalos generados por el envío que ha hecho al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, de los proyectos de contrato con la Sun Land Group, para equipar a la Policía Nacional, con valor de US$132 y
Ø con la Empresa Nacional de Desarrollo (ENADE), para administrar los bienes inmuebles del Estado con manos privadas.
Ø El diseño e instalación del Portal Electrónico del Gobierno Dominicano;
Ø la compra de cientos de miles de cascos protectores y chalecos para los motociclistas que prestan servicio de transporte de pasajeros;
Ø la puesta en servicio de un nuevo sistema para la expedición de las licencias de conducir por la cual hasta la embajada de Inglaterra protesto, puesto que la compañía que hace las licencias en Estados Unidos participo con un costo inferior a la que le otorgaron el contrato, Ganando un conocido aliado elector del PLD.
Ø Un convenio para el cambio de los carnets de identificación de los miembros del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), y
Ø el proyecto de compra e instalación de software para agilizar las operaciones internas del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM)".
Ø De igual manera, los contratos de construcción para favorecer deudas políticas o el trueque de evaluación sicológica para el porte de armas de fuego, por el que se creía desaparecido el formulario 25.
Ø El famoso proyecto de la Isla Artificial donde un funcionario del Palacio fue acusado de falsificar la firma del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para enviar el proyecto al Congreso.
Ø Mafia en la entonces Secretaría Finanzas (hoy de Hacienda), en su departamento de Pensiones y Jubilaciones, en la que ingresaron muertos en la nómina de pensionados, generando pérdidas al Estado por más de RD$50 millones.
Ø Contrabandos permanentes en la Dirección General de Aduanas por valores de millones de pesos los cuales a veces son apresados y negociados por afiliaciones releccionistas.
Ø El regalo de US$25 millones de dólares para la construcción de un hospital
privado en Santiago(HOMS), favoreciendo intereses oscuros cuando los públicos están desabastecidos.
Ø Venta irregular de varias turbinas de aviones de la Fuerza Aérea Dominicana.
Ø EL escándalo desatado en la presuntas irregularidades en el manejo de más de 150 millones de pesos aportados por los militares para la creación de una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y las trasferencias de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas (ISSFFAA).
En el 2007, las indelicadezas son permantes, comenzando con la oficialización de la política de compras de adhesiones y voluntades con dinero del erario publico, con fines de perpetuarse en el poder.
Ahora, podemos mencionar:
Ø La pérdida de un ventilador del hospital regional Cabral y Baez, único en el país cuyo costo llega los 60 mil de dólares. Hospital donde perecieron 4 niños por falta de dicho aparato.
Ø La compras sobrevaluada de varios aviones marca Tucanos, realizada por el mismo presidente de la república, donde el Estado perdió varios millones de dólares.
Ø El contrato de arrendamiento del hotel Montaña de Jarabacoa a favor del presidente de Parentis, Félix Cabrera, promotor de la permanencia en el poder del presidente Fernández por la suma de US$2,000 mensuales, pagadero a partir del décimo año de arrendamiento. Teniendo exoneración del pago de impuestos y podrá subarrendar y otorgar concesiones para restaurantes, casinos, discotecas, bares, oficinas o cualquier otro tipo de negocio en el interior del hotel.
Ø Por último, el nuevo contrato de la Sun Land, contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno y la empresa The Sun Land Corporation RD, S. A., el 15 de mayo de 2006, por valor de US$130. El cual por su ilegalidad comprobada, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) interpuso ayer formal recurso de inconstitucionalidad a través del cual busca que la Suprema Corte de Justicia lo declare nulo el, así como de los 19 pagarés o notas promisorias firmados como documentos complementarios y las cartas acuerdos.
Ø Dicho contrato, ha demostrado la ineficiencia del DEPRECO, institución que se dedica a poner botellas y archiva expedientes de delincuentes.
Dicho contrato, ha demostrado la ineficiencia del DEPRECO, institución que se dedica a poner botellas y archiva expedientes de delincuentes.
Pero al mismo tiempo, quedo evidenciado que es un instrumento de la camarilla del buró político del partido de gobierno, donde el presidente habla para otra galaxia y el Procurador General de la República le hace el coro y habla de la corrupción como amenaza a la democracia entonando con el mundo que quieren llevarle a los contribuyentes.
Convirtiéndose en un funcionario del montón que es incapaz por múltiples razones, de ver los escándalos y las siguientes violaciones legales de su jefe abogado.
Violación de la ley 497-06, sobre austeridad del sector público, cuyo artículo 12 estipula que en este año debe reducirse en 25%. En cambio el ejecutivo incrementó el gasto en 18.7%, de los cuales dedicó a publicidad y propaganda en 58%, durante los primeros cinco meses de 2007, con respecto a lo gastado en este renglón en 2005.
Gran derroche del gasto público destinado a obras no prioritarias, que como el Metro de Santo Domingo consume más de $10,000 millones de pesos del presupuesto; a publicidad y propaganda en lo que se dispendian más de $6,000 millones en promover la construcción de un nuevo Mesías "Leonel Fernández en el siglo XXI"; a sueldos millonarios para sus amigos y funcionarios peledeístas; a todo menos al gasto social.
Violación de la ley 166/03, que dispone la erogación de un 10 por ciento del presupuesto nacional para los ayuntamientos y de manera caprichosa les entrega una suma inferior.
Viola la Ley de Educación 66/97, que establece un 4 por ciento del Producto Interno Bruto a favor del sistema educativo, sin embargo, el presidente Fernández sólo entrega 1.8 por ciento del PIB para un sector tan importante para el presente y el futuro de la nación.
Violación de las leyes de Adquisición, Contratación y Compra de Obras, Bienes y Servicios del Estado, la cual estable los procedimientos que se deben cumplir en esa materia. Sin embargo se fue a Brasil a comprar grado a grado, sin la licitación correspondiente 9 aviones Súper Tucano, comprometiendo al Estado Dominicano con una deuda que supera los 3 mil millones de pesos.
Viola la ley de Libre Acceso a la Información Pública, al negarse a entregar las informaciones relativas a la construcción del Metro requerida por un comunicador.
¿Con qué moral demandarán de los ciudadanos el cumplimiento de las leyes, quien violenta el ordenamiento jurídico del país?
¡¡¡¡¡¡ Este es el gobierno del progreso¡¡¡¡¡¡
